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Tres abogados de la expresidenta formalizaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Qué implican las cautelares, los tiempos y el impacto político.
Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La presentación, elaborada por un equipo de abogados que integran el histórico defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi, junto al jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue explicada en una conferencia de prensa en el hotel NH de Buenos Aires. Allí, los letrados detallaron los fundamentos jurídicos del reclamo, las medidas cautelares solicitadas y los tiempos posibles de un proceso que, advirtieron, puede demandar años. Aquí, las claves de la presentación.
Una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó y que habilita a cualquier ciudadano a denunciar ante ese organismo violaciones a sus derechos una vez agotadas las instancias judiciales internas. Según el resumen de la propia presentación, el objeto de la comunicación es someter al escrutinio internacional “las violaciones al Pacto cometidas en el proceso conocido como Causa Vialidad”.
El escrito enumera ocho artículos del Pacto que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.
Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Son tres. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por considerarla contraria a precedentes del propio Comité que rechazan las proscripciones sin límite temporal. La segunda es la recomposición de la integración de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, lo que la defensa describe como “una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina”.
La tercera apunta al régimen de prisión domiciliaria de CFK: pide el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones para recibir visitas y para acceder a la terraza del edificio, y que el Estado argentino no la responsabilice por manifestaciones de terceros frente a su domicilio de San José 1111. Uno de los abogados detalló ante la prensa que la expresidenta “tiene dos policías en la puerta”, “lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona” y tiene “restringido el derecho de visita” y el acceso a la terraza.
Según explicaron los abogados en la conferencia, las decisiones del Comité “son vinculantes” y “deben ser respetadas por el Estado”, que puede ser condenado a cumplir las cautelares solicitadas o a admitir las violaciones denunciadas.
Sin embargo, los tiempos de ambos procesos son distintos: mientras las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses” —posiblemente en octubre, aunque la periodicidad de las reuniones del Comité se redujo tras el recorte presupuestario de Estados Unidos a la ONU—, la decisión de fondo sobre la revisión de la condena “puede tardar algunos años”, sin que sea posible precisar un plazo. Los letrados remarcaron que, a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos —que exige pasar primero por una comisión y luego por otra instancia antes de llegar a la Corte Interamericana—, el Comité de la ONU permite un acceso directo, lo que le atribuyen “mayor efectividad”.
Los abogados fueron cautos. Si el Comité falla a favor de CFK, esa decisión no anula automáticamente la sentencia argentina, pero obliga al Estado a adecuar su conducta a los estándares internacionales y abre la puerta a un recurso de revisión en el sistema judicial local. Beraldi planteó que “hay prueba evidente de adversidad” contra Cristina Kirchner en el proceso y que la estrategia, de allí en más, exige paciencia: “Tenemos que esperar a que haya novedades internacionales y a partir de ahí esperar que esto se encasille jurídicamente”, señaló. Los propios abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la expresidenta, sin extenderse a otros condenados en la misma causa, aunque no descartaron que estos puedan valerse del precedente.
Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.
El abogado Borrego apeló a un registro más coloquial para defender a su clienta de los cuestionamientos que recibe en la Argentina: “Cristina no es una chorra. Yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una cucaracha. Incluso a una persona que le pusieron una pistola en su cabeza le dicen que le quieren clavar el último clavo del cajón”, sostuvo, y agregó: “Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla”. Borrego también apuntó contra el momento político de la inhabilitación: recordó que Cristina Kirchner “podría haber sido habilitada para las PASO porque no es para cargos” y que, pese a eso, “ahora el gobierno las quiere sacar”, en referencia a las elecciones primarias.
El Gobierno desestimó la denuncia internacional de Cristina Kirchner a través de una declaración pública este miércoles por la mañana del canciller Pablo Quirno. “Quieren volver al poder para indultarla”, dijo sobre la estrategia de la expresidenta, aunque admitió que tiene “la libertad para hacerlo”.
El equipo de abogados de CFK sumó como prueba documental que el presidente Javier Milei se atribuyó en un acto público “meter presa a Cristina”, así como en varias oportunidades habló de “ponerle el último clavo al cajón” del kirchnerismo. Para la defensa, esas declaraciones como posturas similares de Mauricio Macri revelan animosidad política en la sentencia judicial.

La exmandataria busca que el derecho internacional consiga revertir su inhabilitación a ser candidata. Denunció en redes sociales que el Gobierno y un sector de la Justicia "quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas".
A más de un año de estar detenida, Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar su situación judicial. La acción de la expresidenta estuvo acompañada de un fuerte mensaje en redes sociales y distintos medios donde cuestionó su inhabilitación a ser candidata.
