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Lobby farmacéutico, presión de EE.UU. y miles de millones en juego: la pelea detrás del tratado de patentes que apura Milei
El oficialismo desactivó a último momento una reunión clave en la Cámara de Diputados. Los laboratorios argentinos reclaman un perjuicio por más de US$3,3 mil millones. El deadline que impone la Casa Blanca, aunque el tratado tiene casi 30 años de demora.
La Cámara de Diputados desactivó a última hora este lunes, sin nueva fecha, el plenario de comisiones que debía debatir este martes la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El freno llegó en medio de una presión que en el Gobierno ya no disimulan: del uno al diez, el lobby farmacéutico está en diez, graficó una fuente libertaria al tanto de la discusión. En juego hay miles de millones de dólares.
El tratado lleva casi tres décadas esperando. El Senado lo aprobó en 1998 y la media sanción nunca llegó a votarse en Diputados –como es un tratado internacional, no pierde estado parlamentario ante cada renovación legislativa–. Pero ahora hay un reloj que corre: el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el 5 de febrero –el ARTI– incluye el compromiso de remitirlo al Congreso antes del 30 de abril. Y el 30 de abril no es una fecha cualquiera. Es el día en que Washington publica su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual. “Hace años y años estamos en la Priority Watch List”, admitió la misma fuente oficial, que tradujo sin eufemismos: “Es la categoría de los chicos malos del mundo”. Las conversaciones con Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo son permanentes, agregó, y eso incluye también los compromisos recíprocos de la contraparte.
En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. También alcanza a las semillas y agroquímicos. La medida impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.
Qué hay en juego
El PCT no es un tratado exclusivamente farmacéutico –abarca todo tipo de patentes– pero es en esa industria donde el choque de intereses es más concreto y más visible. La cámara CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentino), que agrupa a los laboratorios nacionales, puso sobre la mesa los números que justifican su resistencia: los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en US$2.214 millones anuales a precios de septiembre de 2024, y si se suman los ahorros por nuevos lanzamientos o moléculas no incluidas en ese estudio, la cifra puede estimarse en 3.321 millones de dólares para 2025. Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.
Para ilustrar el argumento, CILFA apela a casos concretos. La versión nacional del pembrolizumab –Keytruda, de MSD– se comercializa un 60,3% más barata que el original; la alternativa local de semaglutida –Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk– es un 63,5% más económica; y la versión argentina de nusinersen –Spinraza, de Biogen– tiene un precio un 45% menor. El caso más reciente y resonante es el de Keytruda: cuando el laboratorio Elea lanzó su biosimilar, Merck terminó ofertando un 49% menos que su cotización anterior en una licitación estatal.
Del otro lado, las multinacionales argumentan que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar. Y el Gobierno sostiene que un marco jurídico más predecible es condición necesaria para atraer inversión en I+D, justo un área que el propio Estado dejó de financiar.
El nudo: el Capítulo II y la reserva de Uruguay
El principal foco de tensión no es el tratado en su conjunto sino el Capítulo II, que habilita al INPI a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. CILFA y su par Cooperala plantearon ante los diputados que la aprobación implicaría una cesión de soberanía en materia de patentabilidad.
Desde el Gobierno reconocen que la negociación con el sector es constante. Pero agregan un dato que complica el argumento: el INPI ya usa esos dictámenes hoy, sin estar adherido al tratado. Son opiniones no vinculantes ahora y seguirían siéndolo con el PCT. La situación práctica, sostienen, no cambiaría demasiado.
Lo que sí aclaran es que el margen de maniobra es estrecho. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Y precisamente porque Uruguay la tiene, los laboratorios argentinos la reclaman ahora. Pero la evaluación oficial es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo. Y hay un problema adicional de orden jurídico: como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo.
La propia CILFA, al pronunciarse sobre la derogación de las pautas de patentabilidad de 2012, dejó una señal de pragmatismo: reconoció y valoró la decisión del Gobierno de excluir la protección de datos de prueba y la extensión de plazos de patentes del ARTI, señalando que esas exclusiones contribuyen a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo. En otras palabras: el sector sabe que el PCT es probable, y negocia los límites del daño.
Treinta años de demora
El PCT tiene 158 Estados Parte y es el mecanismo estándar para la protección internacional de invenciones. Argentina es, junto con Venezuela, el único país de América Latina fuera del sistema. Brasil integra el tratado desde 1978, México desde 1995, Colombia desde 2001, Chile desde 2009 y Uruguay desde enero de este año.
