Aguadita

Noticias de San Luis

Con una fuerte suba de los alquileres, la inflación de junio fue del 1,6% y acumula 15,1% en lo que va de 2025

La inflación mensual se deselera pero no todo lo deseado, porque sigue habiendo incrementos persistentes en sectores clave. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 1,6% en junio de 2025, informó el Indec. El dato representa un leve aumento respecto de mayo (ese mes fue del 1,5%) y se inscribe dentro de una variación acumulada del 15,1% en lo que va del año y una inflación interanual del 39,4%, es decir en comparación con el mismo mes del año pasado.

La división con mayor aumento mensual fue Educación (3,7%), empujada por las subas en las cuotas de servicios educativos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), que tuvo su incremento motorizado por alzas en alquileres y expensas, derivadas del impacto de la bonificación salarial a encargados de edificios. Esta última fue la de mayor incidencia en las regiones GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia.

En el Cuadro 21 del informe, que detalla las “Variaciones de junio con respecto al mes anterior, según principales aperturas regionales”, se indica que el ítem “Alquiler de la vivienda y gastos conexos” subió 8,7% en la región Patagonia, lo que representa el mayor aumento regional dentro de esa categoría. Le siguen el Noroeste con 8,5%, el Noreste con 8,2%, Cuyo con 5,8%, Pampeana con 6,8% y GBA con 7,3%.

Por lo tanto, el alquiler de la vivienda aumentó hasta 8,7% en junio de 2025, con variaciones importantes en todo el país.

La suba descontrolada de los precios en los alquileres expone el fracaso de la desregulación impulsada por el propio Javier Milei, por lo menos si se la mira desde el lado de los inquilinos. Apenas asumió en su cargo, el Presidente derogó la Ley de Alquileres a través del DNU 70/2023. Lejos de generar un mercado más competitivo o con más oferta, la eliminación de topes y plazos mínimos habilitó una espiral de aumentos que se mantienen por encima de la inflación mensual. El peso de la negociación quedó enteramente del lado de los propietarios: en junio el precio del alquiler creció hasta cinco veces más que la inflación general.

Pese a que el Presidente prometió que la “libertad de contratos” traería alivio a inquilinos y transparencia al mercado, la evidencia estadística muestra lo contrario. El alza en los alquileres acrecienta la vulnerabilidad habitacional, sobre todo en sectores medios y bajos. La política antiintervencionista del Gobierno, en este punto, terminó profundizando el problema que decía venir a resolver.

Más aumentos

En contraposición, las menores subas se observaron en Prendas de vestir y calzado (0,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%), este último un rubro clave para medir el impacto de la inflación sobre los sectores populares. La variación mensual de los bienes fue de solo 0,8%, pero la de los servicios trepó al 3,2%, lo que muestra una mayor presión sobre el bolsillo en las prestaciones más difíciles de sustituir.

Esa disparidad entre bienes y servicios no solo impacta de manera diferenciada en el consumo cotidiano, sino que también reaviva las sospechas sobre la representatividad del índice oficial. La divergencia entre la inflación medida por el Indec y la que publica la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires viene ampliándose notablemente. Sin ir más lejos, en junio la inflación en CABA fue del 2,1%, 0,5 puntos porcentuales más que el IPC del Indec para el mismo mes. La brecha entre ambas mediciones, que históricamente era del 0,2%, trepaba al 55% en los últimos registros comparables.

Según explicó el economista Juan Graña, investigador del Conicet, esta diferencia tiene una raíz metodológica. La canasta del IPC CABA, actualizada en 2022, da más peso a servicios como vivienda, comunicación y educación, mientras que el Indec mantiene una estructura aún anclada en ponderaciones que priorizan los bienes.

En un escenario como el actual, donde los precios de los servicios crecen más rápidamente que los de los bienes, la inflación real podría estar siendo subestimada por el índice nacional. La demora del Indec en actualizar su metodología deja al descubierto un problema central: cuando los datos no reflejan con precisión la dinámica económica, el impacto sobre el poder adquisitivo tiende a desdibujarse en las estadísticas oficiales.

A pesar del acumulado del 15,1% en lo que va de 2025, la Argentina sigue registrando una de las inflaciones más altas del mundo. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación global promedio en 2024 se ubica cerca del 5,8%, mientras que entre los países del G20 algunas economías desarrolladas se mantienen por debajo del 4% anual. Brasil se ubica en un 5,3% anual y Reino Unido tiene proyectado un 2,7% para 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró que Venezuela cerró 2024 con una inflación interanual promedio proyectada de 180% y proyectó para 2025 una inflación en Zimbabue de 92,2%. Para la Argentina, la proyección es del 36%.

