Paraje Lucero

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Sin respuesta del Gobierno, la Iglesia profundiza una alianza con jueces para combatir el avance narco en los barrios

“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG

El Gobierno niega intervenir en el dólar, pero admite compras por US$4.000 millones mientras Cristina denuncia una fuga

En la economía de Javier Milei, lo que se dice y lo que se hace parecen formar parte de universos paralelos. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, niega rotundamente cualquier intervención en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que el Tesoro compró US$200 millones con superávit fiscal. Esa cifra, sin embargo, es apenas una parte: el propio Quirno se encargó de mencionar que el Gobierno adquirió “aproximadamente US$4.000 millones en el último mes” a través de distintas herramientas, aunque insistió en que eso no afectó el tipo de cambio.

La narrativa oficial sostiene que el dólar flota libremente, pero las acciones del Tesoro muestran una estrategia de recomposición de reservas que contradice esa supuesta inacción. Las compras se hacen mediante block trades, Repos, Bontes o venta de activos. Para Quirno, esas operaciones no inciden sobre la cotización. Para los operadores financieros, en cambio, los movimientos fueron tan evidentes que ya se hablaba de intervención antes del reconocimiento oficial.

El dólar oficial ya superó los $1.200, mientras las distintas variantes bursátiles y el informal se alinean en torno a esa misma barrera psicológica. El Banco Nación lo ofrece a $1.205 para la venta. El dólar mayorista se ubica apenas por debajo, y el MEP y el Contado con Liquidación rondan los $1.200. En ese contexto, Caputo sostuvo que la suba es normal y que no responde a movimientos del Gobierno, a pesar de que él mismo haya confirmado una compra de divisas con fondos fiscales.

Cristina Fernández Kirchner aprovechó esa grieta entre relato y realidad para lanzar dardos desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la cual fue condenada por delitos de corrupción. “En 45 días se esfumaron US$4.000 millones”, denunció, y lo atribuyó al levantamiento del cepo, al aumento del déficit de cuenta corriente y a la fuga de capitales. “La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”, sintetizó la dos veces presidenta de la Nación (2007-2015), dejando en claro que para ella el modelo económico libertario no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país.

El diagnóstico de la exmandataria apunta también a los sectores beneficiados: “Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”. Según Cristina, más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para consumir bienes durables. A su vez, recordó que Caputo no consiguió que la Argentina fuera recategorizada por los organismos financieros, lo que le impide seguir endeudándose con facilidad. “Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”, ironizó.

También cargó contra el poder judicial y mediático que, en su visión, allanó el camino para la presidencia de Milei. “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a Presidente haya resultado en vano”, advirtió, reintroduciendo su tesis del lawfare como condicionante estructural de la política argentina.

Desde el Gobierno, Quirno ensayó una defensa técnica del desequilibrio externo. Según él, el déficit de cuenta corriente es producto de un aumento de importaciones de bienes de capital y responde a una economía que crece por encima del 5%. Sin embargo, su explicación omite que una parte sustancial del rojo externo se explica por pagos de deuda, turismo y formación de activos externos. Es decir, por mecanismos de salida de divisas que poco tienen que ver con inversión productiva.

JJD, con información de NA.

La Corte de EEUU se alinea con Trump y limita los poderes de los tribunales para frenar su agenda ultra

La súper mayoría de la Corte Suprema de EEUU que tiene Donald Trump opera. Y mucho. Este viernes se ha alineado con el presidente de EEUU para limitar la capacidad de los jueces de bloquear la agenda del presidente. Así, el Tribunal ha limitado el alcance geográfico de los fallos de los jueces de instancias inferiores contra el veto de Trump a la nacionalidad por nacimiento –pendiente de estudio de constitucionalidad–, lo que deja en vigor el decreto de Trump allá donde no se haya recurrido. La orden del Supremo entrará en vigor dentro de 30 días.

