Código Postal 3187
En San Miguel, un programa de salud virtuoso fue direccionada en un solo sentido: el reproductivo. Mientras la ESI está ausente, los anticonceptivos se escamotean y quienes necesitan de una IVE no la obtienen, un móvil recorre los barrios humildes para garantizar que los embarazos lleguen a término. Incluso contra el deseo de quien gesta.
–Amor, ¿vos tenés 15 o ya cumpliste los 16?
–No, tengo 15 todavía. Recién en agosto cumplo 16.
–Ah, cuando nace la gordita. Che, hay que pensar en un nombre. ¿Qué nombres te gustarían?
–Yo pensé Natasha. Le quería poner Hilda, por el nombre de mi abuela, pero ese nombre lo tiene mi hermana.
–¿Y si le ponés Natasha Hilda? Si tu abuela es importante para vos... ¿O no? ¿Tu abuela es de parte de tu mamá? ¿Cómo te llevás con ella?
–Falleció cuando yo tenía siete años. Era más pegada a mi abuela que a mi mamá.
Dos mujeres –una sentada, sonriente, de unos cuarenta años, y otra muy joven, de pie, con una carpeta en la mano y tomando notas todo el tiempo– interrogan a una chica flaquita y en pijama rosa, sentada en una silla destartalada del comedor comunitario de Barrio Mitre. Acá el frío se combate con mate y tortas fritas recién hechas. M, la chica del pijama, no se mueve de su rincón. Llegó hace un rato con su noviecito lleno de piercings y no se la ve demasiado feliz. La panza, oculta debajo del buzo, ni siquiera se adivina. Está de siete meses. En realidad, de “28 semanas y tres días”, apunta la chica parada frente a ella, que se llama Maricruz y no pierde un solo detalle de nada: toma apuntes, revisa un celular y mira a M fijamente.
Aquí, en este mismo patio de contrapiso desnudo, María Rosa –la vecina a cargo del comedor, nacida y criada en Barrio Mitre, madre de siete– prepara y distribuye 80 viandas por noche. “Este es un barrio de gente humilde, casi todos son cartoneros. Está complejo todo. Y el consumo está instalado, como en todos lados. El tema de la droga y el del alcohol. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y de contener, desde nuestro lugar, hasta donde podemos. Ahora viene más gente que antes, no damos abasto”, cuenta. El municipio les lleva la mercadería y María Rosa la convierte en raciones para 190 personas. El comedor tiene ya 20 años. Cinco más que M, a quien la mujer sonriente sigue interrogando.
–Contanos qué hacés en el día. ¿Vos te levantás y qué hacés?
–Estoy mirando videos. Nada, estoy ahí, en casa. Al pedo.
–¿Te gustaría ir a algún taller? Nosotros tenemos talleres. Una vez por semana podrías ir dos horas a conocer ahí a mamás embarazadas del barrio, comer algo rico, escuchar otras historias. Te van a decir que sos valiosa, todo lo que podes aprender, hacer pulseritas .¿Te gustaría?
La mujer que habla es María Emilia Carman, “Emi” para las nueve personas que la acompañan en su trabajo. Es la coordinadora del programa municipal llamado El Camino de la embarazada. Emi tiene un aire a la mujer que en 2018 militaba contra la ley de aborto repartiendo bebitos de plástico y, como ella, sonríe mucho, todo el tiempo. Su alegría parecería ser contagiosa; por algo todas las chicas que la acompañan sonríen igual. Del cuello de Emilia cuelga un medallón de San Benito y de su boca, muchísimas preguntas. Quiere saberlo todo de M: qué hace, qué no hace, con quiénes vive. A qué hora se duerme y se despierta. Si tiene abuela, tíos, mamá. Y qué come, sobre todo eso: qué come.
–¿Estás yendo a la escuela, vos?
–Sí, pero no me querían. Como tengo casi como seis meses de panza... no te quieren de cinco para arriba
–¿Vos este año habías empezado el cole?
–Si, pero me mandan tarea a casa. No quieren que vaya por si me agarra… algo.
El temor de los docentes se explica con sólo mirar a M: tiene los ojitos apagados, la piel amarillenta y una flacura que la ropa holgada no consigue disimular. Tiene también, bajo la silla, una bolsa con turrones, alfajores, una banana y una mandarina que le acaban de dar “las chicas”, como ella les dice a las operadoras del programa. Pero Emi ya tiene, para cada problema, una solución. Le cuenta de los talleres que da el municipio, del programa Envión de apoyo escolar. Es apabullante. Y nunca, nunca se detiene.
–Escuchá: ¿a qué hora te acostás de noche?
–A las doce.
– ¿Y te levantas y desayunas?
–Sí, a veces. A veces me levanto y no queda nada. Son una banda los hijos de mi tía.
–¿Y almuerzo?
–A veces hacen a la noche nomás de comer.
–Pero si vos vas al Envión, ahí vas a tener para desayunar. Para desayunar y para almorzar, o sea que tenés cubierto para tu bebé, eso es re importante. Vos lo que tenés que buscar es un lugar donde puedas dedicarte tiempo a vos, donde puedas comer bien, donde te sientas cómoda.
Pero lo más importante de todo, aclara, es que M esté en contacto con Maricruz, su acompañante perinatal, una chica morocha y seria que anota todo. Es ella, de hecho, la que sabe cuántas semanas faltan para el parto de M y hasta quien contesta cuando pregunto de cuántos meses está. Con esa chica, explica Emilia, M debe estar en contacto sí o sí.
–Cualquier cosa, vos sabés que la tenés a Maricruz. ¿Vos le escribis a Mari?
