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La SIDE bajo la lupa: alerta en el Congreso por una red paralela de poder en el corazón del mileísmo

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad

Javier Milei perdió el control del Congreso. El malestar de los gobernadores por la falta de respuesta de la Casa Rosada, a la que acusan de tratar por igual a los amigos que a los enemigos, amenaza con implosionar este jueves en el Senado. La oposición se prepara para convocar una sesión con un paquete de leyes sensibles para el Ejecutivo, y no hay mucho que el oficialismo pueda hacer: Victoria Villarruel se niega a convocar, pero la oposición ya le advirtió que, si se resiste, ellos se autoconvocarán solos y avanzarán a la fuerza. Y cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto para hacerlo.

El caballito de batalla son los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron la semana pasada a modo de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. El paquete, que fue rubricado con la firma de todos los jefes provinciales, pretende obligar al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional, los recursos de varios fondos fiduciarios y, a su vez, una parte importante de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

Era un mensaje de los aliados al Gobierno: si Milei continuaba amarreteando recursos y lugares en las listas, los gobernadores buscarían nuevos aliados para asegurarse la supervivencia de sus cuentas públicas.

El malestar venía gestándose ya hace varias semanas, pero, para muchos, el derrumbe de la alianza electoral en Corrientes entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza fue un punto de quiebre. El problema no era solo que el Gobierno pasaba la motosierra por los aportes en obra pública, transporte y educación, sino que, además, les armaba listas competitivas en sus provincias, en donde los mandatarios buscaban retener el control de la gestión. Y el fracaso de la alianza electoral en Corrientes, en donde el oficialismo radical venía funcionando como aliado clave del Gobierno en el Congreso, terminó disparando las alarmas del resto de los mandatarios.

“Nosotros jugamos bien y acompañamos, pero después nos dejan solos”, masculla un legislador provincial que funcionó, hasta la semana pasada, como uno de los más fieles aliados del Gobierno. La gobernabilidad de Milei empieza a verse afectada por la mala praxis política de los estrategas del Gobierno, y los gobernadores que, hasta hace un par de semanas, se ordenaban con una promesa de Guillermo Francos, hoy exigen respuestas concretas. Exigen recursos, y están decididos a dar una demostración de fuerza.

Fue el senador salteño Juan Carlos Romero quien anticipó la voluntad de guerra de los gobernadores. “Apoyo el proyecto impulsado por los gobernadores para redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Este tipo de reforma buscan mejorar la institucionalidad, garantizar la transparencia y asegurar que cada provincia reciba lo que le corresponde, sin arbitrariedades”, tuiteó, el lunes a la tarde, el alfil del oficialismo, anticipando que hasta el soldado más fiel de Casa Rosada estaba dispuesto a llevar el paquete de medidas al recinto y aprobarlo sobre tablas.

El apoyo de Romero, sin embargo, no es sólo simbólico. Es también numérico. Porque los gobernadores necesitan sumar dos tercios del recinto —es decir, 48 senadores— para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Esto es así porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y el reglamento exige una mayoría especial para aprobarlos.

Con el apoyo del peronismo y todos los mandatarios provinciales, sin embargo, el Gobierno dará la pelea en soledad: se espera que todos los senadores, excepto los seis senadores del bloque libertario, acompañarán el proyecto de los gobernadores.

La contraofensiva de Villarruel

Mientras los gobernadores juegan su partida de tira y afloje con el Ejecutivo nacional, el peronismo tiene otro objetivo en mente: avanzar con la sanción del incremento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La bancada que lidera José Mayans pretende ponerle fin a la rebelión que inició la semana pasada, cuando autoconvocó la comisión de Presupuesto para dictaminar los proyectos que ya habían sido aprobados en Diputados: uno que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, otro que incrementa a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, y otro que sanciona una nueva moratoria previsional. Dado que el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, venía durmiendo la comisión para boicotear los temas, la oposición decidió juntar quórum y convocarla por su cuenta para dictaminar.

El peronismo logró el número, entonces, con la ayuda de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Y espera volver a contar con su apoyo para sancionar las iniciativas este jueves en el recinto.