“Es una decisión increíble, con la que estamos muy contentos”, ha declarado Trump este viernes: “El Tribunal Supremo ha logrado una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de derecho, al rechazar el uso excesivo de mandamientos judiciales a nivel nacional para interferir en el funcionamiento normal del poder ejecutivo”.

Según Trump, “los jueces han intentado dictar la ley para toda la nación. En la práctica, esto significaba que si cualquiera de los casi 700 jueces federales no estaba de acuerdo con la política del presidente de los Estados Unidos debidamente elegido, podía bloquear la entrada en vigor de dicha política, o al menos retrasarla durante muchos años, atascándola en el sistema judicial. Esto fue un abuso de poder colosal, que nunca se había producido en la historia de Estados Unidos antes de las últimas décadas”.

“Ahora podemos presentar rápidamente una demanda para proceder con numerosas políticas que se han impuesto erróneamente a nivel nacional”, ha anunciado Trump: “Y algunos de los casos serían el fin de la ciudadanía por nacimiento, que ahora pasa a primer plano y que estaba destinada a los bebés de los esclavos. No estaba destinada a personas que intentaban estafar al sistema y entrar en el país de vacaciones. Esto nos permite finalmente ganar ese caso, porque cientos de miles de personas están entrando en nuestro país buscando la ciudadanía por nacimiento, y no estaba pensada para eso. Estaba pensada para los bebés de los esclavos”.

Trump decretó que se negara la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país de forma irregular. Y el Supremo este viernes no ha entrado a estudiar la constitucionalidad de la medida, pero sí a que haya jueces de instancias menores que puedan bloquear órdenes del presidente en todo el país.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los hijos de madres que se encuentran en el país de forma ilegal. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la Enmienda 14 de la Constitución.

Lo que sí ha hecho Tribunal Supremo es respaldar la solicitud del presidente Trump de reducir las órdenes nacionales que durante meses han bloqueado la prohibición de su Administración de conceder la ciudadanía automática a los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros, una medida clave en la agenda de Trump por restringir la inmigración.

Los tres jueces progresistas del tribunal discreparon de la sentencia, que devuelve los casos a los tribunales inferiores para que determinen las implicaciones prácticas de la decisión.

La Administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las órdenes impuestas por tres jueces de tribunales inferiores que bloquearon la entrada en vigor de su política en todo el país mientras se examina su legalidad en los tribunales.

La esencia del fallo del Supremo es que el Congreso, al crear los tribunales federales inferiores en la Ley Judicial de 1789, no otorgó a los jueces de los tribunales de distrito la facultad de dictar mandamientos judiciales a nivel nacional o universal que prohíban la aplicación de una política gubernamental (presumiblemente ilegal) contra cualquier persona.

Así, los jueces de los tribunales de distrito solo podrían conceder medidas cautelares a demandantes específicos.

La mayoría conservadora ejerce

La decisión, tomada por 6 votos contra 3 y redactada por la jueza Amy Coney Barrett, supone una importante victoria para Trump y podría permitir que se reformule la forma en que se concede la ciudadanía en Estados Unidos, aunque sea de forma temporal.

La orden no entrará en vigor hasta dentro de 30 días, según indicaron los jueces en su dictamen, lo que permitirá que se siga impugnando su legalidad. Los jueces tampoco abordaron la constitucionalidad subyacente de la orden del presidente de restringir la ciudadanía por nacimiento, dejando potencialmente esa cuestión para otro momento.

La sentencia del tribunal también parece poner fin a la capacidad de los jueces federales individuales de congelar políticas en todo el país, una poderosa herramienta que se ha utilizado con frecuencia en los últimos años para bloquear políticas instituidas por las administraciones demócratas y republicanas.

Jueces de todo el espectro ideológico han criticado estas llamadas medidas cautelares a nivel nacional, argumentando que fomentan la búsqueda del juez más favorable y eluden indebidamente el proceso político al permitir que un solo juez detenga una política en todo el país.

La decisión del Supremo significa que un decreto firmado por Trump que pone fin a la práctica de conceder la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos entrará en vigor en 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.

