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"Convocamos a los medios a una conferencia de prensa hoy, lunes 7 de julio, a las 14 horas, para dar detalles sobre la feliz noticia del encuentro de un nuevo nieto, el 140", anunciaron desde Abuelas. Días atrás, la organización que busca familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar reveló que, desde el estreno de la serie El Eternauta, en base a la historieta del escritor Héctor Germán Oesterheld, se sextuplicaron las llamadas y consultas de gente dispuesta a aportar datos o a manifestar dudas sobre su identidad.
“¡ENCONTRAMOS al nieto 140! Convocamos a los medios a una conferencia de prensa hoy, lunes 7 de julio, a las 14 horas, para dar detalles sobre la feliz noticia del encuentro de un nuevo nieto, el 140. Los y las esperamos en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria, en Av. Del Libertador 8151, CABA”, anunciaron este lunes desde Abuelas de Plaza de Mayo, días después de la polémica por la paralización que lkevaba el Banco de Datos Genéticos y el permanente avance en recortes al área de Derechos Humanos desde que iniciói su gestión Javier Milei en diciembre de 2023.
De acuerdo a lo informado en junio por Abuelas, las consultas por parte de personas que dudan sobre su identidad y que nacieron entre 1975 y 1983, que es el período en el que concentra su búsqueda la organización, se sextuplicaron después de que la serie, una adaptación de Bruno Stagnaro a la historieta guionada por Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López, llegara a la plataforma de streaming Netflix.
Desde Abuelas, al salir la serie en abril pasado, publicaron un afiche callejero de la serie que protagoniza Ricardo Darín sobre cuya imagen se le superponen, en blanco y negro, las fotos de Héctor Germán Oesterheld y de sus cuatro hijas: los cinco fueron desaparecidos por la última dictadura y nunca más se supo de ellos. La organizacón que lidera Estela de Carlotto siguen buscando a las nietas o nietos del historietista y Elsa Sánchez, su compañera de vida.
El 23 de junio, después de que Abuelas de Plaza de Mayo solicitara a la Justicia una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que se encontraba acéfalo desde hace semanas, ya que estaban vencidos los cargos directivos y no se había llamado a concurso para cubrir los puestos vacantes, el Gobierno prorrogó el mandato de la directora general del organismo, Mariana Herrera Piñero, a través del decreto 422/2025 publicado en el Boletín Oficial.
El pasado 22 de mayo, por el Decreto N° 351/25 se dispuso la transformación del BNDG “en organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Un mes después, el 20 de junio, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín “una ampliación de las medidas de protección al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ante las circunstancias que afectan su buen funcionamiento y frente al Decreto N° 351/2025, que lo transformó en un organismo desconcentrado quitándole su autarquía y autonomía”.
En el reclamo, Abuelas denunció que el organismo “se encuentra acéfalo desde hace semanas, ya que están vencidos los cargos directivos y no se ha llamado a concurso para cubrir las vacancias de roles esenciales para el desarrollo de las tareas centrales para su funcionamiento: la firma de informes para comunicar resultados de entrecruzamientos de ADN, la compra de insumos, el mantenimiento y cuidado de las maquinarias, el presupuesto para viajes de extracción de muestras, las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas tareas”.
“Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023. Además, las decisiones del BNDG están en manos del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología- licenciado en Administración de Empresas- y del Subsecretario de Ciencia y Tecnología, licenciado en Psicología. Es decir, profesionales sin formación específica para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad”, sostuvieron en un comunicado.
En la presentación, solitaron a la Justicia “que intime al Gobierno para que convoquen a los concursos públicos que garanticen la idoneidad científica de las/los profesionales para cubrir las vacancias de los cargos directivos y hasta tanto suceda, disponga la prórroga del mandato de la actual directora técnica, Dra. Mariana Herrera Piñero. También que intime al Gobierno a disponer las erogaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del BNDG”.
