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El escándalo Adorni empantana el Congreso

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

El Gobierno enviará al Senado las reformas más sensibles: Discapacidad, Salud Mental y propiedad privada

El Gobierno enviará al Senado un paquete de proyectos de alto impacto político y priorizará esa Cámara para el tratamiento de las iniciativas más sensibles. La decisión quedó expuesta este fin de semana con el ingreso de las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental, que se suman a otros proyectos ya girados como la reforma laboral y cambios en el régimen de tierras y propiedad.

Según fuentes parlamentarias, la estrategia oficial se apoya en una mayoría construida por Patricia Bullrich, que articula a La Libertad Avanza con bloques dialoguistas como la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Ese esquema le permitiría reunir entre 40 y 44 votos, con apoyos variables de otros espacios, en una Cámara donde el peronismo quedó en minoría.

Mayoría y agenda

El oficialismo busca que el Senado funcione como cámara de origen de los proyectos más conflictivos y, en caso de modificaciones en Diputados, retener la posibilidad de imponer la versión final. En ese marco, la Cámara alta deberá tratar además cerca de 90 pliegos y un conjunto de leyes complejas, entre ellas la denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

El temario incluye cambios en el sistema de pensiones por invalidez laboral, con reempadronamientos obligatorios, auditorías periódicas y nuevos cruces de datos entre organismos como ANSES. También se establecen incompatibilidades con el empleo formal y se mantiene el haber en el 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales previstos.

Cambios en salud mental y propiedad

En materia de salud mental, el proyecto refuerza el rol del médico psiquiatra dentro de equipos interdisciplinarios y le otorga mayor peso en decisiones como diagnósticos, tratamientos e internaciones. Aunque se sostiene el criterio de excepcionalidad, se habilitan internaciones no voluntarias en casos de riesgo grave para la persona o terceros. Además, se incorpora el abordaje del consumo problemático de sustancias dentro de las políticas del área.

Por su parte, la iniciativa sobre propiedad privada propone flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, limitar las expropiaciones y acelerar los desalojos, con plazos más breves para intimaciones y ejecuciones. También elimina restricciones vinculadas a la venta de tierras afectadas por incendios y modifica disposiciones que impactan en la regularización de barrios populares.

Con información de NA

La crisis del PAMI acelera una “provincialización” de hecho del sistema de salud

La crisis del PAMI empezó a desbordar el perímetro de la obra social y ya impacta de lleno en las provincias, donde los gobernadores comenzaron a encender señales de alarma frente a un fenómeno que combina presión sanitaria y tensión fiscal. Lo que hasta hace semanas aparecía como un problema acotado a la relación entre el organismo y sus prestadores hoy escala a un conflicto político más amplio: las jurisdicciones absorben cada vez más demanda sin que la Nación acompañe con recursos en la misma proporción.

En paralelo, el conflicto sumó en los últimos días un capítulo gremial que expuso el deterioro del sistema: el paro de médicos de cabecera durante 72 horas dejó al descubierto las dificultades para sostener la atención básica y tensionó aún más la relación entre la obra social más grande país y su red prestacional.

En distintas provincias se repite la misma escena, con jubilados que no consiguen turnos o cobertura efectiva en el circuito del PAMI terminan recalando en hospitales públicos. El efecto es acumulativo. En algunos distritos, una porción significativa de los afiliados ya se atiende en el sistema estatal, que empieza a saturarse y a reorganizar sus prioridades. No es solo un problema de volumen, sino de complejidad ya que aumentan las internaciones y los tratamientos de alto costo y las cirugías deben ser absorbidas por estructuras que no estaban diseñadas para ese nivel de demanda. Incluso en distritos con sistemas relativamente robustos, los equipos sanitarios empiezan a advertir sobre la dificultad de sostener ese ritmo sin resentir otras prestaciones.