El mensaje de Cristina impacta en medio de la discusión por el 2027 del peronismo, atravesado por las internas y la tensión entre el kicillofismo y el kirchnerismo. En ese marco CFK compartió este miércoles, a través de sus redes sociales y de una columna que publican el diario El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia, sendos textos en los que reclama por lo que considera una “proscripción perpetua”. El eje de su queja es la inhabilitación que pesa sobre ella de presentarse a cargos públicos desde que la Corte Suprema confirmó su sentencia en la causa Vialidad a seis años de prisión.
En paralelo Cristina anunció que presentó un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para “someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, sostuvo la exmandataria. Y agregó: “La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.
De acuerdo a CFK, “durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”. En uno de sus textos, aseguró no buscar “privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, reclamó. La carta abierta de CFK está acompañada con una conferencia de prensa en el NH Hotel donde sus abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego ofrecen detalles de la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, se pregunta la expresidenta.
Asimismo, argumenta en su reclamo que cuando “una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, apuntó.
Además, considera que es “víctima” de un “ataque que no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”.
Según Cristina Kirchner, “cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino. Cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política, una democracia deja de ser plenamente democrática”.
La exmandataria anunció en el texto que “frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad. Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, reveló.
En ese sentido, CFK explicó que, para llevar adelante esta nueva etapa de su defensa, decidió “convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece”, aseguró.
“Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales”, remarcó.
En el final del extenso texto, se dirigió a sus seguidores: “Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina. Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia. Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino. Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho. Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos”.

El canciller Quirno minimizó la acción de CFK ante el Comité de DDHH a más de un año de su detención. También habló de la relación con Brasil e Inglaterra.
El canciller Pablo Quirno respondió este miércoles a la presentación que Cristina Fernández de Kirchner realizó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que la expresidenta calificó como una “proscripción perpetua”. El funcionario relativizó el reclamo de la exmandataria y deslizó que detrás de la ofensiva judicial internacional hay un objetivo político concreto: “Quieren volver al poder para indultarla”.
“Cristina hará todas las presentaciones que quiera realizar”, sostuvo Quirno en diálogo con radio Mitre, y agregó que todos “somos libres de hacer lo que la señora Kirchner pretende hacer”. El canciller remarcó que la expresidenta “ha sido juzgada y condenada”, en referencia a la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua que la Corte Suprema le confirmó en la causa Vialidad. Con esa frase, el funcionario buscó despojar de sustento jurídico al planteo que CFK elevó horas antes ante el organismo internacional.
La respuesta oficial llegó apenas conocida la estrategia de Cristina Kirchner, quien este miércoles presentó un escrito ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se revise la actuación de los tribunales argentinos que la juzgaron, bajo el argumento de que no se respetaron las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La expresidenta acompañó esa presentación con una carta abierta difundida en sus redes sociales y con columnas publicadas en los diarios El País de España, Folha de S.Paulo de Brasil y Libération de Francia, en las que denunció que el Gobierno y un sector de la Justicia “quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”.
Quirno abordó la entrevista con radio Mitre en un contexto que excedió la disputa por la situación judicial de Cristina Kirchner. El canciller también se refirió a la tensión con Brasil, luego de que el Partido de los Trabajadores pidiera a la Justicia que investigue con qué fondos viajó Javier Milei a San Pablo el sábado pasado donde insultó a Lula da Silva. Sobre ese frente, el funcionario buscó bajarle el tono al conflicto: “No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones rompan las relaciones con Brasil”, afirmó, y diferenció los planos de la disputa: “Separamos lo que es el carril político y el carril ideológico del carril institucional”.
Consultado además por la polémica que generó en Londres la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas con la leyenda de la soberanía argentina, Quirno restó gravedad institucional al episodio y lo llevó al terreno de lo espontáneo: “La bandera dice una verdad. Lo que pudo haberle molestado al Reino Unido es la amplificación que le dio el lugar y el momento donde se dio ese tema. Fue una cuestión espontánea. ¿Cómo vamos a ver con malos ojos una verdad?”, planteó el canciller.

El kicillofismo rechaza una reconciliación "para la foto" y prioriza la construcción de una mayoría opositora. Máximo Kirchner salió a desmentir diferencias ideológicas para evitar que la interna siga escalando.