Asimismo, Abuelas pidió que se disponga “una medida de no innovar para resguardar las muestras biológicas y genéticas que integran el Banco Nacional de Datos Genéticos, los instrumentos, los equipamientos, el inmueble donde se almacenan y preservan las muestras y la tecnología utilizada para su resguardo y adecuado entrecruzamiento”.
“Como expresamos, lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”, señala el escrito.
“El decreto, firmado el 22 de mayo por el presidente Javier Milei, quita al BNDG la posibilidad de administrar sus propios recursos, lo que implica un entorpecimiento en su objeto y funciones: la búsqueda de nuestros nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico militar”, recordaron.
El decreto, que transformó al BNDG en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, “obstaculiza, burocratiza y ralentiza su labor. Por lo tanto, el riesgo en que se encuentra el Banco se deriva de las omisiones del Estado: por un lado, la omisión de asignar un presupuesto suficiente y adecuado para cumplir con sus objetivos y funciones y, por otro, la omisión de la designación de las autoridades del Banco”, sostuvieron antes de la ratificación de Herrera Piñero al frente del organismo.
“El BNDG es un instrumento creado en 1984 para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura, y desde entonces -durante todos los gobiernos democráticos hasta este Gobierno- se había ido fortaleciendo para garantizar el derecho a la identidad y esclarecer crímenes de lesa humanidad”, explicaron. Y agregaron: “Se advierte evidente el riesgo que se deriva para el funcionamiento de cualquier organismo no contar con fondos suficientes ni autoridades que puedan dirigir la labor que se lleva adelante. En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida”.
“Nuestra lucha es permanente, seguiremos buscando a nuestros nietos y nietas, víctimas de desaparición forzada; y solicitando a quienes deben dar respuesta sobre estos crímenes, para que cesen. Seguiremos trabajando por la Memoria, Verdad y Justicia, y sosteniendo los valores democráticos de nuestra querida patria”, concluye el comunicado de Abuelas.
A comienzos de abril de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a organismos de Derechos Humanos que gastaron “más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes” sin ser, dijo, “fiscalizados ni supervisados”.
El funcionario sostuvo en su cuenta de X que su cartera resolvió “iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas”.
Según trascendió, el recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la ex ESMA.
“Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes”, expresó el ministro.
La decisión se enmarcó en la política de recorte del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, en medio de la tensión con los organismos de DDHH, cercanos políticamente al kirchnerismo y partidos de izquierda.
La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37 por ciento su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.
A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había advertido que el gobierno de Milei buscaba “cerrar la ex ESMA”, luego de que se produjeran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.
El pasado 21 de enero, el organismo de derechos humanos que conduce Estela de Carlotto anunció la recuperación de la identidad de la nieta 139 y realizó un acto por la tarde en el predio de la ex-ESMA, justamente el emblemático sitio de memoria que el Gobierno amenaza con cerrar.
Se trató de la hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, ambos secuestrados el 2 de noviembre de 1977. Fueron vistos por última vez en el Centro Clandestino de Detención Club Atletico. Noemí tenía casi 20 años en el momento del secuestro, y llevaba un embarazo de unos 7 meses.
La nieta, quien hoy tiene 46 años, tiene dos hermanos por parte de su papá, Ramón y Paula.
“Una vez más queresmos subrayar la importancia de las politicas de memoria, verdad y justicia. Es fundamental la continuidad de la politicas de Estado; deben seguir siendo sostenidas por el Gobierno con la totalidad de sus trabajadores y trabajadoras, y mantener sus instrumentos para poder continuar con el proceso que nos tiene ejemplo en el mundo”, dijo en aquella oportunidad la presidenta de Abuelas.