El Gobierno defiende la adhesión con datos de la propia OMPI: el CONICET y la red universitaria concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo el sistema PCT –una de las proporciones más altas de América Latina– y empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya presentan solicitudes desde oficinas receptoras en el exterior porque Argentina no tiene oficina propia. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo resumió ante los legisladores: “Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia”, según consignó La Nación.
Este martes iba a reunirse un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, pero se pospuso por la presión subterránea de los laboratorios. En concreto, Cacace está de viaje en EE.UU. En el oficialismo no saben ahora cuándo será la fecha de reprogramación, pero para el Gobierno se agota el reloj de arena.
MC
Diputados suspendió el debate por el tratado de patentes en medio de presiones cruzadas de laboratorios
La discusión quedó sin fecha tras un pedido del Ministerio de Desregulación. El oficialismo defiende la adhesión, mientras la industria local advierte por su impacto en el acceso a medicamentos.
La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada.
Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.
Resistencia de la industria nacional
El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país.
La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.
Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década.
En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.
Un margen de negociación acotado
Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.
Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.
La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.
La defensa del Gobierno
El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior.
También destaca que el CONICET y universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.
Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.
Patentes contra el cáncer: el "caso argentino" que forzó al gigante Merck a bajar el precio de su medicamento estrella
Un laboratorio local aprovechó la falta de patente de Keytruda en Argentina y desarrolló, por primera vez, un biosimilar que tuvo una consecuencia inmediata: la caída del precio del medicamento, una tendencia que podría expandirse en los próximos años en otras regiones.
En la lucha global contra el cáncer, Argentina se volvió territorio estelar del enfrentamiento entre dos laboratorios. Uno es una multinacional que asegura haber invertido US$ 44.000 millones en la investigación y el desarrollo de un costoso medicamento de vanguardia; el otro, una firma local que aprovechó la ausencia de patente en el país, desarrolló un biosimilar y salió a competir, forzando una rebaja de hasta del 50% del precio, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas y el mayor acceso a la medicina por parte de los pacientes. Pero antes las empresas evaluaron sellar una alianza que evitara la competencia. Incluso, barajaron la posibilidad de desarrollar la droga en conjunto en el país.
El laboratorio multinacional es Merck & Co., que en la Argentina opera bajo las siglas MSD. Su medicamento estrella se llama Keytruda (cuya base es el pembrolizumab), que ofrece uno de los tratamientos oncológicos más innovadores y costosos del mundo. Ha ayudado a salvar incontables vidas desde 2014 -y en la Argentina desde 2016-, aunque resulta inaccesible para gran parte de los enfermos con cáncer.
El pembrolizumab es un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer porque reactiva el sistema inmunitario del paciente, permitiendo reconocer y destruir las células cancerosas. Se emplea en melanomas y tumores de pulmón, mama triple negativo, linfomas de Hodgkin y otros cánceres avanzados o metastásicos.
Merck ha construido un imperio alrededor de Keytruda, que representa casi la mitad de sus ingresos. Lo hizo, aupado a una combinación de patentes y lobby, que por múltiples factores no se replicaron en la Argentina. Aquí apareció un competidor local, Laboratorio Elea, de la familia Sigman, que desarrolló el biosimilar PembroX, un medicamento biológico equivalente al original en calidad, eficacia y seguridad. PembroX salió al mercado en enero de 2025, lo que forzó una reducción en el precio de venta y permitió que un mayor número de pacientes accedieran al innovador tratamiento.
Desde entonces, el contrapunto entre Merck y Elea se convirtió en un caso testigo a en la lucha contra el cáncer, responsable de una de cada seis muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por un lado, está la protección de las patentes de medicamentos que permiten recuperar los miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo para, a su vez, financiar nuevas investigaciones que lleven a nuevas curas. Por el otro, aparece el derecho a la salud de los pacientes, que a menudo atraviesan situaciones de máxima vulnerabilidad.
En distintos países, esa tensión adquiere formas extremas: pacientes que recurren al mercado negro sin saber si compran un medicamento auténtico o falsificado, otros que demandan a sus Estados para acceder al tratamiento —y no siempre llegan a ver el fallo judicial que así lo ordena—, o médicos que deben decidir qué paciente recibe la droga y cuál queda afuera.
