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La jueza Preska rechazó suspender la orden de que la Argentina le entregue las acciones de YPF a un fondo buitre

La jueza Preska rechazó suspender la orden de que la Argentina le entregue las acciones de YPF a un fondo buitre

La magistrada se negó a suspender la entrega del 51% de la petrolera estatal como forma de pago por la expropiación a Burford Capital y Eaton Park. El Gobierno tiene plazo hasta el jueves para apelar.

La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó finalmente este lunes otorgarle a la Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera. Ahora el país tiene tiempo hasta el jueves 17 para pedirle directamente a la Cámara de Apelaciones que le conceda ese beneficio.

El Gobierno apeló la medida original de la magistrada la semana pasadante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En la presentación, la Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Preska ordenó el 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobierno de Alberto Fernández la había apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Entonces los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE.UU. a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión y ahora vuelve a fallar contra el país.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada “Argentinización de YPF”.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Así llevaron el caso en el juzgado de Preska.

MC

¿Qué está en juego en el juicio de YPF? Un tercio de los hidrocarburos del país y del mercado local de nafta y gasoil

¿Qué está en juego en el juicio de YPF? Un tercio de los hidrocarburos del país y del mercado local de nafta y gasoil

La petrolera estatal fue clave para iniciar el desarrollo de Vaca Muerta, el yacimiento con el que la Argentina pasó del déficit al superávit energético. También se usa como referencia de precios internos, aunque también se abusan de sus recursos para financiar propaganda en medios. Además cuenta con la fábrica de fertilizantes Profertil, Metrogas, una empresa de garrafas y otra de energía solar, entre otras.

Allá por 2010 ya comenzaba a construirse el mito del potencial de Vaca Muerta, la roca subterránea donde se sabía que había petróleo y gas desde hace 80 años, pero que no se podía explotar porque no estaba desarrollar una técnica eficaz. No fue hasta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó YPF en 2012 que hubo una petrolera que tomara la delantera en tomar el riesgo de invertir primero para desarrollar el recurso, cuando ninguna firma privada se atrevía. Pero hasta la administración de Javier Milei, el mismo que en campaña abogada por la reprivatización de YPF, ahora no sólo la usa para repartir pauta entre medios y periodistas, al mayor nivel desde la reestatización, sino que también sigue siendo un referente en la fijación de precios internos de naftas y gasoil, por lo que colabora con la política de desinflación.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de este lunes de la jueza neoyorquina Loretta Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.

De los 261.000 barriles día que extrae, el 87% se destina a la plaza doméstica y el 13%, a la exportación. De los 37 millones de metros cúbicos producidos de gas, tan clave ahora con la ola de frío pero durante todo el año para cocinar, bañarse o la producción industrial, el 94% se consume internamente y el 6% se exporta. Es decir, todavía se envía poco hidrocarburo al exterior, pero lo suficiente para revertir el déficit energético que sufría la Argentina hace tres años, que se equilibró en 2023 y se convirtió en superávit desde 2024 gracias a las menores importaciones y las mayores ventas al exterior de hidrocarburos de Vaca Muerta. La promesa del gas natural licuado (GNL), aquel que se exportará por barco, lleva a prever que un mayor porcentaje de la producción gasífera se destinará al exterior en dos años.

Más del 50% de la capacidad de refinación de petróleo de la Argentina está en manos de YPF, que opera tres plantas con una capacidad de 340.000 barriles día. Parte de esa producción se destina a sus 1.680 estaciones de servicio, que controlan el 31,9% del mercado interno. Además, la petrolera estatal (49% es privada y cotiza en bolsa) opera poliductos de 2.140 kilómetros que transportan crudo, de los cuales 1.800 también son inyectados con productos refinados.

YPF lidera en producción petroquímica. Sin incluir su productora de fertilizantes Profertil, su capacidad de producción se elevada a 1,7 millones de toneladas anuales. Sus productos principales son BTX (benceno, tolueno y xilenos mixtos), metanol y propileno, que se utilizan para tratamientos estéticos y médicos, para industrias como la indumentaria o la elaboración de combustibles. La petrolera estatal también cuenta con otras empresas: Metrogas, la distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); YPF Luz, de energía solar; Y-Tec, de desarrollo tecnológico; YPF Gas, de garrafas; Oiltanking, de almacenamiento;: Oldelval, de transporte de crudo; la química Mega y la firma norteña de refinación y estaciones de servicio Refinor, entre otras.