Los detalles sobre cómo se aplicará la política no quedan claros.

El caso legó al Supremo a raíz de un decreto firmado por Trump el 20 de enero, el primer día de su segundo mandato, que pretendía rehacer el principio conocido como ciudadanía por nacimiento, que forma parte de la Constitución desde hace más de 150 años.

El anuncio provocó inmediatas impugnaciones legales por parte de 22 estados liderados por demócratas y organizaciones de defensa de los migrantes, así como de mujeres embarazadas preocupadas porque a sus hijos no se les concediera automáticamente la ciudadanía. En cuestión de días, un juez federal de Seattle, John C. Coughenour, bloqueó temporalmente la orden ejecutiva.

Los jueces federales de Maryland y Massachusetts también emitieron órdenes para suspender la política. Los tres jueces extendieron sus órdenes a todo el país, incluso a los estados que no habían presentado impugnaciones legales.

El 13 de marzo, la administración Trump presentó una solicitud de emergencia pidiendo a los jueces que evaluaran si tales medidas cautelares a nivel nacional eran legales.

En una vista celebrada el 15 de mayo sobre el caso, el Tribunal Supremo discutió las afirmaciones de la administración Trump de que los jueces de los tribunales inferiores se habían excedido en sus competencias.

Los jueces tenían dos preocupaciones principales. Varios se mostraron escépticos sobre el hecho de que los jueces federales pudieran paralizar las medidas ejecutivas en todo el país, en lugar de solo para las partes directamente involucradas en el litigio, que era el núcleo del caso, explica The New York Times.

Pero muchos de los jueces también parecían preocupados por las consecuencias prácticas de permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor, aunque fuera de forma temporal y solo en algunas partes del país. Algunos de los jueces cuestionaron cómo podrían evaluar rápidamente la legalidad de la orden ejecutiva, que la administración no les había pedido que revisaran.

La cuestión subyacente –la legalidad de la ciudadanía por nacimiento– es una cuestión constitucional fundamental en EEUU. La práctica de conceder automáticamente la ciudadanía a los niños nacidos en suelo estadounidense, incluso si sus padres no son ciudadanos, se ha considerado durante mucho tiempo un principio básico de la ley de inmigración.

La 14.ª Enmienda, ratificada tras la Guerra Civil, declaró que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen”.

En 1898, el Tribunal Supremo confirmó ese derecho en un caso histórico.

Aislantes de lana de oveja y paredes de cáscara de maní: ¿Puede Argentina adaptar sus edificios a la crisis climática?

“Ir a lo elemental”, dice el arquitecto Gustavo San Juan, mientras recorre la obra que él coordinó, un edificio diseñado para adaptarse a las condiciones climáticas locales y funcionar con energías renovables.

La estructura, construida con técnicas y materiales respetuosos con el medioambiente, como ladrillos de plástico reciclado, pronto se convertirá en el Centro de Energías Renovables de la provincia de Buenos Aires.

Ubicada en la localidad de Gonnet, en el partido de la Plata, la obra será la sede del Programa de Energías Renovables (PROINGED), una instancia de gestión pública-privada que financia proyectos y desarrolla investigación sobre energías renovables y eficiencia energética en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo edificio servirá para realizar actividades de investigación vinculadas con el trabajo de PROINGED. Fue construido bajo lógicas de bioconstrucción, un tipo de arquitectura que usa técnicas y materiales respetuosos con el ambiente.

Se trata de un proyecto que tendrá un carácter demostrativo de tecnologías innovadoras, sostiene San Juan, investigador del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la ciudad de La Plata.

La estructura está construida con ladrillos fabricados a partir de tereftalato de polietileno reciclado, más conocido como PET, el plástico utilizado para botellas de bebidas y envases de alimentos; o micelio, una estructura similar a las raíces de los hongos. Otros materiales utilizados fueron tableros fabricados con cáscaras de maní y residuos agroindustriales; proteína de soja; adhesivos y aislantes de poliestireno expandido reciclado y lana de oveja. Estas tecnologías fueron desarrolladas por institutos de investigaciones y emprendimientos productivos de distintas ciudades del país, y en su mayoría apuntan al reciclaje y la puesta en circulación de materiales en desuso.