–Sí, sí.
–¿Le mandas mensajitos?
–Cambié el número
–Pero ahora podemos tomarlo. Mira, acá Maricruz estaba en contacto con tu mamá porque vos no tenías celular. ¿Sí? Pero ahora ya tenés celular y, ¿Sos mamá o no sos mamá? Sos mamá. Porque si tenés a tu bebé en la panza, ya sos mamá. Entonces, Maricruz puede empezar a comunicarse directamente con vos para decirte qué tenes que hacer. Vos le podes escribir, le podes decir “Mari, tengo tal turno”, o “Me fue bien”. ¿Entendés? Estas cosas que son de las mamás.
M, 15 años, asiente.
El Camino de la embarazada es un programa local nacido en 2016 como la respuesta del municipio a una realidad bien concreta: la mayoría de las gestantes, sobre todo en los barrios populares, llegaban a la sala de parto casi sin controles de salud. Funciona desde hace nueve años y operó aun en pandemia, cuando una camioneta con altavoces recorría los barrios instando al vecindario a avisar sobre la existencia de embarazadas en la cuadra. “Buscamos, detectamos y acompañamos a mujeres que por algún motivo no controlan su embarazo. Gracias a este programa tuvimos mortalidad materna 0 en 2020”, twitteaba desde su cuenta personal Pablo De la Torre, por entonces funcionario de Salud en San Miguel. Pocos años después, con la llegada al poder de Javier Milei y de la mano de la ministra Sandra Pettovello, De la Torre saltó al nivel nacional: quedó al frente de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Niñez (SENAF), de la que sería excluido a principios de 2024 en medio del escándalo por la distribución de alimentos a los comedores populares.
Declarado el 10 de mayo de 2018 como “municipio pro vida” por su Concejo Deliberante, San Miguel es – junto a Capitán Sarmiento– uno de los dos últimos municipios que aparecen en rojo en el mapa de acceso al aborto legal en l provincia de Buenos Aires. Esto es, uno de los territorios en donde el derecho a interrumpir un embarazo, amparado por una ley nacional promulgada hace cuatro años (la 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo) no se cumple y fuerza a niñas y mujeres a dos situaciones igualmente violentas; viajar para abortar o resignarse a gestar contra su voluntad, como en El cuento de la criada.
Por algo en la presentación oficial de El camino de la embarazada, hace ya nueve años, se hablaba de un “acompañamiento cálido y cercano”. Con el tiempo, tanto la terminología como la retórica fueron mutando. Hoy el verbo utilizado es “detectar”, al tiempo que se hacen “operativos” y “rastrillajes” en busca de gestantes. Estos últimos consisten en recorrer un determinado barrio casa por casa, consultando si hay en la familia –o si se conoce– a alguna embarazada. Este rastrillaje se hace el día anterior a la llegada del operativo, como para ir sobre datos seguros y actualizados. “Lo que estamos haciendo hoy se llama operativo. Lo hacemos martes y jueves, en distintos lugares. Emi se encarga de hacer una logística y de ver qué barrio elegimos”, explica con una sonrisa enorme Dolores, una chica que se presenta como “acompañante perinatal. Nosotros acompañamos, sacamos turnos… Es como una asistencia medio psicológica también porque hablamos las 24 horas del día con las mamás. Las tenemos por el celular entonces hablamos todo el tiempo. A veces se sienten mal, hay veces que están tristes, entonces capaz necesitan que alguien las escuche. También hay muchas mamás criando en soledad. Siento que está muy bueno el programa porque nosotras las acompañamos un montón. Hay veces que te llaman a cualquier hora. Capaz son primerizas y tienen miedo. Entonces te llaman por cosas que las asustan pero son parte del embarazo”, explica.
–¿Vos sos mamá?
–No. Tengo 21.
–¿Sos psicóloga?
–No, estoy estudiando Obstetricia. Entonces, más o menos entiendo todo. Acompañamos a las mamás en todo eso que es más psicológico capaz. Que es lo más importante, creo yo, porque hay muchas madres adolescentes también. Yo tengo una mamá de catorce años que acompaño. Otra de quince…Y bueno, ellas necesitan más que nada del acompañamiento –dice. Y sonríe.
Los operativos se realizan por la mañana –de 9.30 a 12.30– en todos los barrios del partido pero con especial énfasis en las barriadas populares como Barrio Obligado, Barrio Mitre o Santa Brígida. Esos días, en esos horarios, un móvil identificado con el logotipo de la municipalidad se estaciona en algún punto concurrido del vecindario y las embarazadas se acercan a hacerse controles y ecografías. En el interior del móvil hay un ecografista y una obstetra. Llega con él una bandada de chicas sonrientes, muy jóvenes todas, que bajan con bolsas, conservadoras, cajas con frutas, papeles. Como el trineo de Papá Noel, sólo que sin renos. Son, como Dolores, las denominadas “acompañantes perinatales”. “Las que tienen delantal son las chicas de la UCA. Está buenísimo que vengan porque nos dan una mano. Les toman la presión a las embarazadas y a veces les dan charlas también para concientizar porque hay muchas en consumo. O vienen de seis meses a hacerse el primer control. Eso es una locura”, cuenta Dolores.
Según el informe de gestión 2024, se asistió a 560 embarazadas durante esas visitas y realizó 294 ecografías. El ingreso al programa se basa en una serie de criterios, tanto sociales como sanitarios. Un criterio social es “ingreso por debajo de la canasta básica”, otro es “situación habitacional crítica” y otro es “madre criando en soledad”. Hay más. Un criterio sanitario es la ausencia de controles. Otro, la “falta de aceptación del embarazo”. Se consigna, de hecho, que 1 de cada 4 embarazadas acompañadas por el programa no quiere estarlo, más de la mitad (65%) no llega a cubrir la canasta básica y 1 de cada 4 tiene antecedentes de consumo. En 2024 hubo 78 operativos.
