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Con 164 votos a favor y 66 en contra, la Cámara de Diputados logró emplazar a la comisión de Presupuesto para tratar un proyecto de emergencia pediátrica. Consiguió, a su vez, 161 votos a favor, para facilitar la discusión de los proyectos universitarios. Los gobernadores, enojados con el Gobierno, fueron claves.
El Gobierno perdió el control del Congreso. Una vez más, la oposición acorraló a Javier Milei y logró asestarle una nueva derrota en la Cámara de Diputados, aprobando con dos tercios el impulso de dos temas sensibles: una ley que declara la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y otra que actualiza el presupuesto universitario. Con el respaldo de los gobernadores aliados del Gobierno, la oposición logró emplazar a la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, y se prepara para darle media sanción a los proyectos en una futura sesión.
El efecto de la votación fue simbólico y contundente. En medio de la escalada del conflicto del Gobierno con los trabajadores del Hospital Garrahan, que denuncian que Mario Lugones pretende convertir el sistema de residencias en una beca precarizada, la oposición consiguió juntar dos tercios para impulsar la iniciativa que declara la emergencia pediátrica. Un número que despertó las alarmas en el Gobierno, que teme ahora que Milei no pueda asegurarse el blindaje de su tercio vetador cuando el Congreso sancione el proyecto.
Con 164 votos a favor y 66 en contra, la oposición logró forzar al oficialismo a habilitar el dictamen de una ley que obliga al Gobierno a asignar de manera prioritaria el presupuesto para el Hospital Garrahan, a recomponer el salario de los trabajadores y a eximir del pago del impuesto a las Ganancias las horas extras y las guardias de los profesionales de Salud.
“La situación de pediatría de alta complejidad está en riesgo sin el trabajo del Hospital Garrahan”, advirtió el tucumano peronista Pablo Yedlin, que propuso emplazar la comisión de Presupuesto para el 8 de julio a las 12 horas. “La situación en el Garrahan nos muestra el país que quiere el presidente. Un país donde un chico con cáncer y sin plata se queda solo”, sumó el radical Facundo Manes.
El objetivo de la oposición es dictaminar la iniciativa esa fecha, en la previa del paro que los trabajadores del Garrahan convocaron para el 17 de julio, y preparar la iniciativa para llevarla al recinto la semana siguiente.
La oposición volvió a conseguir los dos tercios para impulsar el tratamiento de proyectos educativos que apuntan a actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de los trabajadores. Con 161 a favor y 68 en contra, la oposición emplazó a la comisión de Presupuesto para reunirse el 8 de julio a las 16 horas.
“En muchas universidades no se va a tomar examen y no va a iniciar el segundo cuatrimestre por el ataque a los salarios docentes. Se está destruyendo el poder de compra. Un ayudante de primera cobra menos de 300 mil pesos con 15 años de antigüedad”, advirtió el “Chipi” Castillo, del FIT, que acompañó al peronismo, el pichettismo y el radicalismo díscolo para impulsar la sesión.
Los emplazamientos fueron un desafío abierto de la oposición y de los ex aliados oficialistas al Gobierno. En el oficialismo casi ni amagaron a contener la embestida, que ya anticipaban inevitable desde la noche anterior. En Casa Rosada admitían, incluso, que Martín Menem casi ni les había pedido ayuda para “convencer” a los diputados aliados para torcer sus voluntades: un anticipo de una derrota que parecía una crónica anunciada.
El temor de La Libertad Avanza se confirmó al mediodía, cuando sonó la chicharra y empezaron a bajar los diputados a dar quórum. Con 136 diputados presentes, la oposición consiguió el número gracias a la presencia casi perfecta de Unión por la Patria, Encuentro Federal y el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre. Fue el respaldo de los gobernadores, sin embargo, lo que terminó inclinando la balanza en favor de la oposición.
Irritados con el Gobierno por la dinámica de los cierres de listas y la escasez en la transferencia de recursos, los mandatarios provinciales apostaron a colaborar con la embestida opositora. Los peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) habilitaron a casi todos sus diputados. El cordobés Martín Llaryora, quien había negociado que incluyeran también un emplazamiento para tratar la baja de retenciones, aportó a sus cuatro diputados.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que está negociando para cerrar una alianza electoral con LLA, no pudo evitar que Francisco Morchio diera quórum. Incluso los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalaqcua (Misiones), que se aglutinan en el interbloque Innovación Federal y suelen aliarse a Casa Rosada, facilitaron la sesión enviando al menos a un representante cada uno: el rionegrino Agustín Domingo, la salteña Yolanda Vega y el misionero Alberto Arrúa.
