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El efecto Ilarraz en las denuncias de abuso eclesiástico: otro sacerdote evitó el juicio amparado en la prescripción del delito

“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

Fallo Ilarraz: ¿Justicia formal o consagración de la impunidad?

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

Arrebatos, amenazas y operaciones: la nave chapucera de los Milei va

El Mundo de los Hermanos Milei mostró tres de sus facetas constitutivas en la semana que pasó.

Sobre todo, el mal mayor del texto ultraderechista: la Libertad Avanza (LLA) carece de un solo senador con un universo lexicográfico superior al de un niño de cuarto grado

Ante esta escena de inspiración mileísta, cabe preguntarse cuál es la interpretación posible de un inversor extranjero, que podría tener los dólares que le faltan a la economía argentina.

Desde Manhattan, Londres o Hong Kong, el hombre o la mujer en cuestión seguramente tendrá afinidad epidérmica con un libertario con motosierra en un país del sur. Podría no preocuparse por peligros autoritarios, excentricidades y estafas cripto, pero sabrá sacar cuentas. Si escucha a un Presidente y a su ministro alertar que “quieren dar un golpe institucional” y “lo único que les interesa es volver para robar”, y constata que los mentores de tan aviesas intenciones se las ingenian para sumar a tres cuartos del Senado y a “todos” los gobernadores, lo mejor —en la propia lógica del Gobierno— es mantenerse lo más lejos posible. Está en riesgo la estabilidad cambiaria y el descenso inflacionarios, logros exclusivos de un plan que deterioró el empleo, forzó la deserción estatal de las funciones más básicas, hundió jubilaciones y fijó los precios del supermercado entre los más caros del mundo.

Las seguridades del ultra

En un arco narrativo que va de catástrofes bíblicas a penetraciones inconmensurables, Milei reaccionó a la derrota legislativa con la enunciación de tres seguridades, dos de ellas, relativas, y una, absoluta. Dijo que aplicará el veto a todo lo aprobado porque “el superávit no se negocia”, aunque exista una “mínima probabilidad” de que las cámaras de origen confirmen la ley con dos tercios de los votos (primera seguridad relativa). Ante esa eventualidad, acudirá a los tribunales, para que el asunto quede enterrado por meses o años. Basa su argumento jurídico en que la sesión del jueves —convocada, validada y votada por mayorías muy holgadas— no habría respetado el reglamento del Senado. También en ese punto, el ultra admitió como probable que un juez desestime el intento de bloquear al parlamento (segunda seguridad relativa).

Milei no concibió la más mínima duda en que va a “aplastar para siempre” y “hacer mierda” a la oposición en las elecciones legislativas de octubre.

Esa escala de seguridades merece ser revisada.

Tiene motivos el Presidente para intuir que podrá convencer a los radicales, algún cordobesista, provinciales y el puñado de peronistas necesarios para alcanzar el tercio en la Cámara de Diputados que le permitiría confirmar el veto a las reparaciones sociales y jubilatorias aprobadas el jueves.

El torcimiento de voluntades, la aparición oportuna del bloque “darle-las-herramientas-al Presidente” y ausencias sospechosas fueron la norma en el primer año y medio del economista en la Casa Rosada. El método dio sus frutos para aprobar la ley Bases, mantener vigente el mega-DNU 70/2023 y frenar cualquier intento opositor. De ser necesarios, Margarita Stolbizer, Rodrigo de Loredo y Florencio Randazzo siguen ocupando bancas.

Tiene motivos el Presidente para intuir que podrá convencer a los radicales, algún cordobesista, provinciales y el puñado de peronistas necesarios para alcanzar el tercio en la Cámara de Diputados que le permitiría confirmar el veto

Es cierto que la dinámica de borocotización se encuentra previsiblemente en crisis ante la sobreoferta oficialista — con tinte local o nacional— en muchas provincias. Se pueden buscar explicaciones en la relatada “intransigencia” de Karina, el “pragmatismo” de Santiago y la orfandad del PRO y la UCR, pero lo cierto es que los lugares elegibles son finitos y, en un punto, aliados dispuestos a casi todo, como el gobernador correntino Gustavo Valdés o el senador cordobés Luis Juez, se ven forzados a mostrar los dientes. La política sabe cómo resolver esos conatos de rebeldía.

