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Mientras Milei espera el cierre de listas nacionales, la campaña bonaerense arranca con Pareja al mando y Caputo en stand-by

Con el cierre de listas ya consumado, La Libertad Avanza se prepara para dar inicio formal a la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires el próximo 8 de agosto. Al mando estará Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel local, quien tras una pulseada silenciosa terminó por quedarse con el control total del armado en el distrito más poblado del país. Su ascenso fue respaldado por Karina Milei y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, en detrimento de Santiago Caputo y su agrupación Las Fuerzas del Cielo, que quedaron prácticamente fuera del juego.

Del lado de Caputo apenas lograron ubicar una candidatura en quinto lugar en la Tercera Sección Electoral —la de Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto y Civilización— y algunas posiciones menores a nivel municipal. Todo lo demás fue territorio exclusivo de Pareja, cuya conducción fue convalidada por “El Jefe” del partido y por el principal operador político de la Casa Rosada. El resultado fue una victoria política con consecuencias inciertas: la interna entre Karina y Caputo escaló a niveles no vistos hasta ahora en lo que va del gobierno de Javier Milei, generando tensión en las bases libertarias y preocupación en el Presidente, que evitó intervenir pero tomó nota del riesgo.

El propio Milei dio señales en ambas direcciones: no atendió el reclamo de Caputo por haber quedado afuera del cierre de listas, pero sí se mostró con los referentes de Las Fuerzas del Cielo durante la Derecha Fest en Córdoba. La postal funcionó como inicio de una tregua que en los hechos ya se está negociando. Según pudo reconstruir este medio, Karina Milei le cursará en las próximas horas una invitación formal a Caputo para que se integre a la mesa de campaña bonaerense. Desde el círculo del asesor libertario aseguran que aceptará, aunque con reparos.

“Nos van a venir a buscar para profesionalizar la campaña. Porque el cierre fue conflictivo y así es difícil ganar”, reconoció un funcionario que trajina los despachos oficiales, quien mira con preocupación los sondeos que llegaron al primer piso de la Casa Rosada. En el entorno del estratega advierten que el problema no es solo técnico, sino político: temen que la interna haya debilitado el vínculo con las bases libertarias, un capital que consideran vital de cara a los comicios.

La preocupación es compartida por el equipo de Karina Milei. “Ella tuvo que salir a poner orden porque el descontento venía de abajo para arriba”, reconoció un referente del grupo de “territoriales” que responde a la secretaria General. La lectura que hacen cerca suyo es que el enfrentamiento con Caputo ya había empezado a impactar en el ánimo militante. Como gesto de distensión, Karina decidió que su único pronunciamiento contra el sector desplazado fuera el tuit en el que pidió respetar las listas y dejó en claro que quien cuestione a los candidatos está, en los hechos, cuestionando al Presidente.

El encargado de canalizar el primer acercamiento fue Guillermo Francos. El jefe de Gabinete, que volvió a adquirir relevancia en la mesa política del Gobierno, se reunió por separado con Caputo y con Karina, asumiendo el rol de garante de la paz interna, al menos hasta que pase la elección bonaerense. En paralelo, Manuel Vidal —mano derecha de Caputo— fue quien habilitó un canal operativo para reordenar la relación. La semana pasada, Tomás Vidal, su primo y socio en la consultora Move Group, participó de una reunión con dirigentes bonaerenses alineados con Pareja. El encuentro, realizado en las oficinas que Lule Menem ocupa en el primer piso de Casa Rosada, sirvió para comenzar a delinear no solo las acciones proselitistas de cara al 7 de septiembre, sino también a las elecciones del 31 de agosto en Corrientes.

Campañas unificadas

La estrategia electoral de La Libertad Avanza en territorio bonaerense comenzará formalmente el 8 de agosto, con una lógica de campaña unificada entre los planos nacional y provincial. “Es una sola campaña”, insisten cerca de Pareja, que se siente empoderado luego de haber logrado imponer su criterio en la confección de las listas. En el reparto con el PRO, señalan que Cristian Ritondo pidió tres nombres entre los primeros quince lugares de la boleta bonaerense: Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y un tercero aún sin confirmar.

