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La oposición vuelve a la carga por el Garrahan y las universidades en el Congreso

La oposición vuelve a la carga por el Garrahan y las universidades en el Congreso

Este martes buscan avanzar con dictámenes sobre salud y universidades, tras el golpe parlamentario del miércoles al oficialismo, que se queda cada vez más solo y sin el escudo de los gobernadores.

La oposición buscará dar este martes otro golpe en la Cámara de Diputados para dictaminar los proyectos de declaración de la emergencia de la salud pediátrica y de financiamiento universitario con lo que le queda de impulso tras el miércoles último, cuando pudo someter al oficialismo en una sesión caliente.

En cumplimiento de los emplazamientos votados el miércoles, este martes primero se reúne desde las 12 un plenario de las comisiones de Salud, Familias y Presupuesto para tratar la situación del Hospital Garrahan. En segundo término, desde las 16, se abre el plenario de Educación y Presupuesto para avanzar en una normativa que descomprima el ahogo presupuestario de las universidades públicas.

El común denominador de ambos plenarios es la comisión de Presupuesto y Hacienda, que por disposición de su presidente, el libertario José Luis Espert, actuó como tapón para obturar los debates, a punto tal que la oposición debió emplazarle en el recinto.

La bronca acumulada contra el economista fue el detonante del kirchnerismo para romper la sesión del miércoles, una vez que ya se había asegurado los emplazamientos para que se trataran los temas del Garrahan y universidades.

El resto del temario había sido dispuesto de manera unilateral por Democracia para Siempre, que incluso le cedió a los diputados cordobeses de Encuentro Federal la inclusión de la rebaja de retenciones al agro.

Esa discriminación mal predispuso a Unión por la Patria (UxP) que, después de fracasar en el recinto en su intento por emplazar a las comisiones que deben tratar un nuevo proyecto de resolución sobre la comisión investigadora $LIBRA, hizo levantar a un grupo de diputadas mujeres para ir a buscar a Espert e increparlo por sus repetidas provocaciones.

El tumulto que el kirchnerismo armó alrededor del “linchamiento” a Espert hizo caer el quórum de la sesión, algo que tranquilizó a La Libertad Avanza (LLA), por lo que desde la oposición del “medio” mascullaron teorías sobre un pacto inexistente entre los dos polos de la política vernácula.

Al margen de esa escena que sentenció el final de la sesión, el marco general de la política encuentra a un Gobierno debilitado, que enfrenta el Congreso más hostil desde que llegó a la Casa Rosada: ni siquiera el momento inmediatamente posterior al estallido del escándalo cripto le fue tan adverso.

Se deshilachó su anillo de aliados, que quedó reducido a una parte del PRO y un sector minoritario de la UCR y, de esta manera, se ahuecó el escudo protector “anti-veto” que le había permitido resistir las embestidas opositoras el año pasado con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento universitario.

En aquel momento, el Gobierno pudo parar una línea defensiva, una barrera de “héroes” superior al tercio para defender los vetos, pero en la última sesión los gobernadores le soltaron la mano en medio de los tironeos por los recursos coparticipables y ese cordón sanitario de contención ya no está garantizado.

Hoy abundan las críticas al Poder Ejecutivo por “mal pagador”, ya sea de recursos materiales o de lugares en las listas para los aliados. La Casa Rosada no les garantiza a los aliados provinciales ni una cosa ni la otra, por lo que es entendible el malestar y el espíritu de rebelión: el poder de fuego que tengan las provincias podrá ser utilizado de acá a diciembre a más tardar.

Es un rango de oportunidad corto porque en diciembre LLA crecerá en representación y podría ya no necesitar a los aliados en la misma medida que en la actualidad.

El quórum en la última sesión fue una fuerte señal de que los gobernadores se habían replanteado sus lealtades y ya no tenían un alineamiento automático; solamente Chubut, Corrientes y Tucumán mantuvieron la lealtad.

El resto, lo que incluye a Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, Misiones y Santa Fe le soltaron la mano y dieron quórum.

La votación de los emplazamientos fue todavía más nítida a esta tendencia y además se sumaron otros actores al quórum como el grueso de la UCR; el MID; Marcela Pagano; Lourdes Arrieta; tres diputados del PRO y tres radicales con “peluca” (Martín Arjol, Mariano Campero y Francisco Monti); las dos diputadas del gobernador de San Juan, Claudio Poggi, que votaron junto a la oposición por primera vez.

