Tres Hermanos Quetrequen

Noticias de La Pampa

Nueva derrota legislativa del Gobierno: la oposición dictamina la emergencia en el Garrahan

El Gobierno recibió la primera estocada de la semana: un dictamen unificado de la oposición para declarar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan. La Libertad Avanza quedó en la más absoluta soledad, ni los aliados del PRO o los radicales con peluca se animaron a firmar el dictamen de rechazo. Abandonado a su debilidad parlamentaria, que no para de generarle agujeros en la gobernabilidad, Javier Milei apuesta todo o nada al veto presidencial (y a su capacidad para blindarlo, sea con recursos o con alianzas electorales, cuando llegue el momento).

“Garrahan, Garrahan”, cantaron los diputados de la oposición cuando aparecieron las firmas para el dictamen. Escoltados por un grupo de médicas del hospital, que siguieron todo el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados desde un costado, sosteniendo carteles que decían “Somos residentes, no becarios”, la oposición había conseguido 61 firmas para construir un dictamen casi unánime que declara la emergencia pediátrica y que obliga al Gobierno a recomponer los salarios de los profesionales del Garrahan.

Fue una nueva demostración de fuerza de la oposición, que aprovechó el malestar de los gobernadores con Milei para arrinconar al oficialismo y exponerlo como el único bloque que se había manifestado en contra de garantizar el financiamiento del Garrahan. El dictamen sumó las firmas del peronismo, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre, el pichettismo de Encuentro Federal e, incluso, de las misioneros y salteños de Innovación Federal.

Horas antes de que se reuniera el plenario, el Gobierno se comunicó con Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) para intentar convencerlos de que no acompañaran el dictamen. Pero no hubo manera: si bien Sáenz se había reunido el día anterior en Casa Rosada con Karina Milei, los gobernadores están en pie de guerra con el Gobierno. “Ellos ya definieron que van a jugar solos en todas las provincias, ahora la discusión es por los recursos”, admitió un diputado que responde a un gobernador norteño, dando a entender que el Gobierno no planeaba dar marcha atrás en su estrategia electoral de jugar solo en las provincias.

La estrategia de Karina, y su operador Lule Menem, de no negociar listas conjuntas con los oficialismos provinciales está poniendo en peligro la relación del Gobierno con los aliados. Primero con los gobernadores, que comienzan a mostrarse cada vez más interesados en plegarse a las estrategias opositoras. Pero, luego, a su vez, con los aliados radicales y del PRO que, molestos por las dinámicas de los cierres electorales, no salieron en respaldo del oficialismo por el tema Garrahan.

El radicalismo de Rodrigo de Loredo, por ejemplo, firmó un dictamen de minoría junto a la chubutense Ana Clara Romero (PRO) y la lilita Paula Oliveto (CC) que es casi idéntico al de la multipartidaria opositora. Solo se diferencia en un aspecto: el rechazo a la inclusión de un artículo que propone la disolución de la resolución del ministro de Salud, Mario Lugones, que modifica y flexibiliza el sistema de residencias médicas.

Este punto, que fue incluido a último momento por Victoria Tolosa Paz (UxP), es debatido por algunos sectores de la oposición que consideran que podría derivar en una judicialización de la ley. ¿El motivo? Que incluye una modificación de una resolución gubernamental en el cuerpo de una ley que refiere a otro tema.

Por fuera de las diferencias técnicas, sin embargo, la oposición sí logró que LLA quedara sola peleando con el Garrahan: solo el oficialismo firmó un dictamen de rechazo al proyecto. “¿Nadie se pregunta por qué los niños tienen que seguir viajando miles de kilómetros? Hablo de provincias que no tienen ni para hacer un fondo de ojos, háganse cargo de lo que hace el populismo”, cuestionó, a los gritos, la libertaria Carolina Píparo.

Fue la única intervención en contra del proyecto que hubo en todo el debate, y terminó siendo abucheada por las médicas presentes. El PRO bullrichista y los radicales con peluca, en cambio, optaron por no decir ni firmar nada.

Garrahan y universidades: nuevo desafío opositor

Dictaminado el proyecto del Garrahan, la oposición trabaja ahora para darle media sanción en la Cámara de Diputados. El objetivo es aprovechar la debilidad coyuntural del gobierno, y es por eso que las embestidas opositoras son una carrera contra el tiempo: nadie sabe qué estará dispuesto a ofrecer Milei cuando llegue agosto y comience la campaña electoral nacional.

Hay una discusión dentro de la oposición. Un sector reclama aprovechar el empujón de la agenda y convocar una sesión para la semana que viene para aprobar la emergencia en el Garrahan y la actualización presupuestaria de las universidades nacionales, que conseguirá dictamen por la tarde. “Es ahora o nunca, si no perdemos timing”, argumenta una diputada peronista, que se queja: “Falta mucho para agosto”.

La queja es porque varios diputados argumentan que, por el receso invernal, muchos representantes provinciales no podrán –o querrán–viajar, lo cual podría dificultar el momento de conseguir el quórum. Por eso proponen sesionar en agosto. Puertas adentro, sin embargo, empieza a ganar terreno la posibilidad de convocar lo antes posible.