Frente a la avanzada opositora, Villarruel apeló a la única herramienta que le queda: la discusión reglamentaria. Fue así que, el lunes, cuando la oposición ya comenzaba a barajar borradores de notas para recordarle que el jueves habría sesión, la oficina de la vicepresidenta avanzó con una advertencia: si la oposición quería sancionar los proyectos sociales, debería conseguir una mayoría de dos tercios porque ella no reconocía la validez de los dictámenes.

“No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo”, argumentó Villarrruel, a través de una nota de la Secretaría Parlamentaria.

Villarruel pretende, así, forzar una discusión reglamentaria que debilite a la oposición, que no tiene garantizados los dos tercios para aprobar los proyectos sociales. En el peronismo, sin embargo, le quitaron valor a la estrategia de Villarruel: “Es un problema de ella, ella no interpreta el reglamento. Si la mayoría de la comisión dice que la reunión es válida, es válida”, zanjó la discusión un alfil del peronismo.

La oposición huele la debilidad del Gobierno, y quiere sangre.

MC/JJD

Un año de la Ley Bases de Milei: desarticulación del Estado, un RIGI sin éxito, menos recaudación y caída de empleo

A un año de la sanción y entrada en vigencia de la oficialmente denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, este informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza los impactos de sus principales objetivos: la desarticulación de organismos del Estado y empresas públicas, un RIGI sin éxito, la regresividad en la recaudación y la caída de empleo registrado.

Impactos de los decretos delegados por Ley Bases:

• La Ley Bases habilitó una delegación legislativa sin precedentes, permitiendo que el Poder Ejecutivo dicte 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025: 75 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases (Reforma del Estado). Esta avanzada de carácter legislativa por parte del Poder Ejecutivo se suma al Mega DNU 70, aún vigente. Este volumen refleja un vaciamiento del rol del Congreso.

• Disoluciones de organismos, programas y regímenes: La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado. Podemos detallar las disoluciones de: Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable; AFIP (hoy ARCA); Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC); Programa Nacional de Inversiones Turísticas; Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven; y la disolución de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.

• Disoluciones de fondos fiduciarios: Estas disoluciones avanzaron suprimiendo, fundamentalmente, importantes programas vinculados a viviendas y hábitat (como el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana) y de promoción tecnológica y científica. Incluso se eliminaron otros fondos como el Fondo Nacional de Emergencias (necesario frente a catástrofes como la de Bahía Blanca o el norte de la PBA en este 2025), el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar. Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación.

• Transformaciones y transferencias de organismos y bienes: Las medidas impulsadas en este segmento estuvieron atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares. También por decreto se transfirió el Registro de Datos Genéticos al Ministerio de Seguridad, a contramano de lo definido por el Congreso (ley 27.759, posterior a la Ley Bases) donde expresamente se estableció su funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Justicia.

• Transformación de empresas públicas en S.A. o habilitación a privatizar: enmarcados en las empresas autorizadas a privatización de Ley Bases, se dispuso por decreto la transformación jurídica de Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A., Intercargo, ENARSA, Banco Nación (suspendida en sede judicial) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) transformada a Carboeléctrica Río Turbio S.A.

• Modificaciones de funciones y autoridades de organismos: se avanzó en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como: la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal (nuevo estatuto), la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.

• Modificaciones a distintos regímenes: también en este caso el avance se realiza sobre regímenes diversos, tales como: la supresión de las funciones de ANSES relativas a otorgamiento de créditos, la modificación de la ley de Argentores, o la eliminación del reconocimiento el derecho al acceso a la vivienda de aquellas personas en situación de calle y familias sin techo.