Este capítulo argentino hace parte de la investigación La Medicina del Millón que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) durante el último año. Revela las prácticas de lobby desplegadas por Merck & Co. para montar una red de más de 1400 patentes en 53 países. Es una estrategia que expertos describen como “evergreening”: una sucesión de registros que extienden el control comercial más allá del vencimiento original de la patente para controlar a la competencia en el mercado, mantener elevados los precios de Keytruda y construir, así, un imperio económico con ese medicamento como pilar central.
Desde su lanzamiento, Keytruda fue un faro de esperanza para miles de enfermos oncológicos que ansían superar la enfermedad. No obstante, puede transformarse en una gran desilusión, porque sus precios son prohibitivos para gran parte de la humanidad, según comprobó el equipo que lideró ICIJ y que integraron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), formado por La Nación, Infobae, el portal Ruido y elDiario.Ar en Argentina y El Espectador en Colombia.
Basada en documentos oficiales y privados, y entrevistas con oncólogos, reguladores, empresarios y otras fuentes con información privilegiada de la industria farmacéutica, la investigación detectó, además, que Merck & Co. promueve una dosis de Keytruda más alta de lo necesario, según afirman destacados investigadores del cáncer. Y ese exceso les cuesta alrededor de US$ 5000 millones al año a gobiernos de todo el mundo, solo en pacientes con cáncer de pulmón, según investigadores de la OMS.
La telaraña de patentes y lobby le permitió a Merck & Co. acumular al menos US$ 163.000 millones por ventas de Keytruda desde 2014, según consta en sus cuentas anuales, lo que le permitió destinar casi US$ 75.000 millones en dividendos a sus accionistas. En simultáneo, la compañía redujo sus impuestos al registrar sus ganancias en jurisdicciones con beneficios fiscales.
Recorte en los precios
La estrategia del lucrativo negocio de la farmaceútica, sin embargo, registró una excepción en la Argentina, donde se desarrolló y se puso a la venta el primer el primer biosimilar de este medicamento en el mundo basado en la droga pembrolizumab. La competencia obligó a Merck a cambiar su estrategia de precios.
Lanzado por el Laboratorio Elea, de la familia Sigman, el biosimilar PembroX fue lanzado en enero de 2025, tras un ida y vuelta entre ambos laboratorios que sondearon la posibilidad de sellar una alianza, que no prosperó, según detallaron desde Elea al equipo argentino aliado de ICIJ. MSD no negó esa versión. ¿Conclusión? Elea lanzó su biosimilar, los precios de venta se redujeron y un mayor número de pacientes tuvo posibilidades de acceder al medicamento.
La caída del precio operó en dos canales distintos. En el mercado de las farmacias, el precio neto por dosis de dos viales de Keytruda era de US$ 4857 en junio de 2024, según información provista por Elea. Una semana antes del lanzamiento de PembroX, Merck lo redujo a US$ 3821; y en enero de 2025, al momento del debut del biosimilar, lo llevó a US$ 3448: una baja acumulada del 29% en menos de siete meses.
En las licitaciones públicas, la caída fue aún más pronunciada. Los números del portal oficial COMPRAR.AR, donde el Estado publica las licitaciones del Ministerio de Salud, reflejan lo ocurrido. El 20 de enero de 2025, Merck vendió 3.214 dosis a un valor de US$ 3.171 por unidad. Pero en la siguiente licitación, convocada ese mismo año, Elea salió a competirle con un valor de US$ 1.400 la unidad y Merck redujo el suyo a US$ 1.650. En otras palabras, una reducción del precio del 48%.
A pesar de lidiar con una inflación en la Argentina que todavía horada la rentabilidad, los laboratorios bajaron aún más sus precios desde entonces. Según la orden de compra 80-0026-OC26 que se publicó el pasado 1 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación le adjudicó a Elea otra compra a un valor de US$ 1.386 la unidad, según el tipo de cambio vigente del Banco Nación al cierre de ese día. En esa misma licitación, Merck ofertó US$ 1.627 por unidad, un 49% menos que su cotización anterior de 3171 dólares.
En términos agregados, eso implica una reducción superior al 56% en el precio que terminó pagando el Estado entre comienzos de 2025 y 2026. El contraste es aún más elocuente si se tiene en cuenta que durante ese período la inflación acumulada en la Argentina rondó el 40%: el precio del medicamento cayó en dólares mientras el resto de los precios subían.