Lo mismo ocurrió con los santacruceños: por primera vez, el diputado José Luis Garrido votó con la oposición, ya que, siempre se dividían las posturas con Sergio Acevedo.

Este nuevo escenario marca un punto de inflexión en la relación entre los gobernadores Claudio Vidal y Claudio Poggi con el Poder Ejecutivo.

Con información de agencia NA

MC

Salud: el Gobierno creó un organismo para centralizar las gestiones de hospitales nacionales

Salud: el Gobierno creó un organismo para centralizar las gestiones de hospitales nacionales

En el marco de las disposiciones de recortes del Estado de los últimos instantes de las facultades delegadas, la gestión Milei creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) como organismo descentralizado del Ministerio de Salud y unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales.

El Gobierno dispuso en las últimas horas la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, con el objetivo de centralizar las gestiones de hospitales nacionales.

En ese sentido, la ANES “unifica la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte e INAREPS”.

Asimismo, se aclaró que “cada hospital mantiene su especialidad médica, estructura asistencial y conducción profesional” y “se mejora la trazabilidad del gasto, se ordenan procesos de compra y licitación, y se profesionaliza la gestión hospitalaria”.

“No se crean nuevas estructuras: se unifican cinco estructuras existentes bajo una sola administración”, remarcó el Gobierno.

“La medida responde a irregularidades detectadas en auditorías del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales y la transformación abarca a más de 7.500 trabajadores y un presupuesto anual superior a los 267 mil millones de pesos”, precisaron.

Además, se aclaró que este cambio “no afecta a los hospitales SAMIC, cuya gestión es compartida con otras jurisdicciones”.

Este cambio se da en el marco de un “profundo reordenamiento en el sistema sanitario”, en el que se explicó que “se reorganizan estructuras jurídicas, administrativas y de gestión, para garantizar mayor eficiencia, control del gasto público y articulación real con las provincias”.

“Muchas de las estructuras que se eliminan o transforman carecían de operatividad o duplicaban funciones con otras dependencias consolidadas”, añadió la cartera sanitaria que encabeza Mario Lugones.

Disolución y transformación de organismos descentralizados del Ministerio de Salud

“Salud da de baja un organismo que sólo existía en los papeles”

El Ministerio de Salud decidió “disolver el Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, creado por ley en 2015 pero nunca implementado”.

“Durante más de ocho años, el organismo existió solo en los papeles, sin estructura, personal ni presupuesto. A pesar de ello, su existencia nominal suponía una carga administrativa y normativa innecesaria, que contribuía a la fragmentación institucional y al desorden del sistema de salud”, remarcó la cartera sanitaria.

En otro orden, “se oficializó la transformación del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en una unidad organizativa interna del propio Ministerio de Salud, integrando sus funciones a la estructura de la Secretaría de Gestión Sanitaria”.

“Con esta decisión, el Estado Nacional refuerza la capacidad técnica del Ministerio en materia oncológica, evitando duplicaciones administrativas y permitiendo una mayor articulación entre las estrategias de prevención, tratamiento, investigación y acceso a medicamentos para el cáncer, todo bajo un mismo mando. El INC ya venía funcionando con personal, presupuesto y líneas de trabajo operativas dentro del Ministerio”, precisó la cartera.

Y añadió: “La medida no afecta la continuidad de los programas ni del equipo profesional que los lleva adelante, sino que simplifica su encuadre organizativo para mejorar la gestión”.

“Esta transformación había sido anticipada públicamente en abril de este año y forma parte del proceso de modernización institucional en curso. La nueva estructura garantizará una conducción técnica más ordenada, con objetivos concretos y seguimiento permanente desde el nivel central”, indicó el Ministerio de Salud.

Con información de agencias.

IG

La SIDE bajo la lupa: alerta en el Congreso por una red paralela de poder en el corazón del mileísmo

La SIDE bajo la lupa: alerta en el Congreso por una red paralela de poder en el corazón del mileísmo

La diputada Lourdes Arrieta se presentará este martes ante la Bicameral de Inteligencia para ampliar su denuncia contra el organismo que comanda Sergio Neiffert. Apunta a contratos reservados, vuelos privados sin control aduanero y una trama que vincula al jefe de los espías, su hijo, Santiago Caputo y el empresario Leonardo Scatturice.

Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Santiago Caputo durante la cena de gala de la CPAC Argentina, en diciembre pasado.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Leonardo Scatturice, nuevo dueño de Flybondi, y Trump, el 15 de junio en Washington.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

Leonardo Scatturice junto al equipo de CPAC Argentina, con el avión de la polémica de fondo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Javier Milei con Laura Belén Arrieta, en la CPAC. Ella es la apuntada por las valijas que no fueron escaneadas por la Aduana.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

La sede central de la SIDE, en 25 de Mayo 11, a escasos metros de la Casa Rosada.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

Lourdes Arrieta, diputada por Mendoza, dejó las filas de La Libertad Avanza en 2024.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

PL/JJD

Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad

Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad

El peronsimo aprovecha el malestar de los gobernadores para autoconvocar una sesión el jueves. Las consecuencias de la mala praxis política del Gobierno con los aliados. La contraofensiva de la vicepresidenta y la discusión reglamentaria.

Javier Milei perdió el control del Congreso. El malestar de los gobernadores por la falta de respuesta de la Casa Rosada, a la que acusan de tratar por igual a los amigos que a los enemigos, amenaza con implosionar este jueves en el Senado. La oposición se prepara para convocar una sesión con un paquete de leyes sensibles para el Ejecutivo, y no hay mucho que el oficialismo pueda hacer: Victoria Villarruel se niega a convocar, pero la oposición ya le advirtió que, si se resiste, ellos se autoconvocarán solos y avanzarán a la fuerza. Y cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto para hacerlo.

El caballito de batalla son los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron la semana pasada a modo de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. El paquete, que fue rubricado con la firma de todos los jefes provinciales, pretende obligar al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional, los recursos de varios fondos fiduciarios y, a su vez, una parte importante de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

Era un mensaje de los aliados al Gobierno: si Milei continuaba amarreteando recursos y lugares en las listas, los gobernadores buscarían nuevos aliados para asegurarse la supervivencia de sus cuentas públicas.

Los 23 gobernadores se alían para reclamarle recursos al Ejecutivo nacional

El malestar venía gestándose ya hace varias semanas, pero, para muchos, el derrumbe de la alianza electoral en Corrientes entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza fue un punto de quiebre. El problema no era solo que el Gobierno pasaba la motosierra por los aportes en obra pública, transporte y educación, sino que, además, les armaba listas competitivas en sus provincias, en donde los mandatarios buscaban retener el control de la gestión. Y el fracaso de la alianza electoral en Corrientes, en donde el oficialismo radical venía funcionando como aliado clave del Gobierno en el Congreso, terminó disparando las alarmas del resto de los mandatarios.

“Nosotros jugamos bien y acompañamos, pero después nos dejan solos”, masculla un legislador provincial que funcionó, hasta la semana pasada, como uno de los más fieles aliados del Gobierno. La gobernabilidad de Milei empieza a verse afectada por la mala praxis política de los estrategas del Gobierno, y los gobernadores que, hasta hace un par de semanas, se ordenaban con una promesa de Guillermo Francos, hoy exigen respuestas concretas. Exigen recursos, y están decididos a dar una demostración de fuerza.

Fue el senador salteño Juan Carlos Romero quien anticipó la voluntad de guerra de los gobernadores. “Apoyo el proyecto impulsado por los gobernadores para redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Este tipo de reforma buscan mejorar la institucionalidad, garantizar la transparencia y asegurar que cada provincia reciba lo que le corresponde, sin arbitrariedades”, tuiteó, el lunes a la tarde, el alfil del oficialismo, anticipando que hasta el soldado más fiel de Casa Rosada estaba dispuesto a llevar el paquete de medidas al recinto y aprobarlo sobre tablas.

El apoyo de Romero, sin embargo, no es sólo simbólico. Es también numérico. Porque los gobernadores necesitan sumar dos tercios del recinto —es decir, 48 senadores— para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Esto es así porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y el reglamento exige una mayoría especial para aprobarlos.

Con el apoyo del peronismo y todos los mandatarios provinciales, sin embargo, el Gobierno dará la pelea en soledad: se espera que todos los senadores, excepto los seis senadores del bloque libertario, acompañarán el proyecto de los gobernadores.