Axel Kicillof alegó que tenía problemas de agenda cuando Ricardo Quintela lo llamó, por segunda vez, para preguntarle si viajaría el sábado a La Rioja a participar del acto homenaje a Enrique Angelelli. Máximo Kirchner ya había confirmado su presencia, y el gobernador riojano esperaba convertirse en el arquitecto de una foto de unidad inédita. Pero el “milagro” no sucederá: el gobernador bonaerense no quiere escenificar una unidad que, intuye, se agotará al día siguiente cuando las recriminaciones del cristinismo continúen. El objetivo, insiste, es otro: construir un frente amplio capaz de derrotar a Javier Milei.
“¿De qué sirve la foto si después no hay una discusión sincera? Eso ya lo hicimos y salió mal. Primero la foto y después no hay garantía de nada, nos siguen puteando más de lo que putean a Milei”, deslizó un funcionario cercano al gobernador bonaerense, poco después de que Kicillof hubiera tomado la decisión de no participar del acto junto a Máximo en La Rioja. Quintela insistió durante varios días. Creía que convencer a Kicillof sería más sencillo que convencer al líder de La Cámpora. Pero el gobernador terminó declinando la invitación.
Kicillof tiene su estrategia para ganar las elecciones en 2027 y, desde hace un tiempo, mira más hacia afuera del peronismo que hacia adentro. Antes que pensar en resolver la interna, insisten en el kicillofismo, hay que trabajar en construir un frente amplio y federal que aglutine a la mayor cantidad de fuerzas opositoras a Milei. El resto, argumentan, se resolverá por su propio peso. “Los muchachos después verán si quieren jugar a ganar o facilitarle 4 años más a la derecha”, sacan pecho en La Plata.
Es la misma lógica por que explica que no visita a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 o participar de otro tipo de actividades “en nombre de la unidad”. “El hecho de que sigamos trabajando con ministros de La Cámpora, que muchas veces nos quieren dinamitar el gobierno, es una demostración de que Axel tiene vocación de unidad. Pero no hay que correr el eje. El eje es cómo construimos una fuerza grande para ganarle a Milei”, desliza un dirigente kicillofista, quien todavía recuerda las dificultades para aprobar, a fin del año pasado, el endeudamiento y el Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense.
Pese a las resistencias de Kicillof, que recibió con dureza el paralelismo con Agusto Vandor –sindicalista asesinado en 1969 luego de proponer un “peronismo sin Perón”– del camporista Facundo Tignanelli, todavía existen varios interlocutores que trabajan para reunirlo con el cristinismo. Y si no a él, al menos con sus embajadores políticos, como “Carli” Bianco o Gabriel Katopodis. Algunos intentan lograrlo desde el Congreso, como Germán Martínez o José Mayans, y otros desde las provincias, como Gildo Insfrán y el propio Quintela.
Quintela fracasó, admiten varios de los dirigentes que sí viajarán a La Rioja este sábado, porque se equivocó en querer publicitar la foto. “Así como está la cosa no va nadie. Hizo todo demasiado público, estas cosas son en reserva, no contando en público quién va y quién no va”, masculla, irritado, un referente de peso en el cristinismo que viene trabajando para reunir a todos los socios mayoritarios del peronismo –Máximo y Kicillof, pero también Sergio Massa y los gobernadores– hace un mes.
Hasta que esto suceda, Kicillof planea continuar con su agenda de trabajo por las provincias. Ya recorrió La Rioja –ese fue el argumento que utilizó, incluso, para no ir el sábado–, Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. El equipo que trabaja en su candidatura presidencial insiste en que, si bien Provincia de Buenos Aires es clave –por representar más del 40% del electorado y por concentrar el voto duro kirchnerista–, la disputa con Milei está destinada al fracaso si no se logra recuperar los votos perdidos en el norte del país y los grandes centros urbanos de Santa Fe y Córdoba.
Las negociaciones, insisten, llegarán con el tiempo. Kicillof se niega a negociar el candidato que lo sucederá en Provincia de Buenos Aires a cambio del apoyo de Cristina en la elección presidencial y esta resistencia, atisban en el propio kicillofismo, estirará la tensión hasta último momento.
Todos los dirigentes y dirigentas que visitan a Cristina a su departamento de Constitución, donde cumple con la prisión domiciliaria, coinciden en que la ex presidenta está dolida con Kicillof, que la ruptura es definitiva y que le corresponde a él llamarla por teléfono para romper con la guerra fría que dura desde el cierre de listas del año pasado. Las encuestas que le llegan a San José 1111 le muestran que, silenciosa y encerrada, mide más que ningún otro líder de la oposición. Mide más que Kicillof –por solo un par de puntos– y que Sergio Massa y el resto de las figuras del peronismo que amagan con competir por la presidencia, como Sergio Uñac.