Lo mismo cabe para los tribunales. El fuero federal y la Corte Suprema se manejan con una ley propia, mutante y sórdida, por lo que Milei no debería temer demasiado en ese frente. El bloqueo a una decisión a todas luces válida del Congreso se parece bastante al fin de la democracia, pero la aventura ultraderechista no teme meterse en ese terreno.

El Gobierno se prepara para vetar las leyes aprobadas en el Congreso dentro de los diez días hábiles, con un texto que pondrá el acento en que la sesión del jueves no respetó el reglamento del Senado. En las últimas horas, se afirmó la confianza de la Casa Rosada en que el bloqueo en la Cámara de Diputados está garantizado.

Voces cercanas al Gobierno libertario arrimaron la idea de dejar las normas aprobadas en un limbo, sin pronunciamiento del Ejecutivo, de modo de evitar un veto que, en sí mismo, incluye el reconocimiento de la validez de lo aprobado en el Senado. Ello habilitaría un proceso de judicialización y lucha de poderes constitucionales, que serviría para ganar tiempo y llegar a las elecciones de octubre.

La alternativa fue descartada. Suponía una violación constitucional pura y dura, causa nítida de juicio político, algo que hoy suena ilusorio, pero quizás mañana no tanto.

La justificada confianza de Milei en el tercio de la Cámara de Diputados y la mano de algún juez radica en la tercera de las premisas: La Libertad Avanza arrasará en octubre y ello reconducirá a gobernadores que hoy se muestran atrevidos. La estridencia en el enunciado de la hipótesis de victoria arrolladora es inversamente proporcional a la certeza que brinda el escenario al respecto.

La lectura triunfante del mandatario y sus medios cautivos sobre las elecciones locales de este año, llevadas a cabo en siete provincias y la Capital Federal, no tiene un correlato nítido en los porcentajes obtenidos. Se trató de comicios provinciales, no necesariamente proyectables a la Nación, aunque aportan indicios.

Un dato probado es que el sello LLA se nacionalizó, cuando hace apenas dos años dejó de presentarse en ciertas provincias, y con ello, resignó bancas. El partido oficialista está presente en casi todas las provincias con esa identidad, mientras se borronean algunos de sus adversarios, amigables o reales.

La lectura triunfante del mandatario y sus medios cautivos sobre las elecciones locales de este año, llevadas a cabo en siete provincias y la Capital Federal, no tiene correlato nítido en los porcentajes obtenidos

El mapa se mueve

La cosecha de LLA mostró, hasta ahora, desde un resultado marginal a una porción significativa, de entre 10% y 30% de los votos, que a veces alcanzó para ganar (Ciudad de Buenos Aires) y otras para salir segundo, tercero o cuarto. Con márgenes de abstención sin precedentes, una lectura realista del recorrido electoral de este año abre incógnitas.

Entre estas últimas, la más comprobable es que el partido de los Hermanos está absorbiendo al de Mauricio Macri. Tras dos años de seguidismo acrítico, el PRO se quedó sin margen para resistir la avanzada. Sensible trasvase desde la derecha a la ultraderecha, aunque puede sumar cero a la hora de contar bancas en las cámaras.

Si entre los bloques libertarios y el PRO hoy cuentan unos ochenta diputados y el número, a partir de diciembre, no difiere mucho de eso, los Hermanos no tendrán demasiado para festejar. Desde el requisito de disciplina y lealtad, el PRO fue incluso más orgánico desde diciembre de 2023 que las propias bancadas oficialistas.

Hay escenarios en los que la división de la oferta electoral en las competencias por cargos provinciales se repetirá en las legislativas nacionales de octubre. Por caso, distritos importantes, como Córdoba, Tucumán, Santa Fe y —con más dudas— Mendoza. Sus cuatro gobernadores (dos radicales y dos peronistas) pusieron y sacaron diputados de acuerdo a las necesidades del ultra, a veces, arrojando la piedra y escondiendo la mano.