Aunque Milei no será parte activa del inicio del despliegue territorial, en el espacio confían en que su participación se intensificará luego del 17 de agosto, cuando se cierren las listas nacionales. La expectativa está puesta en la oficialización de la candidatura de José Luis Espert como primer diputado nacional por la provincia: ese sería el hito a partir del cual el Presidente desembarque con fuerza en el conurbano, para apuntalar tanto a su “amigo” como a los candidatos seccionales, muchos de ellos ignotos para el gran público.

Mientras tanto, los postulantes tendrán autonomía para mostrarse en medios nacionales. Algunos, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, o el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, con mayor recorrido en televisión, serán los encargados de amplificar el mensaje libertario en el prime time. “Tendrán vía libre para moverse en medios, pero con un discurso articulado”, aseguran cerca de Pareja.

A pesar del relanzamiento, los números iniciales no son alentadores. Según pudo saber elDiarioAR, los primeros estudios de opinión interna muestran un escenario complicado para La Libertad Avanza, sobre todo en la Tercera Sección Electoral, donde Maximiliano Bondarenko —excomisario y candidato libertario— figura veinte puntos por debajo de Verónica Magario, la vicegobernadora y referente de Fuerza Patria. En la Primera Sección, la distancia entre Valenzuela y Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, es de apenas cinco puntos, muy por debajo de lo que proyectaban.

En la Casa Rosada tienen claro que la interna libertaria y el cierre de listas conflictivo pueden generar apatía dentro del núcleo duro de votantes, un riesgo que no pueden permitirse en una contienda que tendrá al gobernador Kicillof como principal adversario. A eso se suma una jugada de alto voltaje: Karina Milei y Pareja no lograron acordar con el PRO en el interior bonaerense. Sin esos votos, el peronismo podría imponerse en varias secciones. Aun así, en el oficialismo confían en la potencia del “sello violeta” como motor electoral.

De cara a lo que viene, el entorno de Pareja tampoco descarta un entendimiento futuro con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar gobernabilidad cruzada: para La Libertad Avanza en el Congreso y para el jefe de Gobierno en su territorio. “Pareja ahí no se mete”, aclaran cerca del armador, que por ahora tiene un objetivo más urgente: ordenar la campaña bonaerense, cerrar la grieta libertaria y dar la pelea en un territorio decisivo.

PL/JJD

El peronismo enfrenta las consecuencias de una unidad atada con alambres y el fantasma de la elección de octubre

En medio del páramo desolado del peronismo tras el cierre de listas, Ofelia Fernández puso el dedo en la llaga y sugirió lo indecible: “No es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre”. La reflexión de la ex legisladora de Patria Grande fue una consecuencia directa del malestar generado por el cierre bonaerense, pero tocó el nervio expuesto de Fuerza Patria en la antesala de la campaña: la indefinición de las candidaturas nacionales y la precariedad de una unidad forzada con alambres.

Las declaraciones de Ofelia Fernández, a las que luego se sumaron las de Itai Hagman y de otros dirigentes que responden políticamente a Juan Grabois, formaron parte de un operativo de Patria Grande destinado a sondear el costo político de jugar por separado en las elecciones nacionales. El cierre bonaerense dejó a todos disconformes y enojados, y Grabois no fue la excepción: en su entorno ya venía coqueteando con la idea de presentar listas propias, y la expulsión de la mesa de toma de decisiones –“la mesa de matarse entre todos”, la llaman– había sido la gota que rebasó el vaso.

Grabois quiere encabezar la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, que imagina como trampolín a 2027. En Patria Grande fantaseaban con un escenario similar al de 2023, con Sergio Massa encabezando la boleta “oficial” de Fuerza Patria. En las últimas semanas, sin embargo, el tigrense comenzó a desactivar la hipótesis de su candidatura, instalando que él solo está “para ayudar”. Y, sin Massa para confrontar, la candidatura por afuera de Grabois comenzó a desinflarse, ya que en Patria Grande temen que los acusen de ser funcionales a Javier Milei.

El operativo fue, entonces, una provocación destinada a generar olas al interior del peronismo, que todavía se lame las heridas tras el traumático cierre de listas. No todos la tomaron bien. “¿Quiere cargar con la cruz de ser el responsable por la derrota del peronismo? Lo hace para tensar el cierre nacional y cobrar más”, mascullan en el massismo, en donde recuerdan que, hace un mes, la propuesta de Grabois en el PJ había sido la de militar el abstencionismo ante la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner.