La petrolera estatal no sólo tiene activos: también pasivos ambientales. Por décadas de extracción de petróleo y gas convencionales ha dejado tierras contaminadas, como quedó en evidencia ahora que devolvió áreas a Santa Cruz. El fracking (fractura hidráulica), que se usa para la producción no convencional en Vaca Muerta, también recibe críticas por impactos desde sismos hasta derrames. Además, la industria petrolera es una de las que más contribuye al calentamiento global y la crisis climática. Y las instalaciones de combustibles también contribuyen a la polución, como sucede en la cuenca del río Matanza-Riachuelo.

Los defensores de la estatización, entre los que se encuentran no sólo los peronistas sino también los radicales y otros sectores políticos, lo hacen con el argumento de que un país debe mantener su soberanía energética, es decir, disponer de al menos buena parte de su petróleo y su gas en un mundo donde ha habido hasta guerras por estos recursos; de que puede orientarse al desarrollo nacional, no sólo con la exportación de materia prima sino con la articulación con las industrias que necesitan de sus producción; y de que puede marcar tendencia en el inicio de desarrollos extractivos así como en los precios internos. "Me parece que la ventaja de tener una YPF estatal o bajo control del Estado es que el portafolio de inversión de la compañía no compite con un portafolio a nivel global y eso es lo que hay que mantener", opinaba el consultor Nicolás Arceo en la campaña electoral de 2023. Es decir, la petrolera estatal tiene foco en invertir locamente, mientras que las multinacionales e incluso las privadas argentinas pueden elegir si lo hacen acá o en el exterior, de acuerdo con las mayores oportunidades de ganancias que encuentren.

A diferencia de la antigua YPF estatal, donde se criticaba la ineficiencia y la politización, ahora con 49% bajo el escrutinio de los mercados ya no se la acusa de inoperante, más allá de que todos los gobiernos, y sobre todo este, la utilicen para financiar medios y periodistas -no los ensobrados de los que habla Milei-. Pero las ventajas de una petrolera nacional se perderían si la justicia de EE UU ratifica las sentencias de Preska.

AR/JJD

Los siete vuelos del misterioso jet negro que compromete al Gobierno: valijas, contratos y la SIDE de Milei

Los siete vuelos del misterioso jet negro que compromete al Gobierno: valijas, contratos y la SIDE de Milei

Una aeronave, múltiples sociedades y un contrato de 10 mil dólares con la agencia de inteligencia. Todo enmarcado en el vínculo entre la gestión libertaria y el empresario Leonardo Scatturice. Una presentación ante la PIA, a la que accedió elDiarioAR, reconstruye con fechas, matrículas y nombres propios cómo operó el esquema.

A lo largo de seis meses, un avión privado Bombardier Global 5000 voló siete veces entre Estados Unidos y la Argentina. No fue un jet cualquiera: era propiedad de Leonardo Scatturice, un polémico empresario argentino radicado en Miami, con vínculos aceitados con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el entorno presidencial de Javier Milei y el círculo de lobistas de Donald Trump. En cada uno de esos vuelos, según reconstruyó elDiarioAR y confirmó una reciente presentación judicial, se desplegó una coreografía precisa de valijas, reuniones en Casa Rosada y adjudicaciones públicas. Hoy, ese entramado está bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El punto de partida de la causa es un vuelo en apariencia menor, pero cargado de señales. El 26 de febrero de 2025, el jet —entonces con matrícula N18RU— aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana. ¿Su única pasajera? Laura Belén Arrieta, de 32 años, exazafata y hoy empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, las dos empresas fundadas por Scatturice. La PIA abrió una causa de oficio por presunto contrabando, y lo que parecía un episodio aislado derivó en la reconstrucción de una red política, financiera y diplomática con ramificaciones internacionales.

Javier Milei, Laura Belén Arrieta y Soledad Cedro posan para al cámara junto a Eduardo Bolsonaro y el español Santiago Abascal, durante la edición argentina de la CPAC.