Se viene una campaña electoral. Con ella, crecerá la necesidad de ahondar diferencias, sea por cambio de ciclo político o porque conviene disimular un rato. Nuevamente, ante la casi segura existencia de frentes realmente opositores, liderados por el kirchnerismo u otras identidades peronistas, que competirán con los armados de gobernadores amigables, un resultado positivo para La Libertad Avanza rondaría el tercio de los votos. Probablemente alcanzará para ganar, pero estará lejos de “arrasar” y otras proyecciones escatológicas que suelen salir de boca de Milei.

Menos kirchnerismo en el Senado

En el Senado, las cuentas pueden marcar un avance neto del oficialismo, real o aliado, dado que las sillas en juego son las electas en 2019, cuando triunfó el fallido Frente de Todos. Renuevan sus senadores Salta, Santiago del Estero, Chaco, CABA, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro. En principio:

Con este mapa, un resultado positivo —no necesariamente arrasador— para LLA y sus aliados marcaría un sensible retroceso de hasta diez bancas para la oposición, y con ello, se extinguiría cualquier capacidad de avanzar con iniciativas propias, y mucho menos insistir con mayorías calificadas ante un veto del ultra. En un cálculo conservador, LLA pura podría agregar cuatro senadores a sus siete actuales.

Es con esa realidad con la que debe lidiar el peronismo. Todo un desafío, no ya para “volver a enamorar” al electorado, sino para, al menos, no causar indiferencia y desprecio.

El eje Instituto Patria-Cámpora se propone centrar la campaña en el reclamo “Cristina libre”. Tras dos años de prédica para no asumir la más mínima responsabilidad por el ciclo 2019-2023, defensa cerrada de “los años maravillosos 2003-2015”, concentración de decisiones en una mesa ínfima entre el Instituto Patria y La Cámpora, con un Kirchner a cada lado, manejo de la lapicera en los PJ nacional y bonaerense y retórica “Che, Milei”, el liderazgo estratégico de la expresidenta se pone a prueba.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Soledad, alcohol, 'burnout': el suicidio de un cura destapa un problema en la Iglesia católica y su falta de respuestas

El pasado 5 de julio la noticia cruzó países de noticiero en noticiero: un sacerdote de 35 años se había suicidado en Italia. Matteo Balzano hacía estallar con su muerte voluntaria un silencio espeso alrededor de este asunto. ¿Qué lleva a un cura a cometer ese acto considerado por su propia fe como un atentado gravísimo a su doctrina?

“Ahora lo puedo contar, porque afortunadamente pedí ayuda, se me dio, y salí adelante, pero lo pasé mal. Me sentía muy solo, sin apoyos, sintiendo que lo que hacía no servía para nada. Y un día, llegué a abrocharme el cinturón al cuello… Afortunadamente, no lo hice. Pero no hay día en que no piense que ese podía haber sido mi último día”. El relato es de Daniel (nombre ficticio) quien pone voz para elDiario.es a una realidad históricamente silenciada, y que durante años ha estado escondida entre murmullos de sacristía: la salud mental de sacerdotes y religiosos que, debido a la soledad, problemas afectivos, desafección de la vocación o mil razones más, pueden acabar en abandonos, internamientos y, en los casos más extremos, la opción del suicidio.

Esta salida fue la que tomó hace una semana Matteo Balzano, un sacerdote italiano muy estimado en su diócesis, Novara, quien se quitó la vida, sin nota o explicación alguna, al menos que se haya hecho público. Lo lógico en estos casos, o la práctica habitual, hubiera sido la de informar de la repentina muerte del religioso, sin dar más detalles, pero el obispo Franco Giulo Brambilla decidió cambiar la dinámica e informar a los fieles acerca de cómo había muerto en realidad su sacerdote.

En otro gesto nada usual (durante siglos, los suicidas no podían ser enterrados en sagrado, ni se les podía oficiar despedida en la iglesia) la catedral acogió un funeral, presidido por el mismo obispo. En su homilía, Brambilla hacía un llamamiento a todos: “Debemos aprender a no escondernos de nuestros miedos y dificultades. Debemos aprender a escucharnos unos a otros. Y a encontrar, en nuestras relaciones fraternas, lenguajes y palabras de acogida y comunión”.