El desafío lanzado por Ofelia, sin embargo, expuso la fragilidad del cierre bonaerense, que quedó en la memoria de todos los participantes –muchos de ellos con más de 30 años de cierres de listas encima– como uno de los peores de su historia. “Está todo muy roto, pegado con moco. El cierre profundizó el problema: cerró, pero no resolvió ninguna diferencia”, grafica un dirigente bonaerense del cristinismo que participó de las negociaciones.

La semana posterior al cierre fue mucho peor que la anterior. Las tres tribus quedaron enojadas e insatisfechas. El massismo, que no se quedó con ninguna cabeza de lista seccional, amaga con ocupar el rol de articulador entre CFK y Axel Kicillof, pero es el único sector que muestra cierta optimismo. El resto está herido y se tira cascotazos, en un estado de alerta que no finalizará hasta que llegue el cierre de las listas nacionales. Y ahí está el gran problema: las candidaturas se oficializan el 17 de agosto, en plena campaña por la elección bonaerense, que será el 7 de septiembre.

Es decir que, mientras Fuerza Patria haga campaña con la bandera de la unidad contra Javier Milei, por lo bajo, los dirigentes seguirán a los tiros por el armado de las listas nacionales.

Una campaña fragmentada

En Fuerza Patria coinciden en una cosa: el cierre bonaerense sirvió para evitar el desastre y ganar tiempo. No mucho más. No resolvió la crisis de liderazgos ni tampoco encontró un mecanismo institucional para sortear los dolores de cabeza que generan la coralidad de jefaturas políticas. No hay conducción ni tampoco hay, siquiera, una estrategia de campaña definida.

En La Plata deslizan que el protagonismo lo tendrá el gobernador, quien ocupará, de hecho, la jefatura de la campaña. Puertas adentro, el kicillofismo celebra haberse mantenido firme frente a las presiones de La Cámpora y haber logrado sentarse, como un “igual”, en la mesa de toma de decisiones. Recuerdan que, hace dos años, Kicillof se había enterado más de un día después del contenido de las listas que cerró Máximo Kirchner en la provincia.

Kicillof decidió desdoblar la elección bonaerense para independizarse de la conducción de CFK y liderar la campaña contra Milei. El instrumento para lograrlo, según sus armadores políticos, fue poner a los candidatos que encabezan la Primera y la Tercera –las dos secciones electorales más importantes– y lo cumplió. El pasó lógico, ahora, es encabezar la campaña. Una campaña que, inevitablemente, será un terreno minado para los chispazos internos.

Ya sucedió el miércoles, cuando encabezó una recorrida por Berazategui con la vice Verónica Magario y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que son ambos candidatos por la Tercera, sin invitar a Mayra Mendoza o Facundo Tignanenelli, que también son candidatos pero de La Cámpora. La decisión no cayó bien en el cristinismo y, rápidamente, Kicillof intentó solucionarlo protagonizando una foto de unidad con Mendoza en la Universidad de Quilmes el viernes.

En paralelo, sin embargo, el massismo y el cristinismo avanzarán con sus propios equipos de comunicación. CFK continuará enviando mensajes de audio e interviniendo a la distancia, desde su arresto domiciliario en San José 1111, en los actos de los candidatos del camporismo. Trabajan con ella los asesores brasileros que colaboraron con la campaña “Lula Livre”, pero no hubo, hasta ahora, una reunión con los equipos de Kicillof –comandados por “Nacho” Ramírez, el ideólogo detrás de la campaña del Clío que lo llevó a la Gobernación en 2019– o los del Frente Renovador.

No hay, en este sentido, una estrategia planificada de campaña. Solo puntos nodales a través de los cuales girarán las piezas comunicacionales y las intervenciones de los dirigentes. El paraguas conceptual, explican en las oficinas de Massa sobre la calle Libertador, será el de aunar fuerzas para hacer frente a Milei. Ya se vio, incluso, en uno de los spots que lanzó el kicillofismo, en los que se habla de “sumar fuerzas para defender la Provincia”.

