San Fernando

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En el Gobierno ya presionan al Congreso por el "súper-RIGI" y no descartan que sirva para el desembarco de Palantir

Un silencio sugestivo quedó anoche en el aire del streaming Carajo cuando el Daniel Parisini -el Gordo Dan- le preguntó a Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro Luis Caputo, si puntualmente el “Súper-RIGI” que anunció Javier Milei servirá para atraer a la empresa de cruce de datos, tecnología militar y videovigilancia Palantir, del magnate Peter Thiel. “Sí, por supuesto”, se lo escuchó al funcionario entre dientes cuando fue rescatado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sentado a su lado: “Es una pregunta muy micro”.

La escena que ocurrió en el programa Tres Anclas, al que suele ir el ministro, reveló uno de las aristas más polémicas que ya despierta el proyecto de ley anunciado este jueves por el Presidente, pero del cual se desconoce la letra. elDiarioAR anticipó ayer que la iniciativa parece estar pensada para permitir el desembarco de la compañía del tecnofascista Thiel, así como de otras empresas tecnomilitares de Estados Unidos.

Hay señales de que firmas como Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing podrían ser tentadas por el Gobierno. El Gordo Dan mencionó anoche a Anthropic, la dueña de la Claude AI y Núñez avaló esa posibilidad.

“La IA si puede venir a la Patagonia”, expresó el asesor de Economía, que evitó dar detalles de la consulta de Dan y se fue por la tangente: “Autos eléctricos va de cajon, también barcos o aviones. Y habrá un montón de sectores que no sabemos”.

Sin conocerse el proyecto formal, Núñez confirmó que fue pensado por “Toto” Caputo y ya presionó a los alidos en el Congreso para que avance la ley. “Le digo a los legisladores y gobernadores que se pongan al frente”, apuró, pese a que el oficialismo tiene actualmente otros proyectos parlamentarios totalmente parados por la desconfianza que tienen los dialoguistas con el Gobierno a partir del escándalo que envuelve a Manuel Adorni. Iniciativas como los pliegos judiciales, la reforma electoral para eliminar las PASO o la ley de Hojarasca están en un limbo parlamentario sin fecha de concreción.

Núñez dijo que el “súper-RIGI ”va a constar de una serie de beneficios que serán mejores que el RIGI original para sectores que no están en Argentina“ y planteó que ”no va a haber distorsión en la recaudacion ni competencia desleal porque son industrias que no compiten con nadie“.

El RIGI actual es para inversiones de más de 200 millones de dólares en la industria forestal, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, petróleo y gas y siderúrgica a cambio de beneficios fiscales e impositivos por 30 años.

Una pista sobre la posibilidad de que firmas como Palantir, Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing sean atraídas por el “súper-RIGI” en desembarcar la dio el libertario Nicolás Promanzio, quien tiene un programa sobre defensa y seguridad también en el streaming libertario Carajo, donde además de Dan está vinculado el asesor Santiago Caputo.

Las empresas tecnomilitares

Palantir, la empresa fundada por Thiel, se especializa en integrar gigantescas bases de datos para tareas de inteligencia, seguridad y defensa. Sus plataformas son utilizadas por agencias militares y de inteligencia estadounidenses, fuerzas policiales y gobiernos occidentales. En los últimos años también se expandió hacia aplicaciones comerciales y de inteligencia artificial generativa. En concreto, operadores de Palantir llegaron a manejar drones suicidas o con misiles en operativos militares en Medio Oriente.

Anduril Industries es una de las startups de defensa más cotizadas de Estados Unidos. Fundada por Palmer Luckey —creador de Oculus VR—, desarrolla drones autónomos, sistemas de vigilancia fronteriza y plataformas militares basadas en inteligencia artificial.