Según registros públicos, Arrieta trabajó en al menos dos aerolíneas comerciales, cursó estudios en una escuela para tripulantes de cabina ejecutiva, y hoy forma parte del staff de la empresa tecnológica OCP Tech, partner local de Cisco. También figura como tesorera de CPAC Argentina Inc, la sociedad registrada en Florida desde donde se organizó la filial local de la Conservative Political Action Conference. En la Casa Rosada reconocen que tuvieron trato directo con Arrieta durante la organización del evento realizado en diciembre en el Hotel Hilton. Ella aparece en fotos con Milei y otros funcionarios. Su jefe directo es Scatturice, y su rol fue clave para la logística local de la conferencia que ofició como trampolín de relaciones internacionales del mileísmo.

Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez detectaron que la documentación oficial del vuelo consignaba falsamente que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, cuando en realidad había despegado de Opa Locka, otro aeropuerto de Miami. La diferencia no es trivial: la trazabilidad ADS-B, una tecnología de monitoreo aeronáutico, permitió reconstruir los movimientos reales del avión. Y detrás del itinerario, apareció una red de relaciones que conecta a la inteligencia argentina con el aparato libertario y con la ultraderecha estadounidense.

Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, y Trump, en Washington.

El engranaje logístico

La llegada de Arrieta, difundida inicialmente por La Nación y desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó ratificada por imágenes de seguridad incorporadas a la causa. Allí se observa cómo ella y los dos tripulantes evadieron los controles de equipaje. Durante los trece días que el jet permaneció en Buenos Aires, sus movimientos no fueron registrados oficialmente. Según la denuncia, fue guardado en un hangar de Royal Class —también vinculado a Scatturice— lo que le habría permitido operar sin controles migratorios ni aduaneros visibles.

Todo había comenzado un mes antes. El 24 de enero de 2025, a las 21:38, ese mismo avión aterrizó por primera vez en Buenos Aires. Pertenecía a la firma COC Global Enterprise LLC, registrada a nombre de Scatturice. Una semana y media después, el 6 de febrero, la aeronave regresó a Estados Unidos. Además de Arrieta, uno de los pasajeros fue Víctor Du Plooy, director comercial de Surjet y oficial de negocios de Tactic COC LLC, la empresa que apenas seis días después, el 12 de febrero, firmaría un contrato con la SIDE.

La argentina Arrieta tuvo tratamiento VIP en Aduana de Aeroparque.

El contrato entre Tactic y la SIDE —firmado por Soledad Cedro, CEO de la firma y vicepresidenta de CPAC Argentina Inc, y el titular del organismo Sergio Neiffert— estipula un pago mensual de 10.000 dólares para que la empresa funcione como “enlace entre la Presidencia de la Nación y sus homólogos en Estados Unidos”. Una cifra llamativamente baja: por servicios similares, países como Vietnam pagan hasta 200.000 dólares. Un informe presentado ante la PIA por el diputado Rodolfo Tailhade sostiene que ese contrato funcionó como una pantalla para triangular fondos reservados. Cedro, Arrieta y Scatturice aparecen registrados como agentes extranjeros en FARA, el sistema de lobby internacional del Departamento de Justicia de EE.UU.

Pero el engranaje no se detiene en ese contrato. En paralelo, Scatturice contrató a Forward Global, una consultora estadounidense liderada por José Mallea —exasesor de Trump— para gestionar ante la FAA la habilitación para que Flybondi opere vuelos hacia EE.UU. El costo mensual fue idéntico: 10.000 dólares. Poco después, el 18 de junio, COC Global Enterprise anunció la compra de la low cost, en una operación presentada como un refuerzo de capital pero leída por funcionarios del Gobierno como algo más: el despliegue logístico de un nuevo sistema de transporte y financiamiento libertario.

Contrato firmado entre la empresa Tactic, de Scatturice, y la SIDE.

La pista aérea conecta con el poder. Scatturice recibió en Miami, el 17 de enero, al asesor presidencial Santiago Caputo, su hermano Francisco —clave en el manejo financiero de La Libertad Avanza desde la Fundación Faro— y el dirigente del PRO Manuel Vidal. El viaje, reconstruido en su momento por Hugo Alconada Mon, coincidió con los actos de asunción de Trump pero habría tenido otro propósito: consolidar vínculos estratégicos y financieros. Según fuentes al tanto del vínculo, el empresario se convirtió desde entonces en un “facilitador total” del mileísmo. “Pone recursos, abre puertas y ofrece soluciones”, resume un alfil libertario.