En la práctica, serán los intendentes quienes arrastrarán con el peso de la campaña. El trabajo territorial, explican en las distintas terminales de Fuerza Patria, será de abajo hacia arriba. Y, después, esperar a que el trabajo pesado lo haga el propio Milei, ya que la campaña del peronismo será, fundamentalmente, de confrontación directa con el presidente.

El objetivo, al final, será el mismo de siempre: sostener la unidad, pasar el cierre de listas nacionales y posicionarse como el “voto útil” contra la motosierra libertaria. Para eso, primero, habrá que atravesar el cierre del 17 de agosto. “Ahora ya está, solo podemos minimizar los daños y rezar un poco”, afirma, casi sin ironía, uno de los protagonistas de la campaña bonaerense.

MC/MG

Milei ayuda al campo mientras sus lobbistas en el Congreso ya negocian votos para confirmar su veto a la mejora jubilatoria

En un mismo día, Javier Milei anunció una rebaja en las retenciones al campo y calificó de “genocidas” a los legisladores que impulsan el aumento jubilatorio. El beneficio impositivo para el agro, según cálculos del CEPA, representará un costo fiscal de hasta 0,22% del PBI: la mitad de lo que costaría aumentar en $40.000 el bono para jubilados. El argumento fiscalista, sin embargo, constituye el núcleo del escudo oficialista. Es el recurso con el que el Presidente presiona a los aliados para blindar sus vetos y, a menos de una semana de que venza el plazo para vetar las leyes opositoras, el Gobierno hace números y se muestra confiado en que le alcanzará para asegurarse su tercio vetador.

Es el modus operandi del gobierno libertario. Puertas para afuera, Milei grita, sube la apuesta y amenaza a los aliados. Consultado sobre el futuro de los vetos a las leyes sancionados en el Congreso —la actualización de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad—, el mandatario afirma que los legisladores “entrarán en razón”. “Los que no acompañen al veto son genocidas y van a estar asesinando a las generaciones futuras. Estarán haciendo una matanza sobre nuestros jóvenes y nos estarían comandado a la pobreza”, afirmó, en una entrevista radial, apenas unas horas después de anunciar la reducción de los derechos de exportación de la carne, la soja, el girasol, la cebada y el maíz.

La baja de las retenciones representará un costo fiscal de US$1200 millones y U$S1400 millones para las toneladas proyectadas para la cosecha 2025-2026, según releva un informe de CEPA. Esto es entre un 0,19 y 0,22% del PBI. El Presidente fue ovacionado en La Rural. Y los gobernadores, que hasta hace un mes estaban en guerra con la Nación por el reparto de fondos a las provincias, celebraron la medida.

Mientras Milei apuntalaba el voto del campo, puertas adentro, la mesa política del Gobierno trabajaba en retomar el diálogo con los aliados heridos. Está encabezada por Guillermo Francos y Martín Menem, quienes hace unos días comenzaron a sondear a algunos diputados radicales y representantes de fuerzas provinciales. La cuenta regresiva ya comenzó: Milei tiene hasta el lunes 4 para vetar las leyes, y los operadores políticos del oficialismo necesitan asegurarse de que, cuando llegue el día, el presidente tendrá el número para blindar los vetos en la Cámara de Diputados.

Hay varios instrumentos de negociación sobre la mesa. Por un lado, la promesa de habilitar nuevas Transferencias del Tesoro Nacional (ATN) a los gobernadores más amigos, como ya lo hizo en el pasado, por ejemplo, con Misiones o Catamarca. Consultados por elDiarioAR, sin embargo, varios Ejecutivos provinciales precisaron que el Gobierno no había realizado ninguna oferta formal. “No hubo propuesta real, seguimos con nuestra postura de un reparto justo de los fondos”, precisaron desde una provincia patagónica cuyo voto en el Senado fue clave en la sanción de las leyes.

El Gobierno, hasta ahora, no ha logrado dar una respuesta integral al reclamo de los gobernadores, que amenazan con convertir en ley los proyectos de coparticipación de los ATN y los combustibles líquidos si Milei continúa resistiéndose a abrir la billetera. Confían en que será suficiente con cerrar acuerdos individuales con algunos mandatarios, y ese es el objetivo. En el mientras tanto, amagan con apagar los incendios y ofrecen promesas a cambio de ganar tiempo. Una estrategia que, hasta ahora, ha sido exitosa.

