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Un experto informátivo halló movimiento de la billetera virtual del financista norteamericano. No se conoce el destino de esas trasferencias, pero una ocurrió tras visitar al mandatario en la Casa Rosada y otra el día anterior al posteo presidencial que promocionó la cripto.
El creador de la critpo $LIBRA, Hayden Davis vio a Javier Milei en la Casa Rosada el 31 de enero y apenas minutos después comenzó a hacer misteriosas transferencias millonarias a cuentas virtuales. También hizo otro movimiento de dinero sin rastro el 13 de febrero, un día antes a que el propio Presidente promocionara el memecoin que fracasó a las pocas horas. Las sumas llegan casi a los 4 millones de dólares.
La revelación de los extraños movimientos de Davis la hizo Fernando Molina, uno de los expertos informáticos que expuso en la Cámara de Diputados por el escándalo cripto que tiene envuelto no solo al mandatario, sino también a su hermana Karina. A través de su cuenta de X, el especialista intentó reconstruir el movimiento del dinero que hizo Davis a través de su billetera digital personal. El financista es investigado actualmente por la Justicia de los Estados Unidos.
El primer movimiento que encontró Molina de la billetera de Davis fue de US$507.500 a otra billetera a través de la plataforma Bitget el 30 de enero. Lo curioso es que esa transacción ocurrió horas después de haber ingresado a la Casa Rosada junto a otros dos protagonistas del escándalo $LIBRA, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los argentinos que le habrían acercado a Milei al financista Davis.
La transferencia ocurrió 42 minutos después de que Milei posteó una selfie de ambos en el despacho presidencial. El Presidente dijo en ese tuit que Davis lo estuvo “asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.
Molina encontró otro movimiento de Davis del 3 de febrero por U$S1.991.000, a otra billetera de dueño desconocido. También fue a través de la plataforma Bitget, en la que luego se completaron otra transacción por 500.000 dólares y otras dos por 1 millón cada una.
A Molina le llamó la atención que el día siguiente, el 4 de febrero, Novelli abrió su caja de seguridad en el Banco Galicia, como se supo en las últimas semanas. El experto informático señaló, sin embargo, que sus publicaciones son solo datos que pueden marcar indicios, pero nada más: “Ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas”, insistió Molina.
El 13 de febrero se registra un nuevo movimiento desde la billetera de Davis a la plataforma: Gate.io. Primero hizo una transferencia por apenas 100 dólares y luego transfirió U$S1.275.000. “¿A quién le envió Hayden Davis 1.275 M de dólares el 13/02, un día antes del lanzamiento de $LIBRA? No es la única transacción interesante”, posteó Molina ayer miércoles.
El lunes 17 de febrero –es decir, el primer día hábil posterior a que estallara el escándalo– la hermana de Novelli, María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele, ingresaron a la sucursal del Banco Galicia, accedieron a las cajas de seguridad y se retiraron con bolsos. Cuando la Justicia registró esas cajas, estaban vacías.
Molina halló los movimientos de la billetera de Davis porque el propio financista dio a conocer su billetera personal cuando durante una entrevista reconoció que habría reintegrado US$5 millones al magnate David Portnoy que había perdido con la cripto $LIBRA.
Molina lo que hizo fue tirar de ese hilo. Así encontró esos movimientos a las plataformas Bitget y Gate.io, que justamente no están siendo investigadas por el fiscal federal argentino que sigue el caso, Eduardo Taiano. “Parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro”, sugirió Molina.
MC
Una decena de valijas ingresaron sin control al país en un vuelo que trasladó a Laura Arrieta, miembro de la CPAC y quien aparece en una foto con el Presidente. Adorni había dicho que solo viajó con "un carry-on". Sospechan de posibles maniobras de contrabando.
El misterioso vuelo privado que trajo al país a una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tiene una pata local con Javier Milei, sigue dando qué hablar. En las últimas horas se revelaron imágenes de las valijas que ingresó al país Laura Belén Arrieta y que se habrían hecho sin control aduanero, pese a que desde el Gobierno negaron en primer momento que el equipaje haya pisado suelo argentino.