Las otras escalas

Hasta hace poco solo había trascendido el vuelo del 26 de febrero. Pero Tailhade aportó evidencia de otros seis viajes del jet entre Miami y Buenos Aires, antes y después de esa fecha. Uno de los más sensibles ocurrió entre el 25 de enero y el 6 de febrero. El 29 de enero, mientras el avión aún estaba en el país, el Ministerio de Economía adjudicó a OCP Tech S.A., propiedad de Scatturice, un contrato por $790.500 millones. Fue una de las adjudicaciones más grandes del año.

Leonardo Scatturice (de saco a cuadros), al recibir un premio para su empresa.

El escándalo por el ingreso de Arrieta con valijas no controladas generó una reacción inmediata en el entorno de Scatturice. Según reconstruyó la denuncia judicial y confirmaron fuentes aeronáuticas, el Bombardier Global 5000 fue transferido a la firma Surjet —radicada en Argentina y también bajo control del empresario— y su matrícula original, N18RU, fue modificada a N100LA. El objetivo, según la presentación de Tailhade, fue borrar el rastro del avión vinculado al presunto contrabando y reiniciar su actividad con una nueva identidad en los registros internacionales. La maniobra es legal, pero políticamente elocuente.

Con esa nueva matrícula, el avión volvió a operar el 14 de abril. Aquel día aterrizó en Buenos Aires con una comitiva integrada por Soledad Cedro, Matthew Schlapp (presidente de la American Conservative Union), y los empresarios Robert Citrone y Matthew Dell’Orfano. Todos ellos fueron recibidos en Casa Rosada por Milei y Caputo. En redes sociales, Cedro publicó una imagen junto a Arrieta y Scatturice con una leyenda sugerente: “¡Parte del equipo Tactic y amigos listos para hacer GRANDES cosas en todo el mundo!”. En paralelo, ese mismo día, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ingresaba al edificio por otra puerta. La postal resumía la diplomacia a la medida del mileísmo: sin cancilleres, pero con poder real.

Leonardo Scatturice junto al equipo de CPAC Argentina, con el avión de la polémica de fondo. De izquierda a derecha: los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano; Scatturice; María Belén Arrieta; Soledad Cedro; Matt Schlapp y Víctor Du Plooy.

Después de eso, hubo al menos cuatro vuelos más: el 30 de abril, del 2 al 8 de junio, del 12 al 27 de junio y del 29 al 30 del mismo mes. Detrás de cada uno de ellos, hay una red de sociedades interconectadas: OCP Tech S.A., OCP Tech Global IT, OCP Digital Tech Partners, MDELM LLC, Tactic, Surjet y CPAC Argentina Inc, todas bajo el paraguas de COC Global Enterprise LLC. Scatturice figura como socio o gerente en cada una. Solo en los primeros meses de 2025, sus empresas obtuvieron más de $2.300 millones en adjudicaciones públicas del Ministerio de Economía y de ARCA. Según la presentación judicial, Caputo habría facilitado esas licitaciones colocando a “hombres de Scatturice” en áreas clave.

Una red entre cielos y sótanos

Scatturice se radicó en Estados Unidos hace cinco años. Antes vivía en Buenos Aires, donde dirigió una agencia privada de inteligencia llamada C3 Consulting. En 2012 fue investigado en la causa “Dark Star”, iniciada por el entonces jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. Y aunque sus voceros negaron que haya sido espía, admiten que trabajó en análisis de riesgo corporativo. Hoy, en el entorno libertario, lo consideran un operador confiable. Incluso habría participado en la reestructuración del sistema de inteligencia impulsado desde Casa Rosada.

Javier Milei recibió en Casa Rosada al Fundador y CEO de CPAC, Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano. También participaron del encuentro Santiago Caputo y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.

Es que su rol no es el de un proveedor más. Scatturice es el operador de un dispositivo político, diplomático y financiero, lubricado con vuelos privados, contratos opacos y vínculos transnacionales. Cada uno de sus pasos está documentado y forma parte de la mega-denuncia realizada por la diputada Lourdes Arrieta ante la Bicameral de Inteligencia. Pero la sombra del escándalo no recae solo sobre la SIDE, sino que alcanza a la arquitectura de poder que lo habilitó, lo integró y lo necesita. El contrato con Tactic, aunque modesto en apariencia, es apenas el eslabón más visible de una cadena que atraviesa los cielos —y los sótanos— del poder.

