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Noticias de Mendoza
Ampliación de la Corte Suprema: el peronismo presiona al Gobierno para reabrir la negociación en el Senado
El debate comienza el miércoles en un plenario de comisiones a las 13. El cristinismo quiere una candidata propia en el Máximo Tribunal y reformar la AGN. El factor de la elección porteña y el empoderamiento del Ejecutivo.
“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”.
José Mayans le explicó esto a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado rechazara, en abril, los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una ampliación de la Corte que le permitiera a Cristina Fernández de Kirchner poner a su propia candidata en la Corte. Santiago Caputo, sin embargo, se rehusó, avanzó vía decreto, y dinamitó, así, las negociaciones con Unión por la Patria. Dos meses después, con mucha agua corrida bajo el puente, el peronismo se propone retomar su objetivo originario.
Este miércoles desde las 13 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará a tratar una batería de proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hay iniciativas que proponen que sean 15 jueces –como la de la cristinista Silvia Sapag– y otros que proponen que sean 7, como la del salteño Juan Carlos Romero. Pero todas coinciden en dos puntos: que la Corte de 5 miembros quedó corta y que resulta imprescindible establecer un criterio mínimo de paridad de género.
El proyecto que concita mayor interés es el de Romero. El ex gobernador de Salta no solo es un alfil del Gobierno, sino que sostiene un vínculo aceitado con el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Y ambos senadores, que se conocen hace más de dos décadas, se reunieron la semana pasada para trazar un plan de acción que permitiera dar comienzo al tratamiento de la ampliación de la Corte, así como de reformar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En esta cumbre, en la que participó también Miguel Ángel Pichetto, los senadores acordaron reactivar la agenda judicial paralizada por la falta de acuerdos políticos. La discusión por la AGN, que es el órgano del control externo del Poder Ejecutivo, era la gran protagonista porque días antes, en la sesión fallida de la Cámara de Diputados, el peronismo había amagado con designar a los tres miembros que le corresponden a la Cámara baja como resultado de un acuerdo político con Emilio Monzó. El objetivo era designar a Monzó, por parte del pichettismo, a Juan Ignacio Forlón, por parte del camporismo, y dejar una vacante vacía a ocupar por La Libertad Avanza.
La sesión, sin embargo, se cayó por falta de quórum, y el peronismo analiza, ahora, alternativas en el Senado. Mayans encontró en Romero un interlocutor atento y con vínculo con Casa Rosada para reactivar una conversación que naufragó tras el rechazo a los pliegos de la Corte Suprema. El objetivo es volver a traer sobre la mesa la agenda judicial.
El formoseño, incluso, aspira a incluir una reforma del Consejo de la Magistratura. Es la fantasía revanchista del cristinismo contra Horacio Rosatti desde que, en 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo, que es el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Con este fallo, la Corte retrotrajo la composición al que tenía en 2006 y volvió a colocar, así, al presidente de la Corte, es decir a Rosatti, como su presidente.
El peronismo intentó sancionar una nueva ley durante el gobierno del Frente de Todos pero, como sucedió con todos las reformas judiciales, Alberto Fernández nunca logró conseguir el número. El peronismo pretende, ahora, volver a intentarlo durante la era Milei.
El efecto de la elección porteña
La mesa de negociación del peronismo con Santiago Caputo para aprobar los pliegos de Corte Suprema siempre incluyeron una diversidad de temas judiciales: el proyecto de Ficha Limpia, las más de 100 vacancias en los juzgados federales, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Tras el derrumbe de los pliegos en el Senado, sin embargo, las conversaciones retornaron al kilómetro cero.
Guillermo Francos se había comprometido, hace un mes, con un grupo de legisladores peronistas a que volvería a plantear una mesa de negociación con todos los temas. Pero, en el medio, pasaron cosas. Específicamente una: la victoria aplastante de Manuel Adorni sobre el PRO en la elección porteña. La relación de fuerzas, luego de esto, cambió. El Gobierno se sentió empoderado y definió patear las conversaciones para después del recambio legislativo de diciembre, cuando espera contar con una renovada fuerza legislativa en el Senado.