Es la segunda identidad que Abuelas recuperaba en menos de un mes, en medio del fuera ajuste mileísta sobre el área. El 27 de diciembre la entidad dio a conocer al nieto número 138 y Carlotto aprovechó para reclamar que se sostenga la Secretaría de Derechos Humanos. Apenas días después desde la cartera que conduce Alberto Baños se envió una serie de WhatsApp a los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti que quedaban desafectados.
La motosierra alcanzó también al Archivo Nacional de la Memoria y a personal que sostiene distintos Sitios de Memoria (como la ex-ESMA, pero también otros de Capital Federal como Virrey Ceballos, donde se despidió al único trabajador que había).
La avanzada negacionista del gobierno libertario llevó a la Justicia a dictaminar en un fallo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los excentros clandestinos de detención y tortura como espacios de memoria pública.
En enero pasado, el juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un planteo de la diputada porteña Victoria Montenegro (también nieta recuperada) ante la amenaza del ajuste de Milei. El magistrado le ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que garantice el funcionamiento y la existencia de personal capacitado en todos los excentros clandestinos de Capital Federal: la ex-ESMA y Virrey Ceballos, pero también los conocidos como Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti.
El ajuste sobre el que avanzó Baños, a partir de las directivas del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, provocó el despido de personal muy capacitado como conservadores, técnicos de mantenimiento y pedagogos relacionados a los sitios de memoria. Los organismos de DDHH y el gremio de ATE denunciaron unos 600 recortes.
En ese marco, a fines del 2024 Estela de Carlotto denunció que Milei busca “cerrar la ESMA”. Ahora Abuelas le devuelve el golpe reaccionario al libertario anunciando la recuperación de una nueva nieta.
Este miércoles vence el plazo para presentar los frentes electorales en Buenos Aires. El PJ logró una costosa unidad y ahora Kicillof y Máximo Kirchner discuten los términos y condiciones. La Libertad Avanza absorberá al PRO salvo una rebelión de intendentes amarillos.
Las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre llegan a un momento de definición. Este miércoles 9 de julio se inscriben los frentes electorales y la atención política está puesta en cómo quedará sellada la interna en el panperonismo y de qué manera se dará la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Son horas frenéticas en cada bando porque el deadline implica presentar el nombre formal que aparecerá en la boleta de papel, el color predominante para ser identificado por los votantes y –un dato subterráneo, pero clave– quiénes son los apoderados. Esto último quiere decir quiénes son los custodios de las firmas para inscribir los candidatos el 19 de julio próximo, momento en que se juega realmente la confianza y la traición entre los socios.
El PJ bonaerense se reunió el sábado en Merlo y logró acordar una lista de unidad tras una semana de duros cruces y la amenaza de que cada tribu interna presente su propio sello electoral. “Se acordó consolidar un gran frente que, en las próximas elecciones legislativas, funcione como escudo y ponga un freno a la motosierra que hoy arrasa derechos y sueños en nuestra provincia y en toda la Argentina”, promocionó Axel Kicillof en redes sociales.
Las tensiones entre el gobernador y Máximo Kirchner se mantienen, pero se apostó por la unidad ahora que Cristina Kirchner quedó fuera de juego. El PJ facultó a una “mesa chica” para que discuta los términos y condiciones del acuerdo. “Todos querían todo, todos cedieron un poco, todos ganaron”, apuntó una fuente sobre los términos en los que se dio la unidad.
Ahora se sentarán lapicera en mano el hijo de la expresidenta, Gabriel Katopodis (ministro de Kicillof y armador entre los intendentes), Mariel Fernández (intendenta de Moreno, referente del Movimiento Evita y lugarteniente de Cristina), Federico Otermín (jefe comunal de Lomas de Zamora, alfil a Martín Insaurralde) y Verónica Magario (vicegobernadora y pareja del mandamás de La Matanza, Fernando Espinoza).
Fueron los facultados para conformar un “Frente Peronista”, primer potencial nombre que trascendió de la posible oferta electoral del oficialismo en PBA. El color será el tradicional azul, así como la utilización de la Lista 2 y el escudo partidario: las manos estrechadas con la pica con el gorro frigio y, detrás, la bandera celeste y blanca.