La oposición, por ejemplo, planeaba convocar una mega sesión para el jueves 30 con el objetivo de aprobar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y un aumento del presupuesto universitario. Ante la negativa de los gobernadores de firmar el pedido de sesión y de comprometer su presencia para el quórum, la iniciativa opositora se terminó desinflando y se pateó para la semana próxima.

Detrás de la debilidad opositora se esconde el segundo instrumento de negociación que aplica La Libertad Avanza para contener a los gobernadores: la dinámica de las alianzas electorales. En la última semana, el Gobierno avanzó en conversaciones con Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para cerrar acuerdos electorales de cara a octubre. El 7 de agosto vence el plazo para la presentación de alianzas nacionales, y en Casa Rosada se muestran confiados de que llegarán al cierre habiendo cerrado acuerdos locales en las tres provincias.

Tres acuerdos que, en la práctica, podrían sellar el blindaje de los vetos a Milei.

Quiénes son los nuevos “héroes” de Milei

El Gobierno hace cuentas y calcula que necesitará unos 80 votos para blindar los vetos presidenciales a las dos leyes jubilatorias y a la emergencia en discapacidad. El objetivo es evitar que la oposición se haga de dos tercios para insistir en la sanción de las leyes, y para eso cuenta con tres aliados: el PRO, los radicales con “peluca” y los nuevos aliados provinciales con los que compartirán las listas nacionales en octubre.

En Diputados, el aumento a las jubilaciones —que implicó una actualización del 7,2% de todos los haberes, así como un aumento del bono de los jubilados que cobran la mínima— salió con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones. El objetivo del Gobierno es trabajar sobre las abstenciones y, fundamentalmente, sobre los 29 ausentes que, enojados con el oficialismo, se negaron a participar de la sesión.

El ojo está puesto en torcer la voluntad de los 9 diputados del PRO, como María Eugenia Vidal o Luciano Laspina, que se diferenciaron del resto del bloque y se abstuvieron en la votación (que se desarrolló apenas unos días después del triunfo electoral de LLA en CABA). Si logran garantizarse unos 32 votos afirmativos de los 37 diputados que integran el bloque que lidera Cristian Ritondo, el Gobierno confía en que podrá llegar al piso mínimo con la ayuda del resto de los aliados: los satélites oficialistas (el MID y la tucumana Paula Omodeo, del monobloque CREO, entre otros) y los radicales con los cuales cerrará acuerdos electorales, como los mendocinos o, incluso, el propio Rodrigo de Loredo.

Más difícil, en cambio, es el veto a la emergencia en discapacidad. La ley fue aprobada en Diputados con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Y, si bien necesita torcer la voluntad de menos diputados, el Gobierno se dio de frente con el hecho de que, entre los 35 ausentes, hay muy pocos diputados que están dispuestos a cambiar su voto para ayudar a blindar un veto que actualiza las pensiones por invalidez.

Entre los diputados incómodos con vetar la ley se inscriben los radicales “con peluca”, ese grupo de diputados de la UCR, como Mariano Campero o Pablo Cervi, que se ganaron su título de radicales M cuando acompañaron el primer veto a los jubilados el año pasado. Ahora están agrupados en un bloque llamado “Liga del Interior”, que mantiene diálogo con Menem, quien les adelantó que el Gobierno analizaba la posibilidad de ofrecer alguna compensación a las personas con discapacidad luego del veto.

El Gobierno intenta convencer a sus aliados prometiéndoles que podría actualizar las prestaciones asistenciales, que ayudan a las obras sociales a afrontar el pago de los servicios. Es un paliativo que apenas cubriría una parte de la ley, pero sería suficiente para convencer a varios diputados opo oficialistas de ayudar a blindar el veto.