La inflación de junio, por regiones

De acuerdo con el último informe del Indec, las diferencias entre regiones también resultaron significativas. La Patagonia (1,8%) y GBA (2%) fueron las áreas con mayor aumento mensual, mientras que Cuyo (1%) y el Noroeste (1,1%) mostraron las menores subas. En Cuyo, Recreación y cultura (2,5%) encabezó la variación, mientras que en el Noroeste fueron las prendas de vestir las que más incidieron.

En términos interanuales, la Patagonia exhibe una inflación del 43,5%, seguida por GBA con 40,6%. Este fenómeno se explica en parte por la fuerte suba del componente de servicios, que en esa región llegó al 82,2% interanual, impulsado por los alquileres (226,7%) y los gastos de prepagas (66,8%).

A nivel nacional, los precios regulados lideraron las subas con un 2,2% mensual, seguidos del IPC núcleo (1,7%). En cambio, los precios estacionales bajaron 0,2%, lo que ayudó a contener el nivel general. Entre los regulados, se destacan subas en educación formal, salud, electricidad, gas, agua, transporte público y cigarrillos.

En el rubro alimentos, los aumentos fueron moderados. Dentro del GBA, el pan francés (suba de 1,8%), la carne picada (1,9%) y la leche (2,0%) aumentaron por debajo del promedio general. En contraste, productos como el tomate redondo (-21,2%) y el limón (-18,6%) mostraron caídas pronunciadas. Los bienes de consumo básico mostraron señales de estabilidad, pero los servicios continúan encareciéndose.

En el acumulado interanual, Educación lideró con un 74,4%, seguida por Vivienda (69,2%) y Restaurantes y hoteles (60,2%). El componente de alquileres de vivienda se disparó un 174,5% en el GBA, con un pico de 226,7% en la Patagonia. Entre los alimentos, las carnes aumentaron un 53,4% interanual en GBA, y los aceites superaron el 40%.

A pesar de ser una de las menores variaciones mensuales del año, el dato de junio sugiere que el proceso desinflacionario que impulsa el Gobierno enfrenta obstáculos estructurales. La persistencia de aumentos en servicios regulados, salud y educación tensiona la política económica, en momentos donde el Gobierno busca sostener su programa de estabilización sin perder apoyo social, lo que resulta complicado si se mira la actividad económica, que sigue sin despegar, en este segundo año de mandato de Milei, mientras cierran empresas y crece la desocupación.

JJD

La jueza Preska rechazó suspender la orden de que la Argentina le entregue las acciones de YPF a un fondo buitre

La jueza de Nueva York Loretta Preska rechazó finalmente este lunes otorgarle a la Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera. Ahora el país tiene tiempo hasta el jueves 17 para pedirle directamente a la Cámara de Apelaciones que le conceda ese beneficio.

El Gobierno apeló la medida original de la magistrada la semana pasadante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En la presentación, la Argentina adelantó que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Preska ordenó el 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobierno de Alberto Fernández la había apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Entonces los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE.UU. a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión y ahora vuelve a fallar contra el país.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Kirchner, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada “Argentinización de YPF”.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Así llevaron el caso en el juzgado de Preska.

MC

¿Qué está en juego en el juicio de YPF? Un tercio de los hidrocarburos del país y del mercado local de nafta y gasoil

Allá por 2010 ya comenzaba a construirse el mito del potencial de Vaca Muerta, la roca subterránea donde se sabía que había petróleo y gas desde hace 80 años, pero que no se podía explotar porque no estaba desarrollar una técnica eficaz. No fue hasta que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó YPF en 2012 que hubo una petrolera que tomara la delantera en tomar el riesgo de invertir primero para desarrollar el recurso, cuando ninguna firma privada se atrevía. Pero hasta la administración de Javier Milei, el mismo que en campaña abogada por la reprivatización de YPF, ahora no sólo la usa para repartir pauta entre medios y periodistas, al mayor nivel desde la reestatización, sino que también sigue siendo un referente en la fijación de precios internos de naftas y gasoil, por lo que colabora con la política de desinflación.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de este lunes de la jueza neoyorquina Loretta Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.