Un ejemplo es la lana de oveja, utilizada en el edificio para aislación termo-acústica en muros, techos y entrepisos. La lana fue provista por el emprendimiento Proyecto Abriga, una empresa de triple impacto.

“En Buenos Aires la lana de oveja no tiene un valor significativo para la industria textil y la queman, la entierran o la dan en parte de pago por la esquila. Nosotros utilizamos este recurso para paneles aislantes”, comenta Alejandra Núñez Berté, directora de Proyecto Abriga. “Toda la vida las personas se calentaron con el sol y fue recién con el petróleo y el aire acondicionado que lo olvidamos. Ahora, conscientes del daño, tenemos que recuperar estos saberes con visión en el siglo XXI. No podemos seguir construyendo como hace 40 años”, dice San Juan.

Construcción alta en carbono en Argentina

El sector mundial de la construcción contribuye de manera significativa al cambio climático. En 2022, fue responsable del 37% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y del 34% de la demanda energética, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gran parte de esta demanda energética se destinó a necesidades operativas, como la calefacción y la refrigeración. En Argentina, la cifra de emisiones se repite, pero el consumo de energía llega al 40%.

El acero, el cemento, el hormigón y el aluminio, materiales requeridos en la construcción moderna, son responsables del 15% de las emisiones a nivel mundial. La etapa de producción de estos materiales es el momento donde más emisiones se generan.

En la industria de la construcción argentina predomina el uso de estos métodos tradicionales. “Se sigue utilizando mucho la construcción con cemento, ladrillo, hormigón y no se utilizan tanto otros materiales como hormigón prefabricado o madera reciclada, que apuntan a una mayor eficiencia en el consumo de energía y en el gasto de energía para construir”, comenta Miguel Ippolito, integrante de la Cámara Argentina de la Construcción.

Sin embargo, señala que hay un incremento de la construcción en seco, es decir de materiales prefabricados que no requieren uso de agua y que hacen más eficiente y rápida la construcción. El uso de construcción en seco reduce el consumo de combustible en un 60% y la producción de dióxido de carbono en un 22,5%.

Para Carolina Ganem, investigadora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la provincia de Mendoza, hay un circuito “vicioso” entre los efectos del cambio climático y el modo en que estos afectan a las viviendas.

“Las temperaturas suben debido al incremento de emisiones antropogénicas y por lo tanto aumenta el uso de equipamiento para acondicionamiento térmico de las viviendas. Este uso, a su vez, genera un mayor número de emisiones y un incremento en el calor antropogénico residual que deriva de los mismos, que a su vez incrementa el calor en las ciudades”, comenta.

Alternativas en la construcción

Cuando en 2020 Ana Basso y su compañero comenzaron a imaginar su casa en la localidad de La Serranita, en la provincia de Córdoba, tenían algo claro: el proyecto sería una experiencia de autoconstrucción.

“Queríamos que fuese así no solo por la necesidad económica, sino también porque buscábamos ser parte del proceso. Desde el principio sabíamos que era un proyecto que nos llevaría tiempo”, comenta.

En diciembre de 2004 la familia se mudo a la casa, cuando terminaron de instalar las aberturas. “Incluso sin tener puertas ni ventanas colocadas, ya se notaba una diferencia térmica entre el interior y el exterior. Ahora, con todo instalado, la casa es muy fresca en verano y se siente abrigada en invierno”, relata.

El proyecto de La Serranita se basó en bastidores de madera como estructura portante, rellenos con paja alivianada humedecida con barbotina –una mezcla de arcilla y agua– para crear paredes, que posteriormente se revistieron con tierra.