MC/JJD

Aunque subió en julio, la confianza en el gobierno de Milei sigue estancada y por debajo del promedio macrista

No siempre que algo crece quiere decir que mejora. La cuestión es mirar no tanto la foto sino la película. En julio, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella mostró un repunte del 4,9% respecto del mes anterior, pero ese dato no alcanza para revertir el diagnóstico más amplio: la confianza en el Gobierno de Javier Milei sigue estancada en un nivel bajo y sin señales claras de recuperación sostenida. El índice se ubicó en 2,45 puntos sobre un máximo de 5, apenas por encima del registro de junio (2,34) y en el mismo nivel que en mayo, lo que marca una oscilación mínima y una consolidación de la meseta.

La variación interanual fue del 3,3%, y el índice se ubicó 9,6% por encima del mismo mes en 2017 (gestión de Mauricio Macri) y 44,3% por encima de julio de 2021 (bajo el mandato de Alberto Fernández). Pero si se toma el promedio acumulado durante los 19 meses de gestión libertaria, el resultado vuelve a dejar en evidencia los límites del actual oficialismo: la media es de 2,50 puntos, por debajo del promedio que acumulaba Macri al mismo tiempo de su mandato (2,59), aunque por encima del de Fernández (2,18).

La recuperación de julio no fue homogénea. El crecimiento del índice se explicó por mejoras en cuatro de los cinco componentes: la Preocupación por el interés general dio un salto del 17,5% (2,11 puntos), y también subieron la Honestidad de los funcionarios (5,2%, 2,82 puntos), la Capacidad para resolver los problemas del país (3,6%, 2,88 puntos) y la Eficiencia en la administración del gasto público (3,0%, 2,42 puntos). Pero el componente clave del índice, la Evaluación general del Gobierno, volvió a caer: bajó un 2,4% y se ubicó en 2,04 puntos. La sociedad, en suma, valora algunos atributos específicos pero mantiene una mirada crítica sobre el rumbo general.

Si se observa la evolución desde diciembre de 2024, cuando el ICG comenzó una curva descendente, se confirma que el Gobierno no logra romper el techo de confianza que se consolidó en torno a los 2,40 puntos. En mayo hubo un rebote, en junio una caída y en julio una suba marginal que no alcanza a mostrar una tendencia clara. El “rebote técnico” de este mes parece responder más a oscilaciones estadísticas que a un cambio real en la percepción social.

Una de las principales críticas que enfrentó el Gobierno de Javier Milei fue la desconexión entre el discurso de eficiencia estatal y los efectos concretos de su política económica sobre la vida cotidiana. Aunque parte de la población valoró la supuesta honestidad y determinación del oficialismo, la percepción general siguió siendo que el Gobierno no logró resolver los problemas estructurales del país, como la inflación, el deterioro del salario real o el aumento de la pobreza. A eso se sumó un estilo de gestión confrontativo, que no mostró capacidad de articulación con otros sectores políticos ni sensibilidad frente a demandas sociales urgentes.

Otra señal de malestar sostenido fue la falta de preocupación por el interés general que muchos ciudadanos aún percibieron. Aunque ese componente del índice subió en julio, siguió siendo el más bajo de los cinco medidos, lo que sugirió que una parte importante de la sociedad no vio en el oficialismo un proyecto colectivo sino más bien una agenda ideológica cerrada. La caída en la evaluación general del Gobierno, a pesar de ciertas mejoras puntuales, indicó que el relato de la “casta contra el pueblo” perdió fuerza cuando no hubo resultados concretos que respaldaran la narrativa libertaria.

Quiénes confían más (y quiénes menos)

En términos sociodemográficos, el patrón de confianza se mantiene estable. Los hombres confiaron más que las mujeres (2,64 contra 2,25), aunque en el caso de ellas la suba fue mayor (6,1% contra 3,1%). El grupo etario más afín al Gobierno sigue siendo el de los jóvenes de 18 a 29 años, con un índice de 2,79 puntos. Le siguen los mayores de 50 (2,53 puntos) y, en último lugar, las personas de entre 30 y 49 años (2,26 puntos), un segmento que se mantiene reacio a la narrativa oficial.

Por zona geográfica, el interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza (2,58 puntos), aunque la sorpresa vino desde la Ciudad de Buenos Aires: el ICG subió allí un 16,7%, hasta alcanzar los 2,45 puntos. En el Gran Buenos Aires, en cambio, la mejora fue más modesta (2,19 puntos, +3,8%).