La contraofensiva de Villarruel

Mientras los gobernadores juegan su partida de tira y afloje con el Ejecutivo nacional, el peronismo tiene otro objetivo en mente: avanzar con la sanción del incremento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La bancada que lidera José Mayans pretende ponerle fin a la rebelión que inició la semana pasada, cuando autoconvocó la comisión de Presupuesto para dictaminar los proyectos que ya habían sido aprobados en Diputados: uno que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, otro que incrementa a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, y otro que sanciona una nueva moratoria previsional. Dado que el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, venía durmiendo la comisión para boicotear los temas, la oposición decidió juntar quórum y convocarla por su cuenta para dictaminar.

José Mayans y Anabel Fernández Sagasti

El peronismo logró el número, entonces, con la ayuda de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Y espera volver a contar con su apoyo para sancionar las iniciativas este jueves en el recinto.

Frente a la avanzada opositora, Villarruel apeló a la única herramienta que le queda: la discusión reglamentaria. Fue así que, el lunes, cuando la oposición ya comenzaba a barajar borradores de notas para recordarle que el jueves habría sesión, la oficina de la vicepresidenta avanzó con una advertencia: si la oposición quería sancionar los proyectos sociales, debería conseguir una mayoría de dos tercios porque ella no reconocía la validez de los dictámenes.

“No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo”, argumentó Villarrruel, a través de una nota de la Secretaría Parlamentaria.

Villarruel pretende, así, forzar una discusión reglamentaria que debilite a la oposición, que no tiene garantizados los dos tercios para aprobar los proyectos sociales. En el peronismo, sin embargo, le quitaron valor a la estrategia de Villarruel: “Es un problema de ella, ella no interpreta el reglamento. Si la mayoría de la comisión dice que la reunión es válida, es válida”, zanjó la discusión un alfil del peronismo.

La oposición huele la debilidad del Gobierno, y quiere sangre.

MC/JJD

De Tatiana al nieto 140: la ciencia y el amor detrás de cada identidad recuperada

De Tatiana al nieto 140: la ciencia y el amor detrás de cada identidad recuperada

Historias de las restituciones de la organización encabezada por Estela de Carlotto, a 46 años del primer caso. El rol clave del Banco de Datos Genéticos, en peligro ahora por el ajuste del gobierno de Milei.

En 1979, en plena dictadura militar, una joven llamada Tatiana Sfiligoy descubría que sus padres no eran sus verdaderos padres. Que había nacido en cautiverio. Que sus padres biológicos, militantes desaparecidos, habían sido asesinados. Y que ella era la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Tatiana fue el inicio de una gesta inédita: la de un grupo de mujeres que, en medio del terror, se propuso una misión impensable entonces pero hoy admirada en todo el mundo: devolverles a sus nietos la identidad robada por el terrorismo de Estado.

Hoy, más de cuatro décadas después, esa lucha sigue viva. Este 5 de julio de 2025, las Abuelas celebraron la restitución del nieto 140, un nuevo hito en una historia que une a la ciencia, la justicia y el amor.

Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto 140

El nieto 140 y el poder de la genética

“¡Bienvenido, nieto 140!”, anunció Estela de Carlotto con la emoción intacta. El joven es hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes desaparecidos. Nació en abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, mientras su madre estaba secuestrada y torturada.

El proceso de restitución se inició a partir de una denuncia anónima. Luego intervino la Conadi y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños. El hombre se presentó voluntariamente, dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y, tras los estudios genéticos, se confirmó su identidad.

Su hermana, Adriana Metz, lo buscó durante 47 años. Mantuvo viva la memoria a través del blog “Concho de lana”, donde cada 17 de abril le escribía una carta. El día del anuncio, estuvieron juntos por primera vez.

Desde 1987, el BNDG funciona como un pilar de esta lucha. Allí se conservan las muestras genéticas de familiares de desaparecidos —principalmente abuelas, tíos, primos— y se comparan con personas que dudan de su origen.

La herramienta clave es el índice de abuelidad, una fórmula genética desarrollada por científicos argentinos y la genetista Mary-Claire King, que permite identificar nietos con una certeza superior al 99,9%, incluso cuando los padres biológicos están ausentes.