Tras el miércoles, le quedará al peronismo comenzar a discutir quién será el cabeza de lista y cómo se repartirán los “ravioles” para cada sección electoral bonaerense que va a las urnas, así como los cargos municipales en juego. De alguna manera son ocho elecciones simultáneas porque en cada región se votan cargos distintos. Así, por ejemplo, en la Tercera –que corresponden al sur del conurbano– se vota para diputados provinciales, pero en la Primera –el norte del conurbano– se eligen senadores.
El PJ tiene que definir qué participación tendrá en cada lista el axelismo, el kirchnerismo y el massismo, además de los intendentes, los movimientos sociales y los gremios. La intención es que el acuerdo bonaerense sirva para ordenar la posterior lista de toda la PBA de cara a las elecciones nacionales. “Hay reuniones en todo momento”, anticipó esta mañana un operador del conurbano profundo, marcando la pauta del frenesí de las negociaciones.
Una protesta qué está en el aire es una repartija de tres tercios para cada tribu principal, pero se está analizando los pesos relativos de cada espacio en cada distrito. No es lo mismo que La Cámpora ocupe más lugares en Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza, que en San Martín, donde está Fernando Moreira, aliado de Katopodis. “Esta es una elección de desmotivación, la gente no quiere ir a votar. Entonces tenes que mover el aparato y eso depende que estén todos arriba del colectivo”, concluyó un peronista.
“Violeta. La Libertad Avanza”, concluyó un operador libertario ante la consulta de cómo se cerrará la alianza entre el Gobierno y el PRO este miércoles, y no dejó lugar a dudas: le dedicó un insulto irreproducible a Mauricio Macri.
El partido amarillo aceptó el viernes ir a un frente con el oficialismo nacional y en las próximas horas quedará confirmado que la batuta la llevará Karina Milei. La oposición al peronismo será una boleta violeta y con el nombre del partido libertario.
A cambio de esa concesión, en la mesa de definición de las listas estará Cristian Ritondo con un apoderado propio para custodiar el pacto. Ritondo está haciendo esfuerzos para que no naufrague el acuerdo en aquellos distritos donde el PRO tiene intendentes.
Es que los jefes comunales –por ejemplo Soledad Martínez, de Vicente López, de la Primera Sección– no quieren militar una boleta full violeta porque abajo del tramo para la Legislatura bonaerense van los candidatos para los concejos deliberantes de cada municipio, así como los consejeros escolares locales. “Donde hay intendentes PRO, en la lista tendrán más lugares disponibles entre concejales entrables”, explicó la voz libertaria consultada. Traducción: si hay posibilidad de meter seis ediles, cuatro lugares serán nominados por los amarillos.
La discusión se vuelve compleja cuando se sale del conurbano, porque los amarillos Pablo Petrecca (intendente de Junín), Javier Martínez (Pergamino) o Diego Reyes (Puan) no quieren ceder tanto la lapicera a la Casa Rosada. “En el interior es más complicado porque la negociación no está contemplando gobernabilidad sino sólo posibilidad de ganar. Meter un troyano dentro de las lista no nos interesa”, apuntó una fuente del macrismo.
Se esperaban por estas horas nuevas reuniones entre Ritondo y Sebastián Pareja, titular de LLA en PBA, así como Zoom con los intendentes. También puede pasar que como las secciones electorales definen cargos distintos, las condiciones acordadas entre LLA y el PRO en el conurbano –lugar clave para enfrentar al peronismo– no se repliquen en las regiones del interior. Eso significaría que los intendentes macristas podrían no aceptar las condiciones y romper el acuerdo en sus pagos chicos: “Existe es posibilidad”, admitió un amarillo. Lo completó un libertario: “Si alguno de ellos no quiere, que se vaya. No hay lugar a debate ni discusión”.