PL/MC

Qué había en las valijas y por qué no las controlaron: las dudas que aún persisten sobre el caso del avión que salpica a Milei

Qué había en las valijas y por qué no las controlaron: las dudas que aún persisten sobre el caso del avión que salpica a Milei

La investigación escaló esta semana, luego de que se conocieran las imágenes que desmienten la versión oficial. elDiarioAR analizó parte del expediente para explicar los puntos centrales del caso que puso la relación de Milei, los servicios de inteligencia y Trump en el centro de la escena.

El misterioso vuelo privado que trajo al país a una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tiene como aliado local a Javier Milei, volvió al centro de la escena pública esta semana. El caso resurgió luego de que el canal Todo Noticias (TN) revelara imágenes de las valijas que Laura Belén Arrieta ingresó al país en un vuelo privado y que se habrían hecho sin control aduanero, pese a que desde el Gobierno negaron en primer momento que el equipaje haya pisado suelo argentino.

El avión con matrícula PRV N18RU llegó al país el 26 de febrero y permaneció hasta el 5 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Jorge Newbery. Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó presuntas irregularidades en los controles aeroportuarios y aduaneros, con posible participación de funcionarios públicos.

La causa se encuentra en el fuero Penal Económico, donde se investiga una posible violación a la ley 22.415, el Código Aduanero de Argentina, que regula la entrada y salida de mercaderías y medios de transporte, y el despacho aduanero.

Leonardo Scatturice (tercero desde la izquierda) junto al equipo de CPAC Argentina, con el avión de la polémica de fondo.

A continuación, ocho claves sobre el trasfondo del caso que expone al Gobierno libertario, en base a las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha y que parten del análisis de la información oficial e imágenes. Las dudas que persisten y que tal vez nunca se logren responder: qué había en las valijas y por qué no se controlaron.

¿Cuál fue la ruta del avión?

El Bombardier Global 5000 aterrizó en el aeroparque de Buenos Aires el 26 de febrero de 2025, a las 08:15 de la mañana, procedente del aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL) o del aeropuerto de Opa-locka (KOPF), ambos ubicados en Florida, Estados Unidos. No está claro debido a inconsistencias en la información que analizó la PIA.

La aeronave permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo de 2025 a las 20:30, cuando partió hacia el aeropuerto de París–Le Bourget (LFPB), pero realizó una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur (GCTS), en las Islas Canarias, España.

Finalmente, el 12 de marzo partió desde París–Le Bourget hacia el aeropuerto de Opa-locka (KOPF). A pesar de ello, el registro oficial de Migraciones indica que dos tripulantes y dos pasajeros partieron con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL), Estados Unidos.

Las imágenes a las que accedió la PIA demuestran que en el avión privado venían diez valijas y no cinco, como informaron las autoridades ante el requerimiento de los investigadores.

¿Quiénes iban a bordo?

El avión ingresó al país con dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y una pasajera (Laura Belén Arrieta). A la salida, se sumó un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy, quien había llegado previamente al aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.

La PIA pudo corroborar que todos los ocupantes mencionados -tripulantes y pasajeros- tienen vínculos con OCP TECH, una firma especializada en la integración de soluciones tecnológicas que opera en la Argentina y en Miami.

La compañía informó que Bresciano y Pinto ingresó a la empresa en 2024 y operan como pilotos. Arrieta ingresó en junio de 2024 y cumple la función de Corporate Operation Manager (Gerente de Operaciones Corporativas), mientras que Du Plooy ingresó en febrero de 2024 y cumple la función de Corporate Business Manager (Gerente de Negocios Corporativos).

El avión es propiedad de otra empresa, COC Global Enterprise. Ambas compañías tienen el mismo dueño: Leonardo Scatturice, un poderoso empresario argentino radicado en Miami y ligado al negocio del espionaje.

Javier Milei con Laura Belén Arrieta, en la CPAC.

¿Qué controles (no) fueron realizados sobre la aeronave y el equipaje de pasajeros y tripulación al momento de su ingreso?

