Tafi Viejo

Noticias de Tucuman

El Gobierno se ensañó con el ajuste en políticas de género, pero apenas afectó el 0,2% del presupuesto

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

La botonera errática de Cristina y esbozos desobedientes que marcan la senda peronista

El voto a legisladores de la Capital Federal no estaba destinado a proyectar a todo el país el grado de apoyo y rechazo al experimento de Javier Milei, porque históricamente la Ciudad de Buenos Aires sufraga con lógicas distintivas desde una óptica nacional, pero sí a señalizar la pista de un año electoral complejo. En una escena pública cada vez más porteñizada, una elección en la Ciudad sube y cancela actores que dominan las pantallas de la tele y los celulares de La Quiaca a Ushuaia, lo que dispara lecturas que modifican el tablero.

La elección del domingo pasado brindó algo de certidumbre. La ultraderecha tiende a absorber a la derecha, la centroderecha y los saltimbanquis que buscan sortija, por lo que no hay negociación posible en un plano de igualdad entre La Libertad Avanza (LLA), el PRO y alguna vertiente de la UCR para el armado de listas y alianzas.

Quedó ratificado que el voto a LLA pisa fuerte en todas las clases sociales, pero se tornó dominante en Barrio Norte, Recoleta y Belgrano —allí donde reinaba el PRO—, mientras fue una clara minoría en Villa Lugano, Barracas y Villa Soldati —con un nivel socioeconómico asimilable al promedio del conurbano— e, incluso, zonas de clase media típica, como Villa Crespo, Chacarita, Boedo y San Cristóbal.

Ni siquiera sumando los apoyos a la lista macrista pura y a otras opciones cercanas, las cuentas le dan del todo bien a un proyecto que aspira a “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”. El mileísmo avanza sobre una oposición ensimismada y desconcertada, pero ese velorio, tantas veces anunciado, deberá encontrar al difunto.

Otra tendencia expuesta es que una porción influyente del electorado termina de salir del closet en cuanto a sus veleidades institucionalistas y acepta encolumnarse detrás de un líder gritón, autoritario y afecto a recibir a criptoestafadores en el despacho presidencial; según versiones fundadas, previo pago de un peaje a algún atrevido. La agenda retardataria y la violencia de las que ese líder se jacta son aceptadas o disimuladas en pos de una presunta estabilidad financiera, o por mero pragmatismo para vencer al “mal mayor”: el peronismo y la izquierda.

Ni siquiera sumando los apoyos a la lista macrista pura y a otras opciones cercanas, las cuentas le dan del todo bien a un proyecto que aspira a “ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo”

Con sus medias palabras y la dispensa gentil de sus entrevistadores, Karina Milei será la materia gris para vencer al populismo, o al menos servirá para alimentar la ilusión de usar los dólares del colchón, el último caramelo que los ultras ofrecen a la clase media alta, víctima del Estado elefantiásico que denunciara Álvaro Alsogaray.

Acto reflejo del cristinismo

El peronismo no creció demasiado con un candidato que sintoniza un lenguaje familiar en la Ciudad —un progresismo ni muy muy, ni tan tan—, pero es todo un dato que una propuesta asociada al traumático Frente de Todos no se haya desplomado. Sus tres pilares, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, fueron convenientemente borrados por Leandro Santoro de la elección porteña, mientras ellos continúan elucubrando cuál de los otros tuvo la responsabilidad del fracaso de esa alianza.

Una reacción previsible del eje Instituto Patria-La Cámpora fue machacar sobre la inconveniencia de desdoblar las elecciones locales de las nacionales del 26 de octubre. Por lo alto y lo bajo, voces de ese tándem atribuyeron la alta abstención y la victoria de la lista de Manuel Adorni a una convocatoria extemporánea a comicios locales, que encontraron a parte del electorado distraído en otros temas y no evitó la nacionalización de la agenda que forzaron Milei y sus brazos mediáticos.

La intención de exponentes del eje Patria-Cámpora, obviamente, no era comentar la elección porteña, sino apuntar contra Axel Kicillof por el desdoblamiento de la cita bonaerense. El 7 de septiembre próximo, la provincia en la que vive 37% de los habitantes de Argentina, con una geografía urbana y rural tan compleja, está llamada a las urnas para elegir diputados y senadores provinciales, y concejales municipales.