Elea se convirtió, así, en el primer laboratorio local que se aprovechó de las oportunidades que ofrece la ley de patentes argentina que dificulta el registro de patentes de medicamentos a farmacéuticas extranjeras. Por eso, Merck no patentó Keytruda en el país, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, cuya patente rige hasta 2028. Allí este laboratorio se mueve como único proveedor y fija los precios según los volúmenes de venta, cantidad de pacientes y características específicas de cada mercado.
El costo de los tratamientos depende de cada paciente. A su vez, Merck fija los precios para cada mercado con criterios que no ha hecho público, por eso un tratamiento asciende a US$ 208.000 en Estados Unidos - donde se concentran el 60% de sus ventas, según el relevamiento del ICIJ-; pero puede bajar hasta US$ 130.000 en Colombia y US$ 65.000 en Sudáfrica, con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos de salud, incluso en los países más desarrollados.
A pesar de las rebajas que motivó la competencia en Argentina, el precio de pembrolizumab bajó en relación a otros países, pero todavía es demasiado costoso para quienes no tienen obra social (39% de la población, según el Censo 2022). También es frecuente que las obras sociales demoren o frenen las autorizaciones para suministrar esta droga, pues les es complicado enfrentar compras de medicamentos tan costosos.
Meses después del lanzamiento de PembroX, las autoridades argentinas avalaron el desarrollo de biosimilares. En marzo de 2025, la ANMAT aprobó la disposición 1741/2025, que flexibilizó los criterios para la aprobación de biosimilares. La medida fue celebrada por laboratorios locales, pero genera debate entre especialistas sobre los estándares de evaluación.
La salida de PembroX para competirle y quitarle la porción mayor del mercado a Keytruda abrió un mercado atractivo para otros laboratorios locales interesados en seguir los pasos de Elea, según confirmaron directivos del sector farmacéutico local consultados por el equipo argentino de ICIJ. Pero no sólo eso: también le abre a Elea la oportunidad de exportar su biosimilar a otros países de la región y del mundo, una vez que caduque la patente de Keytruda en 2028. En ese sentido, el laboratorio ya colocó PembroX en Paraguay y confía en expandirse a otros países del hemisferio.
El dueño del laboratorio Elea, Hugo Sigman, ha sabido moverse en las aguas de la política local durante décadas, al punto de mostrarse cerca del kirchnerismo –y en particular de los ex ministros de Salud, Ginés González García y Juan Manzur- como ahora del presidente Javier Milei. Su hijo, Leandro Sigman, aplaudió desde las primeras filas al jefe de Estado durante la “Argentina Week” que se desarrolló en Nueva York, el mes pasado.
Elogiado y criticado por sus colegas, Sigman también acumula recelos. Sus competidores, locales y extranjeros por igual, le endilgan a Elea tener trato preferencial en la ANMAT desde hace décadas, y en particular durante el kirchnerismo. Por ejemplo, al requerir la aprobación de sus medicamentos u otros trámites, aunque junto a Sigman rechazan de manera categórica cualquier proceder indebido.
Impacto inmediato
Desde su lanzamiento en la Argentina, el biosimilar PembroX concentró el interés del mercado internacional de medicamentos oncológicos por la consiguiente reducción en el precio del Keytruda. Ésta última perdió terreno en las compras de obras sociales, medicinas prepagas y sistemas públicos. En los primeros seis meses desde su lanzamiento, Pembrox se quedó con más de la mitad del mercado, según verificó el equipo de ICIJ en la Argentina con base en documentos oficiales.
El surgimiento de Pembrox como competidor local provocó, además, un crecimiento del mercado de pacientes que podrían acceder a ese tratamiento, que permanecía acotado por los precios elevados. Así, el mercado argentino de pembrolizumab ascendía a 50.000 unidades por año durante 2023 y 2024 durante la vigencia solitaria de Keytruda, pero creció a las 80.000 unidades durante 2025 tras la irrupción de Pembrox, según datos que difunde el laboratorio Elea. De ese modo, no sólo bajaron los precios: el acceso se expandió de manera directa, con un aumento de más del 60% en la cantidad de tratamientos disponibles.
El salto fue especialmente pronunciado en las compras del Estado nacional. Mientras el Ministerio de Salud adquiría un promedio de 280 dosis anuales durante los años en que Merck era el único proveedor, en 2025 esa cifra trepó a casi 4000 dosis, con otras 800 en proceso de adjudicación: un incremento de más de 1300% que refleja tanto la caída del precio como una política de acceso más amplia.