En cuanto a la inspección de la aeronave, las autoridades sostuvieron que el procedimiento aplicado se ajustó al protocolo general.Tras la finalización del proceso migratorio y la intervención de la Declaración General de Arribo por parte de la autoridad migratoria, el personal aduanero procedió a acompañar a la tripulación, a la pasajera Arrieta y al personal de la compañía aérea hasta el sector de equipajes.

Las autoridades dejaron asentado que la pasajera transportaba un total de cinco bultos. Sin embargo, esto no coincide con las imágenes aportadas en la investigación preliminar. Entre los tripulantes y la pasajera tenían más de diez bultos que ingresaron al país.

A partir del análisis de las imágenes remitidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la PIA advirtió que el grupo vinculado al vuelo en cuestión atravesó un circuito de control aduanero distinto al que de manera simultánea se aplicaba al resto de los pasajeros que ingresaban al país en ese mismo momento.

Del material fílmico aportado por la PSA se constató que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. A pesar de ello, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje.

Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 de la mañana- comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.

¿Qué llamó la atención de los investigadores?

La diferencia en el tratamiento a los pasajeros del vuelo privado “resulta particularmente significativa” para la PIA, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control, sostuvieron los investigadores.

La argentina Arrieta tuvo tratamiento VIP en Aduana de Aeroparque.

Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, según revelan las imágenes, desviaron las valijas y a los viajeros por decisión expresa y directa del personal aduanero, a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección.

Hubo un “tratamiento diferenciado”, justificado por las autoridades por la “inexistencia de alertas activas sobre el grupo”, según lo manifestado por el jefe de División.

Además, otras dos valijas ingresaron al país pero permanecieron dentro de la aeronave en calidad de equipaje en tránsito.

También se observaron inconsistencias en los registros migratorios correspondientes a los dos tripulantes y a los dos pasajeros. En particular, los datos del destino de salida “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a Estados Unidos el 12 de marzo.

La cámara a la salida de Aduana registra al grupo que descendió del jet privado.

¿Cuáles son las conclusiones de la investigación preliminar?

Se constató una omisión en el control del equipaje ingresado al país por los dos tripulantes y la pasajera al momento del arribo de la aeronave, pero aún no se sabe por qué. No se descarta, como hipótesis, que alguien haya dado la orden.

Además, no hay registros oficiales que acrediten un control continuo sobre la aeronave durante su permanencia en el hangar de la firma Royal Class ni documentación que garantice su inmovilización e inviolabilidad durante dicho período.

También se detectaron inconsistencias en los registros migratorios vinculados a los tripulantes y pasajeros y sobre el origen del vuelo.

Se detectaron inconsistencias vinculadas al equipaje declarado a las autoridades nacionales y en relación con el contenido de la bodega del avión.

El grupo que descendió del jet privado, en Migraciones.

¿Cómo salió el caso a la luz pública?

Las sospechas de irregularidades fueron hechas públicas por el periodista Carlos Pagni, en Odisea Argentina, en LN+ en marzo último. Desde entonces se conocieron detalles del vuelo y de su pasajera. Arrieta es argentina, tiene 32 años y trabaja en las compañías de Leonardo Scatturice. Ambos organizaron la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires, de la que participó Milei. La CPAC fue la plataforma para que el Presidente accediera en Estados Unidos a Donald Trump.

Scatturice también está ligado al gobierno libertario y sería intermediario entre el Ejecutivo y el gobierno de Estados Unidos. Es el nuevo dueño de Flybondi.

¿Qué dijo el Gobierno ante las revelaciones?

Tras las revelaciones de Pagni, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que era “imposible” que hubieran ingresado diez valijas en ese vuelo sin controles. También sostuvo que la pasajera Arrieta había entrado al país con un carry on y una valija que pasaron por los “chequeos correspondientes”. Los fiscales, sin embargo, probaron lo contrario.

¿Cómo sigue la causa?

En la causa intervienen el fiscal Claudio R. Navas Rial, interinamente a cargo de la Fiscalía Juzgado Nacional en lo Penal Económico números 2, y el juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico número 2 del mismo fuero. Con base en la investigación preliminar, la PIA y Navas Rial solicitaron una serie de medidas de pruebas que el magistrado deberá llevar adelante en las próximas semanas.