Ese corrimiento ya empezó a tener nombres propios. El cordobés Martín Llaryora fue uno de los que salió a plantearlo con mayor dureza en los últimos días, en medio de una escalada de reclamos por deudas y prestaciones impagas. “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”, se quejó el gobernador durante la presentación de un programa de capacitación provincial. A ese malestar se sumaron otros gobernadores, como el tucumano Osvaldo Jaldo, configurando un frente incipiente que empieza a incomodar a la Casa Rosada. Detrás de esos planteos hay un diagnóstico compartido: la Nación descarga sobre las provincias una responsabilidad que le es propia, sin un esquema claro de compensación. En ese marco, el reciente desembolso que rondó los $150.000 millones para cancelar parte de la deuda con prestadores funcionó como un alivio parcial para el PAMI, pero no logró revertir el malestar ni modificar la dinámica de fondo.

En ese contexto, la idea de “provincializar” el sistema de salud —que circula en los equipos de Federico Sturzenegger y Mario Lugones— deja de ser una hipótesis teórica y empieza a leerse como una dinámica en marcha. No necesariamente como una reforma formal, sino como un proceso de hecho. Nación se repliega en su capacidad de financiamiento y control, y las provincias quedan como última instancia de respuesta. En ese marco, los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso refuerzan esa lectura: en el primer trimestre, los fondos destinados a prestaciones del PAMI registraron una caída real interanual del 41,3%, en línea con el ajuste general del gasto. El conflicto con los médicos de cabecera, además, dejó expuesta la dificultad del PAMI para sostener un modelo de atención primaria que ordene el acceso al sistema.

El problema es que ese desplazamiento no viene acompañado de un rediseño del esquema de recursos. El PAMI arrastra un cuadro de desfinanciamiento que se agravó en el último tiempo, tanto por decisiones de política fiscal como por cambios en sus fuentes de ingresos. A la par, el endurecimiento de controles y la redefinición de prestaciones reducen la capacidad del sistema privado para absorber la demanda, lo que acelera el traslado hacia el sector público. Aun con la recomposición parcial de pagos en marcha, en el sector advierten que la cadena de prestaciones sigue frágil y que muchas clínicas y profesionales operan con márgenes mínimos.

Así, el conflicto deja de ser sectorial y se vuelve federal. Las provincias no solo discuten el impacto sanitario, sino también el costo político de sostener un sistema que, en los hechos, empieza a reconfigurarse sin coordinación. En la Casa Rosada hablan de normalización y de ordenamiento progresivo, pero en el interior la lectura es otra: la de un Estado nacional que ajusta y un entramado provincial que amortigua, con recursos propios, las consecuencias de ese ajuste. La tregua financiera que buscó instalar el Gobierno en la última semana aparece, en ese sentido, más como un intento de ganar tiempo que como una solución estructural.

Desde el propio PAMI, sin embargo, buscan bajar el tono del conflicto. Su titular, Esteban Leguizamo, relativizó la gravedad del momento y aseguró que no se trata de una crisis. “Quiero llevar tranquilidad a todos nuestros afiliados de que no hay corte de servicios y que la prestación sigue en forma normal”, apuntó esta semana. La distancia entre ese diagnóstico y lo que empiezan a mostrar las provincias, sin embargo, deja expuesto el núcleo del problema: un sistema que, aun cuando niega su crisis, ya empezó a redistribuir sus costos.

PL/CRM

“No tiene sentido vivir así”: se profundiza la crisis de los jubilados con el colapso de su obra social

“Yo creo que estamos llegando al final”, dice Gastón Arcuchín, jubilado de 72 años. “No tiene sentido vivir así; veo gente llorando en las farmacias porque no pueden comprar medicamentos, veo gente muy deprimida, personas mayores que se abandonan y se dejan morir porque no pueden atenderse y no quieren ser una carga para sus familiares”.

Arcuchín trabajó y aportó 48 años como técnico en reparación de televisores, hasta que el temblor del Parkinson lo obligó a jubilarse. Además tiene hipertensión, artrosis y otras afecciones crónicas. Cobra la jubilación mínima de $450.000 y destina alrededor de $100.000 mensuales a medicamentos. Tuvo que dejar el tratamiento que tomaba tras un cáncer de próstata. En los últimos meses, la quita de descuentos y la suba sostenida de los precios agravaron su situación, en medio de la crisis del PAMI y los cambios en el programa Remediar.

Un sistema colapsado

La situación individual se inscribe en un escenario más amplio. Una huelga nacional de 72 horas de médicos y odontólogos de cabecera profundiza la crisis del PAMI, que cuenta con cerca de seis millones de afiliados. El organismo arrastra una deuda con prestadores que ronda los $500.000 millones y enfrenta recortes presupuestarios en el área de salud.

