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Kicillof fustigó a Milei, tildó al fallo de Preska de "disparate jurídico" y dijo que “YPF no se vende, no se entrega y no se regala”

Kicillof fustigó a Milei, tildó al fallo de Preska de

En una conferencia de prensa, el gobernador bonaerense reivindicó su rol en la recuperación de YPF en 2012 y apuntó contra el gobierno libertario por no defender al país en la causa. La sentencia obliga a entregar el 51% de las acciones estatales como forma de pago a fondos buitre.

Axel Kicillof reapareció en escena con una extensa conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el Presidente Javier Milei por lo que calificó como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario. “Esta sentencia es un disparate jurídico”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al reciente fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos litigantes.

Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

Las acciones de YPF no se pueden entregar sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios”, enfatizó. Y agregó: “No estuvo mal hecho el proceso de recuperación de YPF. La Argentina tiene razón y está defendiendo su soberanía”.

Kicillof fue más allá en sus críticas: “Milei está alineado con los fondos buitre, no con el interés nacional. Pone en riesgo la soberanía energética y el futuro de la Argentina”. Denunció que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que no se puede ir sobre acciones estatales, por ser bienes inmunes. “Esto es una agresión a la soberanía argentina. YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, sentenció.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no siguió pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof advirtió sobre el retorno del discurso privatizador que hoy impulsa el oficialismo libertario. Lo dijo con énfasis: “Privatizar YPF fue una desgracia para la Argentina, y eso es lo que algunos sectores vuelven a proponer como receta mágica para todos los problemas”. Y enseguida, apeló a la memoria histórica: “Hay que recordar cómo terminó esa historia: con la pérdida del autoabastecimiento, el colapso de las reservas y una empresa saqueada”.

Luego apuntó directo al corazón del modelo de negocios que impuso Repsol durante su control de la petrolera: “Repsol vació YPF, pero sacó ganancias extraordinarias. Entre 1997 y 2010 distribuyó dividendos por US$14.000 millones, más de lo que pagó para quedarse con la compañía. El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”.

Kicillof recordó sus diálogos con el entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, cuando él era viceministro de Economía: “Cuando se le planteó la urgencia de invertir, la respuesta fue: 'esto es una empresa privada, hagan otra cosa'. Ahí comprendimos que la única salida era recuperar el control de la compañía para ponerla al servicio del desarrollo nacional”.

Con gesto didáctico, explicó que la ley de expropiación aprobada en 2012 “no hablaba de las acciones individuales sino del control accionario”. Y remarcó que “por eso se expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Esa fue la base legal de toda la operación y fue respaldada por el Congreso con una mayoría amplísima”.

También hubo lugar para volver sobre el abandono de Vaca Muerta durante la gestión privada. “Repsol no invirtió un solo dólar en Vaca Muerta”, recordó. Y graficó: “Solo quería vender pedazos del yacimiento en presentaciones internacionales. Sin la recuperación de YPF, ese recurso estratégico seguiría dormido”.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.

Una ley del Congreso

Al responder preguntas de periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Milei apele la sentencia, Kicillof aclaró que aún si quisiera entregar las acciones de YPF, no podría hacerlo sin una ley del Congreso. “Las acciones de YPF solo pueden disponerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso Nacional”, explicó. Y agregó que el 49% del paquete accionario está legalmente asignado a las provincias argentinas, por lo cual “ni siquiera se trata de un patrimonio exclusivo del Estado nacional”.

Frente a una pregunta sobre el impacto del fallo en la vida cotidiana de los argentinos, el gobernador fue tajante: “La intención del Gobierno es privatizar YPF, pero ni siquiera bajo las formas legales, sino entregarla por la ventana, a través de una sentencia que no corresponde”. Advirtió que la entrega del control de la empresa estatal por esta vía es aún más grave que las privatizaciones de los años noventa y que representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.

En otro pasaje, Kicillof advirtió sobre la posibilidad de una apelación “cosmética” por parte del Ejecutivo: “Si el Presidente dice que va a apelar pero en público le da la razón al fondo buitre, ¿a quién está defendiendo?”. Denunció una contradicción en el discurso oficial y cuestionó la idoneidad del Procurador del Tesoro: “Este juicio es el más importante que enfrenta la Argentina, y el abogado del Estado fue alguien vinculado a los demandantes. Es un escándalo”.