• Decretos de Necesidad y Urgencia. Para completar este análisis cabe citar el avance del ejecutivo en materia legislativa a través de DNUs (y no como decretos delegados). Siguiendo la línea del DNU 70/2023, el gobierno dictó otros DNUs que profundizaron la liberalización de sectores estratégicos mediante: Decreto 446/2025 (elimina regulación de precios en garrafas), Decreto 304/2024 (TICs y telefonía móvil), Decreto 338/2025 (desregulación aerocomercial), Decreto 340/2025 (desregulación de la marina mercante y limitación al derecho a huelga), Decreto 103/2025 y 397/2025 (facilita tenencia de armas semiautomáticas). Esto supone la retirada del Estado en la defensa del interés público, con impactos directos sobre consumidores, usuarios y trabajadores.

Privatizaciones:

• La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación —total, parcial o mediante concesiones— de las siguientes firmas: Energía Argentina S.A. (ENARSA); Intercargo; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE); Corredores Viales; Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). A través de decretos citados previamente el gobierno fue habilitando el inicio del proceso de privatización en cada caso. Se dispuso asimismo el cierre de la empresa SOFSE.

• A través del decreto 416/25, se establecieron las condiciones para efectuar los procesos de venta, concesión o subasta, que se llevarán a cabo de manera digital mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.AR.

• La empresa IMPSA, por fuera de la Ley Bases dada la dependencia de la participación accionaria de la provincia de Mendoza, es el primer caso de privatización del gobierno de Milei. Fue concretada en febrero de 2025. La firma mendocina, dedicada a la fabricación de turbinas y soluciones energéticas, fue traspasada a la estadounidense ARC Energy. No es casualidad que esta empresa haya sido la compradora ya que fue precisamente ARC Energy quien contrató a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos, en el marco de un contrato por el cual se adelantaron 120 millones de dólares.

• Más allá del conjunto inicial de firmas públicas sobre las que ya se activaron procesos formales enmarcados en Ley Bases, el Gobierno nacional dejó en evidencia que su intención es ampliar aún más el alcance del programa de privatizaciones aun si estas no tienen autorización del Congreso. En recientes declaraciones, el 2 de julio de 2025 en una conferencia en IAE Summit de Universidad Austral, el Ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la estrategia de acumulación de reservas por parte del Tesoro estará asociada a cuatro mecanismos: 1) privatizaciones; 2) venta de activos (aquellos en manos de AABE); 3) concesiones (citando puntualmente a las hidroeléctricas) y 4) block trades, en caso de existir inversores grandes entrando al país. En medios de comunicación se precisó “en off” que las privatizaciones previstas refieren a NASA y AySA, ambas aprobadas por ley Bases, pero también incluyen Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y el Banco Nación.

• Aerolíneas Argentinas: post aprobación de la Ley Bases se intentó su privatización con una ley especial del Congreso, iniciativa que quedó estancada luego del debate en comisiones en Diputados en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno continuó promoviendo un vaciamiento progresivo, favoreciendo a las aerolíneas low cost en rutas rentables, sin garantizar la conectividad integral del territorio nacional. Se interrumpió la ruta a Reconquista, se eliminó el “Corredor Atlántico”, que conectaba Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia con Río Gallegos, tres veces por semana, se anunció la suspensión de los vuelos CórdobaTrelew, Rosario–Calafate, Rosario–Neuquén y Salta–Neuquén. También se amenazó con cerrar la ruta a Río Cuarto, lo cual finalmente no se concretó porque el municipio local ofreció un esquema de riesgo compartido, comprometiéndose a cubrir la diferencia económica si no se alcanzaba un mínimo de ocupación de los vuelos. A la fecha, en Aerolíneas Argentinas, ya se ejecutaron medidas de ajuste que incluyeron la reducción del personal en 1.780 puestos y el cierre de oficinas comerciales en distintos puntos del país y del exterior.