Si sale bien, será por la grandeza estratégica de Cristina de “nacionalizar” una elección local. Si sale mal, el cristinismo prepara el último clavo para el cajón del kicillofismo

El acto reflejo del cristinismo de leer la elección porteña en clave de la disputa con Kicillof ratifica una invariante de ese sector en la última década. El forcejeo para preservar el espacio de la expresidenta dentro del peronismo es constante; no hay acuerdo, pacto o elección que active una pausa en la pelea interna.

Así como el eje Patria-Cámpora trabajó a reglamento en varias de las últimas elecciones, más con la mirada puesta en atribuir responsabilidades de la probable derrota que en ganar, el cristinismo se encamina a concurrir a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre con un libreto preparado para el 8. Si sale bien, será por la grandeza estratégica de Cristina de “nacionalizar” una elección local, probablemente con su candidatura en la tercera sección electoral. Si sale mal, el cristinismo prepara el último clavo para el cajón del kicillofismo.

La cita de septiembre es difícil, entre otras razones, por la mayor tendencia a la abstención en los barrios populares. “Tranqui, no hay que comprarse el humo de La Cámpora; la Provincia no es la Ciudad. Venimos sobreviviendo en general”, transmite una voz kicillofista del peronismo bonaerense.

Agobiados por el presente, decepcionados con el pasado, los ciudadanos de Virrey del Pino en La Matanza, Villa Azul en Quilmes o el barrio Autódromo de Mar del Plata tendrán que encontrar motivos para buscar una urna el primer domingo de septiembre. Cerca del despacho del gobernador comunican confianza: “Generaremos conciencia sobre la importancia de votar”. Si lo del axelismo puro es temple o temeridad, se verá en semanas.

La virtual ratificación de que el dream team de la alianza LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires tendrá al peligroso lanzallamas de José Luis Espert a la cabeza y a Cristian Ritondo buscando cobijo para continuar la lucha contra la casta y los corruptos da la pauta de la melodía que inspirará al antiperonismo en septiembre y octubre.

Sobredosis ultra en Tucumán

Se sabe que Cristina asumió la presidencia del Partido Justicialista para “ordenar lo que se desordenó”. Según argumentos de la exmandataria, su directriz sería garante de que no vuelva a ocurrir que diputados y senadores electos por una lista opositora a Milei se transformen en los mejores soldados de los Hermanos Ultra. Cristina puntualizó en los casos de Catamarca, Tucumán y Misiones, cuyos gobernadores digitaron el transfuguismo de sus legisladores en el Congreso Nacional.

Transcurrido medio año de los Kirchner al mando del Partido Justicialista en el país y en la provincia de Buenos Aires, el peronismo luce tan o más desordenado que en sus mejores momentos.

En Salta, se intentó una intervención para ir con una supuesta lista pura, que excluyó a antimileístas y antimacristas con relieve en la provincia. La movida fracasó estrepitosamente dos domingos atrás, aunque uno de los interventores, el impecable Sergio Berni, quedó conforme.

Al lado, en Jujuy, el ensayo fue que La Cámpora hiciera una componenda con el mandamás histórico del PJ local, el empresario Rubén Rivarola, socio en las sombras de Gerardo Morales y afín al mundo Milei. El intento, pragmático en este caso, no pudo evitar desprendimientos hacia otras listas. El resultado fue pésimo para todos, pero el cristinismo guarda la expectativa de que en octubre sea reelecta la camporista Leila Chaher como diputada nacional. “Sería un milagro”, desliza una fuente comprometida con esa causa.

Tucumán es la plaza electoral más importante del Norte argentino por número de electores y peso simbólico. Allí gobierna Osvaldo Jaldo, el máximo exponente de un peronista que se vendió a los Hermanos apenas asumieron en Casa Rosada. El bloque Independencia de los tres jaldistas en Diputados es más obediente al Triángulo de Hierro que el de La Libertad Avanza.