“Los bastidores están divididos cada 60 centímetros, tienen una pequeña columna que va repartiendo todo el peso del techo de la estructura y hace que la fuerza de la casa esté más repartida”, comenta.

Hasta 2018, la estructura de bastidores de madera era considerada un método constructivo no tradicional y requería de un Certificado de Aptitud Técnica (CAT), una autorización que Argentina otorga a los sistemas constructivos innovadores después de ser sometidos a diferentes pruebas de seguridad. A partir de ese año, se lo reconoce como sistema tradicional y ya no necesita esta autorización técnica.

Para Leonardo Nucci, bioconstructor en la Patagonia argentina, hay confusión entre los sistemas tradicionales y no tradicionales. “Se suele llamar tradicional a la construcción en cemento o industrializada, cuando lo tradicional son las construcciones en tierra. El cemento no tiene más de un siglo de uso en Argentina, solo la industria se ha encargado de cambiar en nuestra conciencia colectiva las formas de construcción tradicionales”, señala.

Nucci forma parte de la Red Bioca, integrada por habitantes de El Bolsón en la provincia de Río Negro y los municipios de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén en la provincia de Chubut, que promueven la bioconstrucción para adaptar sistemas constructivos al clima frío y ventoso de la Patagonia.

Aunque la bioconstrucción es una técnica sostenible y culturalmente arraigada, en el país no existe reglamentación a nivel nacional que habilite jurídicamente la posibilidad de construir de esa manera.

“Ante la falta de una reglamentación común para construir con tierra a nivel nacional los municipios deciden según la información que tienen, eso explica por qué muchos proyectos de no consiguen la habilitación municipal para avanzar”, señala la arquitecta María Rosa Mandrini, de la Red Protierra Argentina, una entidad que promueve la construcción con tierra en todo el país.

En 2021 esta red publicó un proyecto de ordenanza para que los gobiernos locales puedan reglamentar la construcción con tierra. Este documento propone pautas locales para estandarizar técnicas y promover prácticas constructivas adecuadas.

Mandrini explica que los municipios de 15 provincias han aprobado desde entonces ordenanzas locales sobre bioconstrucción, mientras que tres provincias han promulgado leyes relacionadas con estos métodos. La amplitud de estas iniciativas, afirma, “demuestra la versatilidad que tiene este tipo de construcción para adaptarse a diferentes climas y zonas sísmicas”.

Eficiencia energética para combatir la pobreza

Argentina tiene un déficit habitacional que afecta a cuatro millones de familias: cerca de 1,6 millones no tienen casa y más de dos millones carecen de infraestructuras seguras, lo que muestra una urgencia en materia de vivienda social.

Las familias de sectores populares suelen autoconstruir sus viviendas sin diseño técnico ni enfoque de eficiencia energética, explica Salvador Gil, investigador de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en sostenibilidad. “Esa es su casa y hay que entender esto como punto de partida para planificar cualquier mejora”, advierte.

La falta de aislamiento térmico en estos hogares incrementa la demanda energética y las familias recurren a fuentes caras y poco eficientes como la leña o el gas en garrafa, que puede costar hasta cinco veces más que el gas por red, e implica esfuerzo físico y costos de transporte.

“En estos casos, atender la eficiencia energética ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y también combate la pobreza. En países como el nuestro, esa es la clave”, afirma Gil y destaca la urgencia de implementar tecnologías eficientes y accesibles como lámparas LED, bombas de calor y ollas térmicas, que permitirían ahorrar en el pago de servicios.

Gil sugiere que la eficiencia energética debe ir acompañada de políticas públicas y de una organización social adecuada para garantizar que las tecnologías eficientes puedan ser apropiadas. “El rol del Estado es importante, pero el rol de la sociedad y su involucramiento me parece fundamental para esta transformación”, concluye.