ED/MC

"Está en juego el futuro de la salud": suma fuerza la marcha del Congreso a Plaza de Mayo por el hospital Garrahan

Trabajadores del hospital pediátrico organizan una importante manifestación contra Mileio. Adhieren sindicatos, organizaciones sociales, jubilados, universitarios, entre otros.

“La salud pública está en peligro pero somos muchos los que la cuidamos. Lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos. Cuando atacaron a la universidad pública fuimos cientos de miles. Ahora viene por el Garrahan, por el Posadas. Nos atacan a todos”. Un video en redes sociales durante el fin de semana con la consigna #YoBancoAlGarrahan marcó el tono de la previa a la marcha del jueves próximos desde las 16.30 a la que convocan los trabajadores de la salud pública contra el ajuste de Javier Milei. La movilización conectará el Congreso con la Plaza de Mayo, para terminar el reclamo en las puertas de la Casa Rosada.

La expectativa es que la protesta sea masiva, porque los organizadores ya están anotando adhesiones de distintos colectivos, agrupaciones y organizaciones. elDiarioAR supo que los jubilados que se autoconvocan cada miércoles podrían plegarse el jueves, y así cambiar el día de la llamada “marcha antirrepresiva” que estaba agendada para el 16 junto a organismos de derechos humanos. Con los trabajadores de la salud se movilizarán, además, las dos CTA, el gremio de la economía popular UTEP, distintos sindicatos, la izquierda, universitarios y hasta el colectivo Ni Una Menos.

Hay una demanda especial para que adhiera la CGT, que tiene entre sus triunviros a Héctor Daer, secretario general del sindicato de la Sanidad. Por ahora la central obrera no se expresó puntualmente sobre el conflicto en el Garrahan, que está a punto de cumplir tres meses. Este lunes desde la asamblea de trabajadores del Garrahan le enviaron una nota a la central obrera al respecto de su marcha del jueves.

“El conflicto en el Garrahan genera conmoción social porque ha sido partícipe de cientos de miles de familias en todo el país. El punto de partida de las luchas sociales esta semana es el Garrahan pero es un reclamo más profundo: es un exponente al ataque a la salud pública, que se emparenta con otros ataques como ya vimos en el desmantelamiento a las universidades o la ciencia”, dijo a elDiarioAR Alejandro Lipco, secretario general por ATE en la junta interna del Garrahan.

Los trabajadores de planta del hospital mantienen su reclamo de un salario mínimo de $1.800.000 y aseguran que el Gobierno bloqueó cualquier línea de contacto. Incluso pese a la conciliación obligatoria dictada semanas atrás, los funcionarios del ministro de Salud, Mario Lugones, no estuvieron en ninguna mesa de diálogo. La asamblea de trabajadores está en alerta porque días atrás se designó como nuevo director médico a Mariano Pirozzo, que llegó con el antecedente de despedir a 200 profesionales del equipo de salud del hospital de referencia en salud mental Bonaparte y –antes– a 110 del hospital Sommer.

Además sigue abierto el conflicto de los residentes, que reclaman un aumento en el salario: perciben poco más de $800.000 por más de 60 horas de trabajo por semana. Los médicos residentes hicieron su propia convocatoria a la marcha de este jueves: “Decimos NO a la precarización laboral. Rechazamos el intento de transformar nuestros cargos en becas sin derechos. Exigimos condiciones laborales dignas”. Tras convocar a trabajadores de la salud, estudiantes, pacientes y a la sociedad en general, los residentes cerraron: “Lo que está en juego es el futuro de la salud”.

En medio del reclamo callejero, en el Congreso se espera el debate por la ley de Emergencia en Pediatría. La iniciativa opositora ya tiene despacho de comisión en la Cámara de Diputados pero aún no se sabe cuándo podría ser debatido en el recinto. Un legislador de la oposición adelantó que había una intención de apurarlo esta semana, pero por cuestiones de agenda podría recién tratarse el miércoles 30 de julio (estas semanas hay vacaciones de invierno en varias provincias del país).

Si es aprobado, dicho proyecto luego debe ser girado al Senado para su sanción definitiva. El Gobierno mantiene su postura del veto presidencial, como ya adelantó al respecto de la Emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio que el Congreso sancionó la semana pasada.

MC