Esa provincia está anegada de dirigentes mileístas. Jaldo, presidente del Partido Justicialista de Tucumán, acaba de presentar un frente amplio junto a una decena de partidos. Absorbió a la facción de origen peronista que integraba Juntos por el Cambio y gobernaba la capital, y hoy es 100% leal a Milei. “Jaldo está haciendo todo lo que nosotros proponíamos”, dicen cerca de la senadora Beatriz Ávila, esposa de Germán Alfaro, derrotado por el actual gobernador en 2023. El curiosísimo frente convocado por Jaldo, llamado Primero Tucumán, incluye a la agrupación Kolina, de Alicia Kirchner, y Libres del Sur. El partido de Alfaro se llama “de la Justicia Social”. Si Milei se entera de que así se define un aliado, lo manda a exorcizar.

El Gobierno explora para su lista libertaria en Tucumán a una cabeza de lista entre el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el joven Manuel Guisone, dueño de un sello que tiene una cátedra de astronomía económica llamada “Alberto Benegas Lynch (h)”. Sobre Guisone hay expectativas de que recree la mordacidad de los activistas de Las Fuerzas del Cielo, el club que remite a Santiago Caputo, pero es objetado por tímido. Deberá hacer un curso para insultar más fuerte.

Ricardo Bussi, hijo del atroz Antonio Domingo, ofuscado por la incursión de Catalán y el invento Guisone, amenaza con ir con la propia tras haber acompañado a los Milei en 2023. Algunos tucumanos sindican el esbozo de Bussi como una vieja treta de cotización auspiciada bajo la mesa por el peronismo. Por allí anda buscando un rinconcito la Unión Cívica Radical, que alberga al pintoresco “peluca” Mariano Campero y al filobussista Roberto Sánchez.

Por fuera del amplio abanico oficialista, además de la minoritaria izquierda trotskista, ocupa el escenario el sector del peronismo que lidera el exgobernador Juan Manzur, con el diputado Pablo Yedlin y el exintendente de Tafí Viejo Javier Noguera como exponentes de mayor peso. Las prioridades de Jaldo están claras. “Se levanta y lo primero que piensa es cómo eliminarnos”, dice un representante del peronismo antijaldista.

En los papeles, un frente peronista opositor a Milei y a Jaldo, que sería encabezado por Noguera, podría obtener uno de los cuatro diputados nacionales en juego el 26 de octubre. No estaría mal para una provincia cuya representación en Diputados tiene al oficialismo nacional sobrerrepresentado, siempre dispuesta a bloquear investigaciones por la criptoestafa o un aumento a jubilados.

¿Qué decidió Cristina para la cita electoral en Tucumán? Que hay que preservar la unidad con Jaldo.

La jefa del Instituto Patria les advirtió a Yedlin y a Noguera que cualquier armado propio no debe aspirar a usar la sigla del PJ.

Sobrevuela un escenario que podría socavar cualquier desobediencia a la directiva de “preservar la unidad”: que el eje Patria-Cámpora pacte con Jaldo un lugar entrable en la lista del PJ oficial, de modo que Cristina levante la mano a su delegado en la lista jaldista y el taficeño Noguera deba remar por afuera. No se acabaría el mundo. Una voz cercana a Kicillof ve esa hipótesis como un escenario para que el gobernador trace otra diferencia con el eje Patria-Cámpora y haga pie en la sexta provincia más poblada.

Paisajes de Catamarca y Recoleta

“Muchas gracias por venir y por todo lo que estás haciendo por el país también”, concedió Facundo Gómez Minujín, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham), en el cierre del diálogo con Luis Caputo el martes pasado, en el Centro de Convenciones de Recoleta.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, apuntado meses atrás por Cristina, esperaba pacientemente entre el público. Este peronista ya había escuchado varias horas de disertaciones de gobernadores, ministros, legisladores, periodistas, diplomáticos, motivadores, ejecutivos y empresarios. Con leves matices, prevaleció una idea en las diez horas de la cumbre de Amcham: Milei es bueno.

Cuando Caputo se retiraba del escenario, un puñado de admiradores se acercó a sacarse selfies, felicitarlo y acercarle alguna sugerencia. Entre el barullo de simpatizantes y fotógrafos, Jalil tuvo dificultades para acercarse al ministro. Soportó algunos empujones, hasta que logró entornar a Caputo junto a un representante de la empresa minera Río Tinto.