El cierre fue enfático. “YPF no se vende. Y menos aún se regala”, dijo Kicillof. Y responsabilizó directamente a Milei: “Está poniendo en riesgo la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, una compañía que permitió recuperar el superávit energético y activar Vaca Muerta”. También anunció que desde su fuerza política impulsarán investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y los fondos buitre.

JJD

El Gobierno le pidió a la jueza Preska suspender el fallo por YPF

El Gobierno le pidió a la jueza Preska suspender el fallo por YPF

En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días.

La República Argentina le pidió este martes a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron la demanda.

En una carta enviada a la magistrada, el gobierno del presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días.

En su presentación, la Argentina destacó que el gobierno estadounidense ha apoyado su postura y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.

Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.

Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla. Además, le recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión.

“La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril.

Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.

La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes cercanas a la Casa Rosada.

La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de “cumplimiento imposible”.

“No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, dijo una fuente oficial.

MM con información de la agencia NA.

El dólar saltó a $1.235 y marcó un récord tras el revés judicial contra la Argentina por YPF

El dólar saltó a $1.235 y marcó un récord tras el revés judicial contra la Argentina por YPF

Hay señales de fatiga en la economía. El aumento en las cotizaciones y los desequilibrios en el frente externo y laboral generan dudas sobre la sostenibilidad del modelo económico.

El dólar minorista subió este martes $20 y se vendió a $1.235 en el Banco Nación. En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.225, diez pesos por encima del cierre previo. En el segmento financiero, el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.216 y el MEP alcanzó los $1.211. El tipo de cambio mayorista marcó un récord histórico al subir $17 y cerrar en $1.222.

La suba generalizada de las cotizaciones llegó tras el fallo adverso para YPF, y en un contexto de creciente incertidumbre sobre el rumbo de la economía. Aunque los primeros meses del año mostraron una reacción positiva de la actividad, impulsada por el consumo privado y el turismo, los analistas advierten que esos motores empiezan a debilitarse.

La inflación a la baja es el mayor logro económico del oficialismo, pero su sostenibilidad está en tela de juicio. La reaparición del déficit de cuenta corriente, el estancamiento del empleo formal y la fragilidad en la acumulación de reservas dibujan un panorama menos auspicioso. El tipo de cambio, si bien sigue contenido dentro de la banda, ya muestra signos de atraso respecto al equilibrio proyectado.

La estrategia oficial prioriza la estabilidad de precios por sobre el crecimiento. La tasa real de interés supera el 10% anual, lo que encarece el crédito y limita el consumo y la inversión privada. Esta decisión, aunque efectiva para contener la inflación, corre el riesgo de enfriar la economía antes de consolidar la recuperación del empleo.

El consumo, principal tracción del rebote inicial, empieza a agotarse. A la caída de los salarios reales en marzo y abril, se suma el estancamiento del ingreso disponible y el aumento de costos en salud, educación y servicios. El turismo y la importación de bienes actúan como escape del gasto interno, afectando la balanza de servicios.

El déficit de cuenta corriente en el primer trimestre fue de US$5.200 millones, el doble de lo previsto por el FMI. El superávit comercial se redujo a US$2.100 millones, mientras que el déficit en servicios alcanzó los US$4.500 millones, el peor desde 2006. El turismo explicó el 75% de ese rojo. También se sumó un déficit por intereses de deuda de US$3.300 millones.

En el frente laboral, la tasa de empleo se estancó y el desempleo subió a 7,9%. El empleo asalariado formal cayó al 32,3% y el cuentapropismo informal creció al 18,7%, lo que limita el potencial del consumo interno como motor de crecimiento.

El tipo de cambio también muestra señales de presión. En mayo, el Banco Central vendió casi US$2.000 millones en futuros. Aunque en junio se moderó, el tipo de cambio real está por debajo del nivel de equilibrio estimado en $1.315 para mediados de 2026, lo que implica una apreciación del 10%.

Para sostener reservas, el Tesoro concretó operaciones como el Bote 2030 por US$1.500 millones y un REPO por US$2.000 millones. En la última semana de junio, compró US$200 millones, una cifra alentadora pero insuficiente para revertir la tendencia.