La modificación del esquema de pagos –formalizada en la resolución 1107/2026– elevó el monto fijo por paciente, pero eliminó adicionales por consultas, lo que en la práctica redujo ingresos y aceleró la salida de profesionales que solo perciben $2.100 por pacientes.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias. El impacto se refleja en menos médicos disponibles, demoras en turnos y mayores dificultades de acceso a la atención.

“En lo posible trato de no recortar, pero hay cosas que no puedo sostener”, dice Arcuchín. “El medicamento que tomaba por el cáncer lo tuve que dejar”. También espera desde hace ocho meses una operación de cataratas. “Cada vez hay menos médicos. Acá ya no tenemos especialidades básicas. No tenemos servicios”.

Ingresos en caída y vida cotidiana

El deterioro del sistema de salud se combina con la pérdida de ingresos. Según la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de los adultos mayores alcanzó en abril los $1.824.682, más de cuatro veces el haber mínimo que percibe el 64% de los jubilados. El bono de $70.000 se mantiene congelado desde 2024.

El poder adquisitivo de las jubilaciones cayó hasta 29% desde el inicio del actual gobierno, mientras la actividad laboral entre mayores de 66 años creció 11% interanual. En paralelo, el desempleo encubierto alcanza el 13,8%, más del doble de la tasa oficial.

Según el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, el 42% de los jubilados realiza solo una o dos comidas diarias y 7 de cada 10 recortó alimentos. Además, el 86% destina al menos el 40% de sus ingresos al alquiler, y quienes cobran la mínima pueden llegar a gastar hasta el 80% en un monoambiente.

“Yo ya no puedo trabajar, tengo 72 años. Hago algunas artesanías, pero nada más”, dice Arcuchín. “Dividimos gastos con mi pareja, buscamos ofertas. Pero esto ya no es vida”.

Medicamentos y redes de ayuda

El acceso a los tratamientos también se ve afectado por los cambios en el programa Remediar, que redujo su alcance. El vademécum pasó de 79 medicamentos a tres, enfocados en enfermedades cardiovasculares. El programa abastecía a más de 8.000 centros de salud y cubría hasta el 90% de las patologías más frecuentes en la atención primaria.

En ese contexto, Salvador Riquelme, jubilado de 73 años, atravesó una situación similar. Tenía programada una operación de cataratas, pero no podía pagar las gotas previas, con un costo cercano a $100.000. La intervención se suspendió 48 horas antes.

“Me avisaron por mensaje a la noche”. Necesitaba una medicación que finalmente llegó a través de una campaña en redes sociales impulsada por la periodista Lula González, que permitió reunir el dinero necesario.

“En este momento lo único que nos está sosteniendo es la solidaridad de la gente”, dice Riquelme. “Muchos jubilados alquilamos y después tenemos que ver cómo sobrevivir”.

Para sostenerse, combina su precario salario con trabajos informales. “Vendo cosas por internet, lo que puedo. Es la forma de llegar a fin de mes”, explica. La ayuda también llega en alimentos y aportes individuales. “Muchas veces ni sabemos quiénes son los que ayudan. Son gestos anónimos”.

Protestas y reclamos

El conflicto se traslada a la calle. En las movilizaciones frente al PAMI y el Congreso, jubilados reclaman por medicamentos, prestaciones y haberes. En una de las últimas protestas fue detenido nuevamente Carlos “Chaca” Dawlowfki, de 75 años, quien resultó gravemente herido en su mano y brazo durante la represión.

Entre los manifestantes está Mario, que perdió su trabajo como chofer. “Estuve dos días tomando mate cocido con una galleta”, dice. “En dos meses bajé seis kilos. Vivo en un hotel porque no puedo sostener otra cosa”.

Los testimonios se repiten y abundan en la calle y en redes sociales, mientras se redefine la vida cotidiana de los adultos mayores. “Lo más concreto es esto”, resume Arcuchín. “La gente no puede comprar los medicamentos y se abandona”.