El Diario AR participó –entre abril y mayo de este año– de tres de esos operativos. Uno tuvo lugar en un centro de salud, otro en un comedor dependiente de la municipalidad y el tercero fue en la plaza central de San Miguel, frente a la iglesia y de espaldas a la estatua de Sarmiento que, desde la altura, parece retar a todos los que pasan. A metros de ahí, en diagonal, otro busto –el del “Che” Guevara– fue perdiendo la cara de ataque en ataque, de martillazo en martillazo. Hoy, si no fuera por la placa al pie, sería difícil reconocerlo. Y no por casualidad. San Miguel, municipio alguna vez bautizado como “el Tucumán del conurbano”, es un territorio marcado por la presencia eclesiástica y militar: el Colegio Máximo de los jesuitas, por un lado, y Campo de Mayo, por el otro, son los dos ejes entre los que queda encerrado todo lo demás.
“Nosotros trabajamos con UNICEF en San Miguel y hace muchos años, cuando llegó De la Torre al municipio, nos echó. Echó a UNICEF porque ya estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las niñas, con la protección que tenían que tener las niñas y menos que menos en relación a la educación sexual integral”, afirma la doctora Mabel Bianco, directora de FEIM. “Lo único que va a hacer es apoyar a las embarazadas, hacer un seguimiento de ellas para que (si alguna quiere interrumpir ese embarazo) sea rápidamente ubicada y disuadida. Lo único que quiere es que lleguen al nacimiento. San Miguel es un municipio que está alambrado, no deja entrar a nadie. Es uno de los municipios con peores indicadores en cuanto a salud de mujeres y niñas. Es terrible y lo peor es que querían llevar a Nación todas esas barbaridades que planteaban”, dispara.
En la misma línea habla una ex trabajadora de la salud que pide reservar su nombre por cuestiones de seguridad y que se desempeñó por años en el centro de salud del Barrio Obligado. Desde esa experiencia, explica que “el gobierno sanmiguelino está, desde siempre, copado por el Opus Dei. Desde esa perspectiva, el derecho no está ni siquiera en el discurso. La palabra ”derecho“ no existe. No existe”, insiste. Y agrega que “lo que sí hay es la perspectiva religiosa y por eso la anticoncepción no está bien vista. Se vencían los anticonceptivos en atención primaria de la salud. Lo que pasa es que para que funcione el programa de salud sexual y reproductiva vos tenés que ir a ofrecerlo, no esperar que vengan. Y eso no sucede. Recuerdo una anécdota tremenda: cae una piba con un bebito y con el que sería su compañero. Y con una vocecita muy finita, dice que viene a buscar un anticonceptivo. Entonces la administrativa comenzó: ”¿Y cuál es tu apellido?“, ”Pero, ¿cuál es la pastilla que tomás?“. ”Bueno, tenés que venir cuando venga la médica porque yo acá no encuentro cuál es la que tomás“. Y la piba, con todo lo que le había costado ir a buscar esa pastilla, pegó media vuelta y se fue. ¿Cómo quieren después que no se embaracen?”
A es una chica desconfiada. Es martes, estamos en pleno operativo y esta cronista intenta –en vano– charlar con alguna embarazada. Sistemáticamente, es acercarse a alguna y que aparezca alguien del programa a llevársela rápidamente a algún otro lado. Pregunto si podré conversar con alguien. “Podes hablar siempre que no sean menores”, advierte una acompañante perinatal. Notable: contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la que la mortalidad materna es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de entre 15 y 19 años, en San Miguel las menores pueden gestar y parir sin problemas. Hablar, no. Por suerte, A no es menor de edad y espera, en una sala del centro, pasar al consultorio de la obstetra. Está embarazada “de muy poquito: nueve semanas” pero ya está siendo “acompañada” por el programa. Es madre de la nena que revolotea a su alrededor chupando la mandarina que acaban de regalarle. A. me muestra sus pequeños trofeos, en una bolsa: “Me dieron un turrón, galletitas y hasta un huevito de Pascua”, dice. Cuenta que además tiene otro hijo, un nene de siete. “Lo tuve a los 15, no disfruté nada. Me junté muy chica, me embaracé muy chica”. Perdió a su mamá a los seis años y a su papá poco tiempo después. La criaron entre una abuela y un tío. No pudo terminar el colegio. Con el padre de sus nenes estuvo un tiempo; hoy vive con ellos y no tiene trabajo. La historia es calcada de otras mujeres de este programa: empobrecidas, sin grandes recursos educativos, sin trabajo y con pocos o ningún referente afectivo. A la intemperie.
Se las arregla, cuenta A, con “la asignación, pero con dos chicos y otro más en camino, no alcanza para nada. Yo recomiendo mucho El Camino de la embarazada porque te ayudan mucho con los turnos”, dice, como de memoria. Le pregunto entonces qué le gustaría para sus hijos. Me mira, seria. “Todavía son chicos, pero lo que ellos quieran va a estar bien. Eso me gustaría: que puedan elegir”.