Estos datos sirven como insumo de negociación para La Cámpora, que se convirtió en su vocera oficial desde que ella dejó de publicar cartas y enviar audios o mensajes. La bandera “Cristina presidenta” apunta a apelar a esos votantes kirchneristas duros, que el camporismo está convencido de que no son de Kicillof, sino que en su mayoría responden fielmente a la figura de CFK. Ninguno cree realmente que Cristina pueda ser candidata, la inhabilitación política ratificada por la Corte Suprema es inapelable, pero la promesa funciona como estrategia de acumulación política en PBA.
En el último mes, La Cámpora subió el tono de la confrontación contra Kicillof, acusándolo de traidor, de que no estaba en condiciones de ser candidato presidencial y que era inentendible que no fuera a visitar a Cristina. La estrategia enfureció al gobernador bonaerense, pero no respondió. Y, cuando la tensión amenazaba con derivar en una ruptura, Máximo intervino para bajar un poco los ánimos.
El jefe de La Cámpora dio una entrevista en C5N el lunes por la noche en la que aseguró que no había diferencias ideológicas con Kicillof, desmintiendo una premisa que había comenzado a instalarse en la propia militancia camporista para justificar la pelea con el gobernador. “Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, afirmó Máximo.
Las palabras del líder de La Cámpora sirvieron para bajar la temperatura a la interna, pero no convencieron a Kicillof. El gobernador, insisten en su entorno, continuará apostando a construir por fuera del peronismo antes que ordenar la disputa puertas adentro. Un obstáculo más para la foto que Quintela imaginó para el sábado.
MCM/MG

El diputado habló de la disputa interna con el gobernador y reveló que existe discusión político. El gobernador de La Rioja busca que se encuentren en un homenaje el fin de semana próximo.
En medio de los preparativos para la cumbre peronista que organiza el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para el próximo sábado en homenaje al obispo Enrique Angelelli, Máximo Kirchner relativizó anoche la pelea con Axel Kicillof. El diputado nacional aseguró que “no estamos en veredas opuestas” con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y calificó como ajena a su comprensión la disputa que, según dijo, “adelantó” un sector de la política.
“Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires; él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, planteó Kirchner en C5N. Y agregó, en un tono que combinó extrañeza y cierta autocrítica sobre la escalada de los últimos meses: “No sabría explicarte, me gustaría saber. No hay una pelea en el conurbano, puede haber cruce de declaraciones, pero después todos los intendentes trabajan para mejorarle la calidad de vida a la gente. Pero hubo gente que adelantó una pelea que yo nunca entendí mucho. Es algo que me vengo preguntando con mucho tiempo”. Más adelante en la nota, sumó otra frase en la misma línea: “Salimos en conjunto de la defensa de los bonaerenses”.
Aunque no lo dijo de manera explícita, la referencia de Kirchner a “la gente que adelantó una pelea” remite al desdoblamiento de las elecciones legislativas bonaerenses que Kicillof anunció el 7 de abril de 2025, cuando fijó los comicios provinciales para el 7 de septiembre, por afuera de las elecciones nacionales de octubre. Esa decisión, tomada tras semanas de negociaciones fallidas con Cristina y Máximo Kirchner, fue leída en ese momento como el quiebre definitivo entre el gobernador y el cristinismo, y La Cámpora había advertido antes del anuncio que desdoblar implicaba “romper” con la unidad. Tras la derrota del peronismo en octubre, la propia Cristina Kirchner responsabilizó a Kicillof por esa estrategia, a la que calificó de “error político”.
Las declaraciones llegan apenas días después de que este diario revelara los detalles de la cumbre que impulsa Quintela para el sábado en La Rioja, en el marco del 50° aniversario del asesinato de Angelelli. El gobernador riojano viene trabajando desde hace semanas para lograr la foto que, hasta ahora, parecía imposible: Kirchner y Kicillof compartiendo el mismo escenario, después de un año de silencio entre el cristinismo y el kicillofismo. El líder de La Cámpora ya confirmó su presencia, mientras que el mandatario bonaerense le prometió a Quintela que viajará, aunque en el entorno de Kicillof todavía relativizan esa posibilidad y desconfían de cualquier gesto de acercamiento con el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner.
El clima entre ambos espacios había llegado a un punto de máxima tensión hace poco más de dos semanas, cuando el diputado provincial Facundo Tignanelli, mano derecha de Kirchner en la Legislatura bonaerense, comparó a Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón. Esa comparación fue leída puertas adentro del Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Kicillof, como una amenaza directa, y profundizó la convicción de que cualquier instancia de diálogo con La Cámpora es, en rigor, una trampa para desgastar al gobernador y forzarlo a resignar su candidatura a la reelección en la provincia.