Las imagenes, que publicó el canal TN, demuestran cómo una decena de valijas no pasaron los controles de equipaje correspondientes. La causa que se abrió investiga las irregularidades que se presentaron en la llegada y salida del avión, que indican un posible contrabando. El caso es investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en corrupción, quien en su momento abrió una investigación de oficio.
La PIA había pedido los registros de las cámaras de seguridad del hangar en el que estuvo detenido el jet privado entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, y de los pasajeros en su ingreso al país. Además, solicitó informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la Dirección de Aduanas, a Migraciones y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según detalló la investigación periodística, el avión llevaba 10 valijas, pero solo se declararon cinco.
En marzo el vocero Manuel Adorni aseguró el equipaje denunciado no se habría bajado del avión privado, que aterrizó en Aeroparque proveniente de Miami, Estados Unidos, y que luego de estar varios días en el país partió hacia España y Francia. Según denunció la Coalición Cívica de Elisa Carrió, se relajaron los controles adrede.
Adorni además apuntó que Arrieta de manera casi fortuita consiguió una imagen con el Presidente en el marco de la conferencia de ultraderecha que se realizó en Buenos Aires el año pasado. Arrieta fue pasajera del jet N18RU, propiedad de Leonardo Scatturice, empresario argentino radicado en Miami, con pasado en el mundo de inteligencia y conexiones con el trumpismo, y cuyo fondo de inversión -COC Global Enterprise- acaba de tomar el control accionario de la aerolínea Flybondi.
La investigación de la PIA encontró que hubo inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajeros en el vuelo de entrada y salida. “Se decía que venía de Fort Lauderdale (KFLL), pero en realidad partió de Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurre el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indica que se dirigió con destino a Fort Lauderdale, Estados Unidos, en realidad el vuelo fue a París, con escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España”, se señala. Otra de las inconsistencias encontradas se basa en que en ANAC no registró al avión.
En el dictamen de la fiscalía, según TN, además se apunta que “mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje”.
Sin embargo, la Justicia evaluó que otros pasajeros que ingresaron al sector “sin excepción fueron cometidos al control de equipajes”. “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (...). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, agrega el documento.
Adorni había dicho que Arrieta “es una ciudadana de a pie” y que descendió del avión solo con una valija personal –habló de “un Carry On”– “que pasó por el chequeo correspondiente”. “La ciudadana nada tiene que ver con el Gobierno”, aseguró Adorni en su momento y evitó especialmente mencionar a Arrieta. “No tenemos ninguna vinculación más allá del episodio de la CPAC”, subrayó el vocero e insistió: “No pertenece y no tiene relación con el Gobierno. Solo tiene vida privada”.
Y sobre el supuesto de que más de una docena de valijas del avión no pasaron el control de seguridad, afirmó: “El hecho no existió”. “Esta persona se sometió a todos los controles sin detectarse nada extraño”, dijo Adorni y detalló que en el operativo de aterrizaje del avión participaron efectivos de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “El avión aterrizó en Aeroparque, recibió los controles de rutina previo a la situación de tránsito para partir a su destino final. Participaron Aduana y PSA. No se bajan estas supuestas o famosas diez valijas: es fácticamente imposible que nadie haya visto las valijas porque no bajaron”, señaló el funcionario. Las imágenes ahora reveladas demostrarían lo contrario.
MC
El peronismo amenaza con asestarle una nueva derrota al Gobierno en el Senado. Con apoyo de algunos sectores en el radicalismo, el Congreso se prepara para convertir en ley el incremento del bono jubilatoria y la emergencia en discapacidad. Los gobernadores también festejarán, ya que buscarán aprobar sobre tablas una serie de proyectos destinados a fondear sus provincias.
Acorralada por la oposición, Victoria Villarruel tuvo que ceder: el jueves a las 14, el Senado abrirá las puertas y sesionará para sancionar el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad. No habrá convocatoria oficial, sino que el peronismo, junto a aliados en el radicalismo, se autoconvocarán y forzarán la apertura del recinto con la fuerza del número. En el Gobierno ya están casi resignados: La Libertad Avanza avizora una nueva derrota y prepara los motores para el lanzamiento de un nuevo veto presidencial.
