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Tras ajustar $5.303 millones, el Gobierno dice que el presupuesto universitario "se designa por rosca política"

El Gobierno salió públicamente a intenta dar su batalla dialéctica en la previa a la cuarta marcha universitaria de este martes, que se prevé masiva en el Congreso y la Casa Rosada, en CABA, y en otros puntos del país. El encargado fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que justificó el flamante ajuste monumental que se conoció este lunes por un decreto firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recorte alcanzó los $5.303 millones para obras de infraestructura universitaria y el funcionario aseguró que no se afectaron partidas educativas, sino que se trató de un ajuste que el Ministerio de Economía había acordado con el banco de desarrollo CAF. “Son fondos de Economía, comprometidos de la gestión anterior para obras que figuraban de un presupuesto de la CAF. Muchas obras son cuestionables, como por ejemplo auditorio. cuando nosotros priorizamos aulas. No son recortes universitarios, no son fondos de educación”, planteó Álvarez en una entrevista en radio Rivadavia.

En la Decisión Administrativa 20/2026 de ayer, las casas de altos estudios más golpeadas fueron la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Se conoció además que en la Secretaría de Educación el recorte asciende a $78.768 millones, siendo la mayor contradicción el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones; se eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos, y se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

En un intento de atacar la convocaria de la marcha, el funcionario insistió luego que “el presupuesto universitario es arbitrario, se designa por rosca política, no hay un procedimiento fijo”. “Queremos que el presupuesto sea asignado por indicadores claros, como la cantidad de alumnos. No hay recorte presupuestario de ningún tipo, lo que no hay es actualización salarial en la medida que quieren los gremios” admitió Álvarez, que ayer estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ofreció una rueda de prensa a algunos medios preseleccionados donde dijo que “la marcha es política”.

La marcha de este martes reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida por el Congreso el año pasado, con la actualización de las partidas que contempla la norma. Según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la norma requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades. Por ahora la norma está suspendida hasta tanto se expida la Corte Suprema.

Los rectores habían reclamado para este año $7,3 billones para el funcionamiento integral de las universidades (salarios, materiales, obras), pero Milei le designó $4,8 billones en el Presupuesto 2026. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006.

“Las universidades son para el radicalismo el equivalente a lo que es el sindicalismo para el peronismo. Están muy metidos”, se quejó Álvarez.

El conflicto por el presupuesto universitario se acrecentó en las últimas semanas porque los hospitales que dependen de la UBA denunciaron que podrían dejar de funcionar en junio si no reciben los fondos nacionales necesarios. El Gobierno transfirió a las universidades un monto presupuestado para las carreras asociadas a Medicina (unos $34 mil millones), pero la UBA reclama fondos por $80.000 millones que estarían destinados directamente a los hospitales y que requiere de una autorización administrativa extra del Poder Ejecutivo. “Se transfirió todo mes a mes. La UBA reclama un fondo que es común para todas las universidades”, se quejó Álvarez.

MC

Milei y Adorni recortaron $2,5 billones para universidades, tratamientos de VIH y hasta obras de agua potable

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

“No queremos ser millonarios, queremos una vida digna”: médicos y enfermeros alertan por la crisis en hospitales públicos

El Hospital de Clínicas José de San Martín es uno de los hospitales escuela más importantes del país. Desde hace más de un siglo funciona como centro de formación médica, investigación y atención para pacientes de todo el territorio nacional. Sin embargo, trabajadores, médicos y enfermeros advierten que atraviesa una de las crisis presupuestarias más severas de los últimos años.

En el primer piso del hospital, cientos de personas esperan ser atendidas en el marco de la Semana de Prevención Cardiovascular. La actividad incluye controles de presión, exámenes físicos y entrevistas médicas, aunque al final del circuito apenas dos profesionales deben atender a una demanda masiva. Según explican desde el hospital, este tipo de jornadas también funcionan como una forma de ordenar una atención que ya no logra absorber la cantidad de pacientes que llegan diariamente.

A medida que se recorren los distintos sectores del edificio aparecen techos deteriorados, humedad, puertas rotas y áreas abandonadas. El estacionamiento del personal permanece inundado y en distintas paredes cuelgan carteles convocando a la Marcha Federal Universitaria de este martes.

En una de las salas abiertas a la comunidad, un cirujano plástico brinda una charla sobre linfedema, insuficiencia venosa, lipedema y obesidad. Mientras tanto, en otros sectores del hospital, trabajadores del área de insumos describen demoras constantes en licitaciones y dificultades para conseguir materiales básicos.

Una paciente que se atiende allí desde hace años asegura que continúa recibiendo buena atención, aunque reconoce que en ocasiones faltan medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes. “A veces hay, a veces no”, resume mientras espera volver a ser llamada.

