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Se profundiza el reclamo contra el Gobierno por los recortes en discapacidad

Paro nacional, movilizaciones en distintos puntos del país y presión para que el Congreso declare la emergencia en discapacidad hasta fin del 2027. Esa batería de acciones llevan adelante este jueves prestadoras, familias, organizaciones civiles y agrupaciones políticas en todo el país que reclaman al gobierno de Javier Milei contra el ajuste en las políticas sociales que asisten a personas con discapacidad.

Se esperan concentraciones frente al Palacio Legislativo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Misiones. La huelga en el sector es por 48 horas, dado que la Nación adeuda los subsidios desde abril, hay falta de actualización de aranceles y un sinfín de prestaciones en riesgo. 

El martes pasado los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron formalmente el pedido de sesión especial para el próximo miércoles 4 de junio al mediodía, con el objetivo de someter a votación en el recinto la Declaración de Emergencia en Discapacidad. 

La intención de las bancadas del peronismo, el radicalismo disidente, de Miguel Pichetto y la Coalición Cívica es sortear la contraofensiva libertaria, que hace una semana logró vaciar la última sesión y no le dio el quórum, justo cuando también se discutía distintas iniciativas de mejora previsional y la designación de autoridades de la comisión investigadora $LIBRA.

Que la manifestación por discapacidad tenga este jueves un epicentro en la ciudad de Córdoba tiene un simbolismo político, ya que fueron los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora lo que aportó a la estrategia oficialista de no dar quórum. La protesta en la capital mediterránea lleva el apoyo del cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba desde 2021, y quien recientemente estuvo en El Vaticano para designar a León XIV como sucesor del papa Francisco.

Los ataques a las personas con discapacidad comenzaron desde el inicio de la actual gestión. Desde la utilización por parte del presidente Milei del Síndrome de Down como forma de insulto, pasando por los recortes presupuestarios, hasta la resolución 187 que, además de caracterizar de “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” a individuos con ciertos grados de discapacidad, propone dejar de lado el modelo social-situacional y regresar al esquema médico-rehabilitador o capacitista, lo cual, según los expertos, viola la Constitución Nacional.

elDiarioAR ya reveló en abril pasado que el sector de discapacidad sufre recortes en las pensiones, suspensión de terapias, congelamiento y retraso en el salario de prestadores de servicios, desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), trabas burocráticas y ataques mediáticos.

La ANDIS dejó de ser parte de la Secretaría General de Presidencia, donde tenía articulación con todas las áreas del Estado, para descender y quedar encerrada en el Ministerio de Salud. Con el cambio del organigrama, se modificó el enfoque de la discapacidad, afectado la habilitación de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Quedaron a tiro de ser eliminadas unas 220 mil pensiones, cada una de las cuales tiene un valor que representa el 70 % de una jubilación mínima, es decir, $240.000.

Los trabajadores que prestan servicios también están pasando por un momento delicado. En abril, instituciones y transportistas denunciaron el atraso en los pagos, desfasajes en los aranceles y recortes en las prestaciones. Otra de las situaciones que está provocando angustia y humillación dentro del universo de las personas con discapacidad y sus familiares son los trámites engorrosos que deben realizar en un sistema burocrático cada vez más lento por el desfinanciamiento que están atravesando muchos organismos públicos.

“El último aumento fue hace seis meses y fue de un 0,5 por ciento”, explicó Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires (Ataecadis), sobre el reclamo de la falta de actualización de los montos de sus prestaciones.

“Se tomó una decisión masiva y de falta de responsabilidad que es la revisión de todas las pensiones. El método que decidieron tomar es cruel, redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta”, denunció en su momento la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels. Y agregó: “Es humillante y el único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido”.

La protesta por discapacidad está alineada a otros reclamos que se sucedieron en los últimos días, principalmente la de los médicos del hospital Garrahan y los científicos del CONICET. Este miércoles hicieron una fuerte campaña al estilo del comic-serie El Eternauta para denunciar el vaciamiento libertario en ciencia e investigación. 

MC

El video en "modo Eternauta" con el que los científicos argentinos denuncian "un ataque sin precedentes" de parte del Gobierno de Milei

Horas después de que los profesionales de las ciencias, investigadores y trabajadores, nucleados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), se manifestaran en el Polo de Ciencia y Tecnología debido a la falta de inversión del Gobierno Nacional, desde la cuenta oficial de la asociación publicaron un video para manifestar la situación actual de la ciencia en la Argentina y un fuerte reclamo al gobierno de Milei.

Al igual que sucedió con la difusión de la protesta de este miércoles, con referencias a la clásica historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, El Eternauta (y a la estética de la serie de Netlix), los profesionales denuncian “un ataque sin precedentes” que “ha sumergido a nuestra ciencia nacional en la oscuridad y el silencio. Pero no estamos derrotadxs, la resistencia vive. Sin trabajadores no hay ciencia. Sin ciencia no hay Argentina posible”.