“Hasta la elección conversábamos. Pero el resultado en CABA le cambió el humor, Milei está embalado”, admite uno de los negociadores del cristinismo.
Hasta entonces, el compromiso era difuso pero las conversaciones existían. El peronismo, incluso, había llegado a un acuerdo con Romero y había aceptado ampliar la Corte Suprema a 7 integrantes, tal como sostiene el proyecto del salteño. Pero, luego del resultado electoral porteño, el Gobierno se rehusó a hacerse cargo de esa iniciativa y deslizó, puertas adentro, que toda la negociación por la Corte se patearía para fin de año. Los tiempos se habían dilatado.
Frente a este escenario, este miércoles, el peronismo intentará dar inicio al debate. Saben que el Gobierno no tomará ni una sola decisión hasta las elecciones de octubre, pero esperan, hasta entonces, tantear el terreno y sentar las bases para la ampliación de la Corte. Siguen esperando poder lograr, así, lo que nunca pudieron lograr durante el gobierno de Alberto Fernandez: poner a una juez propia en el máximo tribunal.
“A este tipo te le imponés con el número, no con el diálogo. Se postergará, pero nosotros vamos a seguir teniendo el número para vetar”, sintetiza un senador peronista, como quien dice: tarde o temprano, Caputo va a tener que sentarse a negociar.
MC/MG
El oficialismo y la oposición retoman la discusión por el órgano que controla las cuentas públicas
Legisladores buscan destrabar la parálisis de la Auditoría General de la Nación. La disputa es por la composición, que los libertarios quieren cambiar frente a un acuerdo alcanzado entre el peronismo y el pichettismo.
La Cámara de Diputados debate este miércoles en un plenario de comisiones los proyectos de reforma de la Auditoria General de la Nación (AGN), que hoy se encuentra paralizada debido a que el Congreso no designó a los seis miembros de ese organismo que controla las cuentas públicas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se daba cita desde las 10 para avanzar en un consenso sobre los proyectos que se promueven desde La Libertad Avanza (LLA), el PRO, Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre.
El debate tiene lugar mientras persiste la parálisis de la AGN debido a que no se designaron los nuevos auditores del Congreso, dado que en marzo de 2024 venció el mandato de los tres designados por Diputados y lo mismo sucedió este año con los representantes del Senado.
En marzo del año pasado vencieron los mandatos de los auditores nombrados por el Senado Graciela Da Rosa y Javier Fernández, del PJ, y del radical Alejandro Nieva, y en marzo de 2024 habían concluido los mandatos de los peronistas Juan Ignacio Forlón y Gabriel Mihura Estrada, además del radical Jesús Rodríguez.
Existe una fuerte presión de UxP y EF de nombrar a Forlón y Emilio Monzó, pero el oficialismo se resiste porque primero quiere aprobar un proyecto diseñado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el que se busca acortar de 8 a 4 años los mandatos de los auditores y limitar las reelecciones. Además, busca reducir los sueldos de los auditores para que pasen a cobrar lo mismo que un diputado, cuya dieta se ubica en unos $4.5 millones.
Proyectos en discusión
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz, comenzó a debatir el proyecto de Menem la semana pasada, pero el resto de los bloques pidieron incorporar otras iniciativas de reforma que son impulsados por Silvana Giudici (PRO); Ernesto Ali y Ricardo Herrera (UxP); Margarita Stobizer (EF) y Carla Carrizo (DPS). El proyecto impulsado por Menem también tiene como ejes salientes un cambio en la composición, ya que aumenta de 3 a 4 los auditores que debe elegir Diputados y le quita uno al Senado.
Menem propone aumentar de tres a cuatro miembros la representación de Diputados y bajar de tres a dos los integrantes que debe nombrar el Senado, y fija que el presidente será designado por una resolución de la Cámara alta a propuesta del principal bloque opositor.
La propuesta de la diputada radical de DPS Carla Carrizo mantiene los seis miembros, tres para cada cámara, pero especifica cómo se hará la distribución y, en ese sentido, propone que uno corresponda al partido político con mayor número de diputados, uno por el partido de oposición de la primera minoría y otro por el partido de oposición de la segunda minoría.