Deterioro progresivo

Fernando Chamot, director de prensa del hospital, describe un escenario de ajuste progresivo. Según explica, distintos servicios comenzaron a reducirse debido a la falta de recursos: disminuyó el personal de seguridad, se espació la limpieza en algunos sectores y se redujo la capacidad de atención.

“Hoy se atiende un 50 por ciento menos de lo que se podría atender porque tomar más pacientes sería una irresponsabilidad”, sostiene. “Se cierra el cupo y al mes siguiente se evalúa con qué recursos se cuenta. Para los médicos es muy difícil porque no fueron formados para decir que no”.

Chamot también asegura que gran parte de las obras realizadas recientemente fueron financiadas mediante donaciones privadas y advierte sobre el deterioro salarial del personal. Según datos difundidos por el hospital, en abril de 2026 un residente cobraba 1.442.908 pesos netos; un médico, 1.354.908; un enfermero, 1.176.004; y un auxiliar, 1.026.354 pesos.

En el sector de enfermería, trabajadores describen jornadas extensas, pluriempleo y condiciones laborales cada vez más precarias. Guillermo, enfermero con treinta años de servicio, asegura que muchos profesionales deben trabajar en varios hospitales para alcanzar ingresos mínimos. “Nosotros cuidamos, pero también necesitamos que nos cuiden”, afirma.

Luis, otro enfermero del Clínicas, sostiene que durante el último año la situación empeoró notablemente. Relata faltantes de pañales, problemas de mantenimiento y filtraciones de agua que afectaron sectores enteros del hospital. Según cuenta, en varias oportunidades fueron los propios trabajadores quienes compraron materiales básicos de su bolsillo.

“No había ni un foco para que un enfermero pudiera poner un suero durante la noche”, asegura. También describe situaciones en las que enfermeros y médicos colaboran económicamente con pacientes sin recursos para comprar agua o alimentos.

El deterioro, explican, no se limita a la infraestructura. Un médico del hospital, que pidió reserva de identidad, advierte sobre el impacto que la crisis puede tener en la formación de futuros profesionales. “Lo que empieza a doler es cuando dejan de venir quienes se están formando”, señala. Para él, el desgaste cotidiano y el estrés permanente afectan directamente el aprendizaje y el desarrollo académico. “La academia tiene que ser la mejor. Esta institución es irreproducible, aunque demuelan el edificio”, sostiene.

La situación también alcanza al Hospital Odontológico de la UBA. Allí, el decano Pablo Rodríguez explica que gran parte del funcionamiento depende del aporte económico de los propios pacientes. “Si no fuera por eso, no podríamos comprar insumos”, afirma. Según detalla, los estudiantes atienden alrededor de doscientos pacientes durante su formación, algo que considera una de las grandes fortalezas del sistema universitario.

Rodríguez también describe salarios deteriorados entre el personal docente y no docente. Los profesores, explica, cobran alrededor de 280 mil pesos mensuales por una jornada semanal de trabajo. “Nos sostenemos gracias al esfuerzo de los docentes y de los pacientes”, resume.

Aumento de la demanda

El aumento de la demanda aparece como otro de los problemas centrales. Según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado sobre datos del INDEC, unas 742 mil personas dejaron de tener cobertura médica en los últimos dos años y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), define el escenario sanitario actual como “desbordado”. Advierte que la combinación entre recortes presupuestarios, falta de personal y aumento de pacientes configura “la tormenta perfecta”.

También señala problemas crecientes en el acceso a medicamentos y retrocesos en políticas preventivas. “El programa Remediar se está cayendo”, sostiene. Según afirma, aumentaron los casos de tuberculosis y sífilis, mientras que hace un año no se distribuyen preservativos desde el sistema público nacional.

Jimena, médica que trabajó hasta hace poco en un hospital nacional y actualmente se desempeña en hospitales porteños, asegura que el deterioro se profundizó desde 2024. “Cada vez más personas dejaron de tener prepaga o perdieron la obra social y terminan en el hospital público”, explica.

Según relata, los faltantes de insumos comenzaron a afectar incluso prácticas básicas. “No había recipientes para urocultivos. Había pacientes críticos que no podían hacerse estudios y los médicos trabajaban a ciegas”, recuerda. Finalmente decidió abandonar ese hospital por el desgaste cotidiano. “Quedarse en esas condiciones era faltarse el respeto a uno mismo”, afirma.

En el Hospital Pirovano una pediatra describe un escenario similar. Aunque aclara que el sistema público siempre trabajó “al límite”, sostiene que en los últimos años comenzaron a aparecer pacientes con enfermedades más avanzadas y familias que antes podían atenderse en el sector privado. “El paciente no consigue turnos o no puede pagar una consulta particular”, explica. También señala que muchos llegan desde la provincia de Buenos Aires porque no consiguen atención en hospitales cercanos.