Este miércoles, bajo el lema “nadie se salva solo” y parafraseando a El Eternauta, RAICYT se movilizó “para dar luz a todo el desgaste” que existe en el sector y, por ese motivo, a partir las 11 cada centro de investigación marchó hacia el Polo para que desde las 13 comenzaran a llevarse a cabo diferentes acciones con el objetivo “de evitar que nuestro país se quede sin ciencia, sin tecnología y sin futuro”.

Asimismo, indicaron que nunca, durante la democracia, la inversión en ciencia y tecnología “fue tan baja”, incluso, “es aún menor que en 2002 y se acerca a la realizada por la última dictadura militar”.

“Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la ciencia nacional perdió 4.148 profesionales. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con una inflación acumulada del 204.9%, los salarios de los investigadores del CONICET cayeron un 34.7%, en términos reales, y los salarios en las universidades nacionales sufrieron la baja de un 27.9%, por debajo del nivel de 2002”, aseguraron desde RAICYT.

En la misma línea, manifestaron que “no pueden pagarse servicios esenciales” como los de electricidad, limpieza y seguridad, tanto en los laboratorios como en los centros de investigación, además, de que no hay insumos ni mantenimiento de equipamientos e infraestructura y no se ejecutan créditos internacionales “otorgados en el gobierno anterior”.

“El Gobierno reconoce que no está cumpliendo la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo justifica diciendo que ‘nunca se cumplió lo establecido’. En lo que va del 2025, el presupuesto representa sólo el 0.157 del PBI, menos de la mitad de lo que fue en 2023 (0.302%)”, señalaron.

También, confirmaron que, en el CONICET, están cerrando nuevos ingresos porque una gran cantidad de jóvenes científicos, que se forman en las universidades nacionales, tienen que emigrar o dejar sus carreras. Incluso, 845 aspirantes, cuyas incorporaciones habían sido aprobadas en 2022, quedaron suspendidas.

Además, informaron que se suspendió “toda la financiación de las actividades científicas” porque “no hay fondos para reactivos de laboratorio ni insumos para mantener los servicios mínimos” de los centros científicos: “No se repara ni actualiza el equipamiento porque toda la inversión en infraestructura de ciencia y tecnología se va perdiendo día a día”, concluyeron.

En paralelo, este miércoles, los rectores de las universidades de todo el país presentaron, en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley de financiamiento y, en relación al tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, declaró, en LT3 Rosario, que la situación actual universitaria decreció respecto a la de 2024.

“Este proyecto busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior argentino. Hoy, el 80% del personal docente y no docente recibe un salario por debajo de la línea de pobreza. Un profesor titular con 20 años de antigüedad, a cargo de una cátedra, cobra algo más de $300.000. La situación en las casas de altos estudios del país es un poco más compleja que la del año pasado”, finalizó.

RAICYT es la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología conformada a inicios de 2024 y de la cual participan más de 400 autoridades de diversos organismos de Ciencia y Técnica distribuidos a lo largo y ancho de todo el país pertenecientes al CONICET, a las Universidades y a otras instituciones científico tecnológicas.

En RAICYT están representadas todas las áreas del conocimiento, desde las Ciencias Sociales y Humanidades, pasando por las Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales, hasta las Ciencias Biológicas y de la Salud y las Ciencias Exactas y Naturales.

La red “se conformó debido al feroz ajuste presupuestario impulsado por el gobierno nacional, el cual amenaza la continuidad de los proyectos de investigación en curso y el funcionamiento de nuestros institutos; motoriza ya un nuevo éxodo de jóvenes científicos y la destrucción de grupos de investigación que ha costado años integrar, en todas las áreas disciplinares”.

El objetivo general de RAICYT es “defender el sistema científico nacional ya que estamos convencidos de que sin ciencia no hay futuro promisorio posible para el desarrollo de nuestro país”. 

Con información de agencias.

IG

Los hospitales Garrahan, Bonaparte y Clínicas redujeron la atención de pacientes y aumentaron las renuncias

La salud pública se encuentra en crisis a nivel nacional y tres instituciones de las más importantes de la Argentina son muestra de ello, todas las semanas: los hospitales Garrahan, Bonaparte y Clínicas tuvieron que reducir la atención de pacientes, por la falta de presupuesto del Gobierno Nacional, sumado a que una parte importante del cuerpo médico renunció para pasarse al sector privado, debido a que los sueldos se mantienen congelados o con aumentos insignificantes.

En entrevistas a Noticias Argentinas, profesionales de las tres instituciones se refirieron a la actual situación que están atravesando y, en consecuencia, a las próximas medidas que llevarán a cabo.

Rita Fernández, pediatra del Hospital Garrahan e integrante de Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la institución, sostuvo que hoy se encuentran bajo un paro de residentes, al igual que la semana pasada, pero que se extenderá hasta el viernes.

Asimismo, señaló que, probablemente, la semana próxima inicien “un paro con las mismas características por tiempo indeterminado”, debido al “atraso salarial” que tienen los residentes porque, por ejemplo, los médicos de primer año ganan alrededor de 700.000 pesos, una cifra “muy diferente a lo que gana un residente en provincia”.