La competencia ha propiciado un mayor acceso y una mejor asequibilidad, afirmó el CEO de Elea, Gustavo Pelizzari, que reflexionó sobre el impacto económico de Keytruda en las cuentas de Estados Unidos: “Estoy convencido de que lo venden mucho más barato en Argentina que en Estados Unidos”, afirmó. “Deben de estar causando un perjuicio significativo al Gobierno estadounidense. Quiero decir que ellos, Merck”, añadió, “deberían verse obligados a venderlo al precio argentino. Por eso no hacen públicos los precios”.
Ante la consulta periodística formal de ICIJ, el presidente global de Merck & Co., Robert M. Davis, prefirió no hacer comentarios, pero la vicepresidenta del laboratorio, Johanna Herrmann, defendió la política corporativa. El precio de Keytruda “refleja su valor para los pacientes y los sistemas de salud”, respondió por escrito. Y en otra carta dirigida al Consorcio, Herrmann reconoció que Merck se enfrenta a “crecientes presiones políticas y comerciales” en torno al acceso de los pacientes al medicamento y al precio fijado en países emergentes. La empresa trabaja, afirmó, para garantizar que la atención médica sea “asequible, eficiente, equitativa y sostenible a escala global”.
En la Argentina, MSD estima que más de 15.000 pacientes fueron tratados con Keytruda durante la última década, “lo que refleja un uso amplio y sostenido en diferentes segmentos del sistema de salud”, indicaron desde el laboratorio al equipo local de ICIJ. “MSD trabaja de manera constante con autoridades sanitarias, financiadores, prestadores y otras partes interesadas del sistema de salud para apoyar la incorporación de la innovación en la práctica clínica”, añadieron, “y permitir que más pacientes se beneficien de nuevas terapias a medida que las indicaciones se aprobaban y estaban disponibles”.
Apenas unos días antes de Navidad, sin embargo, Davis y los líderes de otras ocho empresas farmacéuticas se reunieron en la Casa Blanca. Los fotógrafos se agolparon para tomar fotos mientras los ejecutivos esperaban ansiosos al presidente Donald Trump. Todos los jefes de los laboratorios habían acordado reducir drásticamente los precios de sus medicamentos más vendidos. Apenas entró a la sala, Trump miró a los ejecutivos y les dijo: “Vaya, ¡qué equipo! Ustedes sí que ganan mucho dinero”. Davis aprovechó la oportunidad. Prometió que Merck bajaría los precios de un remedio para la diabetes y una pastilla cardiovascular. Pero no dijo nada sobre Keytruda.
Lo que ocurre en la Argentina anticipa una tensión que se profundiza en el mundo: ¿qué pesa más?, ¿la protección de la innovación -a través de las patentes- o el acceso masivo a los tratamientos? En ese equilibrio —todavía inestable— no sólo se define el precio de un medicamento, sino quién puede acceder a él y quién queda afuera. En última instancia, es una discusión que atraviesa a toda la industria farmacéutica: cuánto vale una vida —y quién puede pagarla.
El medicamento que llegó un día después de su muerte
A Delicia Málaga le recetaron pembrolizumab para un melanoma que había hecho metástasis. Su familia organizó un campeonato de truco y otro de penales para recaudar fondos y así comprar el medicamento, pero no alcanzó. La mujer murió un día antes de que PAMI autorizara la entrega del remedio. En enero, sus hijas lo donaron a una paciente sin obra social, que sigue esperando para recibir las dosis que le faltan.
Delicia Málaga vivía en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Tenía 65 años cuando murió, a fines de enero de 2026. Luego que la operaran en octubre de 2025, por otra dolencia, los médicos le descubrieron un melanoma (cáncer de piel) que derivó en metástasis pulmonar bilateral, en la mama derecha y en el hígado.
Le indicaron tratamiento con pembrolizumab. Aunque las chances de sobrevida de Delicia eran bajas, según admiten sus hijas, la droga quizás hubiera detenido el avance del cáncer, además de mejorar su calidad de vida.
“Empezamos a investigar y a consultar precios. Cuando fuimos a la farmacia nos dijeron que costaba 20 millones de pesos cada dosis. Era imposible, pero mi mamá la necesitaba urgente porque la autorización para recibirla de PAMI (la obra social de los jubilados nacionales) podía demorar tres o cuatro meses”, cuenta Andrea, una de las hijas, en diálogo con el equipo argentino aliado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
Gran parte de General Rodríguez se movilizó para ayudar: se había organizado un campeonato de truco y penales para recaudar fondos, como parte de la campaña “Todos por Delicia”. Pero el evento no llegó a realizarse: ella falleció antes.