Shield AI trabaja en pilotos autónomos para aeronaves militares y drones de combate. Northrop Grumman es uno de los gigantes históricos del complejo militar-industrial norteamericano y fabricante, entre otros sistemas, justamente del B-2 Spirit mencionado por Milei. Boeing, además de su negocio aeronáutico comercial, es uno de los mayores contratistas de defensa del Pentágono.

“Yo creo que falta confianza en la política”, dijo Núñez sobre la viraje que está adoptando el Gobierno hacia sectores industriales poco convencionales, como la IA. Prometió que la iniciativa atraería “la inversion de nuevas industrias y que haya más trabajo” y resaltó que el el libertario busca “un modelo economico centrado en la inversión y en la exportación, que de a poco va a ir llegando a toda la economía”.

MC

Milei reúne otra vez al gabinete en medio de la crisis por Adorni y la presión interna de Bullrich

Luego de un mes sin reuniones ampliadas de gabinete, Javier Milei volverá a reunir este viernes, desde las 14, a todos sus ministros en la Casa Rosada, en medio de uno de los momentos más delicados para el oficialismo desde el inicio de la gestión. El encuentro llegará después de una semana atravesada por la profundización de la crisis política alrededor de Manuel Adorni, nuevas revelaciones judiciales sobre su patrimonio y un creciente malestar interno que ya empieza a aflorar entre funcionarios y dirigentes libertarios.

La reunión tendrá lugar apenas horas después del regreso de Milei de Estados Unidos, a donde viajó para participar de la Conferencia del Instituto Milken. La foto del Presidente antes de partir, mostrándose junto a Adorni durante una reunión con autoridades de B’nai B’rith Internacional, fue interpretada dentro del Gobierno como un gesto explícito de respaldo político a su jefe de Gabinete en medio de la tormenta judicial. Ese respaldo volvió a quedar expuesto el miércoles por la noche, cuando Milei defendió públicamente a Adorni en LN+ y descartó de plano pedirle la renuncia. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba desplazarlo del cargo. Pero el blindaje presidencial convive con un clima cada vez más espeso puertas adentro de la Casa Rosada.

En el Gobierno creían, hasta comienzos de esta semana, que la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes podía funcionar como un punto de inflexión para empezar a retomar una cierta normalidad política. El jefe de Gabinete había vuelto a exponerse públicamente después de semanas de silencio, en una aparición diseñada para intentar descomprimir la crisis y ordenar la agenda oficial. Pero ese mismo día, casi en simultáneo, se conoció la declaración judicial del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El testimonio, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, volvió a quemar los papeles dentro del oficialismo y reactivó la sensación de que el caso está lejos de estabilizarse.

La última reunión formal de gabinete tuvo lugar hace exactamente un mes. Desde entonces, la dinámica política del oficialismo quedó concentrada en encuentros más reducidos y reservados de la denominada “mesa política”, donde participan desde la secretaria general Karina Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hasta el asesor Santiago Caputo y la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros integrantes. En esos encuentros se discutió principalmente el frente legislativo, el avance de las reformas económicas y el impacto político que empezó a generar el caso Adorni sobre el conjunto de la gestión.

Presión bullrichista

La tensión interna fue escalando al ritmo de la causa judicial. El disparador más reciente fue precisamente la declaración de Tabar en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo. La cifra mencionada por el contratista no solo desbordó el valor original de compra del inmueble, sino que terminó de instalar en la Casa Rosada la sensación de que el caso dejó de ser un problema estrictamente mediático. En el oficialismo ya no discuten solamente si Adorni puede sostenerse judicialmente. Empiezan a preguntarse cuánto más puede resistirse políticamente. Y ahí aparece uno de los focos más sensibles del conflicto interno: Patricia Bullrich.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado viene transmitiendo desde hace semanas su malestar por el impacto del caso sobre la agenda legislativa. En la última reunión ampliada de gabinete, delante del propio Milei y de Karina Milei, le lanzó una frase que todavía recuerdan varios ministros: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. La escena dejó al descubierto algo que hasta entonces se comentaba solo en voz baja: que una parte importante del gabinete considera que la permanencia de Adorni se convirtió en un obstáculo político para el Gobierno.

