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Acuerdos con cámaras empresarias y amenaza de paro general: las herramientas de la CGT para evitar la reforma laboral

“Esto depende de la convicción que ustedes tengan para sobrevivir. Cuando una persona quiere sobrevivir hace cualquier cosa para evitar que la maten”. Las palabras de José Mayans repiquetearon en el Sindicato de Seguros ante la mirada seria de los secretarios generales de la CGT. Atrapados entre el Gobierno, que amenaza con sacar la reforma laboral solo con el apoyo de los gobernadores, y los sindicatos más combativos, que amenazan con un paro general, los triunviros de la CGT volvieron a insistir: “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para evitar que la reforma salga”. 

La CGT sabe que se juega su supervivencia en el debate de la reforma laboral y promete, en diálogo con todos sus interlocutores, que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que se sancione. Así se lo dijeron los tres secretarios generales –Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo– a los jefes de bloque peronistas, Mayans y Germán Martínez, el jueves pasado en una reunión privada en el sindicato que preside Sola, ubicado a unos metros de Tribunales. Estaban también la diputada Paula Penacca y el senador Mariano Recalde, voceros de Cristina Fernández de Kirchner en el debate por la reforma laboral.

Se definió avanzar con un plan de acción. La CGT se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores peronistas aliados del Gobierno, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que habían manifestado su simpatía con la central sindical en diciembre y, ahora, le prometen su apoyo a Diego Santilli cuando visita sus provincias. Irán a visitarlos y, luego, se contactarán con otros potenciales aliados, como Martín Llayora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, trabajan con su contraparte sectorial: las cámaras empresarias. Unos días antes de la cumbre política en el sindicato del Vidrio, los triunviros de la CGT se reunieron con los representantes de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos) para discutir el proyecto del Gobierno y sellaron una alianza inesperada. “Ellos están lejos de los objetivos de la ‘modernización’. Y coinciden con nuestra mirada de que no debe tratarse en forma apresurada e inconsulta”, explicó uno de los dirigentes de la CGT que participó de la cumbre secreta. 

Las cámaras empresarias mantienen un vínculo conflictivo con la reforma laboral. Puertas afuera, entidades como CAC (Cámara Argentina de Comercio) o la UIA (Unión Industrial Argentina) sostienen que acompañan, en líneas generales, el “rumbo” de la reforma laboral y muchas de los cambios que introduce en un nuevo marco de relaciones laborales (que flexibiliza la contratación, reduce la indemnizaciones y abre la puerta a eliminar las horas extras). Pero existen algunos puntos, especialmente entre las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, que generan resquemor y encuentran en la CGT y su rechazo al proyecto un aliado inesperado. 

En total, hay unos cinco puntos de la reforma laboral que hermanan en el rechazo a la CGT y las cámaras empresarias. El más importante es el que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir el artículo 161 del proyecto que termina con el principio de que los convenios mantienen su vigencia hasta que se los reemplaza por otro. El proyecto del Gobierno afecta solo a las cláusulas obligacionales de los convenios (no a las salariales), pero la CGT está en alerta porque podría afectar a las cuotas solidarias que financian a los sindicatos. En el caso de las empresas la preocupación es que la eliminación de la ultraactividad genere vacíos legales que aumenten la litigiosidad. 

Otro de los puntos que ambas entidades rechazan, tanto la sindical como la empresarial, es la que elimina la prevalencia de los convenios por actividad por sobre empresa. Un punto que, para los sindicatos, representa una descentralización de la negociación colectiva y, por lo tanto, una mayor debilidad de los sindicatos a la hora de negociar. Y que, para las medianas empresas, mientras tanto, podría abrir la puerta a una competencia desleal (ya que la negociación de cada empresa dependerá del nivel de debilidad o dureza de las comisiones internas). 

Otros puntos, todos enviados a la asesora de Patricia Bullrich en material laboral en el Senado, Josefina Tajes, refieren a la eliminación de los aportes patronales a las asociaciones empresarias –que podrían desfinanciarse– y al que faculta a la secretaría de Trabajo a suspender la homologación de un convenio colectivo. 