“Ayer se hizo una asamblea, que fue bastante multitudinaria, y se decidió hacer un cese de actividades de todo el hospital, mañana 29 de mayo, desde las 7 de la mañana y durará 24 horas. Va a ser un paro activo con presencia en el hospital y movilización, a las 13hs., hacia el Ministerio de Salud. Esto es por el desfinanciamiento crónico y los salarios en la línea de pobreza de los profesionales que están altamente capacitados y que no pueden seguir trabajando en estas condiciones”, aseguró Fernández.

También, recordó que, desde diciembre de 2023, hubo renuncias de aproximadamente 200 profesionales “buscando otros proyectos laborales en medicina privada” y que, en este contexto, es muy difícil sostener la atención porque, además, hay profesionales que se jubilan y “no se reponen los cargos”.

“Estamos atendiendo las urgencias, los pacientes internados y explicándole a los papás que los casos que no son urgentes tienen que ser vistas en otra institución o acá, pero más adelante. Discriminamos las patologías que realmente sí merecen la atención del hospital, que es de alta complejidad y que no pueden ser resueltas en otro lado, de las patologías que son de baja complejidad, donde el paciente no corre riesgo. La mayoría de los papás comprende la situación y apoya al hospital”, concluyó.

Por otra parte, Noticias Argentinas dialogó con la Asamblea de Trabajadores del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte (prefieren no exponer sus nombres de manera individual) que continúan realizando jornadas de lucha “en rechazo al intento de ‘normalización’ de las condiciones en las que han dejado” a la institución: “Somos un colectivo, no hacemos exposiciones individuales. Nos cuidamos porque es permanente el amedrentamiento. Es bueno también exponer esta situación”, aclararon previamente.

En relación al contexto en el que trabajan, recordaron que el 15 de enero pasado, despidieron a 200 trabajadores de todas las disciplinas de salud mental y equipos de trabajo, lo que implica “el 47% menos de la planta” de profesionales, dejando a “cientos de niños sin su tratamiento” y a otros tantos, que ya habían realizado la entrevista de admisión, “directamente sin iniciarlo”.

Por otra parte, el hospital ya no cuenta con el dispositivo de atención espontánea, destinada a niñeces, y el que funciona para adultos “está resistiendo el intento de cierre”; además, aclararon que la demanda espontánea “es clave”, ya que permite “una primera escucha” a personas y familias “que no encuentran atención en ningún otro lugar”, ni público ni privado.

“Hay guardias que no cuentan con turnos que tengan psiquiatras y también falta personal de enfermería en las internaciones”, añadieron.

Asimismo, el 8 de abril pasado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que no abrirá cupos para la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) de este año, tanto para las disciplinas que forman parte de la residencia como para las jefaturas disciplinares.

De esta manera el Gobierno Nacional, a través de la cartera comandada por Mario Lugones, incumple la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que en su artículo Nro. 8, especifica que “las personas con padecimiento de salud mental tienen derecho a ser asistidas por un equipo de salud interdisciplinario”.

“Seguimos resistiendo y en lucha por la defensa de la Ley de Salud Mental, por la reincorporación de los 200 trabajadores y la apertura de cupos para la RISAM. Nos solidarizamos con otros sectores también en lucha, dado que el ataque es a la salud pública en conjunto. En especial nuestro apoyo y solidaridad al hospital vecino Garrahan que está siendo desmantelado”, concluyeron.

Para finalizar, Noticias Argentinas también accedió a importantes fuentes del Hospital de Clínicas, las cuales detallaron la situación que atraviesa uno de los hospitales universitarios más destacados del país: manifestaron una merma en la atención de pacientes y en el salario de los profesionales.

“La situación sigue siendo crítica: En principio, está reducida la atención a pacientes sin cobertura. Hasta hace un año, el hospital recibía a un 60% y, hoy por hoy, depende de la especialidad y de la cantidad de insumos que se necesiten para brindar esa atención. Eso hace que dichos pacientes tengan un tratamiento más tarde. Los que no entran, pasan al mes siguiente. También lógicamente se da prioridad a las urgencias”, explicaron desde el Clínicas.

El otro gran problema que expresaron es el de los bajos sueldos que reciben los profesionales, debido a que se estima que se perdió “un 40% de poder salarial durante este año y medio”, sumado a que gran parte del plantel profesional “decidió pasarse al sector privado”.

Para finalizar, remarcaron que están atravesando “la misma situación” que el Garrahan y el Bonaparte, con respecto a los residentes, ya que la elección del Clínicas para la residencia “siempre fue por prestigio” y porque los sueldos estaban equiparados a los de la Ciudad y eso “ya no sucede”.

“La semana pasada hubo un paro y fue público, pero no podemos frenar la atención. Por el momento, no hay falta de profesionales, ya que lógicamente hay una estrecha relación con la Facultad de Medicina”, concluyeron.

Con información de Laura Impellizzeri de la agencia NA

Lo que quedó del plan que redujo los embarazos adolescentes al 50% y fue desmantelado por el gobierno de Milei

En Argentina, más de 100 adolescentes se convierten en madres todos los días. Alrededor de 80.000 adolescentes tienen una hija o hijo cada año. Entre las adolescentes que fueron madres entre los 15 y los 19 años, 7 de cada 10 tuvieron un embarazo no intencional. Entre las menores de 15 años, 8 de cada 10 embarazos fueron forzados o no intencionales, como consecuencia de abuso y violencia sexual. El problema se agrava si tenemos en cuenta que las adolescentes que fueron madres tienen una alta probabilidad de tener su segundo hijo antes de los 19 años.