El rol estatal

A nivel nacional existen regulaciones que promueven la eficiencia energética y la construcción sustentable, como la serie de normas IRAM 11600, que da pautas de referencia para acondicionamiento y aislamiento térmico, así como el ahorro de energía en calefacción. Sin embargo, especialistas coinciden que el carácter voluntario en la aplicación de estas normativas limita el avance hacia una construcción sostenible.

Todavía son los usuarios finales quienes tienen la decisión de incorporar o no criterios de sustentabilidad en la construcción

Carolina Sfeir — Titular de la Dirección de Política Energética y Tarifaria de la provincia de Buenos Aires

Ganem sostiene que sería clave establecer normas obligatorias según región climática, que exijan condiciones térmicas, energéticas y lumínicas mínimas en los edificios. Aplicar normas vigentes podría tener un impacto positivo.

Una regulación reciente es la creación en 2023 del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), impulsado por la Secretaría de Energía, que evalúa el grado de requerimiento de energía que necesita una vivienda durante un año para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua sanitaria e iluminación.

Aunque es de carácter voluntario en gran parte del país, algunas provincias como Santa Fe cuentan con regulación propia y exigen el etiquetado a la hora de escriturar una vivienda.

El etiquetado considera factores como clima, sistemas constructivos, materiales, aberturas y ventilación, y permite estimar gastos de servicios y el impacto ambiental. Hasta el momento se han emitido 1.357 etiquetas y analizado 3.738 viviendas.

Carolina Sfeir, titular de la Dirección de Política Energética y Tarifaria de la provincia de Buenos Aires, enfatiza que para avanzar en la implementación de este programa hay que propiciar la regularización en los gobiernos locales y provinciales.

“Hay personas capacitadas [para evaluar energéticamente una vivienda] en todo el país y convenios [de cooperación para adherir al programa] en distintas provincias, pero no es que todas las viviendas nuevas tengan que tener este etiquetado. Todavía son los usuarios finales quienes tienen la decisión de incorporar o no criterios de sustentabilidad en la construcción”, señala.

Según la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental), la clasificación mundial más utilizada para medir la sostenibilidad de los edificios, Brasil y México lideran el rankinglatinoamericano en la construcción de edificios sustentables.

Argentina, si bien ocupa el quinto lugar entre los 10 países latinoamericanos que califican en la certificación LEED, mantiene un crecimiento sostenido y un aumento de la demanda de este tipo de viviendas. Además, la disponibilidad de normativas vigentes y la disposición de recursos naturales generan un panorama para fortalecer una industria constructiva más amigable con el ambiente.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialoque Earth https://dialogue.earth/es/

Los soldados israelíes recibieron órdenes de disparar a los palestinos que van a por comida en Gaza, según Haaretz

En el pasado mes, al menos 550 palestinos fallecieron y más de 4.000 resultaron heridos cuando trataban de hacerse con algo de comida en los centros de distribución de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), una opaca organización estadounidense que se coordina sobre el terreno con las tropas israelíes. En este tiempo, tanto las autoridades gazatíes como la ONU y otras organizaciones independientes que se encuentran en Gaza, denunciaron que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra los que acuden en masa para conseguir las donaciones de comida.

Ahora, oficiales y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron al periódico israelí Haaretz que los comandantes ordenaron a las tropas disparar a las personas que acuden a los centros de distribución de la GHF para alejarlas o para dispersarlas cuando se producen aglomeraciones, incluso si no suponen una amenaza para los uniformados.

Las FDI supervisan la seguridad de los centros de la GHF (tres en el sur de Gaza y uno en el centro) y están desplegadas a cientos de metros de los recintos, dentro de los cuales hay agentes de seguridad privados estadounidenses. Esos centros de distribución suelen abrir una hora cada mañana, pero desde antes de que abran hay muchas personas esperando. Según los testimonios recogidos por Haaretz, los soldados israelíes disparan a las personas que llegan antes del horario de apertura para impedir que se acerquen o después del cierre para dispersarlas.

