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El Gobierno puede festejar un triunfo político por partida doble luego de dos meses de crisis política por el escándalo patrimonial de Adorni. En Diputados, la oposición no logró quebrar a los aliados y pidió suspender la sesión del jueves. Y en el Senado, mientras tanto, sí se sesionará para avanzar con el pliego de Carlos Mahiques.
Imputan al hermano de Manuel Adorni por supuesto “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”
Tarde a la noche, cuando los votos no aparecían y se buscaban alternativas para no dejarle servido en bandeja un triunfo político al Gobierno, la oposición anunció que suspendía la sesión para interpelar a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. A través de una carta a Martín Menem, los estrategas de la oposición tuvieron que reconocer la derrota: los gobernadores no les darían quórum para enfrentar a Javier Milei, así que convenía reagruparse y postergar el pedido de sesión para la semana que viene. La nueva fecha será el 20 de mayo e incluirá, tal como venía reclamando el peronismo, otras iniciativas sociales y económicas.
Después de dos meses de parálisis legislativa, el Gobierno tendrá la oportunidad de festejar el primer triunfo político desde que comenzó el escándalo patrimonial de Adorni. Por partida doble. Por un lado, la Cámara de Diputados no será escenario de una embestida opositora para interpelar a Adorni: una demostración de fuerza del Gobierno, que todavía sostiene su red de alianzas, en un momento de gran debilidad política. Y, por el otro, el Senado volverá a abrir las puertas del recinto para aprobar, sin dolores de cabeza, el pliego del juez Carlos “Coco” Mahiques y el pago a dos fondos buitre.
En los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados predomina la resignación desde temprano a la mañana. Pese a la contundencia de la marcha federal en defensa de las universidades públicas, pese a la debilidad política de Javier Milei por el Adornigate, pese al nuevo recorte presupuestario anunciado vía decreto. Pese a todos estos motivos, los gobernadores y aliados del Gobierno –PRO y radicales– no estaban dispuestos a dar quórum para la sesión opositora del jueves.
La sesión había sido orquestada por un sector del bloque Provincias Unidas, que viene manteniendo una fuerte disputa interna entre el ala más dura –los socialistas, como Esteban Paulón, o los radicales díscolos, como Pablo Juliano– y el ala más blanda, comandada por la presidenta del bloque, Gisela Scaglia. Una interna que gira en torno al posicionamiento del bloque frente al Gobierno –Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro, se resiste a enemistarse abiertamente con Milei, como los cordobeses de Martín Llaryora– que llevó a que los lilitos de la Coalición Cívica rompieran con el espacio.
“Nosotros no podemos estar pintados mirando el techo y con Patricia marcando la cancha con Adorni. Podemos perder, pero al menos podemos demostrar que queremos hacer algo”, explicó uno de los impulsores de la sesión que reconocía, desde temprano, que sería difícil conseguir el mágico número de 129 para abrir el recinto el jueves a las 11. Una debilidad que fue advertida, puertas adentro, por el propio jefe del bloque peronista, Germán Martínez, que era partidario de esperar una semana más para convocar.
El problema, por un lado, son los gobernadores. Ni Pullaro, Llaryora, Raúl Jalil (Catamarca) o Marcelo Orrego (San Juan) quieren abrir un conflicto con el Gobierno, pese a que la sesión no buscaba aprobar la interpelación en sí. Sino que buscaba emplazar a las comisiones para que traten los proyectos de interpelación a Adorni: un mecanismo con el que la oposición busca compensar su minoría en las comisiones y que fue necesario durante todo el año pasado para aprobar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
El PRO, por otro lado, tampoco daría quórum para avanzar con la interpelación a Adorni. Tal como anticipó eldiarioAR, Mauricio Macri le marcó la cancha al Gobierno pero no bajó línea para colaborar con la sesión opositora. Luego de publicar un “manifiesto” cuestionando a los que “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, Macri continuó mandando mensajes envenenados al Gobierno. Pero, atento a que podría generar una rebelión interna en el bloque, no mandó a sus emisarios a dar quórum en la sesión.
Frente a este escenario, la oposición hizo cálculos y decidió postergar la sesión. A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los diputados solicitaron convocar a una nueva sesión el 20 de mayo con un temario más extenso. No solo se incluirían los proyectos de interpelación a Adorni, sino también una batería de iniciativas sociales, como la ampliación de licencias por paternidad, la creación del Programa Remediar, y el establecimiento de la gratuidad de los medicamentos para jubilados.
Del otro lado de Pasos Perdidos, el oficialismo buscará sesionar el jueves con el objetivo de salir de la parálisis legislativa que atraviesa al Gobierno desde que estalló el caso Adorni.
Una de las iniciativas a tratar será el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques (padre) está por cumplir los 75 años que lo obligan a tener que jubilarse, por lo que Mahiques (hijo) envió el pliego para que pudiera continuar como juez durante cinco años más poco después de haber asumido como ministro.
El juez de Casación Penal fue uno de los participantes del viaje a Lago Escondido que organizó el Grupo Clarín en 2022. Durante la audiencia en la comisión de Acuerdos, Mahiques intentó justificar el viaje a la estancia del empresario europeo Joe Lewis –en el que participaron también otros jueces, como Julián Ercolini, y el entonces ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro– alegando que había sido “un viaje de distracción con amigos”. Su explicación no logró convencer a los senadores del kirchnerismo, que le cuestionaron que ponía en duda su independencia, pero no generó problemas a la hora de conseguir las firmas para el dictamen.
El oficialismo se muestra confiado de que el pliego de Mahiques tendrá votos de sobra para ser aprobado. Calcula, incluso, que habrá varios votos peronistas de Unión por la Patria. “Ningún senador quiere enemistarse con el juez de Casación Penal”, suspiró, resignado, un senador cristinista.
Además del pliego de Mahiques, en la sesión se tratará un acuerdo con los fondos buitre por U$D 171 millones. La iniciativa implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada la deuda soberana nacional cuando el país entró en default en 2001. También tendrá los votos para ser aprobado.
Por último, se aprobará la prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), un mecanismo que cuenta con el apoyo en todos los bloques.
MCM/MG