La historia de Julia es una más de tantas otras que se repiten en todo el país. “¡En qué lío me metí!”, fue lo primero que pensó cuando a los 13 años se dio cuenta que estaba embarazada. Julia tuvo que crecer de golpe porque tuvo que dejar la escuela y se fue separando de sus amigas. Lo que más le preocupa es poder mantener a su bebé. “Sueño con terminar la escuela y conseguir un trabajo bien para poder terminar de criar a mi hijo y darle un buen futuro”, dice Julia.

Juana tiene 15 años y es madre de una nena. Nunca había tenido educación sexual integral, nadie le había explicado cómo cuidarse ni tuvo acceso a anticonceptivos y nunca pensó que podría quedar embarazada. Cuando quedó embarazada “tenía miedo porque no sabía nada sobre el embarazo o ser madre”. Las tareas de cuidado la agobian: “Estar sola con un bebé es muy difícil. Algunas veces nomás me puedo bañar porque no tengo con quien dejar a la nena”, dice. Para Juana “es muy difícil estudiar con ella de lado porque me agarra las hojas. Intentaba estudiar y no podía. Es imposible que se me queden las cosas en la cabeza porque estoy pensando en la hora que le tengo que dar de comer a la nena y en todas las responsabilidades que tengo en casa”, dice. Juana no tiene nadie que la acompañe en la crianza de su hija y la releve de su responsabilidad de madre para ejercer sus derechos de adolescente, por eso no pudo terminar la escuela. Y como es una mamá sola y no tiene título secundario, sólo puede hacer changas y lo que gana no le alcanza para vivir. “A veces me resulta muy duro no tener que darle para comer a mi hija”, dice. 

Las historias de Julia y Juana son causa y consecuencia de varios derechos vulnerados. “Cuando una adolescente queda embarazada se le quita el derecho básico a la educación y se interrumpe su proyecto de vida”, dice María Eugenia Galindo, trabajadora social y coordinadora del programa Jakairá de restitución de derechos y prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) de la Fundación Kaleidos.

En Argentina, cinco de cada 10 adolescentes de entre 18 y 19 años que no terminaron el secundario son madres o padres, según un informe de 2020 sobre educación del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). El embarazo, la maternidad y paternidad adolescentes son una de las principales causas de abandono escolar. Además, muchos casos de adolescentes que atraviesan un embarazo no intencional ya no asistían a la escuela al momento de enterarse.

El embarazo no intencional en la adolescencia es causa de violencia intrafamiliar, de género e institucional a la que muchas chicas se ven expuestas y, al mismo tiempo, la reproduce. Entre las adolescentes de 10 a 15 años el embarazo no intencional generalmente es producto de un abuso sexual. Muchos otros embarazos no intencionales en la adolescencia ocurren como consecuencia de la falta de cuidados con métodos anticonceptivos o de su uso incorrecto o discontinuo en el marco de relaciones de noviazgos violentos con manipulación psicológica o situaciones de abuso sexual.

Una situación habitual entre la mayoría de las adolescentes que transitan un embarazo no intencional o que son madres es que, al convivir con su pareja o con la familia de su pareja, sufren aislamiento social porque su vida se reduce al ámbito doméstico y a las tareas de cuidados. Y este confinamiento en el hogar las expone a situaciones de violencia de género.

El embarazo no intencional en la adolescencia está estrechamente vinculado a situaciones de vulnerabilidad social y es un factor que reproduce la desigualdad social, la desigualdad de género y la pobreza de generación en generación. En ese sentido, Galindo dice que “muchas madres de esas adolescentes también han sido madres en sus adolescencias y hay mucho de ‘si yo pude, vos podes’. Hay una naturalización de que esa piba puede con la crianza, de que ya es grande”.

En ese sentido, una consecuencia del embarazo no intencional es que las adolescentes se vuelven “invisibles para la sociedad, para sus familias” y “dejan de ser cuidadas por el hecho de ser mamás. Para la sociedad, estas chicas son vistas como adultas responsables de cuidado y no como adolescentes necesitadas de ser cuidadas. Obviamente que hay un niño o niña que necesita de una red de cuidados, pero también hay una adolescente que necesita ser cuidada y eso se pierde absolutamente. Por eso es importante trabajar con la red socio afectiva de las adolescentes y que haya una persona adulta que las acompañe”, dice Galindo.

Además, “es necesario crear redes institucionales de cuidado, garantizar que estas chicas puedan contar con espacios de cuidado de primera infancia en las escuelas a las que asisten o accesibles para ellas, que den respuesta a las necesidades para poder dejar a sus hijos para que tengan la posibilidad de estudiar y trabajar y garantizarles las mismas oportunidades de desarrollo social que a cualquier otro u otra adolescente”, plantea la licenciada.