“Los miércoles y jueves a las 14 horas está convocado el parlamento a funcionar en forma ordinaria, eso no lo puede impedir nadie. Cualquier obstrucción es un delito”, advirtió el jefe de la bancada peronista, José Mayans, antes de ingresar al despacho de Villarruel en el Senado. El peronismo estaba en plan de guerra: si la vicepresidenta continuaba dilatando la sanción del incremento a los jubilados, los senadores se reunirían por su cuenta y autoconvocarían la sesión. Sabían que tenían el número para el quórum, así que era solo cuestión de tiempo: Villarruel tenía que ceder.
Finalmente, la vice aceptó que estaba en minoría y convocó a los jefes de bloque para intentar ordenar la sesión. Allí se acordó sobre el fondo, pero no sobre la forma. Se definió que se incluirían todos los temas, no solo los que le interesaban a los gobernadores. Es decir: la emergencia en discapacidad, la actualización del 7,2% de los haberes jubilatorios, el incremento del bono de jubilados y la moratoria previsional. También se insistiría en la ley de emergencia de Bahía Blanca, que Javier Milei había vetado, y un proyecto que busca proteger las acciones de YPF frente al fallo de Loretta Preska.
La zanahoria de toda la sesión, sin embargo, serán las iniciativas impulsadas por los gobernadores para fondear sus provincias. Esto es: el proyecto que obliga al Ejecutivo a distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el que obliga al Ejecutivo a distribuir lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos y el que elimina una serie de fondos fiduciarios y obliga al Ejecutivo a repartir los fondos según el régimen de coparticipación. Ninguno tiene dictamen, pero la oposición no está preocupada: sabe que le sobran los votos para llegar a los dos tercios del recinto para tratar los proyectos sobre tablas.
La oposición no terminó de resolver, sin embargo, el formato reglamentario con el que se tratarán los proyectos sociales. Esto es así porque el oficialismo –y sus aliados– impugnaron los dictámenes conseguidos por la oposición para el tema de discapacidad y de jubilaciones, ya que fueron resultado de una reunión de comisión de Presupuesto que la oposición autoconvocó a la fuerza ante las maniobras dilatorias del presidente de esa comisión, el libertario Ezequiel Atauche.
“Si la mayoría dice que es válido, es válido”, espetan en el peronismo, en donde argumentan que la comisión tuvo quórum y se consiguió dictamen de mayoría gracias al acompañamiento de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la larretista Guadalupe Tagliaferri. Tres senadores no peronistas que están dispuestos a dar el debate en el recinto junto al peronismo y aprobar, con mayoría simple, una interpretación del reglamento que habilite los dictámenes. La oposición necesita sí o sí habilitarlos porque, de lo contrario, necesitará tener dos tercios para sancionar las leyes. Y, para el caso jubilados, no hay dos tercios disponibles.
El encargado de justificar por qué los dictámenes no eran válidos fue el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, quien había sido duramente criticado por los senadores de la oposición por estar “interpretando” el reglamento con la resolución desconociendo la reunión de comisión que había sacado el lunes pasado. Los que pidieron sacar el tema de jubilados y de discapacidad del temario, sin embargo, no fueron los oficialistas: fueron los representantes de los gobernadores radicales, como la mendocina Mariana Juri.
Y es que los gobernadores se sienten muy cómodos forzando una serie de proyectos que fondean las cuentas públicas de las provincias, pero no así los proyectos opositores. Hay un límite que los aliados del Gobierno no están dispuestos a cruzar, y es probable que la mayoría de los radicales y PRO enojados con el oficialismo, cuando llegue el momento, voten en contra del incremento a los jubilados. La bandera del déficit cero, explican, no se negocia.
En el peronismo, sin embargo, advirtieron que o se votaba todo o no se votaba nada. “No es que vamos a darle plata a los gobernadores y nada a los jubilados”, masculla, irritado, un alfil de la bancada peronista que preside Mayans.
El verdadero desafío será el debate reglamentario. Cuando comience la sesión, si hay quórum, Villarruel la habilitará: ya se lo adelantó a propios y ajenos. Sabe que ya hay una cuarentena de senadores dispuestos a dar quórum, así que no tiene alternativa. Sí buscará, sin embargo, disputar el número que necesitará la oposición para sancionar los proyectos de jubilados y discapacidad. La discusión se dará en el momento en el recinto, y la moneda está en el aire.