De los 261.000 barriles día que extrae, el 87% se destina a la plaza doméstica y el 13%, a la exportación. De los 37 millones de metros cúbicos producidos de gas, tan clave ahora con la ola de frío pero durante todo el año para cocinar, bañarse o la producción industrial, el 94% se consume internamente y el 6% se exporta. Es decir, todavía se envía poco hidrocarburo al exterior, pero lo suficiente para revertir el déficit energético que sufría la Argentina hace tres años, que se equilibró en 2023 y se convirtió en superávit desde 2024 gracias a las menores importaciones y las mayores ventas al exterior de hidrocarburos de Vaca Muerta. La promesa del gas natural licuado (GNL), aquel que se exportará por barco, lleva a prever que un mayor porcentaje de la producción gasífera se destinará al exterior en dos años.

Más del 50% de la capacidad de refinación de petróleo de la Argentina está en manos de YPF, que opera tres plantas con una capacidad de 340.000 barriles día. Parte de esa producción se destina a sus 1.680 estaciones de servicio, que controlan el 31,9% del mercado interno. Además, la petrolera estatal (49% es privada y cotiza en bolsa) opera poliductos de 2.140 kilómetros que transportan crudo, de los cuales 1.800 también son inyectados con productos refinados.

YPF lidera en producción petroquímica. Sin incluir su productora de fertilizantes Profertil, su capacidad de producción se elevada a 1,7 millones de toneladas anuales. Sus productos principales son BTX (benceno, tolueno y xilenos mixtos), metanol y propileno, que se utilizan para tratamientos estéticos y médicos, para industrias como la indumentaria o la elaboración de combustibles. La petrolera estatal también cuenta con otras empresas: Metrogas, la distribuidora del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA); YPF Luz, de energía solar; Y-Tec, de desarrollo tecnológico; YPF Gas, de garrafas; Oiltanking, de almacenamiento;: Oldelval, de transporte de crudo; la química Mega y la firma norteña de refinación y estaciones de servicio Refinor, entre otras.

La petrolera estatal no sólo tiene activos: también pasivos ambientales. Por décadas de extracción de petróleo y gas convencionales ha dejado tierras contaminadas, como quedó en evidencia ahora que devolvió áreas a Santa Cruz. El fracking (fractura hidráulica), que se usa para la producción no convencional en Vaca Muerta, también recibe críticas por impactos desde sismos hasta derrames. Además, la industria petrolera es una de las que más contribuye al calentamiento global y la crisis climática. Y las instalaciones de combustibles también contribuyen a la polución, como sucede en la cuenca del río Matanza-Riachuelo.

Los defensores de la estatización, entre los que se encuentran no sólo los peronistas sino también los radicales y otros sectores políticos, lo hacen con el argumento de que un país debe mantener su soberanía energética, es decir, disponer de al menos buena parte de su petróleo y su gas en un mundo donde ha habido hasta guerras por estos recursos; de que puede orientarse al desarrollo nacional, no sólo con la exportación de materia prima sino con la articulación con las industrias que necesitan de sus producción; y de que puede marcar tendencia en el inicio de desarrollos extractivos así como en los precios internos. "Me parece que la ventaja de tener una YPF estatal o bajo control del Estado es que el portafolio de inversión de la compañía no compite con un portafolio a nivel global y eso es lo que hay que mantener", opinaba el consultor Nicolás Arceo en la campaña electoral de 2023. Es decir, la petrolera estatal tiene foco en invertir locamente, mientras que las multinacionales e incluso las privadas argentinas pueden elegir si lo hacen acá o en el exterior, de acuerdo con las mayores oportunidades de ganancias que encuentren.

A diferencia de la antigua YPF estatal, donde se criticaba la ineficiencia y la politización, ahora con 49% bajo el escrutinio de los mercados ya no se la acusa de inoperante, más allá de que todos los gobiernos, y sobre todo este, la utilicen para financiar medios y periodistas -no los ensobrados de los que habla Milei-. Pero las ventajas de una petrolera nacional se perderían si la justicia de EE UU ratifica las sentencias de Preska.

AR/JJD

"Está en juego el futuro de la salud": suma fuerza la marcha del Congreso a Plaza de Mayo por el hospital Garrahan

“La salud pública está en peligro pero somos muchos los que la cuidamos. Lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos. Cuando atacaron a la universidad pública fuimos cientos de miles. Ahora viene por el Garrahan, por el Posadas. Nos atacan a todos”. Un video en redes sociales durante el fin de semana con la consigna #YoBancoAlGarrahan marcó el tono de la previa a la marcha del jueves próximos desde las 16.30 a la que convocan los trabajadores de la salud pública contra el ajuste de Javier Milei. La movilización conectará el Congreso con la Plaza de Mayo, para terminar el reclamo en las puertas de la Casa Rosada.