La credibilidad del programa económico se juega en la capacidad de mantener la estabilidad sin sacrificar la inversión y el empleo. Si no lo logra, el mercado podría anticipar una corrección cambiaria más agresiva en los próximos meses.

JJD

Una jueza de Estados Unidos le ordena a la Argentina entregar el 51% de YPF a los fondos demandantes

Una jueza de Estados Unidos le ordena a la Argentina entregar el 51% de YPF a los fondos demandantes

El gobierno de Milei, que nunca puso las garantías para apelar el fallo contra la expropiación, ahora deberá recurrir a un tribunal superior para evitar la cesión de las acciones de la petrolera. El procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, a cargo de la defensa del Estado, fue socio de un abogado que defendió a uno de los litigantes, Burford Capital.

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó este lunes que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Pero no todo está perdido. La decisión puede ser apelada ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.

Entonces, los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE UU a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión de este lunes.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Finalmente, ganaron el caso en el juzgado de Preska, pero hay dos apelaciones vigentes y si se retruca la entrega de acciones de la petrolera, habrá tres.

La pregunta es quién defiende los intereses de la Argentina. La representación está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Quién está a su cargo? El abogado Santiago Castro Videla. Viene de trabajar en un estudio propio, Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde uno de los socios, Alberto Bianchi, asesoró a Burford en este juicio de YPF.

AR/JJD

Milei culpó a Kicillof por el fallo en Nueva York pero no dijo por qué su Gobierno no presentó garantías para apelar

Milei culpó a Kicillof por el fallo en Nueva York pero no dijo por qué su Gobierno no presentó garantías para apelar

El Presidente responsabilizó con insultos al gobernador bonaerense por la condena a la Argentina, pero no explicó por qué su administración desprotegió la apelación del fallo, permitiendo que se ordenara la entrega del 51% de YPF a fondos buitre.

Javier Milei eligió una vez más Twitter para expresarse sobre un tema de alta sensibilidad institucional. La excusa fue el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de YPF como forma de pago a fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012. Fiel a su estilo iracundo y eligiendo a quién culpar, esta vez insistió en su blanco predilecto en este 2025 electoral, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía que decidió, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la compañía hidrocarburífera a la española Repsol.

“El inútil soviético de Axel Kicillof”, lo llamó Milei en su mensaje. Lo responsabilizó de manera directa por la situación actual, sin matices ni contexto, y prometió apelar el fallo “en todas las instancias que corresponda”. Sin embargo, el mensaje omitió un detalle fundamental: el Gobierno libertario no presentó en enero las garantías necesarias para que la apelación iniciada por Alberto Fernández pudiera avanzar. Esa omisión procesal habilitó a los fondos litigantes, Burford Capital y Eaton Capital, a pedir la ejecución del fallo de Preska, que ahora incluye la entrega de las acciones estatales de YPF.

El tuit de Milei evita explicar por qué su Gobierno dejó desprotegida la estrategia judicial. Tampoco dice que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en favor de la Argentina en esta causa, ni menciona que el encargado de defender al Estado argentino, Santiago Castro Videla, fue socio en un estudio de abogados donde uno de sus integrantes representó a Burford en el mismo juicio.

El Presidente repite que “avisó” sobre Kicillof, al que llama “pelotudo”, como si la política internacional y los litigios millonarios pudieran zanjarse con exabruptos. Pero la realidad es más incómoda: la Argentina enfrenta una condena por US$16.000 millones, y su administración dejó pasar la oportunidad de sostener una defensa firme. El default procesal en enero fue una decisión del actual gobierno, no del anterior.

El juicio en cuestión se originó por la “argentinización” de YPF promovida en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permitió al Grupo Petersen adquirir un 25% de la compañía sin poner un peso, prometiendo pagar con futuras ganancias. En 2012, ya sin Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó la empresa. El corte de dividendos hizo que los Eskenazi no pudieran seguir pagando su parte y los derechos de litigio quedaron en manos de fondos buitre.

No se trata solo de la “imbecilidad de Kicillof”, como dice Milei, sino de una cadena de decisiones políticas y financieras con consecuencias complejas. Y la más reciente de ellas —la falta de garantías procesales en enero de 2024— corresponde íntegramente a la gestión libertaria. El insulto no borra el expediente.

JJD