Con leves matices, prevaleció una idea en las diez horas de la cumbre de Amcham: Milei es muy bueno

Hubo selfie de rigor y el gobernador catamarqueño y el ejecutivo de Río Tinto le hicieron un dos-uno al ministro de Economía. El objeto de la misión era que la minera lograra insertar en los grandes beneficios del RIGI el proyecto Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña, anunciado por unos US$600 millones.

Caputo les explicó como pudo que no podía dar certezas en esa situación tan poco propicia, y que debía contemplar los pedidos de todos los gobernadores.

Ese mismo día se había anunciado la inclusión en el RIGI del proyecto Rincón de Litio, en Salta, también de Río Tinto, presentado como de US$ 2.700 millones. En el Ministerio de Economía advierten que los pedidos de adhesión al régimen de grandes inversiones de proyectos de minería son trabajosos, porque son poco precisos a la hora de definir el cronograma real de inversiones; es decir, el ingreso de dólares, que es lo que urge al Poder Ejecutivo.

Apremiado porque Caputo avanzaba hacia la puerta de salida, Jalil insistió en cómo podía hacer para concretar una reunión, y el ministro le dijo que arreglara con su secretaria.

Al día siguiente, los diputados catamarqueños que obedecen a Jalil aportaron votos clave para bloquear la aprobación en Diputados de un módico aumento a las jubilaciones que intentaba recuperar parte de lo perdido.

Pese a las diferencias, Cristina y Jalil se comprometieron a ir a las urnas en octubre con una lista única del peronismo catamarqueño, de modo de seguir ordenando lo que se desordenó.  

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

El empresario Eduardo Elsztain y el banco Santander, señalados por la deforestación de miles de hectáreas de bosque en Salta

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

"Argentina sangra en la inequidad" dijo el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en el Tedeum por el 25 de mayo

El presidente Javier Milei y todo su gabinete participaron este domingo de la ceremonia del Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires y, al llegar a la iglesia, el mandatario evitó saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dio un mensaje sin eufemismos en el Tedeum. “Cuántas generaciones más y hasta cuándo deberán reclamar por jubilaciones dignas”, planteó.

“Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de los privilegios que los alejó de la calle, del transporte público y de saber cuánto valen las cosas en un supermercado. Alejados de la gente de a pie no sienten su dolor ni sus frustraciones, pero tampoco se emocionan con sus esperanzas y su esfuerzo diario por salir adelante”, expresó García Cuerva desde la Catedral Metropolitana, ante el presidente Javier Milei.

“Nos mintieron muchas veces”. “Experimentamos que se está perdiendo la fraternidad, la tolerancia y el respeto. Se muere el futuro”. “Basta de arrastrarnos en el barro de la descalificación, de la violencia”. Fueron algunas de las frases del arzobispo que quedaron resonando en la Catedral de Buenos Aires.

Advirtió también sobre los “haters de Jesús” y sobre el “terrorismo de las redes sociales”, y señaló que la sociedad se acostumbró a “comer el pan duro de la desinformación”. Mientras Milei, escuhaba en primera fila, García Cuerva dijo que “hay quienes se burlan de Jesús” y los definió como “son los haters de aquella época”.

Son aquellos que, dijo, “los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, entidad u obra”.

Y añadió: “Son los que odian y justifican su desprecio; el ´terrorismo de las redes´, como decía el papa Francisco, y hemos pasado todos los límites: la descalificación, el destrato y la difamación parecen moneda corriente”.

García Cuerva planteó además que “muchos hermanos tienen hambre de pan, incluso revolviendo basura y buscando qué comer, pero también tenemos hambre de sentido de vida y hambre de Dios”.

“Nos hemos acostumbrado a comer el pan duro de la desinformación, el pan viejo de la indiferencia y la insensibilidad. Estamos empachados de panes sin sabor, fruto de la intolerencia, y el pan agrietado por el odio y la descalificación”, agregó.

Y enfatizó que “tenemos hambre de solidaridad, que sea capaz de abrir nuestros encierros y nuestras soledades”.

García Cuerva pidió “comprometerse a caminar dilagonado y hermanados”. “Las nuevas generaciones y nuestros hijos se merecen que le dejemos un país curado, reconciliado, de pie y con horizonte. No los defraudemos”, expresó el arzobispo de Buenos Aires.