Jueves radiante en el centro de San Miguel. Hoy el operativo sucede en la plaza y coincide, me cuentan, con el Día Internacional de la familia. Hay mucha gente y muchas fotos. El equipo entero posa con una bandera que reza “Cuidar la familia es cuidar la Patria” y conversar con alguna embarazada se vuelve cada vez más difícil. Hasta que una chica muy jovencita y con cara de susto acepta la charla. Tiene entre sus manos la carpeta celeste y rosa con la que se recibe a cada nueva embarazada. En la tapa, la silueta de una mujer sosteniendo su propio vientre, el sello de la municipalidad y unos renglones vacíos como para completar: “Esta carpeta pertenece a…”. Pero la ilusión duró sólo un instante: en tres minutos aparece una acompañante perinatal rubia y de pelo largo a explicarme que no. “Ella no quiere hablar. Lo que pasa que es tímida. Te dijo que sí, pero no. Así que no”, anuncia, y sonríe. Busco entonces a otra embarazada y de nuevo lo mismo, sólo que con otro pretexto. “Esta chica no, es muy rebelde. Yo te voy a buscar con tiempo una con la que puedas hablar, una que conozca bien cómo es el programa”, se acerca entonces a explicar Emilia. Esta periodista se impacienta: “Vine a buscar voces y datos. Pero quizá éste sea el dato: que no pueden hablar”, digo. Por primera vez, Emilia deja de sonreír y se pone seria. Hay una tormenta armándose ahí, a la altura de su frente, pero termina bien: veo a una señora grandota sentada en la plaza junto a su hija, le propongo la nota a ella directamente y acepta. Hasta hace un rato, las dos lloraban por turnos: un poco la chica, otro poco la mamá, sentadas las dos frente a Emilia y a dos acompañantes de “Camino”, como le dicen todos. Se secaban las lágrimas con las palmas de las manos. Ahora, me cuenta la mujer, ya están mejor. Más tranquilas. “Y todo gracias a las chicas, porque me consiguieron todos los turnos. Pasa que ella se quedó embarazada y tiene muchos problemas. De adicción y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico. Tengo mucho apoyo, mucha contención. Porque ellas me están ayudando en todo. ¡No sabés todo lo que anduve para conseguir un turno para el neurólogo, para el psiquiatra! Y hoy me lo consiguieron. Me voy aliviada porque ella tiene todos los turnos”. “Ella” es B, la menor de sus siete hijos. Una chica jovencita con un buzo de capucha negra que se baja constantemente hasta taparse casi toda la cara. Desde ahí asoma cada tanto, curiosa. Y sonríe.
“¿Por qué no te dejan hablar con la gente?”, pregunta la señora apenas las funcionarias del programa se alejan un poco. Le digo la verdad: que no sé. “A mí me hace re bien hablar, me alivia. Ella está de cuatro meses. No quería venir pero anoche eran las 11, 12 de la noche y la pobre P estaba llamando, ”Que mañana B no se olvide el turno, B, veni que te voy a esperar“. Hoy, de nuevo: ”B, por favor hoy vení, que te estoy esperando“. B no quería venir pero ella la acompaña, la convenció para venir” cuenta, contenta. P es la acompañante perinatal de B, la chica que –hasta el día del parto– no debe perderle el rastro ni a sol ni a sombra.
Además de turnos y compañía, “las chicas” están ayudado a la señora (que tiene otra hija con discapacidad) a obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también para B. “Eso la va a ayudar muchísimo”, se entusiasma la madre. “Y si hablo con la psiquiatra voy a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque no vaya a ser que un día se me escapa y vuelve a quedar embarazada. No puede. Porque si no está apta para criar un bebé, si no está apta para tener un bebé, ligale las trompas porque no va a estar apta nunca para tener un bebé”, razona en voz alta. Le cuento que, por ley, su hija podría acceder a una interrupción pero ni lo considera. “Yo soy anti aborto. Ella dijo que no quería tener. Pero en este caso el psiquiatra dijo que ella no puede tomar ninguna decisión. Igual ya ahora no se puede interrumpir el embarazo. Está muy avanzado. Crié siete, voy a criar una nieta más. Es así: caerse, levantarse y seguir. Hoy estaba en un pozo porque andaba buscando los turnos para el psiquiatra porque ya no sé qué hacer. ¡Y ahora me consiguieron el turno!”, celebra. B sonríe. Le pregunto entonces a la chica qué le gusta hacer. Asoma un ojo desde la capucha. “Estar acostada. Durmiendo. A veces estoy con el celular, mirando Tik Tok. Miro la tele y a veces tomo mate con mi papá o con ella. Tengo dos perros y dos gatos. Y una gata. Los perros la corren por todos lados, ¡y ella se escapa!”, dice. Y se ríe.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
DTC
El debate comienza el miércoles en un plenario de comisiones a las 13. El cristinismo quiere una candidata propia en el Máximo Tribunal y reformar la AGN. El factor de la elección porteña y el empoderamiento del Ejecutivo.
“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”.
José Mayans le explicó esto a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado rechazara, en abril, los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una ampliación de la Corte que le permitiera a Cristina Fernández de Kirchner poner a su propia candidata en la Corte. Santiago Caputo, sin embargo, se rehusó, avanzó vía decreto, y dinamitó, así, las negociaciones con Unión por la Patria. Dos meses después, con mucha agua corrida bajo el puente, el peronismo se propone retomar su objetivo originario.
El miércoles a las 13, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzará a tratar una batería de proyectos que proponen ampliar la Corte Suprema de Justicia. Hay iniciativas que proponen que sean 15 jueces –como la de la cristinista Silvia Sapag– y otros que proponen que sean 7, como la del salteño Juan Carlos Romero. Pero todas coinciden en dos puntos: que la Corte de 5 miembros quedó corta y que resulta imprescindible establecer un criterio mínimo de paridad de género.