LN/MG

Dante Gebel aterrizó en Argentina para testear su candidatura presidencial

Dante Gebel quiere ser candidato a presidente. Ya no lo dicen solo sus armadores en la Argentina, que vienen trabajando para instalar su candidatura desde principios de año, sino el propio pastor influencer. “Lo que va a pasar, ya pasó. La historia fue escrita, incluso antes de que naciéramos. ¡Se viene algo nuevo, mi gente!”, advirtió Gebel hace un par de semanas en sus redes sociales. Un guiño que, advierten quienes lo conocen, significa que está preparándose para desembarcar en la política argentina. Un desembarco que empieza esta semana, recién aterrizado en Buenos Aires.

El avión privado de Gebel aterrizó el lunes por la noche. Acompañado por Daniel Darling, el CEO de la River Church –que es la mega iglesia evangélica de Gebel en California–, desembarcó en la Argentina con el objetivo de ponerle el cuerpo al operativo clamor por su candidatura. El pastor, que vive en Estados Unidos hace 15 años, está decidido a sondear de primera mano el escenario para su lanzamiento presidencial. No habrá una oficialización de su candidatura, el objetivo es patearla para fin de año, pero sí empezará a reconocer en público el armado político que viene trabajando en convertirlo en presidente. 

Sus dos principales armadores son el sindicalista peronista Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, y el ex libertario Eugenio Casielles, legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza con Ramiro Marra. Ambos dirigentes, provenientes de espacios políticos antagónicos, vienen trabajando en la construcción de la candidatura de Gebel desde el año pasado con el espacio “Consolidación Argentina”. Hasta ahora, sin embargo, habían jugado casi con autonomía de Gebel: el pastor daba su visto bueno a la distancia, desde su casa en Anaheim, y dejaba hacer. 

Gebel no se metía en las reuniones que la dupla mantenía con gobernadores o intendentes bonaerenses. Tampoco en las charlas con empresarios y encuestadores, que señalan que el pastor, pese a tener 3,2 millones de suscriptores en YouTube y 2,4 millones de seguidores en Instagram, tiene un elevado nivel de desconocimiento en Argentina, el país donde nació, se hizo pastor y, luego, abandonó para radicarse en California. “Prefiero un outsider de verdad, el conocimiento se construye”, responde el equipo gebelista y repite, una y otra vez: “Solo un outsider puede sacar a otro outsider”. 

Ahora, sin embargo, Gebel decidió que es momento de aparecer. El miércoles dará una primera entrevista y, si bien no anunciará su candidatura, sí reconocerá que tiene un equipo técnico trabajando para un proyecto nacional. Tiene pautadas, a su vez, varias reuniones con empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores. Sus armadores políticos no se comprometen con ninguna alianza todavía: no vislumbran una PASO, pero sí acuerdos con diferentes partidos. 

Dependiendo de cómo esté Milei posicionado en 2027, sus armadores apuestan a cerrar con un sector del peronismo del interior, por un lado, o con el PRO y los libertarios caídos en desgracia, por el otro. La duda es si, el año que viene, convendrá hacer anti mileismo o anti kirchnerismo. Dependerá de la imagen del Gobierno.  

Todavía no hay ni programa ni plataforma electoral, solo el convencimiento de que, al ritmo actual de la economía, Javier Milei no reelegirá en 2027. Los armadores de Gebel lo saben y el propio pastor comienza a observar, a la distancia, un malestar social que podría servir como caldo de cultivo para su irrupción en el mapa político argentino. 

“Hay momentos en la vida que uno es plenamente consciente que es parte de un plan que ya fue escrito por Dios. Y va a pasar lo que tenga que pasar; le guste a quién le guste, incluso, a pesar de mi mismo o de la opinión de los demás”, señaló Gebel a principios de abril, cuando dio el primer guiño de que podría oficializar su candidatura. 

Mientras Gebel manda señales divinas, sus armadores apuestan a dar inicio a la segunda etapa de su instalación pública. Al igual que Mauricio Macri, que empezó a recorrer el país, o Sergio Massa, que reapareció en un partido de fútbol en San Vicente, los espadachines de Gebel huelen la debilidad del Gobierno. Y quieren pasar a la acción. Quieren, ahora sí, que se los tomen en serio.

MCM/CRM