“Es un campo de batalla”, dijo al periódico uno de los soldados, según el cual entre una y cinco personas eran asesinadas cada día en el lugar donde él estaba desplegado. “Abrimos fuego temprano por la mañana, si alguien intenta acercarse a cientos de metros de distancia, y a veces simplemente cargamos contra ellos a corta distancia. Pero no hay peligro para las fuerzas”. El militar declaró no tener conocimiento de ningún caso en el que se abrió fuego contra las FDI. “No hay enemigo ni armas”, afirmó.

A pesar de ello, las FDI hacen frente a la multitud de personas que acude a recoger la ayuda humanitaria como a “una fuerza hostil” y “sin medidas de control de multitudes”. El soldado explicó que no se emplean gases lacrimógenos, solo fuego real, incluidas ametralladoras pesadas, lanzagranadas y morteros. “Nuestra forma de comunicación son los disparos”, agregó.

Un oficial que servía en el equipo de seguridad de un centro de distribución calificó la gestión por parte de las FDI como “muy problemática” porque “la única forma de interactuar con la población civil es abrir fuego”. “No es ética ni moralmente aceptable que la gente tenga que llegar, o no consiga llegar, a una [zona supuestamente humanitaria] bajo fuego de tanques, francotiradores y morteros”, declaró a Haaretz.

Según el periódico, el procurador general militar dio instrucciones al Mecanismo de Evaluación de Hechos del Estado Mayor de las FDI (un organismo encargado de revisar incidentes que impliquen posibles violaciones de las leyes de la guerra) para que investigue presuntos crímenes de guerra en los sitios de la GHF supervisados por las tropas.

A raíz de lo publicado por Haaretz, el Ejército rechazó “rotundamente” las acusaciones en un comunicado: “Las FDI no ordenaron a sus fuerzas disparar deliberadamente contra civiles, incluidos aquellos que se acercaban a los centros de distribución. Para ser claros, las directivas de las FDI prohíben los ataques deliberados contra civiles”. “

“Las FDI están operando para permitir y facilitar la distribución de ayuda humanitaria por parte de la Fundación Humanitaria de Gaza y para asegurar las rutas que conducen a los centros de distribución, a fin de permitir que la ayuda llegue a los civiles en lugar de a Hamás”, han afirmado en el comunicado, en el que han vuelto a señalar al grupo palestino por requisar o saquear la ayuda humanitaria –justificación por la cual Israel puso en marcha la GHF–. En el texto, agregaron que “las FDI están llevando a cabo procesos de aprendizaje sistemáticos destinados a mejorar la respuesta operativa en la zona y minimizar, en la medida de lo posible, las posibles fricciones entre la población civil y las fuerzas de las FDI”.

Más heridos de bala

Desde Médicos Sin Fronteras (MSF) denunciaron el mecanismo de la GHF y pidieron que se desmantele, ya que es “una masacre disfrazada de ayuda humanitaria”. El coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Aitor Zabalgogeazkoa, ha explicado en un comunicado que “los cuatro centros de distribución, situados en zonas bajo control total de las fuerzas israelíes tras el desplazamiento forzoso de la población, tienen el tamaño de campos de fútbol y están rodeados de puestos de vigilancia, montículos de tierra y alambre de espino. Están vallados y sólo tienen un punto de acceso para entrar y salir”.

“Si la gente llega pronto y se acerca a los puestos de control, les disparan. Si llegan a tiempo, pero hay una aglomeración de personas y éstas saltan los montículos y las alambradas, les disparan. Si llegan tarde, no deberían estar allí porque es una 'zona evacuada', les disparan”, afirmaron Zabalgogeazkoa.

Todos los días, los equipos de MSF que trabajan en Gaza reciben a personas muertas o heridas después de haber intentado conseguir comida en uno de esos puntos de distribución. Los equipos médicos han observado un marcado aumento del número de pacientes con heridas de bala desde que empezó a operar la GHF a finales de mayo. La organización ha destacado que ha recibido en su clínica de Al Mawasi a 423 heridos procedentes de los puntos de distribución desde el 7 de junio.