La expectativa es que la protesta sea masiva, porque los organizadores ya están anotando adhesiones de distintos colectivos, agrupaciones y organizaciones. elDiarioAR supo que los jubilados que se autoconvocan cada miércoles podrían plegarse el jueves, y así cambiar el día de la llamada “marcha antirrepresiva” que estaba agendada para el 16 junto a organismos de derechos humanos. Con los trabajadores de la salud se movilizarán, además, las dos CTA, el gremio de la economía popular UTEP, distintos sindicatos, la izquierda, universitarios y hasta el colectivo Ni Una Menos.

Hay una demanda especial para que adhiera la CGT, que tiene entre sus triunviros a Héctor Daer, secretario general del sindicato de la Sanidad. Por ahora la central obrera no se expresó puntualmente sobre el conflicto en el Garrahan, que está a punto de cumplir tres meses. Este lunes desde la asamblea de trabajadores del Garrahan le enviaron una nota a la central obrera al respecto de su marcha del jueves.

“El conflicto en el Garrahan genera conmoción social porque ha sido partícipe de cientos de miles de familias en todo el país. El punto de partida de las luchas sociales esta semana es el Garrahan pero es un reclamo más profundo: es un exponente al ataque a la salud pública, que se emparenta con otros ataques como ya vimos en el desmantelamiento a las universidades o la ciencia”, dijo a elDiarioAR Alejandro Lipco, secretario general por ATE en la junta interna del Garrahan.

Los trabajadores de planta del hospital mantienen su reclamo de un salario mínimo de $1.800.000 y aseguran que el Gobierno bloqueó cualquier línea de contacto. Incluso pese a la conciliación obligatoria dictada semanas atrás, los funcionarios del ministro de Salud, Mario Lugones, no estuvieron en ninguna mesa de diálogo. La asamblea de trabajadores está en alerta porque días atrás se designó como nuevo director médico a Mariano Pirozzo, que llegó con el antecedente de despedir a 200 profesionales del equipo de salud del hospital de referencia en salud mental Bonaparte y –antes– a 110 del hospital Sommer.

Además sigue abierto el conflicto de los residentes, que reclaman un aumento en el salario: perciben poco más de $800.000 por más de 60 horas de trabajo por semana. Los médicos residentes hicieron su propia convocatoria a la marcha de este jueves: “Decimos NO a la precarización laboral. Rechazamos el intento de transformar nuestros cargos en becas sin derechos. Exigimos condiciones laborales dignas”. Tras convocar a trabajadores de la salud, estudiantes, pacientes y a la sociedad en general, los residentes cerraron: “Lo que está en juego es el futuro de la salud”.

En medio del reclamo callejero, en el Congreso se espera el debate por la ley de Emergencia en Pediatría. La iniciativa opositora ya tiene despacho de comisión en la Cámara de Diputados pero aún no se sabe cuándo podría ser debatido en el recinto. Un legislador de la oposición adelantó que había una intención de apurarlo esta semana, pero por cuestiones de agenda podría recién tratarse el miércoles 30 de julio (estas semanas hay vacaciones de invierno en varias provincias del país).

Si es aprobado, dicho proyecto luego debe ser girado al Senado para su sanción definitiva. El Gobierno mantiene su postura del veto presidencial, como ya adelantó al respecto de la Emergencia en Discapacidad y el aumento jubilatorio que el Congreso sancionó la semana pasada.

MC

Criminalización de la política: esto es otra cosa

Las detenciones a cinco jóvenes militantes en la “causa Espert” -con el trasfondo de múltiples allanamientos y detenciones a organizaciones sociales desde 2024 y la reciente detención y proscripción de Cristina Fernández- forman parte de un conjunto de acciones y mensajes de los poderes del Estado dirigidos a generar una conciencia extendida de que las prácticas organizativas y expresivas de los activismos están en un horizonte de riesgo y son pasibles de ser ilegalizadas.

En estos últimos 40 años existieron intervenciones estatales autoritarias contra la acción política, entre las que se destacan la represión y la criminalización. Así entendimos las respuestas judiciales y/o políticas contra acciones colectivas, generalmente protestas sociales. Esta criminalización es una forma de regulación político-penal de la acción política: el procesamiento judicial de activistas, manifestantes y referentes sociales, políticos o sindicales por participar en protestas, a los que se acusó con figuras penales para reprocharles las formas o los tiempos de sus acciones. El esquema típico arranca con una imputación no grave (de expectativa de penas bajas), pero que exige que el o la referente esté sometido a proceso, que su organización se retire de la calle a los tribunales y destine recursos de todo tipo a sostener la libertad del acusado o acusada. Todo con un costo reputacional para la persona y su espacio social y político. La sospecha que queda es mayor cuando se suma una acusación de corrupción. En general, la acusación original se desmorona en la instrucción o en el juicio por ausencia total de pruebas. Pero el daño ya está hecho, el mensaje al conjunto de la militancia enviado y el control penal de la acción política, realizado.