El proyecto que concita mayor interés es el de Romero. El ex gobernador de Salta no solo es un alfil del Gobierno, sino que sostiene un vínculo aceitado con el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Y ambos senadores, que se conocen hace más de dos décadas, se reunieron la semana pasada para trazar un plan de acción que permitiera dar comienzo al tratamiento de la ampliación de la Corte, así como de reformar la Auditoría General de la Nación (AGN).
En esta cumbre, en la que participó también Miguel Ángel Pichetto, los senadores acordaron reactivar la agenda judicial paralizada por la falta de acuerdos políticos. La discusión por la AGN, que es el órgano del control externo del Poder Ejecutivo, era la gran protagonista porque días antes, en la sesión fallida de la Cámara de Diputados, el peronismo había amagado con designar a los tres miembros que le corresponden a la Cámara baja como resultado de un acuerdo político con Emilio Monzó. El objetivo era designar a Monzó, por parte del pichettismo, a Juan Ignacio Forlón, por parte del camporismo, y dejar una vacante vacía a ocupar por La Libertad Avanza.
La sesión, sin embargo, se cayó por falta de quórum, y el peronismo analiza, ahora, alternativas en el Senado. Mayans encontró en Romero un interlocutor atento y con vínculo con Casa Rosada para reactivar una conversación que naufragó tras el rechazo a los pliegos de la Corte Suprema. El objetivo es volver a traer sobre la mesa la agenda judicial.
El formoseño, incluso, aspira a incluir una reforma del Consejo de la Magistratura. Es la fantasía revanchista del cristinismo contra Horacio Rosatti desde que, en 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo, que es el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Con este fallo, la Corte retrotrajo la composición al que tenía en 2006 y volvió a colocar, así, al presidente de la Corte, es decir a Rosatti, como su presidente.
El peronismo intentó sancionar una nueva ley durante el gobierno del Frente de Todos pero, como sucedió con todos las reformas judiciales, Alberto Fernández nunca logró conseguir el número. El peronismo pretende, ahora, volver a intentarlo durante la era Milei.
La mesa de negociación del peronismo con Santiago Caputo para aprobar los pliegos de Corte Suprema siempre incluyeron una diversidad de temas judiciales: el proyecto de Ficha Limpia, las más de 100 vacancias en los juzgados federales, la designación del Procurador General y la ampliación de la Corte Suprema. Tras el derrumbe de los pliegos en el Senado, sin embargo, las conversaciones retornaron al kilómetro cero.
Guillermo Francos se había comprometido, hace un mes, con un grupo de legisladores peronistas a que volvería a plantear una mesa de negociación con todos los temas. Pero, en el medio, pasaron cosas. Específicamente una: la victoria aplastante de Manuel Adorni sobre el PRO en la elección porteña. La relación de fuerzas, luego de esto, cambió. El Gobierno se sentió empoderado y definió patear las conversaciones para después del recambio legislativo de diciembre, cuando espera contar con una renovada fuerza legislativa en el Senado.
“Hasta la elección conversábamos. Pero el resultado en CABA le cambió el humor, Milei está embalado”, admite uno de los negociadores del cristinismo.
Hasta entonces, el compromiso era difuso pero las conversaciones existían. El peronismo, incluso, había llegado a un acuerdo con Romero y había aceptado ampliar la Corte Suprema a 7 integrantes, tal como sostiene el proyecto del salteño. Pero, luego del resultado electoral porteño, el Gobierno se rehusó a hacerse cargo de esa iniciativa y deslizó, puertas adentro, que toda la negociación por la Corte se patearía para fin de año. Los tiempos se habían dilatado.
Frente a este escenario, este miércoles, el peronismo intentará dar inicio al debate. Saben que el Gobierno no tomará ni una sola decisión hasta las elecciones de octubre, pero esperan, hasta entonces, tantear el terreno y sentar las bases para la ampliación de la Corte. Siguen esperando poder lograr, así, lo que nunca pudieron lograr durante el gobierno de Alberto Fernandez: poner a una juez propia en el máximo tribunal.
“A este tipo te le imponés con el número, no con el diálogo. Se postergará, pero nosotros vamos a seguir teniendo el número para vetar”, sintetiza un senador peronista, como quien dice: tarde o temprano, Caputo va a tener que sentarse a negociar.
MC/MG
El inicio del debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales está previsto para las 13 y sería de carácter netamente informativo.
El Senado comenzará a debatir este miércoles en comisiones los proyectos que proponen la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y la paridad de género en ese tribunal, dos cuestiones que aún no tienen públicamente la luz verde del Gobierno nacional.
El inicio del debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales está previsto para las 13 y sería de carácter netamente informativo. Además, al término, pasarán a tratarse otros iniciativas vinculadas a la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la duración de los mandatos de los integrantes de ese organismo.
Operadores de la Casa Rosada tantearon hoy el panorama para suspender el encuentro por temor a un eventual dictamen entre algunos de los proyectos vinculados a esos dos temas.
Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había desentendido al Poder Ejecutivo de uno de esos proyectos, que en ese promovió un aliado como el senador salteño Juan Carlos Romero, un texto aspira a elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros. No obstante, también existen otros proyectos que pretenden llevar la composición de la Corte a nueve, al hacer énfasis en la paridad de género.
En el temario aparece incluso el proyecto de la kirchnerista Silvia Sapag, aprobado en la Cámara alta en 2022 y que eleva el número 15 jueces.
El dictamen de Romero detalla que al menos cinco de esos siete miembros no pueden ser del mismo sexo; mientras que el de Sapag, que es una reproducción de la ampliación aprobada en septiembre de 2022, lleva esa misma fórmula a ocho sobre 15 miembros.