También propone, a fin de garantizar la paridad de género, el número de auditores del mismo sexo nunca podrá superar en más de uno a los del otro sexo, con lo cual asegura la presencia de al menos dos mujeres, una en cada cámara del Congreso.
Por su parte, el proyecto de Ali y Herrera mantiene seis auditores del Congreso y el mandato de los ocho años, aunque en el caso del presidente fija que será a propuesta del principal partido opositor, como es hasta ahora, pero cesará en sus funciones si el partido que lo propuso no mantiene su condición de ser el bloque opositor más numeroso, lo que se puede plantear cuando hay una renovación parlamentaria.
Uno de los puntos centrales del proyecto de UxP es que le permite a la Auditoria “extender su competencia a las entidades públicas no estatales, o a las de derecho privado en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado nacional, incluso a las que se les hubiesen otorgado aportes o subsidios para su instalación o funcionamiento y, en general, a todo ente que perciba, gaste, o administre fondos públicos en virtud de una norma legal o reglamentaria, o con finalidad pública”.
En tanto, los proyectos de Menem y Giudici, del PRO, establecen los plazos de las auditorías que tiene que hacer la AGN cuando concluye un Gobierno, ya que siempre se demoran en el tiempo.
Sobre los plazos que debe cumplir la AGN para auditar las cuentas del Estado nacional, el proyecto de Giudici lo establece en 30 días antes de la finalización de un mandato de Gobierno.
En ese sentido fija que se deberán incluir los recuentos, arqueos y validaciones que sean necesarios para formarse una opinión sobre el estado de la deuda pública, el stock de reservas internacionales del Banco Central, la situación de los juicios en los que es parte el Estado nacional como actor o demandado, los resultados fiscales y la planta completa del personal al servicio del Sector Público Nacional.
Las jurisdicciones y entidades involucradas prestarán toda la colaboración que les sea requerida “por la AGN y no podrán oponer normas especiales sobre inmunidad, secreto, reserva o confidencialidad. Estas auditorías deberán ejecutarse, completarse e informadas a los ciento veinte (120) días de haber sido iniciadas”.
Con información de agencia NA
MC
Villarruel designó en el Senado a un exmilitar que había ordenado destruir material probatorio de la dictadura
Se trata de Juan Manuel Gestoso Presas, que asumirá en junio como subdirector general de Control de Auditoría y de Gestión. Fue juzgado en 2008 cuando era jefe de la Compañía de Inteligencia 5, pero en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometió un delito de lesa humanidad y fue sobreseído "por prescripción de la acción penal".
La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las ultimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un exmilitar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los '70 hasta mediados los '90.
Así lo pudo constatar la agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales al tanto del expediente que, curiosamente, tuvo circulación con pedido de reserva en los días previos a la formalización que Villarruel hizo ayer mediante el decreto 0306/25. Gestoso Presas asumirá el 1 de junio.
Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos “por prescripción de la acción penal”.
Qué pasó con Gestoso Presas
El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital, y con el argumento de que eran ilegibles como consecuencia de la humedad y el moho, los entregó a Gestoso Presas (en ese momento, jefe de la Compañía de Inteligencia 5), para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.
Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió, y le encomendó esta misión al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio hasta que pudo entregarlos a la cartera de Defensa.
La entonces ministra, Nilda Garré, consideró muy valiosa la actuación de Manino Leal, e inmediatamente inició un sumario interno y realizó una denuncia penal.
En lo administrativo, Tozzeto Arias y Gestoso Presas fueron pasados a disponibilidad primero y, luego, a retiro.
En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba.
Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado.
En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Ricardo Toranzos aseguró que “tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas desde el inicio estuvieron al tanto que el proceder adoptado respecto a los libros hallados era irregular” y que “no obstante, motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.
Con información de Gonzalo Delmonte, para la agencia Noticias Argentinas, y de Fiscales.gob.ar.