Ante este panorama, para que muchas chicas no tengan que atravesar situaciones como la de Julia y Juana y tengan la posibilidad de transitar su adolescencia con derechos plenos con igualdad de oportunidades, libre de abusos y de violencias, es necesario prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia y garantizar el derecho a la educación sexual integral, a la salud sexual y (no) reproductiva y el acceso a métodos anticonceptivos.

El Plan ENIA

A partir de la experiencia en políticas de Educación Sexual Integral (ESI) y salud sexual y (no) reproductiva cosechada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2017 el gobierno de Mauricio Macri creó el Plan ENIA, que se profundizó durante la gestión de Alberto Fernández y sufrió recortes por la motosierra de cercenar derechos del presidente Javier Milei hasta cortar el financiamiento del gobierno nacional. En consecuencia, algunas localidades y provincias tuvieron que cerrar el programa y otras, como la provincia de Buenos Aires, buscaron estrategias para darle continuidad.

El Plan ENIA fue la primera iniciativa de gran escala en el país para dar respuesta integral, con perspectiva de derechos, enfoque de género y una mirada economicista al problema del embarazo no intencional en Argentina. Fue diseñado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, con la cooperación de 23 organizaciones de la sociedad civil que formaron el Consejo Consultivo y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas de forma interdisciplinaria, integral e intersectorial.

El objetivo del Plan ENIA era sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en adolescentes de 10 a 19 años,  poniendo énfasis en la prevención del abuso y la violencia sexual que son las causas del embarazo forzado en adolescentes de 10 hasta 15 años  y potenciando el ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos a partir de la difusión de información y educación sobre salud sexual y (no) reproductiva; la distribución de métodos anticonceptivos en forma gratuita a través de los servicios de salud; y la garantía  del acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente.

Las Asesorías de Salud Integral en las escuelas fueron una de las herramientas más importante para llevar a cabo el Plan ENIA. Estos dispositivos fueron el resultado de la experiencia previa del Estado en políticas de salud adolescente y salud sexual y (no) reproductiva y de lo aprendido en los territorios por las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema y por las organizaciones comunitarias, que fueron un nodo fundamental de este entramado para garantizar derechos a las adolescencias de los sectores populares que estaban fuera del sistema educativo y del radar del Estado.

Desde 2015 el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (luego  Dirección de Adolescencias y Juventudes) venía realizando una estrategia de Asesorías en Salud Integral en escuelas secundarias. “En 2014 empezamos a trabajar en una mesa entre salud y educación para pensar cómo acercar a los chicos al sistema de salud. Ese dispositivo permitió diagnosticar que, en general, los adolescentes no se acercan al sistema de salud porque es un espacio poco amigable para ellos. Así nace la idea de crear Asesorías en Salud Integral, que no son consultorios médicos sino un espacio privado dentro de la escuela al que los chicos se acercan a consultar sobre situaciones relacionadas con su salud”, dice el médico Juan Carlos Escobar, especialista en salud adolescente en FUSA Asociación Civil y ex director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación.

“Tuvimos mucha más participación en pensar cuáles eran las mejores estrategias para llegar a las adolescentes que no estaban dentro del sistema educativo, de qué manera podíamos pensar una política fuera de la escuela. Y, una vez que el Plan ENIA se había implementado, nosotros tuvimos el rol de monitoreo, proponiendo algunas situaciones, algunas posibilidades de mejoras”, dice Alejandra Scialabba, directora Ejecutiva de Fundación Kaleidos.

Estos dispositivos se empezaron a poner a prueba en 2017 cuando el gobierno nacional puso en marcha una prueba piloto del Plan ENIA en 5 provincias: Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones y Salta. Luego, entre 2018 y 2019, el plan se extendió a 7 provincias más, con un total de 36 departamentos: Formosa, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Aunque nunca llegó a implementarse en todo el país.

Logros,  aciertos y  limitaciones del Plan ENIA

La experiencia piloto del Plan ENIA fue exitosa porque logró reducir en un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia. “Es un dato duro irrefutable. Cuando uno analiza las tres localidades de cada provincia donde funcionaba el plan, el descenso de ENIA es más marcado que en otras provincias” y eso demuestra su impacto positivo, dice el referente de FUSA.

“El descenso en embarazo en niñas de 10 a 14 años era un indicador asociado a violencia sexual, a relaciones no consentidas dentro del ámbito familiar que costaba bajar”, dice el médicoJuan Carlos Escobar. La prevención del abuso sexual y la disminución del embarazo forzado fue otro gran logro del Plan ENIA.

Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, destaca que la fortaleza del Plan ENIA fue que el Estado nacional pudo “focalizar esta política de derechos sexuales y (no) reproductivos en una población específica que necesita un programa que requiere un abordaje específico fue una gran decisión porque permitió identificar una meta más centrada y cumplirla”.

Juan Carlos Escobar de FUSA, coincide con Ramírez y agrega que “la decisión política de presidencia de Nación de planificar una política pública destinada a las adolescencias con presupuesto asignado y con el compromiso de tres ministerios que se replicó en las provincias donde los ministros provinciales firmaron la adhesión al Plan nacional, porque cuando hay alta decisión política el éxito de la estrategia es más factible”.