MP

No es chiquitaje: los grandes empresarios registraron en promedio US$40 millones por cabeza en el blanqueo más exitoso

Por más que Javier Milei califique de “héroes” a quienes evadieron impuestos porque le robaron a otro “ladrón”, en referencia al Estado, y que ahora los premie con un nuevo blanqueo encubierto que les permita mover hasta $100 millones sin que los controle la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los principales beneficiarios no son pequeños empresarios que dejan de pagar tributos para sobrevivir sino dueños de grandes fortunas.

Así lo demuestra la lista confidencial de las personas que más blanquearon en la amnistía fiscal de 2016, a la que accedió elDiarioAR. Fue el blanqueo más exitoso de la democracia, con 245.000 personas que registraron en total US$117.000 millones durante el gobierno de Mauricio Macri.

De los 100 que más blanquearon en 2016, cada uno registró en promedio US$40 millones. Entre los 100 sumaron US$4.000 millones. Con este dinero alcanza para cubrir todo el ajustado presupuesto de las universidades estatales y además gastar el doble de lo que poco que eroga el Estado nacional en obras públicas.

En el top 100 de las personas que más activos reconocieron haber mantenido ocultos aparecen

Dos entre las 100 personas que más blanquearon corresponden a medios de comunicación, dos son de la metalurgia, dos de servicios médicos, dos de los petroleros, dos de los profesionales, dos de la industria química y plástica y dos de la venta de equipamiento tecnológico.

Uno hizo plata con los call centers, otro con la filatelia, uno con la hotelería, otro con la joyería, uno con la pesca y otra es una vecina de zona norte del conurbano sin curriculum empresario alguno. Cuatro de ellos estuvieron involucrados en causas por lavado de dinero.

En cuanto a género, los 100 están divididos de la siguiente manera: 67 son varones y 33 mujeres, muchas de ellas viudas de hombres de negocios. Sólo 18 son ricos famosos por sus compañías o por ser herederos de otros que construyeron sus riquezas. Los otros 82 son desconocidos para el gran público, incluso para el consumidor de información económica.

Los nombres están protegidos por el secreto fiscal, pero a partir del listado al que accedió elDiarioAR -que detalla CUIT, monto declarado, fecha, tipo de cambio y número de la operación- es posible identificar integrantes de los principales clanes empresarios argentinos, con apellidos muy conocidos del negocio de la siderurgia, el cemento, la cerveza o la banca. De los 100 que más blanquearon en 2016, cada uno registró en promedio US$40 millones y solo ese grupo sumó US$4.000 millones “sincerados”.

La lista de esas 100 personas se abre con una mujer vinculada al sector siderúrgico, que ingresó al sistema US$286,4 millones que no estaban registrados. La cierra un autopartista que blanqueó US$17,6 millones.

En el top ten de los que más declararon, cada uno registró US$138 millones en promedio. Los sectores que más plata evadida ingresaron fueron el campo, US$714 millones; los metales básicos, 557 millones; la construcción y el negocio inmobiliario, 384 millones; el comercio minorista, con 350 millones; el cemento, 345 millones; la banca y las finanzas, una cifra similar; las farmacéuticas, con 252 millones; y las bebidas, con 201 millones. En el blanqueo 2016/2017, el 76% de los fondos declarados estaban en sociedades y cuentas bancarias offshore. En cambio, en la amnistía tributaria 2024/2025, que finalizó hace pocas semanas, el 64% fue en efectivo.

De no haber regido el blanqueo, y en el caso muy poco probable de que las autoridades tributarias hubieran cazado a estos 100 grandes blanqueadores, deberían haber terminado presos por el delito de evasión fiscal agravada, más allá de que Milei dijo que no los considera delincuentes. Además de encarcelados, habrían perdido toda la fortuna declarada entre la deuda impositiva, las multas y los punitorios.

Para el Presidente, son ladrones que robaron a los “políticos ladrones”, pero en la práctica la mayoría del gasto estatal no es gasto político y por eso su exitosa motosierra podó sobre todo jubilaciones, universidades, subsidios de energía, obra pública y transferencias a provincias, que gastan sobre todo en salud, educación y seguridad.

AR /DTC