La oposición, sin embargo, cuenta con ventaja: tiene el número y la voluntad para sostener su posición en el recinto. El oficialismo, en cambio, parece casi resignado. Los ojos de LLA ya están puestos en el día después, cuando haya que blindar los nuevo vetos de Mieli.
MC/JJD
Mientras Javier Milei reunía a su Gabinete para celebrar el cierre del período de facultades delegadas, la tensión política escalaba por la sesión del Senado, la embestida presidencial contra las provincias y un escándalo mediático con Toto Caputo en el centro.
En apenas 24 horas, el gobierno de Javier Milei combinó celebración y advertencia, euforia interna y amenazas públicas, sospechas de desestabilización y operaciones políticas que coexisten en un clima de alta intensidad. Desde que el Presidente decidió suspender su viaje a Tucumán por el Día de la Independencia –una decisión justificada por la niebla, pero atravesada por el desaire de los gobernadores– hasta la reunión de Gabinete de este jueves por la mañana, la dinámica del poder libertario volvió a encenderse.
La primera postal de la jornada fue el cónclave que Milei encabezó en Casa Rosada con casi la totalidad de sus ministros, en la antesala de una sesión clave del Senado que podría derivar en un nuevo revés legislativo para el Ejecutivo. En el Salón Eva Perón, la única ausencia notoria fue la del canciller Gerardo Werthein.
Con la amenaza latente de que se aprueben los proyectos impulsados por los 24 mandatarios provinciales –como el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles–, el Presidente se blindó con los suyos y redobló la ofensiva: acusó a los mandatarios provinciales de querer “destruir al Gobierno Nacional”, los trató de “perversos” y anticipó que, de avanzar las iniciativas, las vetará o judicializará. “Estamos absolutamente tranquilos porque si querían hacer la maldad, ya llegaron tarde”, había dicho ayer en una entrevista radial con El Observador.
Pero la paz interna no fue completa. El miércoles por la noche, una bomba mediática sacudió al ministro de Economía. Un video viralizado mostró al conductor Alejandro Fantino –cercano al oficialismo– relatando una charla con Luis Caputo, en la que el ministro de Economía habría insinuado que una eventual aprobación de leyes que afecten el superávit derivaría en una corrida financiera. “Va a volar el riesgo país, el dólar se va a ir para arriba, va a haber ruido en la calle”, decía Fantino, insospechado de anti-mileísmo.
“Toto” reaccionó con vehemencia. Primero en sus redes –“supongo que esto será IA o armado de alguna manera”– y luego en una entrevista con Luis Majul, donde aseguró que le había dicho “todo lo contrario” a Fantino. “La macro está ordenada y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema”, se atajó. El episodio encendió las alarmas por el timing: a pocas horas de una sesión que pondrá a prueba la solidez fiscal del Gobierno.
Sin embargo, en paralelo, en los pasillos de Balcarce 50 se respiraba otro ánimo. Ayer por la tarde, Milei encabezó un brindis interno para homenajear al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por las reformas logradas durante el período de facultades delegadas que venció el martes. Fue un acto cargado de épica libertaria, acompañado por la fanfarria de los Granaderos y discursos en los que el oficialismo buscó reivindicar su capacidad transformadora. “La Argentina cambió para siempre”, repitían, extasiados.
El cierre de las 24 horas frenéticas se completó con la oficialización del acuerdo político entre La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. El anuncio, que fue anticipado por las negociaciones de los últimos días, representa una jugada clave rumbo a octubre: el sello libertario –que mide mejor que cualquier enroque con nombres nuevos– absorberá parte de la estructura territorial amarilla, aunque sin Mauricio Macri como interlocutor. La alianza se gestó con fotos y conferencia de Karina Milei en el Hotel Libertador y el mensaje fue claro: tras ganarle al PRO en la Ciudad, el objetivo es “terminar con el kirchnerismo” en territorio bonaerense.