IG
Milei envía a un funcionario a la cumbre de la ultraderecha global que organiza el húngaro Orbán
El secretario de Culto, Nahuel Sotelo, participa en Budapest de una nueva reunión ultraconservadora que lleva como slogan “La era de los patriotas”. También estará el politólogo negacionista Agustín Laje.
“La era de los patriotas”. Bajo ese slogan, la ultraderecha global tendrá en las próximas 48 horas una nueva cumbre cargada de simbolismo ultra y con presencia de funcionarios y referentes del gobierno de Javier Milei. La reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) tiene cita este jueves y viernes en Budapest, Hungría, el país que comanda con mano dura Viktor Orbán, quien visitó la Argentina para la asunción del libertario en diciembre de 2023.
Milei no irá pero sí envía a dos de sus principales acólitos: el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el politólogo ultraconservador y negacionista Agustín Laje. Sus nombres ya aparecen en la grilla de expositores junto a otras figuras de la ultraderecha mundial, como el español Santiago Abascal, líder del partido Vox; la ex premier británica Liz Truss o el candidato a la presidencia de Chile Antonio Kast. Aparecen además políticos, activistas y líderes de opinión de distintos estados de Estados Unidos, así como de Israel, Francia, Austria, Polonia, Australia, Sudáfrica o Paraguay.
La CPAC es el foro conservador más antiguo de los EE.UU. y es organizado anualmente por la Unión Conservadora Estadounidense. En febrero pasado Milei estuvo en la primera edición del 2025 que presidió Donald Trump y se fotografiaron juntos. En Buenos Aires la CPAC tuvo su debut en diciembre de 2024 y contó con la participación de Abascal, del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y la presentadora televisiva y nuera de Donald Trump, Lara Trump.
En abril pasado Milei recibió en la Casa Rosada al fundador y CEO de CPAC, Matt Schlapp, y a los empresarios estadounidenses Rob Citrone y Matt Dellorfano. De la reunión también participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro.
Sotelo y Laje en Budapest
Sin Milei, los referentes libertarios en la edición en Budapest serán Sotelo y Laje. “Es un honor para mí poderles contar que he sido invitado al CPAC Europa de este año que se hará en Hungría”, publicitó en sus redes sociales el secretario de Culto y Civilización, que hace las veces de enlace del Gobierno con la Iglesia.
La invitación al funcionario llegó a través del Centro de Derechos Fundamentales, un think tank de ultraderecha con base en Madrid, dirigido por Vajk Farkas, quien levanta la bandera “Dios, Patria, Familia”.
Sotelo tiene agenda para exponer este jueves en un panel titulado “Club de la pelea - globalistas vs soberanistas”. Hará una introducción antes de una charla abierta entre Farkas y la senadora de Colombia Maria Fernanda Cabal y el senador por Paraguay Gustavo Leite.
El viernes será el turno de Laje, presentado en la CPAC como “influencer” y “filósofo”, bajo la temática “Suban el volumen, patriotas”. El politólogo de ultraderecha es de los teóricos más escuchados por Milei y es el director ejecutivo de la Fundación Faro, la ONG que armó Santiago Caputo para recaudar fondos para la causa mileísta. En la estructura aparece Francisco Caputo, hermano mayor del asesor presidencial, quien se encarga del nexo con los empresarios.
Laje es el abanderado de la batalla cultural del oficialismo: protagonizó el último 24 de marzo un video institucional del Gobierno negando el terrorismo de Estado.
Qué busca la CPAC-Hungría
La reunión en Budapest será la edición europea de la CPAC, en el marco de la avanzada ultraderecha global. “Debemos hacer que Occidente vuelva a ser grande. ¡Ha llegado la era de los patriotas!”, se presenta la organización en su página web.
Hace un llamado a sus seguidores a partir de las figuras tanto de Orbán como de Trump: “2024 fue un año memorable: en Europa, los patriotas se unieron y formaron una alianza bajo el liderazgo de Viktor Orbán, y en Estados Unidos, los republicanos obtuvieron una victoria aplastante con Donald Trump a la cabeza. Lentamente pero de forma segura, las fuerzas soberanistas, amantes de la libertad y de la paz están ganando mayoría. El verdadero trabajo viene ahora”.