El nivel educativo también mostró diferencias significativas. Quienes alcanzaron estudios terciarios o universitarios fueron los más confiados (2,50 puntos, +7,3%), seguidos por quienes cursaron hasta secundaria (2,45 puntos, sin variación) y finalmente por quienes tienen solo nivel primario (2,15 puntos, +7,5%).

El factor expectativas

Más allá de las características personales, las expectativas económicas marcan la brecha más profunda en la confianza. Entre quienes creen que la situación económica mejorará en un año, el ICG trepó a 4,17 puntos. Entre quienes creen que seguirá igual se ubicó en 2,81 (+21,6%) y entre quienes creen que empeorará fue de apenas 0,55 puntos (+14,6%). Es decir: la percepción sobre el futuro económico se convierte en el principal determinante del respaldo o rechazo al Gobierno.

También influye la experiencia con la inseguridad: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses mostraron un índice más alto (2,53 puntos) que quienes sí lo fueron (2,23 puntos). Sin embargo, este segundo grupo fue el que más creció en el mes (+19,9%), lo que podría interpretarse como una leve mejora de la imagen oficial incluso entre sectores más críticos.

JJD

Milei declaró un patrimonio de $200 millones: una casa, dos autos y depósitos en dólares y pesos

Javier Milei tiene U$S20.000 dólares en efectivo, 65.542 dólares en depósitos bancarios dentro del país, $680.000 en efectivo, una caja de ahorro con 7.074.524 pesos, una casa de 100 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, una furgoneta Mercedes Benz y una coupé deportiva Peugeot Rcz. Karina Milei no tiene depósitos de dólares (apenas declaró 76 dólares) ni de pesos, pero sí una caja de ahorro con $4.260.081 y un crédito impositivo de poco más de 2,4 millones de pesos; además tiene un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López.

Este lunes se conocieron las declaraciones juradas de los hermanos Milei, según la obligación que tienen anualmente los funcionarios, diputados y senadores ante la Oficina Anticorrupción. La presentación formal fue el viernes pasado por la tarde. El periodo corresponde al primer año de gobierno de la gestión libertaria.

Durante el período fiscal 2024, la fortuna del Presidente ascendió a $206.046.375, ya que sumó 80.405.484 pesos a su patrimonio, gran parte por la revalorización de sus bienes. Milei no compró propiedades ni autos, que ya tenía desde antes de llegar a la Casa Rosada. El año pasado, con respecto al 2023, declaró bienes por 125.640.891 pesos.

La clave del incremento patrimonial del Presidente está en que se revalorizó la casa de 100 metros cuadrados que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un año pasó de $13.657.100 a $38.419.071.

La cotización de sus dólares también cambió: los 20.000 dólares en efectivo convertidos en moneda nacional son 20.580.000 pesos. Y los U$S65.542 dólares en una caja de ahorro equivalen a 67.443.222 pesos, según la DDJJ.

Milei sí declaró que pasó de tener $10.000 en efectivo a atesorar en billete $680.000. Asegura que provienen de “ingresos propios”. En mayo pasado se supo que el sueldo bruto de Milei era de $4.066.018,15.

Los dos vehículos que declara alcanzan $36.427.800: una furgoneta Mercedes Benz Sprinter del año 2015 que compró en febrero de 2019 y una Coupe Peugeot Rcz que habría comprado 0 km en enero de 2013.

Según la DDJJ, Milei tuvo “ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas” por $92.157.396,22. Sus “gastos personales” ascendieron a $43.391.712,88.

Su hermana Karina, en el cargo de secretaria general de la Presidencia, declaró esta vez un patrimonio total de $11.401.021, cuando el año pasado presentó $3,5 millones. Lo que más se le revaluó fue un departamento de 150 metros cuadrados con cochera ubicado en Vicente López, valuado en $3.992.825 pesos. El año anterior, esa misma propiedad tenía un valor de 1.833.559 pesos.

En una caja de ahorro, Karina Milei tiene $4.260.081. Y posee un crédito impositivo con la AFIP de $2.412.777. Tiene una deuda con el banco ICBC –de capitales chinos– por $59.220 y otra con el banco Santander por $782.741.

La declaración de Javier Milei

La declaración de Karina Milei

MC