Bullrich no solo reclamó explicaciones internas. También salió a hacerlo en público. En declaraciones televisivas, la senadora planteó que Adorni debía mostrar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos, en referencia a la presentación de su declaración jurada y a las inconsistencias que distintos sectores opositores y judiciales empezaron a señalar. “Si él dijo que tiene todo probado, bueno, esa prueba tiene que ser inmediata”, advirtió.

El lunes pasado, después de la declaración de Tabar, Bullrich había vuelto a insistir. “Javier, yo vengo de varios gobiernos que han fracasado y cuando un ministro no termina de explicar todo lo mejor es esperar a la Justicia”, le dijo ese día al Presidente, según reconstrucciones de distintas fuentes oficiales. La frase sintetiza una discusión que empieza a atravesar al oficialismo: hasta dónde conviene sostener a un funcionario cuya situación judicial amenaza con contaminar el resto de la gestión.

“Las negras también juegan”, repiten por estas horas en el entorno de Bullrich, usando una metáfora ajedrecística para describir el clima interno del Gobierno. La frase alude a algo que empieza a cambiar en sectores del oficialismo: la decisión de dejar de aceptar pasivamente cada movimiento del karinismo. “Ahora vamos a esperar. Hay una dinámica de subordinación o exterminio que no va más”, deslizó un dirigente de su cercanía, tal como publicó Mauricio Caminos, en referencia al malestar creciente dentro del gabinete por el blindaje político a Adorni.

El avance de Bullrich sobre el caso Adorni también reactualizó una desconfianza que Karina Milei arrastra desde el verano, cuando la senadora hizo alarde en público de haber sido la principal artífice de la aprobación de la reforma laboral en el Senado. En el karinismo interpretaron aquella movida como un intento de capitalización política individual sobre una de las principales apuestas legislativas del Gobierno. Desde entonces, el vínculo quedó atravesado por recelos que nunca terminaron de disiparse.

Gestión en vilo

El malestar puertas adentro del Gobierno no se limita a Bullrich. En el área económica también empezaron a encenderse alarmas. Toto Caputo dejó trascender en distintas reuniones de mesa política su preocupación por el impacto que el escándalo puede tener sobre la credibilidad del Gobierno y, con ella, sobre el programa económico. En el Palacio de Hacienda creen que la acumulación de ruido político complica la posibilidad de consolidar confianza en los mercados y de seguir bajando el riesgo país, uno de los objetivos centrales del oficialismo para los próximos meses.

La discusión de fondo empieza a dividir al Gobierno en dos interpretaciones distintas sobre el rol de Adorni. Una parte del oficialismo lo ve todavía como un pararrayos útil, alguien que concentra sobre sí mismo el desgaste político mientras el Gobierno intenta preservar la centralidad de la agenda económica. Pero otra parte empieza a sospechar que el efecto puede ser exactamente el contrario: que el caso termine erosionando la estabilidad política que el propio plan económico necesita para sostenerse.

Pese a todo, Milei y Karina Milei mantienen, por ahora, la decisión de sostenerlo. “No vamos a entregar a nadie”, le escucharon decir al Presidente en conversaciones privadas recientes. En el entorno presidencial creen que la velocidad con la que avanzó la investigación judicial forma parte de una operación orientada a desgastar políticamente al Gobierno. Esa lectura explica el nivel de blindaje que recibió Adorni durante las últimas semanas, tanto en su informe de gestión del 29 de abril como en las sucesivas apariciones públicas junto al Presidente.

Pero el respaldo ya no luce tan sólido como antes. Incluso dentro del karinismo admiten que el desgaste existe y que el caso empezó a paralizar áreas sensibles de la gestión. Muchos ministros evitan confrontar directamente con los hermanos Milei, sobre todo con Karina, pero el malestar se acumula en silencio. Algunos cancelan entrevistas para evitar preguntas sobre Adorni. Otros directamente dejaron de exponerse públicamente.