Por otro lado, Scialabba y Escobar plantean que si bien el Plan ENIA tenía una sistematización “enlatada” o “estandarizada” para que se pudiera replicar con facilidad en todo el país, este contemplaba la posibilidad para que cada localidad pudiera adaptarlo a sus necesidades y particularidades. Y esa fue la clave para que el Plan funcionara bien en cada localidad de cada provincia en la que se implementó y que en las provincias de NOA y NEA, que tenían la mayor tasa de embarazo no intencional en la adolescencia, el programa haya podido adaptarse a las particularidades y exigencias de estas provincias.

Un aspecto muy importante para que el Plan ENIA fuera eficaz fue la existencia de “las Asesorías de Salud Integral en las escuelas, que fueron una estrategia muy exitosa porque los pibes realmente se acercaban al espacio porque ahí había una persona que ya conocían, que les daba confianza, sobre todo pensando en pueblos chicos o comunidades con población indígena, en zonas rurales. Ahí las asesorías tuvieron un impacto muy importante”, dice el referente de salud adolescente de FUSA. En ese sentido, crear e implementar las Asesorías de Salud Integral en las escuelas que intermediaran entre los adolescentes y las salas de salud de atención primaria fue uno de los mayores aciertos del Plan ENIA.

Además, la doctora Scialabba asevera que la eficiencia del plan ENIA radicó en que este “conjugaba la posibilidad de tener información en las consejerías para que los adolescentes pudieran tomar decisiones informadas y la entrega de métodos anticonceptivos de larga duración”. Scialabba considera que la difusión de información sobre “una gran diversidad de métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subcutáneo que comenzó a tener mucha fuerza”, fue un logro muy importante para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia porque estos anticonceptivos “son los más eficaces para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia porque las chicas no tienen que acordarse de tomarlas todos los días”.

A pesar de que en la mayoría de las 36 localidades del país en las que se implementó el Plan ENIA ya no existe más, el nivel de monitoreo del plan, la sistematización de información, el conocimiento aprendido por los profesionales, las instalaciones ganadas y el cambio cultural logrado son saberes, recursos, experiencia y redes que tiene un gran valor porque constituyen una base que le posibilita al Estado nacional, provincial o municipal continuar con el programa, adaptarlo o planificar otros programas de salud sexual y  (no) reproductiva.

Sin embargo, el plan también tenía debilidades. Una muy importante,  que se aprendió cuando ya era tarde, es que era necesario realizar un proceso de fortalecimiento de las instancias locales para transferir el liderazgo centralizado del plan de las instituciones del gobierno nacional a los gobiernos provinciales. Ese proceso que estaba planificado para cuando el plan se hubiera extendido a todo el territorio nacional, no avanzó. 

En ese sentido, la directora ejecutiva de Fundación Kaleidos, agrega que una debilidad del plan es que aunque los gobiernos provinciales hubieran podido darle continuidad, “es una política que fue pensada desde lo central y una vez que el Estado nacional se corre y transfiere el programa a las provincias, perdés injerencia y la trazabilidad de la política” porque no existe articulación ni monitoreo ni sistematización de datos que permita a los equipos técnicos trabajar con un diagnóstico y plantear objetivos. Esto es fundamental para implementar el plan en la provincia, pero lamentablemente ni siquiera “se llegó a esa instancia, porque si bien estaba previsto y establecido en la planificación, el Estado nacional no había llegado a crear las condiciones y los mecanismos de financiamiento necesarios para poder transferirlo a las provincias de una manera ordenada y eficiente”, explica Scialabba.

Por un lado, al no haber establecido mecanismos alternativos al financiamiento, la compra y la distribución de métodos anticonceptivos del gobierno nacional, cuando este dejó este rol a las provincias. Para la provincia de Buenos Aires no fue un problema tan grave porque tiene presupuesto, políticas e infraestructura para poder garantizar la distribución de métodos anticonceptivos, pero muchas provincias no pudieron seguir distribuyendo la misma cantidad de anticonceptivos y, en el caso de las provincias más pobres, que son las que tienen tasas más altas de embarazo no intencional en la adolescencia, no pudieron continuar proveyéndoles porque no tienen capacidad de compra porque tienen otras emergencias en este contexto de crisis económica nacional. Y si un Estado nacional, provincial o municipal no puede comprar y distribuir métodos anticonceptivos, no hay posibilidad de que un plan de prevención de embarazos no intencionales sea efectivo.

Esa centralización operativa y financiera fue lo que determinó que el Plan ENIA sucumbiera, más allá de la incidencia de la asfixia económica por parte del gobierno nacional  durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.

La motosierra que mutila derechos

En marzo de 2024 el gobierno nacional dejó de financiar el Plan ENIA y despidió a los 500 profesionales que trabajaban en todo el país sin asistencia ni coordinación económica o técnica. Ante la imposibilidad de los estados provinciales de financiarlo y garantizar su continuidad, el Plan dejó de funcionar en la mayoría de las provincias donde se implementaba.

Ante esta situación, diputados radicales y kirchneristas presentaron dos proyectos para convertir el Plan ENIA en ley porque al convertirla en política de Estado, se podría garantizar su continuidad y obligar al gobierno nacional a hacerse cargo del financiamiento del Plan en todo el país.

Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil realizaron campañas para concientizar a la opinión púbica sobre la necesidad de que el Plan ENIA continuara funcionando, pero el tema desapareció de la agenda política, dejando en una situación de desprotección a las adolescencias.

La situación de desprotección de las adolescencias es más grave si se tiene en cuenta el reciente desmantelamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la eliminación de numerosas políticas públicas destinadas a niñeces, adolescencias y juventudes y el desfinanciamiento de todos los programas de salud sexual y (no) reproductiva.

En ese sentido, Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, dice que “si estuviéramos con una crisis económica pero hubiera un programa dirigido a adolescentes, sería otro escenario distinto al que hoy tenemos, con menos plata pero con acompañamiento. Hoy lo que tenemos es un gobierno nacional que abandona a los adolescentes, que abandona a los equipos, que no articula”.

Multiplicar es la tarea

A pesar del ataque del gobierno nacional contra el Plan ENIA, las personas involucradas en la su implementación y monitoreo cuentan que las alianzas territoriales que se forjaron durante sus 6 años de implementación, han permitido que, en algunos lugares del país, el programa continúe funcionando adaptándose a la crisis económica, a la falta de personal técnico y a las posibilidades de cada provincia asumiendo  otras formas. Además, las organizaciones que formaron parte del Consejo Asesor también se nutrieron de la experiencia para aportar soluciones al problema del embarazo no intencional en la adolescencia.

En ese sentido, Escobar, de FUSA y ex Director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación cuenta que las Asesorías en Salud Integral, que son un dispositivo previo al Plan ENIA que fue modificando a partir de esta experiencia, siguen funcionando en muchas localidades del país. Incluso, estos dispositivos, mejorados con los aprendizajes adquiridos a partir del Plan, tienen mucha presencia y relevancia en provincias donde este no existió, como en Neuquén, Río Negro, Ushuaia, La Pampa, entre otras.

Por otro lado, Carlota Ramírez, Directora de Salud Sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires, cuenta que si bien el gobierno nacional dejó de financiar el Plan ENIA en la provincia, algunos municipios absorbieron el personal y, en otros casos, los equipos técnicos del Plan ENIA estaban formados por personal que al mismo tiempo trabajaba en el Estado municipal y, aunque las Asesorías de Salud de las Escuelas no existen más, se sigue trabajando en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia con otros programas provinciales. Además, la experiencia que el trabajo territorial del Plan ENIA sirvió para trabajar con otros dispositivos porque “facilitó la articulación de mesas de trabajo locales. Nosotros en la provincia trabajamos mucho haciendo mesas locales que no solamente eran personas que articulaban con los pibes, eran equipos técnicos que empezaron a conformar mesas donde estaban los agentes del ENIA, la responsable de salud sexual y reproductiva, la responsable de salud perinatal, el equipo de violencia…esas  mesas que se armaron empezaron a articular la política. Nosotros tratamos de replicar este modelo en otros municipios con menos recursos. Y de alguna manera, las mesas ‘Niñas No Madres’ vienen a cumplir con el rol vacante que dejó el plan ENIA en toda la provincia, que si bien trabaja en la prevención del abuso sexual y el embarazo forzado con adolescentes menores de 15 años específicamente, va trazando como una huella sobre la que se va construyendo todo un abordaje de las adolescencias y, sobre todo, equipos que se conocen, que articulan la política en el territorio”.

La licenciada Ramírez también cuenta que en la provincia de  Buenos Aires funcionaba el 0800 salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación y que organizaciones feministas territoriales denunciaron que esa línea no estaba prestando correctamente su servicio. Entonces, gracias a la experiencia territorial adquirida con Plan ENIA y otras políticas de derechos sexuales y (no) reproductivos del gobierno de provincial, en agosto de 2024 el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puso en funcionamiento la opción Nº 3 en la línea 148, para brindar información sobre métodos anticonceptivos, IVE e ILE. A través de las consejerías, el Ministerio de Salud asesora, deriva y hace seguimiento de las personas que hacen consultas telefónicas. “Estamos teniendo mucha demanda y mucha gente que llama para preguntarnos si el aborto sigue siendo legal, si los métodos todavía son gratis”, dice Ramírez.

Por otro lado, si bien Casa FUSA brinda servicios de salud sexual y reproductiva como ginecología, psicología, consejerías en IVE e ILE, vasectomía o asesoría integrales para personas travestis, trans y no binarias en CABA, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, el médico Juan Carlos Escobar dice que la eliminación del Plan ENIA no se tradujo directamente  en una mayor demanda en los dos consultorios de provincia de Buenos Aires (Ramos Mejía y Lanús), precisamente porque allí no funcionaba el Plan. Sin embargo, por referencia con equipos de otras localidades sí es muy sentido su desamantelamiento. 

Así mismo, Escobar da cuenta de la importancia que el Plan dejó en las provincias en términos de capacidad instalada. Por ejemplo, el año pasado, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), llevó adelante con apoyo de FUSA y el gobierno provincial, la estrategia  “Llegar a cero”, en las localidades de Libertador General San Martín y San Salvador de Jujuy.