El juego de las desconfianzas

Mientras la CGT profundiza sobre las alianzas más impensadas, el peronismo mira de reojo. Se acordó una estrategia común, pero existe en las bancadas peronistas –especialmente en las alas kirchneristas y más combativas– una desconfianza de base a los verdaderos objetivos de la CGT. Predomina la sospecha que la CGT buscará negociar primero con el Gobierno para voltear los artículos que van contra los derechos colectivos y, luego, dejará librados a su suerte a los que refieren a los derechos individuales, como vacaciones o indemnizaciones. Es lo que intuye Cristina Fernández de Kirchner y es lo que sostienen, con crudeza, aunque en privado, muchos de los legisladores que le responden. 

“La CGT está desesperada por negociar con el Gobierno”, asegura un peso pesado del kirchnerismo, que especula con que la dureza de la postura de la CGT dependerá, al final del día, de si los embajadores políticos de los Milei aceptan algunos de sus pedidos.

Es por este motivo que algunos sindicatos más combativos comenzaron a presionar con la idea de ir a un paro general antes de que se debata el proyecto en el Senado el 11 de febrero. El titular de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, reunió la semana pasada a una veintena de sindicatos industriales y, luego, se reunió con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, para coordinar mayores medidas de fuerza. La CTA, la segunda central sindical más grande después de la CGT, se reunirá, además, la semana próxima para definir un plan de acción y se espera que se convoque un paro general. 

La CGT siente la presión y no descarta, puertas afuera, la posibilidad de avanzar con un paro general. La última medida que impulsó la central sindical fue una movilización el 18 de diciembre y logró, en principio, que el debate se pateara para febrero. Algunos de los sindicalistas más combativos apuestan a repetir el resultado, pero los triunviros de la CGT desconfían: no ven que haya clima para un paro general y esperan, primero, a que haya una respuesta del Gobierno. Cualquiera sea. 

MCM/CRM

El Gobierno apura el poroteo final para la reforma laboral y suma la baja de la edad de imputabilidad a la agenda

La Casa Rosada activó este lunes una instancia clave de coordinación política para encarar la recta final de las negociaciones antes del tratamiento de la reforma laboral. En un clima de cuenta regresiva hacia las sesiones extraordinarias, el Gobierno reunió a su mesa política en Balcarce 50 con el objetivo de ordenar apoyos, afinar estrategias y definir el calendario legislativo que comenzará formalmente el 2 de febrero. Además, se resolvió la ampliación del temario, con la baja en la edad de imputabilidad ahora en agenda.

El encuentro, encabezado por Karina Milei, funcionó como un punto de control interno: una reunión pensada para evitar negociaciones paralelas, centralizar el poroteo y unificar el comando político del oficialismo en la previa de un debate que promete tensiones con gobernadores, sindicatos y la oposición. Según fuentes oficiales, se repasó de manera integral el escenario parlamentario y se discutió cuántos votos reales tiene hoy el Ejecutivo para avanzar con su paquete de reformas.

La “modernización laboral” aparece como el principal objetivo del período extraordinario, aunque en el temario también figuran la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil —anunciado este mismo lunes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni— y el eventual envío al Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En Balcarce 50 aseguran que la prioridad es llegar a febrero con el terreno despejado y con un esquema de negociación cerrado, similar al que permitió sancionar el Presupuesto 2026: conversaciones concentradas en una mesa chica, sin intermediaciones dispersas.

En esa arquitectura, Patricia Bullrich quedó a cargo del diálogo con los aliados en el Senado, Martín Menem de la negociación en Diputados y Diego Santilli del vínculo con los gobernadores. La idea del Ejecutivo es apurar los tiempos: en la Casa Rosada trabajan con la intención de votar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero en la Cámara alta, para que ambos proyectos desembarquen en Diputados el 19.

Gira federal

En ese marco, el rol de los mandatarios provinciales aparece como un capítulo inevitable. Santilli tuvo un enero de intensa actividad federal: ya visitó seis provincias y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. En el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas.

El jueves de la semana pasada, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, y el gobernador reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, además de destacar que la iniciativa permitiría “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”. Un día antes, Santilli había estado en Neuquén, donde el saldo fue más ambiguo: Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo”, pero reclamó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a exigir la deuda de 200 millones de dólares que Nación mantiene con la caja previsional neuquina. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita, Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI —0,5% para Nación y 0,15% para las provincias—, pero advierten que la merma se verá compensada por el supuesto aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que, en teoría, serán formalizados. Dentro del oficialismo, incluso, conviven posturas distintas: algunos como Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

Poroteo

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 del PRO, pero también suman a la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores —entre ellos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), y Silvana Schneider (Chaco)— y otros tres que son opositores en sus provincias. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre, y además hay mandatarios con alianzas políticas locales, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de provinciales para llegar a los 37 del quórum: la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz; la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que reportan al exgobernador Carlos Rovira.

Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero también podrán recurrir a peronistas disidentes: Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. La cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

PL/MC

Santilli viaja a Corrientes y Misiones para buscar apoyos a la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto viajar esta semana a Corrientes y Misiones para reunirse con los gobernadores Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua, con el objetivo de sumar nuevos apoyos a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Ambos mandatarios provinciales pertenecen a espacios aliados a La Libertad Avanza: Valdés integra Provincias Unidas, mientras que Passalacqua es una de las principales figuras del Frente Renovador de la Concordia, fuerza que gobierna Misiones desde hace más de dos décadas.

Las fechas de los encuentros aún no están definidas. Sí está confirmado que Santilli participará este martes de La Derecha Fest, en Mar del Plata, donde acompañará al Presidente.

Apoyos en el Congreso y agenda de extraordinarias

Hasta el momento, el Ejecutivo logró el respaldo de ocho gobernadores para avanzar con la reforma laboral: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Si se concreta el acompañamiento de Corrientes y Misiones, el número ascendería a diez provincias.

En paralelo, la mesa política del Gobierno definió que el temario de las sesiones extraordinarias de febrero estará centrado en dos iniciativas clave: la reforma laboral y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil, que incluyen la baja en la edad de imputabilidad.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que ambos proyectos formarán parte del paquete legislativo que el Ejecutivo buscará tratar en el Congreso durante el período extraordinario.

Trabajadores advierten que pierden 300 empleos por la importación de tubos indios, en lugar de comprarlos a Techint

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

Lula visitará a Trump en la Casa Blanca tras una llamada marcada por Gaza y la ONU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca en una fecha aún por definir, luego de una conversación telefónica de casi 50 minutos en la que ambos mandatarios abordaron conflictos internacionales, la relación bilateral y la situación en América Latina.

Según informó el Gobierno brasileño, la visita se concretará después del viaje de Lula a la India y Corea del Sur previsto para febrero y será el primer encuentro del líder brasileño con Trump desde que el republicano regresó a la presidencia. De confirmarse, marcará un nuevo paso en el acercamiento entre ambos gobiernos tras un año atravesado por tensiones comerciales y políticas.

Durante la llamada, Lula le pidió a Trump que la “Junta de Paz” impulsada por Washington se limite a tratar la situación en Gaza e incluya un “asiento” para Palestina. El mandatario brasileño aún no aceptó integrar el organismo y planteó reparos a su diseño original, concebido para intervenir en conflictos a escala global y que, en un primer momento, había sido presentado como un mecanismo para contribuir a la reconstrucción del territorio palestino tras la guerra entre Israel y Hamas.

Lula también reiteró la necesidad de avanzar en una reforma “amplia” de la Organización de las Naciones Unidas, con especial énfasis en la ampliación del Consejo de Seguridad y la incorporación de nuevos miembros permanentes.

Días antes de la conversación, el presidente brasileño había cuestionado públicamente la Junta de Paz y acusado a Trump de intentar crear una “nueva ONU” con él como “dueño”. Aunque una veintena de países expresó su respaldo a la iniciativa estadounidense, las grandes potencias y la mayoría de los países europeos se mostraron reticentes al considerar que podría debilitar el rol del organismo multilateral.

Otro de los temas abordados fue la situación en Venezuela, uno de los principales puntos de fricción entre ambos gobiernos. Lula subrayó la importancia de preservar la paz y la estabilidad regional y reiteró su condena a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de un comando militar estadounidense a comienzos de mes, una acción que calificó como una “línea inaceptable”.

En el plano bilateral, Lula propuso reforzar la cooperación entre Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, con intercambio de información sobre transacciones financieras y el congelamiento de activos de organizaciones criminales.

La futura visita a Washington se produce luego de una etapa de distensión entre ambos países. El año pasado, Trump había impuesto fuertes aranceles a las importaciones brasileñas y sancionado a un juez de la Corte Suprema de Brasil en el marco del proceso por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, desde septiembre se registró una aproximación gradual que derivó en el levantamiento de la sanción y de parte de las medidas comerciales.

Con información de la agencia EFE