La reunión de gabinete de este viernes servirá, en ese contexto, para medir hasta dónde llega realmente el respaldo político al jefe de Gabinete y cuánto ruido interno empieza a generar su permanencia. Nadie espera una definición inmediata. Pero sí una foto más clara sobre el estado de ánimo del oficialismo en medio de una crisis que, lejos de apagarse, sigue creciendo con cada nueva revelación judicial.

PL/CRM

Karina Milei desembarcó en San Juan sin Adorni y con nuevos roles en la mesa de poder libertaria

Mientras Javier Milei emprende su viaje de vuelta a la Argentina tras su visita fugaz a los Estados Unidos, donde participó de la Conferencia del Instituto Milken, Karina Milei encabezó este jueves en San Juan una cumbre política y empresarial que dejó varias lecturas dentro del oficialismo. La más evidente fue una ausencia. No estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habitual integrante de las recorridas y reuniones políticas del karinismo hasta antes del estallido de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo presión desde hace dos meses.

La secretaria general arribó a las 10.30 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y fue recibida por la ministra provincial Laura Palma. Desde allí partió hacia el departamento Sarmiento para recorrer las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en la localidad de Los Berros, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego. La actividad formó parte de la agenda organizada alrededor de la Expo San Juan Minera y de las celebraciones por el Día de la Minería, uno de los sectores estratégicos para el Gobierno en su búsqueda de dólares e inversiones.

La comitiva recorrió los hornos industriales, la planta fotovoltaica y distintas áreas del complejo ubicado en Divisadero, antes de continuar con actividades en Pocito y un almuerzo protocolar en Energía Provincial Sociedad del Estado. Pero más allá de la agenda minera, el viaje tuvo una dimensión política evidente. Karina Milei se mostró rodeada por funcionarios que, dentro y fuera del Gobierno, empiezan a ser leídos como parte de un nuevo esquema de poder interno en medio de la crisis por el caso Adorni.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales articuladores políticos del Gobierno con los gobernadores; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ganó centralidad en las últimas semanas por el frente judicial que enfrenta el oficialismo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, además del secretario de Minería, Luis Lucero. También participaron gobernadores que forman parte del núcleo de mandatarios dialoguistas con los que el oficialismo intenta reconstruir puentes de cara al 2027.

De la foto junto a Santilli formó parte el anfitrión Orrego, uno de los gobernadores que desde el inicio de la gestión libertaria mantuvo una relación pragmática con el Gobierno. El sanjuanino necesita sostener el flujo de inversiones para el desarrollo minero de su provincia, especialmente en litio y cobre, y observa en la administración Milei una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que requieren apertura al capital extranjero.

También dijeron presente Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, dos de los principales impulsores de la expansión minera en la región cuyana y del NOA. Cornejo mantiene con la Casa Rosada un vínculo político oscilante, pero alineado en temas económicos y productivos, especialmente alrededor de la minería metalífera y el RIGI. Jalil, por su parte, fue uno de los gobernadores peronistas más colaborativos con Milei desde el inicio de la gestión y se convirtió en un aliado clave para el oficialismo en distintas votaciones legislativas sensibles.

La nómina incluyó además a Gustavo Sáenz, otro mandatario con fuerte interés en el desarrollo del litio y una relación de cooperación permanente con la Casa Rosada; a Carlos Sadir, heredero político del radicalismo jujeño y protagonista de la estrategia regional vinculada al triángulo del litio; y a Maximiliano Pullaro, cuya presencia tuvo una lectura más política que minera, en momentos en que el oficialismo busca recomponer vínculos con sectores de la UCR.