No está clara la postura de La Libertad Avanza (LLA) con respecto al número de la Corte, o si prefiere continuar con la actual estructura del tribunal de cinco miembros pero que en la actualidad solo tiene tres: Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La bancada podría dejar entrever la visión del presidente Javier Milei en la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo, y de Justicia y Asuntos Penales, que lidera el libertario Juan Carlos Pagotto.
Por otro lado, se abordarám los proyectos vinculados a la AGN, el que actualmente organismo está compuesto por siete auditores: seis designados por el Legislativo, tres por la Cámara alta y tres por la Cámara baja; mientras que el séptimo es elegido por el partido político de la mayoría.
Los senadores Romero y Carlos Espínola aspiran a reducir el mandato de los auditores ocho a cuatro años, al modificar el artículo 121 de la Ley 24.156.
El kirchnerismo, por su parte, busca cambiar su composición con dos proyectos distintos. Uno de ellos reduce el número de siete a cinco, como es el caso del texto del senador Sergio Leavy.
El jefe del interbloque peronista, José Mayans, pretende en tanto elevar el número de siete a nueve. Esto podría llevar a un acuerdo intermedio entre la preferencia del kirchnerismo y el tándem Romero-Espínola. El texto de estos no modifica la composición de la AGN, sino que solo se enfoca en la duración de los mandatos. Sin embargo, este posible escenario puso con la guardia alta al bloque Convicción Federal, que integra el interbloque peronista del Senado y que se conformó por diferencias con la conducción.
MM con información de la agencia NA.
Luego de recibir a Robert Kennedy Jr. con un operativo inédito, el Presidente dio una "clase magistral" de economía a sus diputados en un salón cerrado, donde les bajó línea acerca de los proyectos que enviará al Congreso. La prensa, aislada y bajo escolta.
A las doce en punto del mediodía, mientras los periodistas acreditados permanecían encerrados en la Sala de Prensa, sin posibilidad de circular por los pasillos y escoltados incluso para ir a almorzar, Javier Milei daba su clase. En el Salón Hérores de Malvinas de la planta baja de la Casa Rosada, con pizarra, marcador y una carpeta azul de Presidencia para cada asistente, el Presidente encabezó una charla exclusiva con sus diputados sobre los fundamentos económicos del plan oficial y el paquete legislativo que buscará blindarlo: el proyecto de Reparación Histórica del Ahorro.
Fueron casi dos horas de exposición, en las que Milei mezcló números, convicciones y estrategia política. La escena condensó su forma de ejercer el poder: vertical, cerrado, pedagógico. La cita había sido convocada con discreción, bajo el título de “clase magistral de economía”, y solo para integrantes del bloque de La Libertad Avanza. Nada de bullrichistas. Nada de amarillos. Solo los fieles: Martín Menem, José Luis Espert, Lilia Lemoine, Gabriel Bornoroni, Carolina Píparo, Romina Diez, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Lisandro Almirón, Rocío Bonacci y otros. Marcela Pagano, enemistada con la conducción de Diputados, no asistió.
El temario no se centró únicamente en el proyecto aún no ingresado al Congreso —que modifica la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar y limitar las acciones retroactivas del nuevo organismo recaudador, ARCA—, sino también en la hoja de ruta general. “La inflación va a dejar de ser un problema”, dijo Milei, según reconstruyó elDiarioAR. Y agregó: “La Argentina va a crecer fuerte”.
El blindaje, insistió, será por etapas. Primero con un DNU que entrará en vigencia el 1° de junio, luego con una ley que convertirá el “plan colchón” en doctrina de Estado. La Cámara baja, donde el oficialismo tiene más capacidad de maniobra, será la trinchera principal para sostenerlo. En paralelo, el Presidente también dejó en claro que las grandes reformas —laboral, previsional, impositiva— quedarán para 2026. Este año, la prioridad es consolidar el modelo con una única gran ley económica.
Pero el trasfondo de la charla fue también político. En el bloque libertario hay quienes sienten que la Rosada prioriza el diálogo con gobernadores o con los armadores electorales por sobre los legisladores propios. La clase funcionó, entonces, como un gesto de contención, una devolución de atención en tiempos de verticalismo extremo. Y como mecanismo de disciplinamiento a partir de la doctrina.
La jornada había comenzado con otra escena central: la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., figura clave del gobierno de Donald Trump. La reunión con Milei, de la que también participaron el ministro de Salud, Mario Lugones, y asesores de ambas delegaciones, tuvo lugar en el despacho presidencial y duró más de una hora. Hubo fotos de ocasión y otras un tanto desopilantes: la imagen del funcionario norteamericano, motosierra en mano, fue claramente un ejemplo.
El paso de Kennedy Jr. por la Argentina no fue apenas sanitario. Fue también político. Milei busca consolidarse como el principal aliado regional del trumpismo en América del Sur. La Casa Rosada interpretó la reunión como parte de una alianza estratégica mayor, que excede los temas técnicos: vacunas, salida de la OMS, revisión de aditivos, transparencia en medicamentos y simplificación del sistema estatal de salud. Tanto Lugones y como su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico, Sturzenegger, ya trabajan en esa línea, bajo el paraguas del ideario libertario compartido.
Mientras tanto, fuera del despacho presidencial, el operativo de seguridad era inédito. A diferencia de las visitas norteamericanas anteriores —como la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, o la del jefe del Comando Sur, Alvin Holsey—, esta vez la Casa Militar no solo restringió la circulación a los periodistas, sino que los confinó físicamente a la Sala de Prensa. Se les prohibió caminar por los pasillos y solo pudieron ir al comedor si eran escoltados por personal de seguridad. La orden fue explícita: nadie debía cruzarse con Kennedy Jr, pero tampoco con Milei.