“La muerte del padre Matteo Balzano nos confronta con un hecho muy doloroso como es el suicidio. En cualquier ámbito, no es solo una tragedia personal, sino una interpelación comunitaria. En este caso, a la iglesia. Lo veo como un síntoma de algo estructural más profundo: el sufrimiento psíquico silenciado dentro del clero”, explica María Noel Firpo, psicóloga especializada en el trato con sacerdotes y religiosos que en los últimos años ha registrado un auge. Muchas razones están detrás del quebranto de la salud mental como el que sufrió el cura italiano: desde la soledad, especialmente en lugares como la España vaciada (donde vivió Daniel, quien hoy, después de años de terapia y largas estancias en un monasterio de Guadalajara, ha podido volver a ejercer su ministerio, todavía bajo supervisión), a la sensación de que ‘lo católico’ no solo no está de moda, sino, en algunos casos, es mal visto. El drama de la pederastia clerical, o la rígida moral sexual hacen que los curas perciban que son sentidos como un ‘bicho raro’, explican.

La muerte del padre Matteo Balzano nos confronta con un hecho muy doloroso como es el suicidio que veo como un síntoma de algo estructural más profundo: el sufrimiento psíquico silenciado dentro del clero

María Noel Firpo — Psicóloga especializada en el trato con sacerdotes y religiosos

“Hoy no se concibe que no haya un buen psicólogo acompañando la formación de los seminaristas y en algunos seminarios esto parece una intromisión en la formación sacerdotal inadmisible. Y de esos barros pueden venir estos lodos” explica el mercedario Alejandro Fernández Barrajón, ex presidente de Conferencia de religiosos, Confer, y psicólogo, que durante años ha estado detrás de muchas vocaciones religiosas y su desarrollo en un entorno a veces hostil. “Solo una vida traumatizada al máximo puede llegar a ese extremo porque todas las situaciones humanas aunque sean difíciles, si se comparten a tiempo, encuentran caminos de salida y posibilidad de ayuda. No quiero ni imaginarme la tensión y estrés de un sacerdote joven como este, que se ha suicidado tan poco tiempo después de haber hecho realidad su sueño: Ser sacerdote”, recalca.

“La muerte de un sacerdote, como la de cualquier ser humano, debe invitarnos una reflexión necesaria. Porque los sacerdotes no son extraterrestes, son seres humanos con todas sus potencialidades y sus debilidades”, señala Barrajón, quien añade que los religiosos, pero especialmente los curas, “se enamoran como todos, y tienen que disimularlo porque nadie lo entendería y con muy poca gente se puede comentar. Viven con mucha fuerza la soledad, sobre todo por la noche cuando vuelven cansados de tantas tareas pastorales como se acumulan. Sienten el agobio de tener que atender tantos frentes acumulados por la escasez de sacerdotes”. Y es que, cuanto menos sacerdotes, más tareas a repartir… y menos descanso. Ahí, apuntan, “llegan momentos de tensión, de depresión y crisis, como les pasa a todas las personas y parece que el sacerdote no tiene derecho porque debe ofrecer siempre una sonrisa, una palabra amable y una capacidad de acogida exquisita”.

¿Por qué es tan importante la salud mental para los líderes comunitarios, especialmente en el caso de sacerdotes o miembros de la vida religiosa? Para Maribel Rodríguez Fernández, psiquiatra y profesora de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja), la razón está en que “los líderes comunitarios tienen en sus manos las vidas de otras personas y necesitan unos mínimos de equilibrio y fortaleza psíquica para afrontar adecuadamente sus responsabilidades”.

“Una persona que no está bien psíquicamente sufre más por cualquier adversidad y puede distorsionar la realidad en la que vive y lo que ocurre en sus relaciones interpersonales. Además, alguien que no sabe enfocar su vida adecuadamente, ¿cómo va a orientar a otros?, ¿cómo va a discernir lo mejor para otros si no puede hacerlo consigo mismo?”, se cuestiona.