Entrada la tarde, gran parte de los sectores administrativos del Pirovano ya permanecían vacíos, aunque decenas de pacientes seguían esperando atención. Algunos dormían en la guardia, otros permanecían conectados a vías intravenosas en sillas de los pasillos mientras los portasueros se arrastraban lentamente detrás de ellos. En medio del movimiento silencioso, varias palomas caminaban entre los corredores del hospital.

LS/CRM

La 4° Marcha Federal Universitaria vuelve a las calles para reclamar por financiamiento y recomposición salarial

La comunidad universitaria volverá a las calles este martes 12 de mayo. La cuarta Marcha Federal Universitaria concentrará a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales en todo el país con una consigna que se repite desde hace más de dos años: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga los salarios del sector. Desde diciembre de 2023, las transferencias presupuestarias al sistema universitario cayeron un 45,6% en términos reales, según denunció el propio Consejo Interuniversitario Nacional.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17. La convocatoria está encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Durante la jornada habrá paro total y suspensión de clases en todas las universidades nacionales del país.

Una ley aprobada que el Ejecutivo no cumple

En el centro del reclamo está la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma con un historial político inédito. Aprobada por amplia mayoría en el Congreso en agosto de 2025, fue vetada en septiembre de ese año por el presidente Javier Milei mediante el decreto 647/2025. El Ejecutivo argumentó que su implementación generaría un costo de más de un billón de pesos sin fuente de financiamiento y pondría en riesgo el superávit fiscal.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto en dos instancias consecutivas. Primero la Cámara de Diputados y luego el Senado —con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones— ratificaron la ley con la mayoría especial requerida. A pesar de ello, el Gobierno no avanzó en su implementación. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia y la causa avanza hacia la Corte Suprema.

La ley establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitario —que incluyen hospitales, laboratorios y partidas de investigación—, ordena la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, y aumenta las becas estudiantiles.

Franco Bartolacci, presidente del CIN, dijo en conferencia de prensa: “Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La situación salarial es uno de los puntos más críticos del conflicto. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios del personal docente y no docente cayeron un 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026.

El 65% de los docentes universitarios trabaja con dedicación simple —diez horas semanales— y cobra menos de $365.000 brutos mensuales. En el extremo más bajo, un auxiliar de segunda percibe $162.991, frente a una Canasta Básica Total de $1.360.299, que marca la línea de pobreza para un hogar tipo según el INDEC.

Incluso en el cargo más alto —profesor titular con dedicación exclusiva—, el salario básico bruto alcanza $1.456.091, apenas por encima de ese umbral. El 70% del personal universitario, según datos presentados en el Senado al momento de ratificar la ley, cobra por debajo de la línea de pobreza.

Las consecuencias ya son visibles en las aulas: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se perdieron 438 cargos docentes desde diciembre de 2023, según denunció Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

Cuarta movilización desde el inicio de la gestión Milei

Esta será la cuarta movilización federal desde que comenzó la gestión de Milei. La primera, en abril de 2024, fue la más masiva y de mayor repercusión pública. La segunda, en octubre de ese año, mantuvo la convocatoria. La tercera, en septiembre de 2025, coincidió con la sesión en la que Diputados rechazó el veto presidencial. En los tres casos, el conflicto de fondo permaneció sin resolución.

La movilización en la Ciudad comenzará horas antes del acto central en Plaza de Mayo. Los principales puntos de encuentro serán:

Réplicas en todo el país

La marcha tendrá presencia en todo el territorio nacional. En Córdoba, la concentración será a las 15 en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y el acto central a las 17:30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield. En La Plata, habrá una movilización hacia Plaza de Mayo con cese total de actividades académicas.

En Salta, la concentración arrancará a las 16 en el Monumento 20 de Febrero, con marcha hacia Plaza 9 de Julio. En Santa Fe, una columna partirá desde Ciudad Universitaria a las 15 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. En La Pampa, las convocatorias serán en Santa Rosa a las 17:30 y en General Pico a las 18.

Marcha Federal Universitaria: mapa de cortes y puntos de concentración para una jornada de protestas en el centro porteño

La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria promete una convocatoria masiva que alterará por completo la dinámica del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y sectores científicos se movilizarán hacia la Casa Rosada para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que generará cortes totales y parciales desde las primeras horas de la tarde.

Debido a la magnitud del despliegue, se recomienda a los conductores evitar el perímetro del microcentro entre las 13 y las 19 horas.

Principales calles y zonas afectadas:

Cronograma de concentraciones y puntos de encuentro

La movilización se organizó de manera escalonada para confluir en el histórico paseo frente a la Casa de Gobierno:

La jornada no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. En la zona sur del Conurbano, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para luego trasladarse al centro porteño, concentrando su segunda etapa en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen. Al igual que en las tres ediciones anteriores, se espera que la movilización sea multitudinaria en todo el país.