Un día después de su muerte, PAMI autorizó el pembrolizumab. “En la farmacia dijeron que ya tenían el medicamento. Así que ni bien llegó, nos pusimos en campaña para ver quién podía necesitarlo”, dice Rocío, la otra hija de Delicia. Y a través del periódico local La Posta ofrecieron la dosis que les había quedado.
La beneficiada fue Ángeles, una mujer de 50 años a quien poco después de una operación, en octubre de 2025, le descubrieron un Linfoma T. “No funcionaron la quimio ni la radioterapia, así que la oncóloga prescribió pembrolizumab”, relata Ángeles por teléfono desde su hogar en el barrio porteño de Floresta. Dejó de trabajar por la enfermedad y se quedó sin obra social. Ahora sobrevive gracias a la contención de su pareja e hijos.
“Como es un linfoma muy raro, pembrolizumab no está en el nomenclador para esta enfermedad”, explica Ángeles, pero su oncóloga deposita su esperanza en ese medicamento.
Durante el último año, la puja comercial entre los laboratorios MSD, responsable de Keytruda, y Elea, que lanzó el biosimilar Pembrox, llevó a una reducción sustancial del costo del tratamiento del pembrolizumab. Pero sigue siendo demasiado alto para quienes no tienen obra social, como el 39% de la población argentina, según los datos oficiales del Censo 2022.
Comprarlo, sin ayuda del Estado o una obra social, cuesta más de 21 millones de pesos argentinos (15.000 dólares) por cada dos dosis en cualquier farmacia de Argentina, según datos oficiales. Esto, sin contar las demoras o trabas que colocan numerosas obras sociales, cada vez más complicadas para solventar compras de medicamentos tan costosos.
A pesar de la competencia, el costo de cualquiera de los medicamentos resulta todavía elevado y deriva en presiones sobre los médicos en distintas obras sociales. “Hemos tenido casos de obras sociales de provincias que han echado a médicos por haber recetado Keytruda. Las restricciones no terminaron con la llegada de PembroX porque sigue siendo una medicación cara”, relató un oncólogo entrevistado por los reporteros.
En ese sentido, la familia de Ángeles no puede cubrir el costo del tratamiento. “Cuesta 20 millones la dosis mensual, y necesito 10 de esas”, plantea Ángeles, que pudo aplicarse la dosis que le donaron las hijas de Delicia, y debía recibir la segunda al mes siguiente. La pidió en febrero en el Hospital Ramos Mejía, en donde se atiende. Dos meses después, aún no tiene respuesta del Estado.
“Los casos que atendemos en relación a pembrolizumab y a otros medicamentos tienen que ver principalmente con las demoras en la entrega por parte de obras sociales”, asegura Silvina Mercado, integrante de Apradoc, una asociación sin fines de lucro que ayuda a pacientes con cáncer. Agrega que la entidad triplicó su trabajo en relación a hace un año, debido a la alta demanda. La asociación ayuda a que cada paciente pueda comprar su medicamento a precio de droguería -sólo como un nexo entre las partes-, lo que evita que deban pagar sumas muy elevadas y muchas veces prohibitivas.
Milei, Caputo y hasta el presidente de la Corte rinden examen ante las empresas de capital norteamericano
El Gobierno tiene varios funcionarios anotados en el summit anual de AmCham, que reúne a las firmas más importantes del país. Gobernadores y legisladores, también entre los invitados.
El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, son los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrolla este martes desde las 8 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, a las 18. Por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda, quien postergó su viaje a Estados Unidos para estar presente. Caputo se unirá el miércoles a la delegación que desde este lunes participa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial.
Además de Milei y el ministro Caputo expondrá el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También habrá intervenciones de otros ministros nacionales, de gobernadores y de legisladores del Congreso.
El Summit de AmCham se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y concentra a las principales empresas en el país de capital norteamericano. AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina, según un comunicado.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.
Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento.
Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA) y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).
El ámbito legislativo estará representado por Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Eduardo Vischi (UCR), Gabriel Bornoroni (LLA) y Lisandro Nieri (UCR). También dará examen el ministro del Interior, Diego Santilli, así como habrá secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura).
El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras.
MC