MC
Esta medida se decidió luego de que se diera a conocer “el contenido del decreto que saldría publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas”, y que determina que el INTI “deja de ser un Instituto Nacional” para convertirse “en una oficina técnica” dependiente del Ministerio de Economía.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través de la Asamblea Multisectorial, convocaron para este lunes una movilización desde el organismo y en contra del decreto “que los desguaza”, que saldría en las próximas horas antes de que venzan las facultades delegadas, base sobre la cual el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realizó múltiples recortes a las dependencias del Estado desde que asumió Javier Milei la presidencia.
La concentración se desarrolla desde las 8 en la puerta del INTI, donde llevarán adelante una conferencia de prensa para detallar las medidas de fuerza que se tomarán desde ese momento, y luego, marcharán desde el organismo hacia Av. General Paz donde, “si es posible” pretenderán cortar un carril o continuar la movilización hacia Av. Constituyentes.
Cerca del mediodía, en medio de la movilización y tras un clima de tensión entre los trabajadores del INTI y las organizaciones que apoyan su reclamo con las fuerzas de seguridad que trataban de aplicar el protocolo antipiquete por orden de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, el secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Rodolfo Aguiar denunció que la Policía “nos reprime en el INTI y efectúa 4 detenciones ilegales. En minutos vamos a dar a conocer los nombres. Desde ATE exigimos su inmediata liberación! SEPAN QUE VAMOS A SEGUIR EN LA CALLE Y NO VAMOS A CAMINAR NUNCA POR LA VEREDA!!”.
Esta medida se decidió luego de que se diera a conocer “el contenido del decreto que saldría publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas”, y que determina que el INTI “deja de ser un Instituto Nacional” para convertirse “en una oficina técnica” dependiente del Ministerio de Economía.
El proyecto de decreto, que ya cuenta con la autorización del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirma que hay un 30% del personal que se dedica a “tareas administrativas y de apoyo que es prescindible”, lo que representa “unos 700 puestos de trabajo en peligro”.
En las resoluciones del decreto, también se elimina la autonomía y autarquía del organismo, “al quitarle la potestad en el manejo de los fondos que autogenera por el cobro de sus servicios a la industria”, y que hoy representa el 35% de su presupuesto anual.
Desde la Multisectorial del INTI, afirman que la implementación de este decreto “supone la muerte del Instituto”, que quedaría “inoperativo por el recorte de sus funciones, la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma y la falta de personal” indispensable en el engranaje institucional.
La convocatoria se realiza con la consigna “abajo el maldito decreto” y llama también a referentes políticos y sociales, sindicatos y usuarios a acompañar el reclamo; asimismo, “advierte sobre los riesgos para la población”, si el INTI deja de prestar servicios que “garanticen la calidad y seguridad de los productos que se consumen”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó las modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el decreto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “se trata del golpe final, de un tiro de gracia a la industria y la producción del país”.
Desde ATE, indicaron que “la intención” del Gobierno Nacional, a través del ministro Federico Sturzenegger, es “transformar” los institutos “en una unidad organizativa y quitarle la autarquía”, aplicando un “severo ajuste” en ambos organismos.
“Si permitimos que la decisión del Gobierno prospere, todo el ecosistema industrial perderá a un aliado fundamental para el fortalecimiento y la expansión. El INTI tiene 70 años de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país”, aseguró Aguiar.
Asimismo, ATE comunicó que acompaña la protesta, a partir de las 10hs., que se realiza en el INTI, sobre la colectora de General Paz al 5400 y agregó que “si se avanza en la centralización de este organismo, tendrá consecuencias graves e inmediatas”.
A partir del decreto que prepara el Ejecutivo, en conjunto con el ministro Sturzenegger, el INTI pasaría a ser dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, como parte del Ministerio de Economía, mientras que el INTA estaría bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que también depende de la cartera que dirige Luis Caputo y, por ende, tendría la administración y el control de los fondos de ambos organismos.