¿Quién carga con la cruz? El síndrome del Cireneo

“Hay mucho más queme o burnout del que se reconoce. Es el síndrome del Cireneo, el que carga con la cruz del otro en su Calvario. Todas las profesiones del acompañamiento personal comparten riesgos similares y requieren elevar el grado de autocuidado y cuidado comunitario. Y también es común entre esos profesionales que sean reacios a exponerse abiertamente a esos cuidados. El cuidador de almas debe ser cuidado”, sostiene el sociólogo Fernando Vidal. Los datos con los que se maneja Vidal le dan razón: hay estudios puntuales en diócesis del mundo occidental que señalan que un 20% de curas tienen relaciones problemáticas con el alcohol y un 8% sufren otras adicciones. Un porcentaje mucho mayor al de la población general ya que, por ejemplo, en España, en las personas entre 15 y 64 años, el consumo problemático afecta al 5,2%, según el Plan Nacional sobre Drogas. El síndrome del burnout también afecta al clero, y hay estudios que miden su incidencia elevada o grave en un 9% de los mismos.

Todas las profesiones del acompañamiento personal comparten riesgos similares y requieren elevar el grado de autocuidado y cuidado comunitario. Y también es común entre esos profesionales que sean reacios a exponerse abiertamente a esos cuidados

Fernando Vidal — Sociólogo

Sin embargo, sobre suicidios del clero existen pocos datos. Durante el año 2018, 17 sacerdotes se quitaron la vida en Brasil, y otros 10 en 2021. En Francia, hubo siete suicidios entre el clero en los últimos cuatro años, aunque las cifras siguen siendo un sumatorio de ejemplos conocidos, según apunta un estudio publicado por La Civiltta Católica, revista de la Compañía de Jesús.

Sendos informes, encargados por la Conferencia Episcopal francesa y por la diócesis de Padua en Italia, coinciden al resaltar la sensación de soledad de muchos clérigos. Así, en Francia (datos de 2020, antes de la pandemia), el 54% de los sacerdotes se sentían solos, uno de cada cinco presenta síntomas depresivos, y el 9% sufre depresión moderada (un 3% grave). Cuando se les pregunta cómo se sienten, la inmensa mayoría responde ‘bien’ o ‘bastante bien’ (93,3%); pero un 40% siente un bajo grado de realización personal y malestar en relación con la jerarquía eclesiástica; dos de cada cinco sacerdotes tienen problemas con el alcohol y el 8% son adictos. Sin embargo, lo que más preocupa a los obispos es que el 2% de sus sacerdotes sufre de forma grave de burnout.

No hay una estrategia para abordar este problema que preocupa, y mucho, entre los obispos. “Realmente, no ha habido un incremento significativo del abordaje en este tema”, señala la psiquiatra Maribel Rodríguez. “Es más, pienso que sigue habiendo mucha represión y prejuicios en ámbitos religiosos con respecto a cuidado de la salud mental, por lo que es difícil que pidan ayuda sobre temas relacionados con la misma”.

La experta apunta, incluso, a un “cierto narcisismo que impide expresar la vulnerabilidad, pues se impone una imagen hacia los demás que aumenta paradójicamente la fragilidad. A su vez, un cierto espiritualismo y el pensamiento mágico de pensar que la fe lo cura todo, lleva a que no haya realmente consciencia de la importancia del cuidado de las personas en estas cuestiones”.

Sigue habiendo mucha represión y prejuicios en ámbitos religiosos con respecto a cuidado de la salud mental por lo que es difícil que pidan ayuda sobre temas relacionados con la misma

Maribel Rodríguez Fernández — Psiquiatra y profesora de la UNIR

Con todo, y sin poder revelar casos “por secreto profesional”, la experta admite que “hay muchos religiosos que sufren silenciosamente y que no reciben apoyo psicológico, ni siquiera humano”. “Veo urgente hacer reflexionar sobre estos temas para ayudar a los religiosos más sufren, en lugar de imponerles un rol o una dinámica de ser invulnerables”, concluye.

“El dolor por la muerte de Matteo muestra un rostro de la iglesia que no queremos ver: el del pastor que llora solo, que se siente perdido, que no encuentra sostén, que desespera” recalca la psicóloga Noel Firpo. Como en todo suicidio, “la Iglesia, y la sociedad, se ven interpeladas, porque nos hace caer en la cuenta de la vulnerabilidad y el sufrimiento, cuando ya es tarde”. De cara al futuro, la experta espera que muertes como la de Matteo animen a la institución a “revisar nuestras estructuras, nuestros silencios, y fundamentalmente, nuestras formas de cuidar y cuidarnos. Porque quien consagra su vida a Dios, no deja de necesitar, profundamente, ser amado, escuchado y sostenido por sus hermanos, siendo esos gestos el rostro visible de Dios”.