Más de uno mira con atención, incluso, lo que sucederá el próximo jueves en el Senado. Si la Cámara alta aprueba los proyectos de reparto de recursos de los gobernadores -que proponen coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, así como distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN)-, quedará abierta la posibilidad para sancionarlo en la Cámara de Diputados la semana siguiente. Y asestarle, así, una derrota completa al Gobierno.

MC/MG

Salud: el Gobierno creó un organismo para centralizar las gestiones de hospitales nacionales

El Gobierno dispuso en las últimas horas la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, con el objetivo de centralizar las gestiones de hospitales nacionales.

En ese sentido, la ANES “unifica la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS”.

Asimismo, se aclaró que “cada hospital mantiene su especialidad médica, estructura asistencial y conducción profesional” y “se mejora la trazabilidad del gasto, se ordenan procesos de compra y licitación, y se profesionaliza la gestión hospitalaria”.

“No se crean nuevas estructuras: se unifican cinco estructuras existentes bajo una sola administración”, remarcó el Gobierno.

“La medida responde a irregularidades detectadas en auditorías del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales y la transformación abarca a más de 7.500 trabajadores y un presupuesto anual superior a los 267 mil millones de pesos”, precisaron.

Además, se aclaró que este cambio “no afecta a los hospitales SAMIC, cuya gestión es compartida con otras jurisdicciones”.

Este cambio se da en el marco de un “profundo reordenamiento en el sistema sanitario”, en el que se explicó que “se reorganizan estructuras jurídicas, administrativas y de gestión, para garantizar mayor eficiencia, control del gasto público y articulación real con las provincias”.

“Muchas de las estructuras que se eliminan o transforman carecían de operatividad o duplicaban funciones con otras dependencias consolidadas”, añadió la cartera sanitaria que encabeza Mario Lugones.

“Salud da de baja un organismo que sólo existía en los papeles”

El Ministerio de Salud decidió “disolver el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado”.

“Durante más de ocho años, el organismo existió solo en los papeles, sin estructura, personal ni presupuesto. A pesar de ello, su existencia nominal suponía una carga administrativa y normativa innecesaria, que contribuía a la fragmentación institucional y al desorden del sistema de salud”, remarcó la cartera sanitaria.

En otro orden, “se oficializó la transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio de Salud, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria”.

“Con esta decisión, el Estado Nacional refuerza la capacidad técnica del Ministerio en materia oncológica, evitando duplicaciones administrativas y permitiendo una mayor articulación entre las estrategias de prevención, tratamiento, investigación y acceso a medicamentos para el cáncer, todo bajo un mismo mando. El INC ya venía funcionando con personal, presupuesto y líneas de trabajo operativas dentro del Ministerio”, precisó la cartera.

Y añadió: “La medida no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión”.

“Esta transformación había sido anticipada públicamente en abril de este año y forma parte del proceso de modernización institucional en curso. La nueva estructura garantizará una conducción técnica más ordenada, con objetivos concretos y seguimiento permanente desde el nivel central”, indicó el Ministerio de Salud.

Con información de agencias.

IG

La SIDE bajo la lupa: alerta en el Congreso por una red paralela de poder en el corazón del mileísmo

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad

Javier Milei perdió el control del Congreso. El malestar de los gobernadores por la falta de respuesta de la Casa Rosada, a la que acusan de tratar por igual a los amigos que a los enemigos, amenaza con implosionar este jueves en el Senado. La oposición se prepara para convocar una sesión con un paquete de leyes sensibles para el Ejecutivo, y no hay mucho que el oficialismo pueda hacer: Victoria Villarruel se niega a convocar, pero la oposición ya le advirtió que, si se resiste, ellos se autoconvocarán solos y avanzarán a la fuerza. Y cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto para hacerlo.

El caballito de batalla son los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron la semana pasada a modo de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. El paquete, que fue rubricado con la firma de todos los jefes provinciales, pretende obligar al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional, los recursos de varios fondos fiduciarios y, a su vez, una parte importante de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

Era un mensaje de los aliados al Gobierno: si Milei continuaba amarreteando recursos y lugares en las listas, los gobernadores buscarían nuevos aliados para asegurarse la supervivencia de sus cuentas públicas.

El malestar venía gestándose ya hace varias semanas, pero, para muchos, el derrumbe de la alianza electoral en Corrientes entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza fue un punto de quiebre. El problema no era solo que el Gobierno pasaba la motosierra por los aportes en obra pública, transporte y educación, sino que, además, les armaba listas competitivas en sus provincias, en donde los mandatarios buscaban retener el control de la gestión. Y el fracaso de la alianza electoral en Corrientes, en donde el oficialismo radical venía funcionando como aliado clave del Gobierno en el Congreso, terminó disparando las alarmas del resto de los mandatarios.