“El INTI hoy se mantiene solo y, con esta medida, le harán perder toda capacidad para gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se desarticularán líneas de trabajo que están consolidadas en todo el país. Además, fue creado por una ley del Congreso Nacional y cualquier modificación de su autarquía es inconstitucional. Por eso, vamos a realizar una inmediata presentación judicial”, concluyó Aguiar.
Con informaciónn de agencias.
IG
Una decena de valijas ingresaron sin control al país en un vuelo que trasladó a Laura Arrieta, miembro de la CPAC y quien aparece en una foto con el Presidente. Adorni había dicho que solo viajó con "un carry-on". Sospechan de posibles maniobras de contrabando.
El misterioso vuelo privado que trajo al país a una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tiene una pata local con Javier Milei, sigue dando qué hablar. En las últimas horas se revelaron imágenes de las valijas que ingresó al país Laura Belén Arrieta y que se habrían hecho sin control aduanero, pese a que desde el Gobierno negaron en primer momento que el equipaje haya pisado suelo argentino.
Las imagenes, que publicó el canal TN, demuestran cómo una decena de valijas no pasaron los controles de equipaje correspondientes. La causa que se abrió investiga las irregularidades que se presentaron en la llegada y salida del avión, que indican un posible contrabando. El caso es investigado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en corrupción, quien en su momento abrió una investigación de oficio.
La PIA había pedido los registros de las cámaras de seguridad del hangar en el que estuvo detenido el jet privado entre el 26 de febrero y el 5 de marzo, y de los pasajeros en su ingreso al país. Además, solicitó informes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la Dirección de Aduanas, a Migraciones y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según detalló la investigación periodística, el avión llevaba 10 valijas, pero solo se declararon cinco.
En marzo el vocero Manuel Adorni aseguró el equipaje denunciado no se habría bajado del avión privado, que aterrizó en Aeroparque proveniente de Miami, Estados Unidos, y que luego de estar varios días en el país partió hacia España y Francia. Según denunció la Coalición Cívica de Elisa Carrió, se relajaron los controles adrede.
Adorni además apuntó que Arrieta de manera casi fortuita consiguió una imagen con el Presidente en el marco de la conferencia de ultraderecha que se realizó en Buenos Aires el año pasado. Arrieta fue pasajera del jet N18RU, propiedad de Leonardo Scatturice, empresario argentino radicado en Miami, con pasado en el mundo de inteligencia y conexiones con el trumpismo, y cuyo fondo de inversión -COC Global Enterprise- acaba de tomar el control accionario de la aerolínea Flybondi.
La investigación de la PIA encontró que hubo inconsistencias en los registros migratorios de tripulantes y pasajeros en el vuelo de entrada y salida. “Se decía que venía de Fort Lauderdale (KFLL), pero en realidad partió de Opa-locka (KOPF). Lo mismo ocurre el 5 de marzo: mientras que el registro oficial de Migraciones indica que se dirigió con destino a Fort Lauderdale, Estados Unidos, en realidad el vuelo fue a París, con escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España”, se señala. Otra de las inconsistencias encontradas se basa en que en ANAC no registró al avión.
En el dictamen de la fiscalía, según TN, además se apunta que “mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje”.
Sin embargo, la Justicia evaluó que otros pasajeros que ingresaron al sector “sin excepción fueron cometidos al control de equipajes”. “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control (...). El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, agrega el documento.
Adorni había dicho que Arrieta “es una ciudadana de a pie” y que descendió del avión solo con una valija personal –habló de “un Carry On”– “que pasó por el chequeo correspondiente”. “La ciudadana nada tiene que ver con el Gobierno”, aseguró Adorni en su momento y evitó especialmente mencionar a Arrieta. “No tenemos ninguna vinculación más allá del episodio de la CPAC”, subrayó el vocero e insistió: “No pertenece y no tiene relación con el Gobierno. Solo tiene vida privada”.