Y cierra la arenga con miras hacia el futuro: “Este año hay más en juego que nunca. Vivimos en años de cambio global. El dominio secular de Occidente ha sido cuestionado a medida que su élite corrupta ha traicionado todo lo que una vez nos hizo grandes: intercambiando la virtud patriótica por el internacionalismo, el sentido común por la burocracia y la tradición por la locura progresista. La gente de ambos lados del Atlántico se ha rebelado contra el socialismo reenvasado, pero el éxito solo puede ser completo cuando las olas del cambio converjan: la victoria de Donald Trump y el ascenso de la derecha europea traerán consigo la era de los patriotas en la civilización occidental, y la CPAC de Hungría en 2025 será el motor de esta era”.
MC
Renunció el director de Parques Nacionales y hará campaña por La Libertad Avanza en Santiago del Estero
El ahora exfuncionario será armador oficialista de un candidato a senador nacional. En la APN avanzó con una fuerte ofensiva de recortes y desregulaciones en medio de los incendios forestales. Su última polémica sobre el Che Guevara.
Cristian Larsen presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la Administración de Parques Nacionales (APN) y dejará el cargo oficialmente el 31 de mayo. En una carta dirigida a la Jefatura de Gabinete, que encabeza Guillermo Francos, el funcionario justificó su decisión en su “firme convicción de continuar aportando a las ideas de la libertad desde otro lugar”. Ese nuevo lugar será su provincia natal, Santiago del Estero, donde desembarcará como parte del armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
La salida de Larsen suma una baja más a la lista de funcionarios que dejaron el gobierno libertario en el último año y medio. Su destino político lo ubica ahora como principal operador en territorio santiagueño del candidato a senador Tomás Figueroa, uno de los nombres promovidos por Karina Milei para ampliar la base legislativa del oficialismo.
Larsen, de estrecho vínculo con el PRO y en especial con Patricia Bullrich y Hernán Lombardi, había llegado a la APN en abril de 2024. Su designación fue resistida internamente por trabajadores del organismo, en particular por las cesantías masivas que protagonizó en sus primeras semanas de gestión: solo en el Parque Nacional Lanín despidió a 80 empleados.
Ya entonces, su figura arrastraba cuestionamientos desde su paso por Radio y Televisión Argentina (RTA) en tiempos de gobierno de Cambiemos. Era representante del PRO en el directorio y fue denunciado penalmente por conflicto de intereses tras patrocinar una demanda de una productora que había sido contratada durante su gestión.
Durante su paso por Parques Nacionales Larsen protagonizó una fuerte ofensiva de recortes y desregulaciones. Alineado con el ministro Federico Sturzenegger, impulsó dos resoluciones que eliminaron regulaciones clave para el turismo en áreas protegidas.
Entre ellas, se destacó la eliminación de la obligatoriedad de contratar guías habilitados, lo que generó rechazo en sectores ambientalistas y turísticos. A comienzos de este año, en medio de los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas en la Patagonia, vinculó los focos ígneos a supuestas “falsas organizaciones mapuches” que, según su visión, buscaban evitar los desalojos.
En enero pasado el drama de los incendios desnudó la situación de los trabajadores de PN sin contrato y un sistema de conservación en estado crítico: elDiarioAR reveló que la mitad de los empleados no tiene contrato, incluyendo brigadistas que combaten incendios en condiciones extremas.
En su momento, Larsen dijo a este medio: “Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”.
Días atrás Larsen volvió a estar en el centro de una polémica: el 7 de mayo firmó una resolución mediante la cual intimó al gremio de ATE a restituir antes del 7 de junio de 2025 las instalaciones de un museo del Che Guevara ubicado en el PN Lanín y que es patrimonio cultural de San Martín de los Andes.
El sindicato estatal gestiona, sostiene económicamente y administra desde el año 2008 el museo La Pastera, que recuerda el establo donde Guevara pasó una noche junto a su amigo Alberto Granado en su viaje por el continente arriba de la moto “La Poderosa”. Larsen apuntó que “hay que terminar con los ideologismos berretas” y catalogó al Che Guevara como “un terrorista”.
PL/MC