A veces la racionalidad era restringir las protestas en las calles y en las rutas, pero cada vez más se usó la protesta como una oportunidad para involucrar a referentes en un proceso penal, poder interferir sus comunicaciones y afectar a su organización. Es decir, el efecto principal más que la libre circulación fue condicionar y limar la organización. Ya en el gobierno de Cambiemos, la protesta fue vista como una acción ilegítima, dejando de ser la gran escena de la democracia para ser cada vez más tildada de situación delictiva. La narrativa de los grandes medios combinó la acusación de violencia con la de manejo espurio de fondos o corrupción como la fórmula para desacreditar la legitimidad social y política de las organizaciones.

Esto que decimos que “es otra cosa” no es una novedad de 2025. Se viene padeciendo en varias provincias, a veces por iniciativa de los gobiernos locales, a veces impulsado desde Nación, a veces por activismo judicial. Lo hemos visto contra comunidades mapuche y contra movimientos sociales. Ahora llegó al centro del país, en concierto entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, afectando a una organización política también central y eso emite un mensaje fuerte y generalizado a la militancia.

Las detenciones a cuatro mujeres y un varón, todos militantes jóvenes, en la causa Espert muestran este tipo de intensificación: se dicta la prisión efectiva sin que haya riesgo procesal, se imponen condiciones gravosas en la detención, se califica con tipos penales graves acciones exentas de violencia, se establece el secreto de sumario sin motivos legales, se habla de asociación sin elementos, se acusa de querer “imponer ideas por la fuerza” para describir una simple acción de escrache. Con absoluta inverosimilitud, se encuadra un mensaje de descalificación política como “amenazas agravadas” y se lo trata de hacer entrar en grandes figuras como el atentado contra el orden público e incitación al odio por motivos políticos.

Posiblemente fue con las acusaciones y la prisión efectiva a Milagro Sala, junto con el desguazamiento de la Tupac Amaru como organización e infraestructura social, que la lógica de la criminalización se transformó por su intensidad y su naturaleza. Ya no se trató de una modalidad de regulación penal sino de ilegalización y anulación de una organización popular. Al día de hoy, continúan los intentos de agravar sus condiciones de detención. A lo largo de su proceso quedó muy claro que el “bien protegido” no era el orden público, la integridad de nadie, ni la propiedad privada. Lo que quedó protegido y reforzado fue un proyecto de hegemonía política y de ordenamiento de la sociedad.

Las 33 detenciones del 12 de junio de 2024 en el centro de Buenos Aires en ocasión de la protesta contra la Ley Bases, mostraron la desinhibición de este gobierno y de parte del Poder Judicial para utilizar la fuerza policial, penal y penitenciaria. Detenciones arbitrarias al voleo, acusaciones de terrorismo y prisión preventiva en cárcel común. Para el momento en el que se cayeron todas las acusaciones y se dictaron las libertades, el mensaje a la sociedad ya había sido enviado: la protesta social será entendida como una acción directa, reprimida y castigada. No importa si no sos el que prende fuego un auto: más aún, importa que aunque no prendas fuego a los autos, tu presencia en los alrededores de una protesta será considerada ilegal.

Las detenciones de la causa Espert confirman esa desinhibición para el uso del aparato policial-penal-punitivo pero en lugar de dirigirse al activismo inorgánico que participa de movilizaciones, se dirige a la organización política. Esta vez no es al voleo, es dirigida, te van a buscar. El mensaje es también de intimidación: la organización no te blinda ni te protege de la embestida penal.

La escalada en los tipos penales también incluye la acusación de terrorismo, lo que sirve para hacer ingresar a las y los acusados en zonas de excepción y activar las máximas medidas penales y punitivas.

Una de las ideas fuertes de la democracia desde los 80 fue la de garantía penal. Era una cuestión seria, protegida por todo el sistema político y que se consolidó con la incorporación del derecho internacional a nuestro marco legal en los noventa. Que el repudio a estas detenciones sólo provenga de los sectores que ya están identificados como opositores expresa que esa valoración común de las garantías quedó muy atrás.

*La autora es Directora del área de Investigación del CELS

MC