Y sobre el supuesto de que más de una docena de valijas del avión no pasaron el control de seguridad, afirmó: “El hecho no existió”. “Esta persona se sometió a todos los controles sin detectarse nada extraño”, dijo Adorni y detalló que en el operativo de aterrizaje del avión participaron efectivos de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “El avión aterrizó en Aeroparque, recibió los controles de rutina previo a la situación de tránsito para partir a su destino final. Participaron Aduana y PSA. No se bajan estas supuestas o famosas diez valijas: es fácticamente imposible que nadie haya visto las valijas porque no bajaron”, señaló el funcionario. Las imágenes ahora reveladas demostrarían lo contrario.
MC
Con esta medida, resuelta en asambleas convocadas por el gremio AGD-CNBA, los docentes le reclaman al Gobierno Nacional la reapertura de la paritaria universitaria “que no se convoca desde octubre” y una recomposición salarial “significativa” para que “alivie” la situación.
Los trabajadores docentes del Colegio Nacional de Buenos Aires comenzaron este lunes una semana completa de paro por reclamo salarial y la “inmediata reapertura de la paritaria” por la “pérdida salarial del 40%” y porque el último mes recibieron “0% de aumento”.
Los profesores del colegio universitario, que dependen de la Universidad de Buenos Aires, anunciaron estas medidas de fuerza la semana pasada y comunicaron que culminaría el próximo viernes 11; como parte de la visibilización de la “dramática” situación salarial, también organizan actividades como clases públicas en la puerta del Colegio los días lunes y jueves.
Con esta medida, resuelta en asambleas convocadas por el gremio AGD-CNBA, los docentes le reclaman al Gobierno Nacional la reapertura de la paritaria universitaria “que no se convoca desde octubre” y una recomposición salarial “significativa” para que “alivie” la situación.
Según declaró Nicolás García Roel, secretario general de Asociación Gremial Docente (AGD-CNBA), “muchos compañeros tuvieron que renunciar a la institución por la enorme diferencia de salario” con otras jurisdicciones.
“Cada vez cuesta más cubrir las horas vacantes porque el salario está destruído. El 0% de aumento que tuvimos el último mes, mientras las mediciones de inflación vuelven a subir, profundizó el malestar del cuerpo docente”, señaló.
Por su parte, Néstor Di Milia, secretario gremial de AGD-UBA declaró a Noticias Argentinas que “sobran motivos” para realizar esta semana de paro ya que, además, el medio aguinaldo “aún no lo han cobrado” y que la fecha estipulada para percibirlo sería el viernes 11.
En la misma línea, indicó que, desde la asunción de este Gobierno, “perdieron un 40% del poder adquisitivo en sus salarios”, debido a que a lo perdido por la inflación “se le agrega la pérdida por el no pago del FONID” (Fondo de Incentivo Docente).
“Las consecuencias que traen son serias, dado que los docentes tienen que tomar más horas cátedras para poder llegar a fin de mes con su salario. Esto significa una situación que agrava la salud de los trabajadores, porque la sobrecarga laboral hace que tenga que trabajar muchísimo más y, con el tiempo, termina deteriorando la salud de los docentes. Hay otros que dejan horas cátedras y salen a buscar alternativas emigrando de las aulas”, aseguró.
Para finalizar, el secretario gremial expresó que, en poco tiempo, “van a faltar docentes en las escuelas” y es necesario, que de forma urgente, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación, convoque a una paritaria de docentes universitarios y preuniversitarios y escuchen sus reclamos: “Si esto no ocurre, el no inicio del segundo cuatrimestre en todas las universidades del país es casi un hecho”, agregó.
“Esperemos que sepan atender nuestros reclamos del Gobierno Nacional y que se convoque de forma urgente a una paritaria”, concluyó Di Milia.