“Llegar a cero” es una estrategia que busca disminuir a cero la tasa de embarazo no intencional en la adolescencia; la violencia sexual y violencia de género; y la muerte materna a través de diferentes acciones tanto a nivel de gestión, equipos de salud y comunidad, incluidas las adolescencias. Escobar cuenta que “a diferencia de la localidad de Libertador General San Martín, en San Salvador de Jujuy  el programa ”Llegar a cero“ tuvo de alguna manera, mejor recepción y resultados porque los equipos de salud y las escuelas ya tenían capacitación y experiencia de trabajo territorial en el tema, porque venían trabajando en el Plan ENIA”. 

Por su parte, la Directora Ejecutiva de Fundación Kaleidos dice que a partir de la difusión del Plan ENIA, su organización comenzó a recibir más consultas, más pedidos de talleres en escuelas para trabajaba ESI (Educación Sexual Integral) y la prevención del ENIA. Desde el cierre del Plan, la fundación continúa teniendo muchas escuelas e instituciones interesadas en trabajar estos temas aunque el auge de la temática empieza a bajar. “Estamos trabajando para ver qué otras instituciones pueden implementar una consejería con los aprendizajes que tuvimos y cómo vincular esos espacios con los Caps. Cuando los temas bajan y dejan de estar en agenda, las organizaciones nos rebuscamos para ver cómo podemos seguir trabajando estas temáticas de alguna manera. Obviamente nuestro trabajo no es replicable a nivel nacional y masivo, pero vamos buscando a ver de qué manera podemos recopilar estos aprendizajes, que son lecciones valiosas, generando modelos pequeños que se puedan seguir replicando”, dice Alejandra Scialabba.

Más allá de la eficacia del Plan ENIA en la reducción del 50% del embarazo no intencional en la adolescencia, la maternidad y paternidad adolescente siguen siendo una realidad en Argentina. En ese sentido, Programa Jakairà, la Fundación Kaleidos, que fue parte del Consejo Asesor del Plan ENIA, continúa trabajando en prevención del embarazo no intencional en las adolescencias en adolescentes que no fueron madres o padres y en los que ya tienen un hijo o hija, porque la mayoría de los adolescentes que fue madre o padre antes de los 16 años tienen su segundo hijo antes de los 19 años; en el acompañamiento a adolescentes que son madres y padres y en la germanización de derechos para esos adolescentes y sus hijos e hijas  en su sedes de CABA y  Córdoba.

Fundación Kaleidos trabaja con una red de personas de organizaciones de la comunidad, de las escuelas y de los centros de atención primaria. Ese tejido es fundamental para acompañar, contener y apoyar a las y los adolescentes que son padres y madres en su desarrollo personal, social, educativo, laboral y económico. Y la experiencia del Plan ENIA confirma que esa red de vínculos e instituciones, que hace muchos años son centrales para el trabajo de Jakairà, son pilares fundamentales para trabajar la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia en cualquier circunstancia en todos los territorios.

Más allá de las adaptaciones locales a partir de los aprendizajes que dejó el Plan ENIA, del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de proyectos de organismos de Cooperación internacional, como el del UNFPA, todos los especialistas consultados coinciden en que el Plan es una estrategia para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia absolutamente replicable en distintas escalas en cualquier lugar del país y del mundo.  

En ese sentido, por las características de su planificación, el monitoreo exhaustivo, la sistematización de información y la serie de documentos, guías y protocolos de capacitación y acción que realizaron los equipos de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social nacionales, el Plan ENIA fue una contribución muy importante para continuar promoviendo derechos y salud sexual y (no) reproductiva entre las adolescencias de toda América Latina.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Solutions Journalism Network y la Fundación Hewlett, a través del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506.

La Suprema Corte bonaerense suspendió a la jueza Julieta Makintach por 90 días

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió este martes suspender por 90 días a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, en medio de la polémica por su participación en una producción audiovisual vinculada al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La decisión fue adoptada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, quienes firmaron la resolución el 28 de mayo.

La medida llega tras una investigación preliminar impulsada por la Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal provincial, en la que se analizaron las presuntas irregularidades cometidas por la magistrada durante el ejercicio de sus funciones.

Makintach había sido recientemente recusada del juicio oral que tiene como imputados a los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista en sus últimos días. Su apartamiento fue consecuencia del escándalo desatado tras conocerse su vínculo con el documental “Justicia Divina”, que se grababa en los tribunales de San Isidro durante las audiencias del proceso.

En su resolución, la Suprema Corte subrayó que la conducta atribuida a la jueza se alejaría “de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado” y podría ser “inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad”.

En paralelo con la suspensión, la Corte ordenó dar intervención al procurador general Julio Conte-Grand para que evalúe si corresponde avanzar con una acusación formal bajo los términos de la ley que regula el enjuiciamiento de magistrados.

Los jueces del máximo tribunal consideraron que la licencia temporal era necesaria para preservar la integridad de las investigaciones en curso, garantizar el normal desarrollo de las causas y sostener la confianza pública en la administración de justicia.

MM