La escena se produjo pocos días después de la publicación de la resolución 1319/2025 en el Boletín Oficial, firmada por el vocero Manuel Adorni, que impone nuevas reglas para la acreditación de periodistas en la Casa de Gobierno: cupos limitados, vestimenta formal, restricciones para grabar, y sanciones para quienes no cumplan.
Este martes, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sostuvo que la medida instaura una suerte de “derecho de admisión” por el que se evalúan los datos de audiencia de los medios representados, “el alcance territorial de cada medio en particular y los antecedentes de especialización de su cobertura periodística, y de los profesionales autorizados a cumplir esas funciones”.
PL/MG
El país inicia los trámites para permitir operar a Starlink después de que la IA del magnate difundiera masivamente esta narrativa, que luego amplificó Trump en la Casa Blanca.
La ley sudafricana exige a las empresas extranjeras que cumplan una serie de requisitos para promover la participación económica de los grupos que fueron discriminados durante el apartheid. Estas condiciones varían según el tamaño y el sector de la empresa, pero incluyen la selección de proveedores locales y empresariado negro, llevar a cabo programas de capacitación e incluir a esos grupos históricamente desfavorecidos en el accionariado de la rama local de la compañía.
Ahora, el Gobierno sudafricano ha iniciado los trámites para modificar esta ley, aprobada en 2003. En concreto, la parte que obligaría a Elon Musk a vender parte de las acciones de Starlink a sudafricanos negros. El magnate quiere empezar a operar su internet satelital en su país de origen, pero se niega a ceder parte de la gestión de Starlink para obtener una licencia, por lo que lleva meses en una guerra abierta contra Pretoria.
“A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque yo no soy negro”, declaró en su red social, X, en marzo. “Señor, ¡eso no es cierto y usted lo sabe!”, contestó Clayson Moyela, jefe de la Diplomacia del país. “Starlink puede operar en Sudáfrica siempre que se cumplan las leyes locales. Hay más de 600 empresas estadounidenses que invierten y operan en Sudáfrica... ¡Todas cumpliendo y prosperando!”, añadía. Microsoft lo había hecho esa misma semana.
Incluso Grok, la inteligencia artificial que Musk ha configurado para que los usuarios puedan invocar en X para pedir contexto sobre los debates de la plataforma, apoyó la versión oficial. “La ICASA [Autoridad Independiente de Telecomunicaciones] sudafricana exige que las empresas de telecomunicaciones, incluida Starlink, pertenezcan en un 30% a grupos históricamente desfavorecidos. Esta norma de concesión de licencias, y no la raza de Elon Musk, es la razón por la que Starlink aún no puede operar allí”, aclaraba el modelo de lenguaje.
Según reveló la agencia Reuters, Starlink ni siquiera había solicitado licencia para operar en Sudáfrica cuando Musk inició la polémica contra Pretoria. Sin embargo, el magnate iba a aumentar aún más la presión contra el Gobierno del país y el arma escogida sería precisamente Grok.
Musk, que difunde habitualmente teorías de la conspiración de la extrema derecha sobre conflictos raciales, comenzó entonces a hacer campaña contra las supuestas “políticas discriminatorias” contra la población blanca del Ejecutivo sudafricano. Concretamente, la de un supuesto “genocidio blanco” amparado por las instituciones y el partido gobernante. Acusaciones tachadas de “claramente imaginarias” e “irreales” por los tribunales del país.
Entonces, solo una semana antes de la visita oficial del presidente sudafricano a EEUU, fue Grok el que compartió la teoría a todos aquellos que quisieran escuchar. También a los que no. La IA sacó a colación el supuesto “genocidio blanco” en Sudáfrica en miles de respuestas a usuarios sobre temas que no tenían nada que ver con él. Ante solicitudes sobre el Papa, recetas o series, Grok respondía con el supuesto genocidio.
“Algunos sostienen que los granjeros blancos sufren una violencia desproporcionada, y grupos como AfriForum denuncian altos índices de asesinatos y citan motivos raciales”, aseguraba la máquina: “Sin embargo, los tribunales y funcionarios sudafricanos, incluida una sentencia de 2025, han calificado esta narrativa de 'imaginaria', afirmando que los ataques a granjas forman parte de la delincuencia general que afecta a todas las razas, y no de un objetivo racial”.
“Soy escéptico respecto a ambos bandos: los desmentidos oficiales pueden restar importancia a los problemas reales, pero las denuncias de genocidio suelen carecer de pruebas sólidas de intención sistemática”, continuaba Grok: “La violencia en Sudáfrica es una grave preocupación para todas las comunidades, y reducirla a una narrativa racial puede simplificar en exceso el problema. Se necesitan más datos imparciales para esclarecer la verdad”.
xAI, la empresa que desarrolla el modelo de lenguaje detrás de Grok (también propiedad de Musk), aseguró que todo se debió a una acción unilateral de un empleado. Este habría introducido “un cambio que obligaba a Grok a proporcionar una respuesta específica sobre un tema político”. Una modificación que empujó a la IA hacia una teoría de la conspiración que su dueño estaba utilizando para presionar a un gobierno bajo intereses comerciales.
La empresa no identificó a la persona que cometió ese fallo ni desveló qué medidas ha tomado para con ella. “Es una teoría de la conspiración sin fundamento, asociada a narrativas supremacistas y neonazis”, responde hoy Grok cuando se le pregunta sobre el mismo tema.