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.
Francisco Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.
El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano
El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.
Con información de la agencia NA

José Rodríguez declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y sostuvo que el jefe de Gabinete se alojó en su vivienda mientras avanzaban las refacciones de su propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.
Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. Este miércoles, José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que el funcionario le pagó más de 20 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa dentro del barrio privado.
Según el testimonio, Adorni permaneció allí mientras se realizaban obras de refacción en su propia propiedad ubicada en el mismo country, en Exaltación de la Cruz.
Rodríguez explicó ante la fiscalía que la suma total corresponde a dos contratos de alquiler y una extensión informal acordada debido a demoras en la obra de remodelación de la vivienda del funcionario. La declaración quedó incorporada al expediente judicial que intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete presenta inconsistencias.
De acuerdo con lo expuesto por el propietario, el primer acuerdo se firmó en octubre de 2023 y contempló un alquiler temporario por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veraneara allí a comienzos de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.
Más adelante, según el testigo, se concretó un segundo contrato por 13.000 dólares también abonados en efectivo. Ese alquiler correspondía al período en el que el funcionario residió en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de su casa dentro del country, inmueble que, según trascendió en la causa, habría sido adquirido por 120 mil dólares.
Rodríguez agregó además que, debido a retrasos en la obra encabezada por el contratista Matías Tabar, el alquiler debió extenderse tres meses más, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.
Según el testimonio, todas las operaciones fueron realizadas en efectivo y con entrega de dinero “en mano”, alcanzando un total de 21 mil dólares.
La investigación ya había sumado previamente la declaración de Tabar, quien sostuvo que las remodelaciones realizadas en la propiedad de Adorni tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares.
Ahora, la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero (DAFI) y los investigadores judiciales analizan la documentación y los movimientos vinculados a esos pagos para determinar si las operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.
Con información de la agencia NA

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".
El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.
De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes”.
En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.
En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.
Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.
En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada.

El documento fue presentado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, luego del apoyo recibido en la 4° Marcha Federal Universitaria.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”.
Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente.
Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la “implementación inmediata” de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un “fallo definitivo a su favor” que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.
Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros.
Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.
Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país
Con información de la agencia NA