• Banco Nación: el 20 de febrero de 2025, el Gobierno fijó la conversión del Banco Nación a Sociedad Anónima en el Decreto 116/2025, publicado en el Boletín Oficial de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, con la intención de preparar el terreno para su privatización posterior. Esta transformación fue suspendida en sede judicial, tras la sentencia de la Cámara Federal de La Plata del 5 de junio de 2025. Otros tres antecedentes desregulatorios muestran la intención de favorecer a entidades financieras privadas en detrimento del BNA: 1) Un antecedente clave de este proceso es el DNU 70/2023, que derogó la prohibición legal de privatizar el BNA establecida en 1999, que había sido aprobada con el acompañamiento de todos los bloques partidarios que “blindaron” al banco del proceso de privatización menemista; 2) A través del decreto 747/2024, el Gobierno eliminó en agosto la obligación de pagar los sueldos del personal de la administración pública a través del Banco Nación. También ordenó que se cancelen en el plazo de un año todos los convenios vigentes con esa entidad. Detrás de esta medida, lejos de haber un objetivo de eficiencia, se esconde una clara intención de debilitar al banco público y transferirles un negocio millonario a los bancos privados; 3) Con el nuevo estatuto -aprobado por Decreto 116/2025- el Directorio podría descapitalizar el Banco.

• Casa de la moneda: En noviembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso el cierre definitivo de la planta de fabricación de billetes ubicada en la localidad de Don Torcuato. En tanto, las 270 personas que cumplían funciones en dicha planta fueron dispensadas. El martes 1 de julio de 2025, mediante el Decreto 442/2025, se dispuso el traspaso de personal, bienes y funciones desde el organismo encargado de imprimir billetes y monedas hacia otros entes estatales, como ARCA, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y Arsat.

• Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF): en diciembre de 2024, el Gobierno dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal dedicada a la capacitación del personal ferroviario y a resguardar la historia de los ferrocarriles en el país.

• Correo Argentino: Como primer paso, se eliminaron las regulaciones que limitaban la competencia en el mercado de paquetería y encomiendas. A partir de esta apertura, el Ejecutivo anticipó que buscará avanzar con su transferencia al sector privado. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó los escenarios posibles para la empresa: “Se privatizará, se concesionará o se transferirá a los empleados, cualquiera de las formas en las que pueda hacerse”.

• Represas del Comahue: El ministro de Economía, anticipó el martes 10 de junio, que el Ejecutivo espera recibir entre USD 400 y USD 500 millones por la licitación del paquete accionario de estas centrales, cuya concesión vigente desde la década del 90 vence en agosto de este año. Las represas involucradas son Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, distribuidas entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Según lo anunciado, el Gobierno publicará en los próximos días los pliegos para avanzar con su privatización, en lo que constituiría una nueva transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones:

• De los 5 proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen, a saber: Parque Solar El Quemado y Anexos, Vaca Muerta Oleoducto Sur, Rincón y Sidersa. Y el quinto, Licuefacción de Gas Natural por parte de PAE y otros, viene a reemplazar la retirada de PETRONAS, también proyecto que estaba en carpeta.

• En lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones del RIGI. Del total de USD 16.514 millones que implican los 14 proyectos presentados hasta el momento, YPF participa en inversiones por USD 9.575 millones. Esto representa el 58% del monto total previsto.

• A pesar de otorgar concesiones extraordinarias (y superadoras a la ley de GNL propuesta por el gobierno anterior), el gobierno perdió la principal inversión en cabeza de PETRONAS de Malasia para la planta de licuefacción producto de desmanejos en la localización de la planta, lo que generó desconfianza hacia los inversores en materia de seguridad jurídica.

• Las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de mayo 2025 es negativo en USD -1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA.

• La potencial liquidación de dólares es débil: los 5 proyectos aprobados significan según el informe 143 de Jefatura de Gabinete, una inversión de USD 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025). Tener presente, además, que al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real.

• En materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también deficiente: los 5 proyectos anunciados estos implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos y 8.497 empleos indirectos, totalizando 10.113 puestos de trabajo. Incluso los 14 proyectos presentados estiman la creación de apenas 23.872 puestos de trabajo (directos e indirectos), una cifra que representa solo el 20,7% de los empleos privados perdidos desde noviembre de 2023.

En materia tributaria:

• La reforma del Impuesto a los Bienes Personales representó un nuevo retroceso en la progresividad del sistema tributario argentino. Al reducir las alícuotas más altas (de 1,75% a 0,25% en 2027) y mantener inalteradas las más bajas, se benefició de manera desproporcionada a los patrimonios de mayor volumen, aplanando la pirámide tributaria.

