Godoy Cruz

Noticias de Mendoza

La marcha universitaria encontró a Milei en plena profundización del ajuste y con la gestión bajo presión

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

“Milei cumplí la ley”: más de un millón de personas reclamó que el Gobierno ejecute el financiamiento universitario

Si la primera marcha federal universitaria fue frente al Congreso para reclamar una ley de financiamiento, la cuarta movilización se plantó su escenario ante la Casa Rosada para exigirle a Javier Milei que cumpla la norma de una vez por todas. Un mar de personas se congregó este martes en la Plaza de Mayo y sobre la avenida de Mayo hasta las cercanías del Palacio Legislativo –y en plazas y avenidas de distintos puntos del país– para insistirle al gobierno libertario que acate la norma que dos veces votó el Parlamento el año pasado.

“Menos cascadas y más educación”, pintaron con aerosol dos jóvenes en una valla que miraba al Congreso. Metros más allá, el cartel de cartón que sostenía un alumno universitario con guardapolvo de investigador también hacía referencia al jefe de Gabinete: “Que renuncie Adorni, no mis profesores. Embargo a Adorni para pagar a los docentes”. Otra cartulina decía: “Milei te mea la espalda y te dice que llueve”. La creatividad de los manifestantes se repitió a lo largo de la gran columna que conecta los dos poderes del Estado: una señora levantaba la cabeza de un león de goma espuma con el nombre del Presidente y desde un camión de la izquierda le cantaban al ministro coordinador: “Si te gustan las cascadas andate de vacaciones / presentá ya la renuncia y andate a Misiones”. 

Llegando a la Plaza de Mayo, varios pasacalles marcaron la consigna principal de la movilización: “Milei cumplí la ley”. Firmaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el frente sindical de docentes y no docentes, y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA). La entente suscribió un documento conjunto en el que denunció a Milei por violar la democracia: apuntaron que el Gobierno lleva 203 días sin cumplir la ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso, y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La comunidad universitaria le reclamó desde la Plaza de Mayo al máximo tribunal que le ordene al Ejecutivo cumplir con la ley.

“Yo estoy haciendo las prácticas en el Bocalandro y necesito pasaje de bondi para ir al hospital y también para la universidad. Está todo mal”, graficó Gregorio Reynoso, alumno de la carrera de Producción de Bioimágenes en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). “Espero que el financiamiento se haga de una buena vez. Hay que salir de casa, unirse y luchar en contra de lo que está pasando”, planteó Carolina, alumna de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Mientras el CIN exigió el año pasado que el presupuesto universitario alcance los $7,3 billones, Milei estipuló fondos por $4,7 billones. Este lunes se supo de un recorte en 5000 millones de pesos para obras de infraestructura. El documento del frente universitario cuantifica el daño de la motosierra libertaria con precisión: las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023.

Traducido en tiempo, el sistema universitario perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual. En materia salarial, el derrumbe es todavía más gráfico: con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 10,9 salarios en el período, y hoy cobran lo que el comunicado llama “el nivel más bajo de los últimos 23 años” y los sueldos más bajos de toda América Latina.

El capítulo estudiantil no es menos severo. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una “situación de incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas (EVC) están directamente suspendidas. El documento advierte que el efecto de ese desmantelamiento no es abstracto: las políticas de acompañamiento económico, dice la declaración, “expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”.

Si la primera marcha sumó a unas 500.000 personas solo en CABA y las siguiente unas 250.000, la masividad de la cuarta movilización quedó marcada por un dato que aportaron los organizadores a elDiarioAR: “Fue muy grande porque la columna sin cortarse llegaba, sobre Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta el comienzo de la Plaza Congreso”. Desde la UBA aportaron a este diario la cifra de 600.000 personas solo en la Ciudad y un millón en todo el país. Fuentes policiales evitaron precisar una cifra “para no meterse en problemas”.  Hubo columnas multitudinarias en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza.