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Ketanji Brown Jackson, la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump

Es una especie de cronista de Indias. Aquellos hombres que en el siglo XV y XVI relataban la conquista de América por parte de los españoles y dejaron para siempre un testimonio de cómo fue el desembarco en el Nuevo Mundo. Algunos, como Bartolomé de las Casas, han pasado a la historia por ser uno de los primeros defensores de los amerindios, los habitantes nativos de unas tierras que terminaron expoliadas y los miembros de unas civilizaciones que resultaron arrasadas.

Ketanji Brown Jackson (Washington DC, 1970) es una especie de cronista de Indias porque con sus votos particulares está dejando para la posteridad la crónica de la conquista del Tribunal Supremo y de esta América por parte de Donald Trump, y sus consecuencias para los habitantes de este Nuevo Mundo que es Estados Unidos en 2025. En el siglo XV y XVI los españoles usaron unas armas distintas a las que está usando Trump, pero igual que había testigos entonces que dejaron valiosos testimonios, la jueza Brown Jackson, la primera mujer negra en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de EE.UU., está convirtiéndose en testigo de primera mano de la conquista trumpista; si Bartolomé de las Casas escribió en su día una Historia general de las Indias (1552), con los escritos de la jueza Brown Jackson se podrá narrar la historia general del trumpismo.

En un acto este jueves en el colegio de abogados en Indiana, la jueza reconoció que uno de sus objetivos es llamar la atención sobre lo que está sucediendo en EE.UU, y cuando un juez federal le preguntó qué le quitaba el sueño, la jueza Jackson hizo una pausa y luego dijo: “Diría que el estado de nuestra democracia”. Y añadió: “Estoy de verdad muy interesada en que la gente se concentre, invierta tiempo y preste atención a lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro gobierno”.

Ketanji Brown Jackson, progresista, es jueza del Supremo desde abril de 2022, cuando fue nombrada por Joe Biden. Y en su discurso de toma de posesión explicaba de dónde venía su nombre, rasgo distintivo fundamental de la jueza: “Cuando nací aquí en Washington, mis padres eran maestros de escuela pública y, para expresar orgullo por su herencia y esperanza en el futuro, me pusieron un nombre africano: 'Ketanji Onyika', que, según les dijeron, significa 'hermosa”.

Recurrir a un nombre africano en 1970 en EE.UU. es una declaración de intenciones, un hilo que se teje para conectarse con unas raíces colectivas.

“Mi esperanza es que las pruebas y los triunfos de mi trayectoria como hija, hermana, esposa, madre, litigante y amiga sirvan de testimonio para las jóvenes, las personas de color y las personas que luchan por todo el mundo, especialmente para quienes albergan ambiciones y creen con firmeza en la posibilidad de alcanzarlas”, escribe Ketanji Brown Jackson, en Hermosa: Memorias: “Quiero animar a estas soñadoras audaces a no dejarse desanimar por la adversidad, porque la vida siempre presentará desafíos. Debemos permitir que nos enseñen y fortalezcan, y que nos ayuden a desarrollar confianza en nuestra capacidad para encontrar el camino. Al final, debemos confiar en el camino que elijamos, ancladas en un firme sentido de nuestro potencial, inspiradas por las personas que nos rodean y fortalecidas por nuestra voluntad de perseverar”.

Y eso es lo que está haciendo Ketanji Brown Jackson en su asiento en el Tribunal Supremo de EE.UU ante la súper mayoría conservadora (6 a 3): dejar un testimonio indeleble. Según decía The New York Times, la jueza Ketanji Brown Jackson redactó solo cinco opiniones mayoritarias durante el periodo del Supremo que finalizó a finales de junio, la menor cantidad entre los miembros de la corte. Y de acuerdo con The Washington Post, escribió más opiniones discrepantes este periodo de sesiones –van desde el primer lunes de octubre hasta finales de junio o principios de julio– que cualquier otro juez. En total, redactó 24 opiniones. Jackson también superó con creces a sus colegas en el número de palabras que ha pronunciado durante los argumentos orales: ha pronunciado más de 79.000; Sonia Sotomayor, su colega progresista, queda en un segundo lugar, con 53.000.