El PRO y la UCR que lidera Rodrigo de Loredo funcionaron, una vez más, como los aliados incondicionales de Milei. Ninguno de los dos bloques accedió a dar quórum, pero ni ellos ni el oficialismo lograron evitar rebeldes. En el caso del PRO, por ejemplo, Álvaro González dio quórum. En el caso de la UCR, Julio Cobos, Natalia Sarapura y Fabio Quetglas también se diferenciaron del bloque y dieron quórum.
La verdadera sorpresa, sin embargo, fue la presencia de la libertaria Marcela Pagano, que colaboró con el quórum y despertó la indignación de su archienemiga interna, Lilia Lemoine. “Contanos Marce, por qué querías la comisión de Juicio Político? Así ibas a defender al Presidente?”, tuiteó Lemoine, quien se dedicó a filmar a Pagano durante toda la sesión. No sería a la única: la vocación filmográfica de Lemoine la llevó a pelearse duramente con la kirchnerista Lorena Pokoik, a quien se puso a filmar a unos metros durante una discusión y la pelea casi termina a las trompadas.
MC/MG
La legisladora Carmen Álvarez Rivero quiso abandonar una comisión para que no se discuta la iniciativa previsional que ya tiene media sanción en Diputados. Finalmente el kirchnerismo logró dictamen de mayoría para llevar el proyecto al recinto.
La oposición en el Senado logró firmar dictamen sobre el paquete jubilatorio que había sido aprobado a principios de junio en la Cámara de Diputados. El despacho se consiguió en la primera reunión constitutiva de la Comisión de Trabajo y Previsión, con la férrea oposición del oficialismo y la mayoría de los bloques dialoguistas. En la reunión hubo escenas escandalosas, con una legisladora del PRO aliada al Gobierno que buscó boicotearla permanentemente.
El kirchnerismo logró 9 votos para dictaminar el proyecto porque contaba con el respaldo de ocho senadores propios y de la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri (CABA), una dirigente cercana a Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual superó la mitad más uno de la comisión, que tiene 17 integrantes.
El triunfo del bloque peronista es un avance para la oposición que ahora buscará obtener los dos tercios en el recinto para convertir en ley el aumento a las jubilaciones y la extensión de la moratoria por dos años. El Gobierno ya adelantó que vetará la reforma, como lo hizo con iniciativas similares en 2024.
La reunión comenzó con la elección de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero como presidenta de Trabajo y Previsión y del legislador kirchnerista Mariano Recalde como vicepresidente, además de Bruno Olivera, de la Libertad Avanza (LLA), como secretario, pero apenas terminó la designación de autoridades inició la ofensiva del peronismo para lograr un dictamen de respaldo a los proyectos votados en Diputados.
El primer planteo fue formulado por Recalde para que se incorpoara el debate y los dictámenes sobre los proyectos de aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento y el bono de 70 mil a 110 mil pesos, además de la moratoria por dos años.
A lo largo de toda la reunión, Álvarez Rivero quiso bloquear la votación de la moción e incluso propuso levantar la sesión y se retiró por unos minutos, pero luego tuvo que volver sobre sus pasos porque Recalde estaba dispuesto a asumir la vicepresidencia para poner en consideración los proyectos aprobados en Diputados sobre el paquete jubilatorio.
Álvarez Rivero no tuvo el respaldo de ningún radical ni del PRO en su estrategia porque esos legisladores siguieron sentados en sus sillas del Salón Illia, donde se concretó la reunión, por lo que tras dos horas de debate no tuvo otra opción que poner a votación la propuesta de Recalde.
“Le estoy pidiendo la palabra, no se vaya. Está la comisión reunida, asumo la presidencia para que se incluyan en esta reunión dos expedientes que vienen en revisión de la Cámara de Diputados y ya tenemos la firma para dictaminar”, advirtió Recalde. El senador porteño sostuvo que “son dos proyectos que ”tienen que ver con la situación de los jubilados, que están en una situación de emergencia, que la están pasando muy mal, que no admite más dilaciones ni postergaciones“.