“Abrazamos a los más de un millón y medio de personas que a lo largo y ancho de la Argentina que hoy se abraza a la universidad pública”, sostuvo desde el escenario montado a la altura de la Pirámide de Mayo el titular del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. “No vamos a ser la generación que ve cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario argentino ni que deje morir sin más la universidad pública”, afirmó.

Numeros más o números menos, la movilización fue masiva por la transversalidad de la convocatoria. “Milei nos convocó a marchar cuando ajustó a las universidades y cuando nos llama ñoquis”, cuestionó Bettina, docente universitaria que cobra $300.000 por una cátedra que tienen hace 15 años. Entre la gente se combinaron desde jóvenes de 16 años que están en colegios que dependen de la UBA como el Nacional hasta jubilados que participan cada miércoles en los abrazos al Congreso que reprime el Gobierno.

Esta vez el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la ministra Alejandra Monteoliva quedó impotente ante la manifestación. Hubo también columnas de sectores externos a la universidad como la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de 140 gremios como ATE, UOM, aceiteros y aeronáuticos, o dirigentes políticos como el gobernador Axel Kicillof.

“Nos dicen que es una marcha política, y yo les digo que sí. Al fin y al cabo, todo es política. No sé si el Gobierno nos va a escuchar. Tendremos que seguir acá si esto no cambia”, enfatizó José Peralta, trabajador no-docente en Exactas. La cuarta marcha federal cerró frente a la Casa Rosada y ahora la pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. La comunidad universitaria marchó cuatro veces, el Congreso votó dos veces, y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos. Este martes la plaza y la calle le dijeron a Milei que ya no le queda otra que acatar la ley.

MC

Los docentes universitarios perdieron el equivalente a 8 sueldos en 28 meses

En 28 meses, un docente universitario titular con dedicación exclusiva cobró 18,5 millones de pesos menos –a precios constantes de abril de 2026– que si su salario se hubiera mantenido en los niveles de noviembre de 2023. Es el equivalente a ocho sueldos completos. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), publicado en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes.

El salario básico bruto de ese cargo pasó de $2.415.741 en noviembre de 2023 a $1.582.283 en abril de 2026, una caída del 34,5% en términos reales. El informe señala que más del 80% del gasto del Estado en universidades nacionales se destina al pago de sueldos, por lo que el ajuste presupuestario impacta de forma directa sobre los ingresos del sector.

El cuadro presupuestario refuerza esa tendencia. El gasto destinado en universidades cayó un 29,3% en términos reales en 2025 respecto a 2023. Según el IAG, la inversión del año pasado fue equivalente a la de 2007 –$5,5 billones a precios de abril de 2026–, sin contemplar que desde entonces se crearon 13 universidades públicas y se incorporaron 768.200 nuevos estudiantes al sistema. La proyección para 2026 indica que la caída continúa.

La marcha de hoy, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, pero aún sin implementación por parte del Ejecutivo.

"Fred" Machado, financista de Espert, se declara culpable de lavado de dinero y fraude ante la fiscalía de Texas

Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas.

Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020.

La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años.

Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación.

El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado.

La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares.

Machado se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admite haber cometido un fraude.

En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel.

El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación.

Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica.

El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta.

Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude.

El frente Espert

Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años.

La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito.

Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito.

Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

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SL

Karina suma poder con Sebastián Pareja al frente de la bicameral que se encarga de controlar a la SIDE de Caputo

Tal como se preveía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja fue ungido como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

En un fino equilibrio de pesos y contrapesos, el oficialismo logró al mismo tiempo complacer a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otra opción que su delfín bonaerense, y contener al PRO -que pretendía la presidencia-, resarciéndolo con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling.

La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

La comisión quedó integrada será integrada por cinco libertarios -además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -Goerling y el diputado Cristian Ritondo; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido dicho cargo a Ritondo, pero al poco tiempo Karina Milei, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, un incondicional.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo.

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Con información de Noticias Argentinas

JIB