Esta semana, el Tribunal Supremo allanó el camino para los despidos masivos en la Administración Trump de funcionarios. Y, en su voto particular negativo, la jueza Brown Jackson escribía: “Este caso trata sobre si dicha medida constituye una reforma estructural que usurpa las prerrogativas del Congreso en materia de formulación de políticas, y es difícil imaginar una decisión significativa sobre esta cuestión una vez que se hayan producido dichos cambios. Sin embargo, por alguna razón, este Tribunal considera oportuno intervenir ahora y dar rienda suelta a la bola de demolición del presidente. En mi opinión, esta decisión no solo es muy desafortunada, sino también arrogante e insensata. [...] Mantendría intacta la protección de la relación histórica entre el Congreso y el presidente, evitando daños irreparables a los demandantes y al público, mientras que el Poder Judicial realiza la labor crucial de evaluar este ejercicio de poder”.

Y critica “el entusiasmo demostrado por este Tribunal Supremo al dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente alegando en una situación de emergencia”.

A raíz de este fallo, Marco Rubio ha empezado ya con los despidos masivos en el Departamento de Estado, que pueden afectar a más del 15% del organismo.

En otro caso reciente, el de las deportaciones a Sudán del Sur de migrantes que son de cualquier otro lugar, la jueza Jackson, junto con Sonia Sotomayor, escribieron: “La orden de hoy no solo justifica (una vez más) el desprecio manifiesto del Gobierno por el Poder Judicial, sino que también deja al Tribunal de Distrito sin ninguna orientación sobre cómo proceder. El fallo de hoy solo aclara una cosa: los demás litigantes deben acatar las normas, pero la Administración Trump tiene al Tribunal Supremo a su disposición”.

Ketanji Brown Jackson también denunció en mayo lo que ella calificó como el “elefante en la habitación”, es decir, los “ataques implacables” contra los jueces propagados por la Administración Trump cada vez que un fallo no le conviene, y un ambiente de acoso que, en última instancia, “corre el riesgo de socavar la Constitución y el estado de derecho”.

“En todo el país, los jueces se enfrentan a un aumento de amenazas no solo de violencia física, sino también de represalias profesionales simplemente por hacer su trabajo”, declaró la jueza Jackson en una conferencia para jueces celebrada en Puerto Rico. “Y los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta importante función”.

En un caso clave fallado el pasado 27 de junio, el Supremo se alineó con Trump para quitarle a los tribunales inferiores competencias para bloquear la agenda ultra del presidente de EE.UU. Una decisión sin precedentes que respondió Jackson en su opinión disidente: “Un sistema político regulado por la ley significa que todos están sujetos a ella, sin excepción. Y para que esto suceda, los tribunales deben tener la facultad de ordenar a todos (incluido el Ejecutivo) que cumplan la ley, y punto. Concluir lo contrario es respaldar la creación de una zona sin ley, donde el Ejecutivo tiene la prerrogativa de aplicar la ley a su antojo, y donde individuos que de otro modo tendrían derecho a la protección de la ley quedan sujetos a sus caprichos”.

A finales de mayo, se produjo otro fallo polémico sobre la revocación de permisos humanitarios de residencia para medio millón de personas, provenientes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. “El Tribunal Supremo determinó que la balanza de equidad favorece al Gobierno”, escribía Jackson con Sotomayor, “y, perece que es de interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales resuelvan sus reclamaciones legales”.

La decisión del Supremo abría la puerta para que la administración Trump elimine las protecciones legales temporales para cientos de miles de inmigrantes, lo que eleva a casi un millón el número total de personas que podrían quedar expuestas a la deportación, teniendo en cuenta que hace dos semanas se produjo un fallo parecido que deja en el aire a 350.000 personas de Venezuela.

Ketanji Brown Jackson lleva meses criticando abiertamente las opiniones de sus colegas conservadores en sus escritos en el Supremo, dejando a un lado el lenguaje leguleyo típico de los fallos judiciales para introducir argumentos apasionados para denunciar el trato de favor del más alto tribunal de EEUU con el presidente de EEUU.

Es la jueza que denuncia desde dentro los abusos del Supremo para avalar la agenda ultra de Trump.