También estuvo Martín Llaryora, otro de los actores que el Gobierno considera centrales para cualquier acuerdo político de mediano plazo. Aunque el cordobés mantuvo diferencias públicas con la Casa Rosada por temas fiscales y de coparticipación, el oficialismo sigue viendo a Córdoba como un territorio clave tanto para la gobernabilidad legislativa como para el armado político rumbo al año que viene.

La visita a San Juan funcionó así como una postal de las alianzas que el karinismo intenta preservar. En su entorno aseguran que el apoyo de esos gobernadores dialoguistas será indispensable para avanzar con proyectos centrales, especialmente la reforma política y la eliminación de las PASO, dos objetivos que la hermanísima considera prioritarios para consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ausencia de Adorni, sin embargo, fue el dato que más comentarios generó en Balcarce 50. En el oficialismo reconocen que el escándalo judicial modificó el equilibrio interno y obligó a redistribuir funciones. La lectura se repite en distintos despachos y también de la oposición. Desde que el caso Adorni empezó a escalar, Karina Milei viene delegando parte de la interlocución política en Santilli y en el armado territorial de los Menem. El corrimiento del jefe de Gabinete de determinadas actividades empezó a ser interpretado como una forma de bajar el nivel de exposición pública mientras continúa el desgaste judicial y mediático.

En la Casa Rosada insisten en que los hermanos Milei siguen respaldando a Adorni. Pero admiten, por lo bajo, que la situación golpea directamente la imagen presidencial. Algunos funcionarios reconocen la caída en la popularidad y que las distintas estrategias para contener el impacto no lograron frenar el deterioro. Por eso, la decisión de Karina de no viajar a los Estados Unidos junto a su hermano fue leída en clave estríctamente política, a modo de fuga hacia adelante. “Hay que seguir gobernando”, remataron cerca de la secretaria general.

PL/MC

Sin Unión por la Patria, la oposición impulsa una ofensiva parlamentaria contra Adorni

Sin firmas de Unión por la Patria, que no quiso sumarse a la ofensiva, diputados nacionales de la oposición presentaron este jueves un pedido de sesión especial para el próximo jueves a las 11 con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

El pedido de sesión especial es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

Esta iniciativa ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral e inconsulta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

“No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros”, explicaron con decepción desde el principal bloque opositor.

Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora (de la cual no estaba al tanto), se espera que en el recinto ayude a alcanzar al quórum.

“Difícil no estar. Fuimos el primer bloque que presentó pedido de interpelación. Pero recién nos enteramos y somos un bloque grande. Seguramente trataremos de ampliar temario”, respondieron desde Unión por la Patria.

Este escenario no es el que hubiera elegido el peronismo kirchnerista, pero ante la inevitabilidad de una convocatoria que consideran desacertada por la alta probabilidad de un fracaso, no le queda más remedio que adecuarse y rediscutir los términos de la sesión.

A sabiendas de que la espalda más ancha de la oposición la tiene su bloque, al ser el más numeroso, Germán Martínez exigirá que se abra el temario para dar lugar a los proyectos vinculados a la emergencia de pymes, familias sobre endeudadas y licencias parentales.

De los proyectos incluidos en el temario en relación a Manuel Adorni, el más revulsivo el que presentó el Frente de Izquierda planteando la moción de censura del jefe de Gabinete, que es un instrumento que si llegase a sus últimas consecuencias provocaría la remoción del cargo.

No obstante, Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.

El verdadero propósito de la sesión -y el más realista- es el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se traten los proyectos a la mayor brevedad posible. 

“El próximo jueves no se resuelve la suerte de Adorni. Sería apenas un primer paso”, aclararon las fuentes de Provincias Unidas.

Desde este sector recuerdan como antecedente positivo que la oposición estuvo a pocos votos de voltear la aprobación de la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Por otra parte, en la última sesión ordinaria especial en la Cámara de Diputados, la oposición se había ido con buenas sensaciones: ganó todas las votaciones de apartamiento de reglamento, incluida la de la interpelación a Manuel Adorni, con entre 121 y 125 votos.