• La creación de un régimen de pago anticipado con alícuotas preferenciales, consolidó un esquema fiscal que premia a los grandes contribuyentes con capacidad de adelantar pagos o con activos previamente no declarados. Además, el mantenimiento de estos beneficios hasta 2038 profundiza esa ventaja.

• La eliminación del diferencial de alícuotas entre bienes en el país y en el exterior suprimió un instrumento clave para fomentar la repatriación de activos.

• Mientras que entre enero y diciembre de 2023 la participación del impuesto a los Bienes Personales en relación al total de recursos tributarios se mantuvo relativamente estable en torno al 2,2%, a partir de enero de 2024 comienza una caída sostenida que alcanza un mínimo del 1,4% en julio y agosto de 2024.

• Aunque hay una leve recuperación hacia el segundo semestre de 2024 producto de la recaudación por el régimen especial de pago anticipado, la incidencia vuelve a estabilizarse por debajo del 1,8% a partir de enero de 2025, lejos de los niveles de 2023.

En materia laboral:

• La extensión del período de prueba y la creación de nuevas figuras contractuales como el “colaborador” habilitaron un modelo de contratación más precario, con menor protección para los trabajadores. Sin embargo, lejos de fomentar el empleo registrado, el mercado laboral formal se contrajo, con una pérdida de 115.353 puestos registrados del sector privado desde noviembre de 2023 a marzo de 2025.

• El blanqueo laboral fracasó en sus objetivos: solo se registraron 7.660 trabajadores, pese a los amplios beneficios otorgados a empleadores.

• El crecimiento de monotributistas (74.997 nuevos inscriptos entre noviembre de 2023 y marzo de 2025) no refleja una mejora genuina del empleo, sino una estrategia de subsistencia ante la pérdida de trabajo formal.

• El empleo asalariado registrado en el sector público se redujo, como parte de una política de desarticulación del Estado, en 58.210 puestos. La reducción se dio en el marco del ajuste fiscal y fue facilitada por la reforma laboral, que habilitó el pase a disponibilidad por 12 meses y luego el despido de trabajadores estatales.

• La tasa de informalidad laboral aumentó 0,8 puntos porcentuales entre el 4° trimestre de 2023 y el 4° trimestre de 2024, alcanzando el 42% en los aglomerados urbanos. Este incremento se da en contraposición al discurso oficial que sostiene que la flexibilización del mercado laboral permitiría aumentar la formalidad. En los hechos, ocurrió lo contrario.

• La implementación de los fondos de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional representa un claro retroceso en materia de derechos laborales. Bajo un diseño mucho más laxo que el régimen de la construcción, sin garantías mínimas ni obligación de equivalencia con el esquema vigente, este nuevo modelo traslada el riesgo del despido a los propios trabajadores, cuya compensación queda atada al rendimiento de instrumentos financieros.

El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle reveló un crecimiento sostenido de la población sin techo en CABA

Más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos presentaron este lunes los resultados del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires. La conferencia de prensa se realizó a las 18 en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, ubicada en Carlos Calvo 2365.

El relevamiento, realizado entre el 26 y el 28 de junio, contó con la participación de cientos de voluntarios que recorrieron los barrios porteños para relevar cuántas personas viven hoy en la calle. Además, se entrevistó a la población censada para conocer su estado de salud, nivel educativo, situación laboral y trayectoria de vida.

“Con este censo buscamos mostrar una realidad subestimada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año presenta cifras que no reflejan la magnitud del problema”, señalaron desde la organización del censo. Los censos populares anteriores, realizados en 2017 y 2019, habían arrojado cifras muy superiores a las oficiales.

Según los organizadores, la población en situación de calle “no para de crecer”. Entre las principales causas mencionan la crisis socioeconómica, el deterioro del sistema de salud y la ruptura de redes familiares y comunitarias.