La senadora bullrichista Álvarez Rivero proponía un plan de trabajo con exposiciones de diversos especialistas para tratar “en profundidad” el problema jubilatorio, pero no tenía consenso en la comisión donde el kirchnerismo tiene casi la mitad de sus miembros, y que solo querían avanzar con la firma del despacho que permita debatir estos temas en el recinto de sesiones.
Incluso también se llegó a votar la propuesta del radical Eduardo Vischi, cercano al oficialismo, para convocar mañana a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y Presupuesto, donde la UCR es probable que presente un dictamen propio sobre el aumento a los jubilados y en contra de la moratoria.
A lo largo de la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, sostuvo que no era “reglamentario” incorporar un temario y “menos sacar dictamen”. “Es un tema que requiere el análisis de la comisión, estoy de acuerdo con que es urgente e importante”, dijo, pero planteó que “dictaminar en forma apresurada sería un error”.
La senadora kirchnerista Juliana Di Tullio criticó con dureza a Álvarez Rivero por resistirse a poner la moción a votación y le recordó que “solo preside la comisión, pero las decisiones se toman en conjunto. Si hay una moción se vota y si tenemos mayoría, tenemos, y si no, no”, advirtió. Desde la UCR, Martín Lousteau le respondió que “hace ya más de tres semanas que tenemos media sanción de tres proyectos que son los más urgentes que dos tienen que ver con los jubilados, y otro con la discapacidad”.
Finalmente primó la voluntad de la mayoría y el peronismo, junto con la amarilla Tagliaferri, consiguió la mayoría para el dictamen que busca otorgar un aumento a los jubilados, así como un bono y reimplantar la moratoria previsional.
Con información de agencia NA
MC
El jefe de Oncología, Pedro Zubizarreta, indicó que la situación interna de las condiciones laborales y de los profesionales “no han mejorado” y confirmó que las renuncias de los trabajadores “continúan”.
El jefe de Servicio de Oncología del Hospital Garrahan, Pedro Zubizarreta, encabezó una medida anunciada por los trabajadores del centro de salud pediátrico y leyó una carta en la puerta de la institución: “Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto”, sostuvo.
En la misma línea, indicó que la situación interna de las condiciones laborales y de los profesionales “no han mejorado” y confirmó que las renuncias de los trabajadores “continúan”.
“Pese a cada esfuerzo realizado, a cada intento de diálogo, seguimos esperando una respuesta concreta. Lamentablemente, una vez más, no se hicieron presentes ni las autoridades del hospital ni las del Ministerio de Salud. El tema con los residentes tampoco está resuelto. Nos preguntamos cuáles son nuestros canales de diálogo, cuál es la forma en que debemos tratar este conflicto”, cuestionó Zubizarreta.
En la misma línea, remarcó que ninguna de las personas que trabajan en el Hospital quiere que los ciudadanos o las autoridades “se acostumbren a verlos de paro”, pero tampoco piensen que “van a bajar los brazos”: “No queremos que se naturalice el conflicto”, añadió.
El reclamo, que lleva varios meses sin respuesta por parte del Gobierno Nacional, tiene como eje principal la pérdida salarial del 100%, desde la asunción del presidente Javier Milei; asimismo, exigen que los sueldos se inicien en $1.800.000, acorde a la canasta básica.
“No nos queremos rendir, porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario, estamos defendiendo un modelo sanitario que ha salvado miles de vidas y ha acompañado con profesionalismo, dignidad y humanidad a quienes transitan enfermedades muy graves y complejas. Ese modelo no puede desmoronarse por indiferencia o desidia”, concluyó.
Con información de la agencia NA
El Gobierno detalló que se trata de "un sistema optativo" en el que los residentes "tendrán mayor libertad para elegir bajo qué modalidad realizar el último tramo de su formación". Para los médicos del Garrahan, con esta resolución se "decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, por la puerta de atrás: dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital", denunciaron.
El Ministerio de Salud actualizó el reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas, una medida que “busca jerarquizar las becas de formación y corregir las deficiencias del reglamento anterior, impulsado por el gobierno kirchnerista”, según informó la cartera sanitaria, a la vez que indicó que, “mediante un sistema optativo, los residentes tendrán mayor libertad para elegir bajo qué modalidad realizar el último tramo de su formación”.
Por su parte, desde la Asamblea de los Residentes de Pediatría del Hospital Garrahan denunciaron que, con esta resolución de la cartera que conduce Mario Lugones, el Ministerio de Salud “decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada. ¿Qué significa esto? Que los residentes dejaremos de cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un ”estipendio“. No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro”, publicaron desde el colectivo en sus redes sociales.
“Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública”, denunciaron.
Asimismo, los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron nuevos paros de 24 horas para los días 10 y 17 de julio y, además, convocaron a una movilización para el 17 a las 16., desde el Congreso de la Nación hacia la Plaza de Mayo, que pretenden replicar en todo el país. Además, este miércoles asistirán al Congreso para “exigir” la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que se debatirá en la Cámara de Diputados, para “reclamar que se garantice quórum y se vote el proyecto” en busca de “una solución de fondo frente al vaciamiento” del Garrahan.
La medida de la gestión libertaria fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 2109/2025 publicada en el Boletín Oficial y el objetivo de la misma es “recuperar su rol formativo, corregir las distorsiones y parches acumulados durante más de una década y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas”.
“A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución o Beca Ministerio. El Ministerio de Salud de la Nación continuará garantizando los fondos para el financiamiento de las residencias bajo cualquier modalidad. En el caso de la modalidad Beca Institución, las distintas entidades deberán rendir cuentas del uso de los fondos recibidos”, señaló el Ministerio.
Asimismo, detallaron que en el caso de “la modalidad Beca Institución, es la institución la que otorga la beca. Los residentes que elijan esta opción percibirán el monto de la misma sin descuentos con la posibilidad de sumar aportes o bonificaciones adicionales a criterio de la organización. La ART, el seguro de mala praxis y el seguro de salud también serán cubiertos por la institución sin que eso afecte el monto de la beca”.
“Los residentes que decidan optar por la modalidad Beca Ministerio, percibirán la beca con el descuento por los aportes previstos en el régimen previsional, serán incorporados a la Obra Social de los Trabajadores del Estado Nacional. Teniendo en cuenta que, en este caso, la beca es otorgada por la cartera sanitaria nacional, los residentes no tendrán acceso a los bonos adicionales que otorgue la institución, la cual sí deberá hacerse cargo de cubrir su ART y Seguro por mala praxis”, expresó.
En tanto, añadió: “Asimismo, el nuevo reglamento busca ordenar las competencias y responsabilidades que le corresponden a cada una de las partes implicadas. La función del Estado es establecer el marco dentro del cual se debe realizar la formación. Por su parte, las instituciones deben recuperar su autonomía para poder adaptar las becas a sus propias necesidades y establecer un vínculo directo con los residentes, a quienes debe acompañar durante sus procesos formativos”.
“Es importante tener en cuenta que el nuevo reglamento entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, por lo cual los ingresantes de este año ya tendrán la posibilidad de elegir la modalidad que prefieran. Cabe destacar que los residentes que estén realizando sus prácticas, también podrán optar por cambiar de modalidad y quienes decidan no hacerlo, no verán modificadas las condiciones ni los beneficios otorgados hasta el momento”, comunicó el Ministerio.
Desde la cartera sanitaria, se señaló: “Durante 10 años, los gobiernos kirchneristas implementaron 'parches' para maquillar las irregularidades que se daban en las prácticas de formación y el Estado nacional asumió responsabilidades que no le correspondían. Es necesario sincerar esta situación para continuar con un proceso de mejora real y sostenible que le devuelva a las residencias su condición de práctica profesional supervisada por una institución. No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal y cada profesional tiene derecho a elegir, con libertad, cómo transitarla”.
Mientras este miércoles los trabajadores del Hospital Garrahan asistirán al Congreso para “exigir” la aprobación de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que se debatirá en la Cámara de Diputados, para “reclamar que se garantice quórum y se vote el proyecto” en busca de “una solución de fondo frente al vaciamiento” del centro de salud, los Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) confirmaron nuevos paros de 24 horas para los días 10 y 17 de julio.
En declaraciones a Noticias Argentinas, la secretaria general Norma Lezana (APyT) remarcó que la crisis que atraviesa la institución “es dramática” y confirmó que ya son 224 profesionales “altamente capacitados”, junto a más de 20 residentes, que ya renunciaron “por los bajos salarios” que deberían comenzar en 1.800.000 pesos, según la canasta básica.
“El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse”, indicó Lezana.
En la misma línea, reafirmó que el Hospital necesita “que la ley se apruebe ya” y que notan que “los tiempos parlamentarios no están en sintonía con la urgencia que se necesita”: “Al Garrahan lo defiende todo el país y las y los diputados deben hacerse eco del apoyo popular”, añadió.