Claramente estuvo lejos de los tres cuartos de votos necesarios para forzar el tratamiento de los proyectos en dicha sesión, pero sentó un precedente que prendió algunas señales de alerta en el oficialismo, ya que quedó muy próximo a la marca mágica de los 129.

Cautos, desde Unión por la Patria no se precipitan en lecturas sobregiradas de exitismo por el resultado de aquellas votaciones, que no eran para aprobar o rechazar proyectos por mayoría simple.

“Esas votaciones eran gratuitas. Hay que ver si algunos de los que nos acompañaron votarían igual si fuera para aprobar un expediente”, se preguntaron.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Imputaron a Demian Reidel por presuntas irregularidades con las tarjetas de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, físico y economista muy cercano al presidente Javier Milei, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.

El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados.

La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales.

El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe.

En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.

También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado.

Las sospechas

Un informe oficial remitido al Congreso expuso gastos realizados con tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con consumos en el exterior que incluyen desde servicios vinculados al sector energético hasta pagos en discotecas, peluquerías, free shops y servicios de playa. Tras la difusión, el extitular de la empresa, Demian Reidel, negó haber efectuado gastos personales y reclamó una investigación “hasta el último peso”.

La información surge de un anexo incorporado al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al que accedieron los diarios La Nación y Clarín, elaborado a partir de un pedido de acceso a la información pública. El documento –de 58 páginas– detalla fechas, montos y rubros de consumo en pesos y dólares, aunque no identifica a los responsables de cada operación ni especifica la cantidad de tarjetas utilizadas.

Consumos en el exterior y rubros diversos

El registro combina gastos asociados a la actividad nuclear –como pagos a organismos y empresas del sector– con otros en rubros de consumo general. Entre ellos figuran hoteles, restaurantes, indumentaria y comercios minoristas, junto con erogaciones en servicios personales.

Uno de los conceptos más reiterados es el de compras en tiendas duty free, con 45 operaciones que totalizan cerca de US$5957 y $1,1 millones. También aparecen pagos en cadenas deportivas y de ropa, supermercados y locales gastronómicos en distintas ciudades.

La mayor parte de los movimientos se concentra en España, donde se repiten consumos vinculados a la firma Tecnatom, empresa del sector energético con antecedentes de trabajo con Nucleoeléctrica. En ese mismo contexto, el detalle del reporte incluye gastos en una peluquería de Madrid y en una discoteca, realizados en fechas cercanas a actividades vinculadas a esa compañía.

El listado también registra pagos en otros destinos internacionales, como Brasil, Corea del Sur, Austria y Estados Unidos, además de operaciones en aerolíneas y hoteles de distintas categorías. En algunos casos, las fechas coinciden con viajes oficiales o actividades institucionales.

Adelantos de efectivo y falta de identificación

Además de los consumos, el informe consigna más de 400 adelantos de efectivo por un total cercano a los $56 millones. En varias jornadas se registran múltiples extracciones consecutivas por montos similares, sin que el documento precise el destino de esos fondos.

Otra de las limitaciones del reporte es que no permite identificar quién realizó cada gasto, lo que dificulta atribuir responsabilidades individuales. Desde la empresa señalaron que los registros corresponden a consumos de “casi un centenar” de funcionarios y empleados jerárquicos, y que los movimientos podrían vincularse con viáticos por misiones oficiales en el exterior.

La normativa vigente durante el período –basada en el régimen de viáticos de la administración pública– establece montos diarios para cubrir gastos personales en comisiones de servicio fuera del país, lo que abre la discusión sobre el encuadre de parte de las erogaciones registradas.

La respuesta de Reidel

Tras la publicación de los datos, Demian Reidel, quien estuvo al frente de la empresa entre abril de 2025 y febrero de 2026, rechazó haber utilizado tarjetas corporativas para fines personales.

“Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas, servicio de playa, free shop ni nada”, afirmó en redes sociales. Además, sostuvo que las versiones difundidas “mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa” y consideró que atribuirle esos consumos “es mala fe”.

El exfuncionario también pidió que se avance en una investigación completa: “Que se investigue hasta el último peso. No tengo nada que ocultar”, señaló.

La renuncia en febrero pasado

Nucleoeléctrica Argentina S.A. es una sociedad anónima y su capital social accionario se encuentra distribuido entre el Ministerio de Economía de la Nación (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (ENARSA) (1%). Produce energía nucleoeléctrica mediante la operación de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. La potencia instalada total de las tres plantas es de 1763 MW. Tras la salida de Reidel, la preside Juan Martín Campos, secundado por Martín Porro.

Reidel, físico y economista muy ligado al presidente Javier Milei, renunció en febrero pasado luego de quedar bajo sospecha por presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones, que derivaron en una fuerte crisis interna y en la intervención del propio directorio.

La renuncia de Reidel llegó tras semanas de denuncias cruzadas dentro de la empresa, cuestionamientos por posibles sobreprecios y una decisión inédita del directorio: congelar la firma del presidente y concentrar el control administrativo en los gerentes, una señal clara de desconfianza hacia su conducción.

Reidel había festejado a fines de enero la intervención de Milei en el Foro de Davos, en el marco del cual presentaron un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía: “Cuando regulación mata crecimiento”. Ya en julio pasado Reidel había renunciado como jefe de asesores de Milei para hacerse cargo exclusivamente de NA-SA. Entonces había dicho que el problema del país “es que está poblado por argentinos”.

Licitaciones bajo sospecha y denuncias internas

La crisis en Nucleoeléctrica se desató a partir de sospechas sobre procesos de licitación, especialmente en contrataciones de servicios de limpieza, que generaron enfrentamientos entre directivos, gerentes y el propio presidente de la empresa. Si bien Reidel negó públicamente cualquier irregularidad y sostuvo que las denuncias formaban parte de una interna de poder, el avance de las investigaciones administrativas y el endurecimiento del directorio debilitaron de manera progresiva su posición.

Las denuncias —algunas de ellas elevadas al Comité de Integridad y otras en análisis para su judicialización— apuntaron a presuntos sobreprecios y direccionamiento de contratos, en una compañía estratégica del Estado que históricamente había sido presentada como superavitaria y con estándares técnicos elevados.

Una empresa de limpieza y parquizado -M&G- había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora -Distribón- había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.

En ese contexto, el directorio resolvió iniciar sumarios administrativos y suspender a dos gerentes clave, una decisión que profundizó el conflicto interno y dejó expuesta la fractura en la cúpula de la empresa.

Una empresa estratégica bajo la lupa

La salida de Reidel se produjo en un momento delicado para Nucleoeléctrica, una empresa clave para el sistema energético argentino y para la política nuclear del país. Las denuncias pusieron en discusión no solo la conducta de sus autoridades, sino también los mecanismos de control y transparencia en las empresas públicas bajo la actual gestión.

Desde hace más de siete años, la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) mantiene un superávit sostenido que al 30 de junio de 2025 implicó el 27,7% de sus ingresos. En 2024 y 2023, los superávits fueron de $239.827 millones (33,2%) y $235.231 millones (62,1%), respectivamente. Sin embargo, el Gobierno incluyó a la empresa que opera las tres centrales nucleares que tiene el país entre los objetivos a privatizar y lleva adelante un proceso de desinversión que implica una reducción del gasto del 43% en comparación a 2023.

La intención del Gobierno es poner a la venta e 44% de sus acciones. Así la Nación se quedaría con el 51% restante e incluiría a los trabajadores dentro del esquema accionario, quienes obtendrían el 5% del capital social. De acuerdo a estimaciones oficiales, la valuación total de la empresa varía entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones, es decir que el valor que se está ofreciendo a la venta ronda entre los US$ 246 millones y US$ 440 millones.