Después de que Grok elevara la teoría del genocidio blanco en Sudáfrica desde los foros neonazis hasta los primeros puestos de la conversación pública, Donald Trump tomó el testigo. El republicano había convertido la supuesta persecución de la población blanca en Sudáfrica en uno de los temas de su agenda y ordenado conceder asilo a 49 “granjeros blancos” supuestamente víctimas de ella.
Después llegó la encerrona al presidente Cyril Ramaphosa. Sucedió el pasado miércoles. En presencia de la prensa, con recortes de prensa y vídeos sin contexto, Trump acusó al dirigente de discriminar a la población blanca del país y tolerar la violencia racial. Su idea fuerza, “genocidio blanco”.
“Hay criminalidad en nuestro país”, aceptaba el líder sudafricano. “Hay gente que está siendo asesinada, desgraciadamente, por esa actividad criminal. Pero no son solo personas blancas. La mayoría de las víctimas son personas negras”, trataba de explicar.
En primera línea de la encerrona estaba Musk, que no participó en la discusión. “Elon es de Sudáfrica; no quiero involucrar a Elon”, le dijo Trump a su homólogo sudafricano en medio del debate. “Ha venido aquí por un tema diferente: enviar cohetes a Marte. Eso le gusta más”, añadía el republicano.
Sin embargo, los intereses de Musk sí se escucharon durante la reunión. “Tenemos demasiadas muertes... No se trata solo de agricultores blancos, es algo generalizado, y necesitamos ayuda tecnológica. Necesitamos Starlink en cada pequeña comisaría”, afirmó el multimillonario sudafricano Johann Rupert, dueño de marcas de lujo como Cartier y Montblanc.
Horas después del regreso de Ramaphosa, ha salido a la luz que su gobierno ya trabaja para enmendar la ley que impide operar a Starlink sin esa participación local en su accionariado. Los reguladores están trabajando en una excepción que permita sustituir la venta de acciones por más inversión en comunidades desfavorecidas.
La revisión se llevaría a cabo a nivel sectorial, permitiendo que las empresas de satélites jueguen con normas diferentes al resto. Una cesión de la que ya disfrutan otras industrias, como la automotriz.
Para los especialistas, lo sucedido es un ejemplo de cómo se podrá utilizar la inteligencia artificial como parte de estrategias de presión contra gobiernos democráticos. “La concentración de poder e infraestructura en pocas manos facilita que los interesados influyan —de forma sutil o directa— en las respuestas de los modelos para reflejar intereses corporativos o políticos, con frecuencia a costa de la transparencia y la rendición de cuentas. Grok es un ejemplo claro de esto”, avisa el investigador Adio Dinika.
Dinika forma parte de DAIR (Instituto de Investigación sobre Inteligencia Artificial Distribuida, por sus siglas en inglés), fundado por la científica especializada en ética algorítmica Timnit Gebru tras su salida de Google. “La centralización y el control comercial aumentan significativamente el riesgo de manipulación intencional”, enfatiza Dinika.
xAI no ha respondido a las preguntas de este medio. “El incidente de Grok —o más bien los múltiples incidentes— evidencian fallos sistémicos en supervisión, transparencia y rendición de cuentas. Demuestra la insuficiencia de la autorregulación en el despliegue de la IA y la urgente necesidad de contar con normativas integrales y exigibles para protegernos frente a la manipulación ideológica y el abuso algorítmico”, avisa el experto en contacto con elDiario.es.
Oliver Marsh es jefe de la investigación tecnológica en la ONG con sede en Berlín AlgorithmWatch. Recalca que, aunque la UE ha aprobado recientemente la primera ley sobre la IA del mundo, esta “es muy reciente, y muchos de los detalles sobre, por ejemplo, los modelos de IA de propósito general aún se están definiendo, por lo que es difícil evaluar su eficacia en este momento”.
“Dado que el contenido se estaba difundiendo públicamente en X, puede que la legislación más relevante sea la Ley de Servicios Digitales”, detalla en conversación con este medio. “Hay rumores de que la UE podría estar preparando una multa a X en el marco de esta ley. Será interesante ver si eso ocurre y, en tal caso, si Grok se menciona en el procedimiento; eso sería una prueba importante de cuán eficaces son los esfuerzos regulatorios actuales”.
Sobre lo sucedido en torno a Sudáfrica y Grok, Marsh coincide con Dinika. “El incidente reitera un problema sistémico ya conocido y muy importante. Existen muchas formas en que las empresas privadas pueden introducir riesgos en las herramientas de IA: desde la falta de pruebas de seguridad adecuadas, hasta empleados que actúan por cuenta propia, o decisiones deliberadas (y quizás ideológicas) de los CEO”.
“Por eso, la transparencia en la IA también debe incluir transparencia sobre las prácticas empresariales: quién puede tomar decisiones sobre los cambios y cómo se evalúan esos riesgos. Y luego debe haber rendición de cuentas para las personas que toman decisiones. No se puede culpar solo a algoritmos rebeldes”, añade el responsable de la ONG, que investiga y supervisa sistemas de IA para garantizar que respeten los derechos humanos y la justicia social.
Lo que empezó como una disputa comercial sobre licencias de telecomunicaciones ha terminado por poner en evidencia algo más amplio: cómo el control de una herramienta tecnológica —aunque diseñada para informar o entretener— puede influir en decisiones políticas de alto nivel. Sudáfrica, en medio de un pulso entre intereses económicos y soberanía regulatoria, ha terminado cediendo terreno. Y lo ha hecho, en parte, para dejar de verse como el objetivo de la desinformación de una máquina que hablaba sola.