Por otra parte, y en declaraciones a Radio Splendid AM 990, la jefa clínica del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Hospital, Carolina Goedelmann, señaló que “es un desastre” el desfinanciamiento que la institución está padeciendo en sus distintos sectores y agregó que, si bien no hay falta de medicamentos e insumos, “sí hay retrasos” en la llegada de los mismos.
“Milei dijo que iba a romper el Estado desde adentro…algunos le creímos y otros parece que no. En el Garrahan, los chicos se están atendiendo, pero en estos últimos días hubo 14 nuevas renuncias de profesionales”, sostuvo.
Para concluir, Lezana expresó que “haría falta un paro nacional” que surja desde las centrales obreras más importantes del país, pero que, mientras eso se dirima, “no se pueden quedar de brazos cruzados”.
“Convocamos a una gran acción unitaria, en defensa del Garrahan, de todos los sectores que levantan causas violentadas por este Gobierno cruel: universidades, CONICET, Hospital de Clínicas, el colectivo de la discapacidad, jubilados, sindicatos, colectivos culturales y trabajadores autoconvocados. Vamos a recorrer facultades, colegios, sindicatos y organizaciones para sumar al conjunto de la sociedad a esta gran acción común. Nadie se salva solo”, concluyó.
Con un llamado a sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, los jubilados preparan una movilización nacional contra la represión, el ajuste previsional y las políticas del gobierno de Javier Milei.
Desde hace meses, los miércoles en la plaza del Congreso dejaron de ser un día más de la semana. Un amplio arco de organizaciones de jubiladas y jubilados se congrega frente al Parlamento para reclamar una vida digna en la vejez. Ahora, ese espacio semanal se amplifica en dos iniciativas clave: una campaña por un millón de firmas y una marcha nacional antirrepresiva para el próximo 16 de julio.
Este miércoles 2 de julio, a las 14, se realizará una conferencia de prensa en el Anexo del Congreso —o en la plaza, si no estuviera vallada— para anunciar el nuevo Plan de Lucha de las organizaciones de adultos mayores. Las demandas centrales son un aumento urgente de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la restitución plena de medicamentos y atención médica en el PAMI y en las obras sociales.
En paralelo, ya se organiza una gran movilización para el 16 de julio a las 16 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo el lema #MarchaAntirrepresiva. El llamado se extiende a sindicatos, comisiones internas, organizaciones piqueteras, partidos políticos, centros de estudiantes, agrupaciones de mujeres y disidencias y asambleas barriales.
El eje de la convocatoria es claro: el ensañamiento del Gobierno de Milei, y en particular de la ministra Patricia Bullrich, con las protestas de los jubilados. Según denuncian los convocantes, el protocolo “antipiquetes” ha sido aplicado incluso sobre las veredas, afectando de manera sistemática las rondas y actos que se realizan todos los miércoles en el Congreso.
La represión ya dejó heridos, detenidos y hasta un fotógrafo internado en grave estado: Pablo Grillo. Por eso, entre los puntos principales de la movilización se exige juicio y castigo a los responsables de la violencia policial que lo dejó hospitalizado, y también la abolición del protocolo represivo, la derogación de los decretos DNU 340/25 y DNU 70/24, y de la Ley Bases.
El pliego de reclamos también incluye el rechazo a las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la expulsión de los servicios de inteligencia de las universidades y organismos públicos, y un pedido expreso: “Fuera Bullrich”. Además, las organizaciones se pronuncian contra la persecución de referentes políticos, sindicales y estudiantiles, y extienden su repudio a la política exterior, condenando los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado de Israel.
Convocan a esta jornada nacional de lucha: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A., el Plenario de Trabajadores Jubilados, Jubilades PTS + Independientes, Jubiladxs de Izquierda, Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, Jubilados Clasistas, Jubiladxs Anticapitalistas, Jubilados Frente Grande, Jubilados CONAT, el Centro de Trabajadores Jubilados Portuarios, el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales, Autoconvocadxs Trabajadores, Estudiantes y Jubiladxs, el Movimiento Activo de Trabajadores y Jubilados, Trabajadores Activos y Jubilados, y Jubilados Independientes.
El miércoles 16 de julio será, según aseguran los organizadores, una jornada para visibilizar que la calle sigue siendo un territorio de derechos y no un espacio bajo asedio.
JJD