“Nosotros jugamos bien y acompañamos, pero después nos dejan solos”, masculla un legislador provincial que funcionó, hasta la semana pasada, como uno de los más fieles aliados del Gobierno. La gobernabilidad de Milei empieza a verse afectada por la mala praxis política de los estrategas del Gobierno, y los gobernadores que, hasta hace un par de semanas, se ordenaban con una promesa de Guillermo Francos, hoy exigen respuestas concretas. Exigen recursos, y están decididos a dar una demostración de fuerza.

Fue el senador salteño Juan Carlos Romero quien anticipó la voluntad de guerra de los gobernadores. “Apoyo el proyecto impulsado por los gobernadores para redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Este tipo de reforma buscan mejorar la institucionalidad, garantizar la transparencia y asegurar que cada provincia reciba lo que le corresponde, sin arbitrariedades”, tuiteó, el lunes a la tarde, el alfil del oficialismo, anticipando que hasta el soldado más fiel de Casa Rosada estaba dispuesto a llevar el paquete de medidas al recinto y aprobarlo sobre tablas.

El apoyo de Romero, sin embargo, no es sólo simbólico. Es también numérico. Porque los gobernadores necesitan sumar dos tercios del recinto —es decir, 48 senadores— para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Esto es así porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y el reglamento exige una mayoría especial para aprobarlos.

Con el apoyo del peronismo y todos los mandatarios provinciales, sin embargo, el Gobierno dará la pelea en soledad: se espera que todos los senadores, excepto los seis senadores del bloque libertario, acompañarán el proyecto de los gobernadores.

La contraofensiva de Villarruel

Mientras los gobernadores juegan su partida de tira y afloje con el Ejecutivo nacional, el peronismo tiene otro objetivo en mente: avanzar con la sanción del incremento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La bancada que lidera José Mayans pretende ponerle fin a la rebelión que inició la semana pasada, cuando autoconvocó la comisión de Presupuesto para dictaminar los proyectos que ya habían sido aprobados en Diputados: uno que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, otro que incrementa a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, y otro que sanciona una nueva moratoria previsional. Dado que el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, venía durmiendo la comisión para boicotear los temas, la oposición decidió juntar quórum y convocarla por su cuenta para dictaminar.

El peronismo logró el número, entonces, con la ayuda de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Y espera volver a contar con su apoyo para sancionar las iniciativas este jueves en el recinto.

Frente a la avanzada opositora, Villarruel apeló a la única herramienta que le queda: la discusión reglamentaria. Fue así que, el lunes, cuando la oposición ya comenzaba a barajar borradores de notas para recordarle que el jueves habría sesión, la oficina de la vicepresidenta avanzó con una advertencia: si la oposición quería sancionar los proyectos sociales, debería conseguir una mayoría de dos tercios porque ella no reconocía la validez de los dictámenes.

“No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo”, argumentó Villarrruel, a través de una nota de la Secretaría Parlamentaria.

Villarruel pretende, así, forzar una discusión reglamentaria que debilite a la oposición, que no tiene garantizados los dos tercios para aprobar los proyectos sociales. En el peronismo, sin embargo, le quitaron valor a la estrategia de Villarruel: “Es un problema de ella, ella no interpreta el reglamento. Si la mayoría de la comisión dice que la reunión es válida, es válida”, zanjó la discusión un alfil del peronismo.

La oposición huele la debilidad del Gobierno, y quiere sangre.

MC/JJD

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,1%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en junio fue de 2,1% y se aceleró respecto a mayo cuando había sido de 1,6%, según datos del Instituto de Estadística de la Ciudad. De esta forma, el costo de vida en el primer semestre aumentó 15,3%. En comparación con junio de 204 la suba de precios fue de 44,5%.

El alza estuvo impulsada por servicios financieros (3,5%), vivienda (3,1%) y transporte (3,1%). Los alimentos subieron en el mes 1,6%.

El incremento había sido anticipado por las consultoras privadas y es un mal antecedente para la inflación a nivel nacional que se conocerá el próximo lunes 14.

Si bien los servicios financieros fueron los de mayor aumento, por la incidencia en los presupuestos el impacto mayor fue el aumento de 3,1% en los gastos en el mantenimiento de la vivienda. Este salto fue producto de las actualizaciones en servicios públicos y alquileres.

El 3,1% de alza en transporte surge por los ajustes en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los pasajes aéreos.

Los gastos en salud se elevaron 2,6%, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En lo que refiere a la educación, el aumento en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, a partir de los incrementos que se autorizaron en las mensualidades de los colegios privados.

Según la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos en el distrito aumentaron 1,6%. Este incremento se dio a partir de subas de 1,8% carnes, 2,4% en panificados, y 1,1% en lácteos. En sentido contrario, las caídas en verduras, tubérculos y legumbres (-1,4%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron un alza de 2,9%, igual al incremento que se produjo en recreación en cultura.

A diferencia de meses anteriores, la indumentaria se mantuvo prácticamente estable con un leve alza de 0,3%.

En la división por bienes y servicios, los incrementos fue de 1,4% y 2,6% respectivamente.

En otras de las divisiones, los precios estacionales subieron 1,2% y los regulados 2,4%.

Con información de la agencia NA