A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron: “Existen leyes que obligan al Estado a garantizar derechos, pero no se cumplen”. A nivel nacional, la Ley 27.654 reconoce el acceso integral a la salud, alimentación, educación, identidad y vivienda como derechos básicos, además de prohibir desalojos forzosos y criminalización. En el ámbito porteño, la Ley 3.706 obliga al Gobierno de la Ciudad a actuar con acompañamiento y abordaje personalizado, garantizando el acceso a centros de integración, salud y asistencia social.

“Los programas que dependen del Gobierno Nacional están completamente desfinanciados y los que dependen de la Ciudad son insuficientes debido a que las políticas públicas no se adecuan a la población real que hay sobreviviendo en la calle”, agregaron.

“Exigimos presupuesto acorde, políticas públicas efectivas y respeto por los derechos humanos de quienes hoy no tienen un techo. La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, concluyeron.

MM

Javier Milei encabeza la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, con cadena nacional y pocos aliados

El presidente Javier Milei encabezará la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, a un año de la firma del Pacto de Mayo y en un momento crítico de su relación con las provincias.

El libertario se trasladará a Tucumán para participar de la tradicional vigilia por el Día de la Independencia. Este acto, que se realizará este martes, cobra una particular relevancia dado que se cumple un año de la firma del Pacto de Mayo, y en un contexto de marcada tensión en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Según confirmó el gobernador Osvaldo Jaldo, Milei arribará al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo alrededor de las 22:00 del martes, para luego dirigirse a la Casa Histórica de la Independencia en San Miguel de Tucumán.

Allí, pasada la medianoche, pronunciará un mensaje a la Nación antes de regresar a la Quinta de Olivos.

Invitación a gobernadores

El Gobierno giró invitaciones a todos los gobernadores para participar este martes del acto-vigilia que encabezará el presidente Javier Milei por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, pero hay algunos no asistirán, en medio de las tensiones por la discusión del reparto de fondos para las provincias.

El mandatario provincial local, Osvaldo Jaldo, formará parte y, según trascendió, hubo tres pares suyos que se pusieron en contacto para conocer los detalles de la organización del evento, con intenciones de estar: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Por otro lado, ya se sabe que no irán Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien está haciendo un viaje oficial a los Estados Unidos, y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien encabezará un desfile en su provincia y no tiene avión de la Gobernación para trasladarse de urgencia a Tucumán.

También se da por hecho que no formarán parte del acto los cinco del peronismo más críticos a la gestión libertaria y cercanos al kirchnerismo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En tanto, algunos de los considerados aliados, radicales o del PRO que formaban parte de Juntos por el Cambio no estaban convencidos de concurrir en medio del malestar por la caída de la recaudación de las provincias y la falta de respuestas de la Nación, lo que derivó en una ofensiva en el Congreso para ejercer presión a la Casa Rosada.

El correntino Gustavo Valdés acaba de romper la negociación con los libertarios para presentarse juntos a las elecciones del próximo 31 de agosto, por lo que su presencia mañana también está en duda.

En cadena

El discurso del presidente Javier Milei de este martes a la noche en el marco de la vigilia por el Día de la Independencia será transmitido por cadena nacional.

“A partir de las 23.15 horas, todos los servicios de comunicación audiovisual del país y las señales nacionales inscriptas como de género periodísticas y/o de noticias, deberán integrar la Cadena Nacional”, se informó oficialmente.

Como parte de la ceremonia de vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, habrá un desfile en conmemoración del Día de la Independencia y Mile arribará al lugar a las 23:15.

Estará acompañado por parte del Gabinete de ministros, el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo y otros mandatarios provinciales.

La ceremonia se iniciará a las 23:59 con la rendición de honores, mientras que luego será la firma del libro de la Casa de Tucumán y, por último, se llevará a cabo el discurso del Presidente.

Cabe destacar, que la difusión es obligatoria en los términos del artículo 75 de la Ley N° 26.522. (...) Se recuerda que en el caso de televisión, “La transmisión de la Cadena Nacional deberá ser realizada en forma íntegra, sin alteraciones, cortes, sobreimpresos u otros agregados”, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la reglamentación de la citada Ley, aprobada por Decreto N° 1225/10“, informó en una nota la Secretaría de Comunicación.