Pero no todo se cocina en la Casa Rosada. La otra mitad de esta historia transcurre a unas cuadras, en el Senado, donde Victoria Villarruel terminó cediendo a la presión de la oposición y aceptó habilitar una sesión que podría significar la derrota más contundente del oficialismo desde que asumió el poder. La vicepresidenta convocó a los jefes de bloque para intentar ordenar una sesión que ya era inevitable. El acuerdo fue salomónico pero incómodo: se tratarán todos los temas. No solo los proyectos que interesan a los gobernadores sino también los que más preocupan al Ejecutivo: el aumento del 7,2% a las jubilaciones mínimas, el incremento del bono jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, y hasta la insistencia en la ley de emergencia para Bahía Blanca, que Milei ya había vetado.
La zanahoria para los gobernadores sigue siendo el financiamiento. Las provincias buscan reactivar una serie de transferencias paralizadas por el Gobierno y apuntan al reparto automático de recursos. Pero los proyectos sociales dividen a la oposición. Mientras el peronismo exige votar todo junto, varios radicales y aliados del PRO ya adelantaron que rechazarán las iniciativas que afectan el equilibrio fiscal, como el aumento a los jubilados. “La bandera del déficit cero no se negocia”, advierten.
En la Casa Rosada ya nadie disimula el pesimismo. Saben que la derrota es probable y que Milei deberá recurrir a una nueva ola de vetos para evitar que se erosionen las cuentas fiscales. Es por eso que el Gobierno empieza a mirar más allá: el objetivo inmediato no es evitar el golpe, sino mostrar que, aún con el Congreso en contra, el rumbo no se altera. El “día después” será el momento de retomar la narrativa: gobernadores cómplices del pasado, política fiscal responsable, y enemigos del cambio.
PL
Desde las 11 están presentes en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Entre Ríos (CABA) y también en diversos puntos del país, ya que la “profunda crisis” que está atravesando el colectivo es a nivel federal.
La Fundación de Desarrollo Humano Integral, la organización Argentina Humana Inclusiva y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras asociaciones, se concentrarán en el Congreso para “exigir” la sanción definitiva de la Ley de Emergencia que se tratará este jueves en el Senado de la Nación, en una sesión clave parea la gestión de Javier Milei.
Desde las 11 están presentes en las inmediaciones de Avenida de Mayo y Entre Ríos (CABA) y también en diversos puntos del país, ya que la “profunda crisis” que está atravesando el colectivo es a nivel federal.
Desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral, y en declaraciones a Noticias Argentinas, indicaron que “la discapacidad está en una crisis al borde del colapso”, no sólo por las asignaciones que muchas personas ya no reciben, sino también porque hay un “vaciamiento” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), institución que debe bregar por sus derechos.
“En la ANDIS hubo 340 despidos y un retroceso al modelo médico, además de un recorte del -19% acumulado del presupuesto desde 2023. Las prestaciones están paralizadas, sin aumentos desde noviembre de 2024 y las obras sociales están desreguladas. Hay más de 500.000 personas afectadas y un millón auditadas sin garantías y sin nuevas pensiones”, señalaron.
Asimismo, remarcaron que también hubo recortes en transporte y en tratamientos de salud mental y aseguraron que la discapacidad “no puede ser una variable de ajuste”: “Le pedimos a la sociedad toda que nos ayude a visibilizar esta emergencia”, añadieron.
Por otra parte, fuentes de ANDIS que prefieren mantenerse en el anonimato, declararon a Noticias Argentinas que, en los próximos meses, las problemáticas dentro del área “cada vez serán peores” y que casi el único ítem importante que tiene la Agencia en agenda es “recortar pensiones” sin importar el modo o a quienes afecte.
Para finalizar, el Foro Permanente aseguró que el sistema de atención a las personas con discapacidad “atraviesa una situación de colapso total y absoluto” y que el “incumplimiento del Estado, la desfinanciación y la vulneración sistemática de derechos” afecta a más de 250.000 personas que reciben atención y más de 150.000 personas que trabajan en estos servicios.
“No podemos permitir este maltrato. No se trata de pedir privilegios, sino de garantizar derechos que ya están reconocidos por la ley”, concluyó Eduardo Maidana, secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPESA), organización miembro del Foro Permanente.