Antes de llegar al ADN, las Abuelas realizan investigaciones documentales, entrevistas psicosociales y reconstrucciones históricas con archivos civiles, médicos, judiciales y religiosos. El proceso se completa con la contención emocional de quienes inician una búsqueda vital, profunda, muchas veces dolorosa.

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado por Raúl Alfonsín.

El BNDG, en riesgo

Pese a su importancia, el BNDG se encuentra hoy en una situación crítica. Las Abuelas denunciaron que está acéfalo, sin presupuesto, con sus decisiones delegadas a funcionarios sin formación científica. El decreto 351/25, dictado por el Gobierno de Javier Milei, modificó su estructura, lo subordinó a la Secretaría de Innovación y dejó sin resolver cuestiones clave como la compra de insumos y la firma de informes técnicos.

En respuesta al reclamo judicial de Abuelas, el Gobierno prorrogó en junio el mandato de la directora técnica, pero no resolvió los problemas estructurales. “El riesgo es altísimo. Se trata de un laboratorio que conserva muestras irreproducibles”, alertaron.

El hallazgo del nieto 140 ocurre en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos. En abril, el Ministerio de Justicia suspendió pagos y ordenó auditorías sobre los fondos de organismos. Se produjeron despidos masivos en espacios clave como la ex-ESMA, que aloja el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria.

El ajuste alcanzó a pedagogos, técnicos y conservadores especializados, provocando una ola de repudios. La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de los Sitios de Memoria, como Olimpo, Orletti, Atlético y Virrey Ceballos.

La restitución del nieto 140 no es un número más: es la confirmación de que el plan sistemático de apropiación de menores existió, y que la búsqueda de identidad sigue vigente. Estela de Carlotto lo dijo con claridad: “Una vez más la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad”.

A sus 93 años, la histórica presidenta de Abuelas se mostró “lúcida y feliz”. Rodeada de hijos, nietos y nietas restituidas, reafirmó: “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas. Sigamos siendo esa parte que iluminó al mundo. Luchemos para que la verdad no se apague”.

Nietos restituidos: 140 historias, 140 vidas

La historia de las Abuelas no se cuenta solo en números, sino en rostros, nombres y relatos. Cada nieto o nieta que recupera su identidad es mucho más que un caso resuelto: es una vida reescrita, una familia reunida, una herida que empieza a cicatrizar. Son 140 historias de dolor, de búsqueda, de verdad y de justicia.

La primera fue Tatiana Sfiligoy, en 1979. Su caso marcó el inicio de una lucha inédita. Tatiana tenía apenas 21 años cuando supo que sus padres eran apropiadores y que había nacido en un centro clandestino. Su restitución fue el primer paso en un camino que con los años sumaría otras victorias y muchas más verdades reveladas.

Estela de Carlotto anuncia el nieto recuperado 114, Guido Montoya Carlotto, hijo de su hija Laura, el 8 de agosto de 2014.

Le siguieron casos emblemáticos, como el de Guido Montoya Carlotto (nieto 114), hijo de Laura Carlotto, asesinada poco después de dar a luz en cautiverio. Guido, músico y pianista, fue restituido en 2014 y su aparición conmovió al país y al mundo: era el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas. Su nombre recorrió titulares internacionales y renovó la esperanza de cientos de familias.

Otro nieto con alto perfil es Horacio Pietragalla Corti (nieto 75), restituido en 2003. Fue criado por un apropiador vinculado a la represión, y su proceso de restitución fue complejo y doloroso. Con los años, transformó esa experiencia en militancia y compromiso: fue diputado nacional y secretario de Derechos Humanos de la Nación. Hoy es una de las voces más firmes en defensa de la memoria y la identidad.

Victoria Donda

También está el caso de Victoria Donda Pérez (nieta 78), hija de desaparecidos secuestrados en la ESMA. Su apropiador fue Juan Antonio Azic, miembro del grupo de tareas de ese centro clandestino. Victoria fue restituida en 2004, y desde entonces desarrolló una intensa carrera política: fue diputada nacional y titular del INADI. Su historia personal se entrelaza con su lucha pública por los derechos humanos.

Juan Cabandié (nieto 77) fue otro de los jóvenes que, tras conocer su origen, eligió transformar la verdad en acción política. Hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, militantes asesinados por la dictadura, fue restituido en 2004. Se convirtió en legislador porteño, diputado nacional y más tarde en ministro de Ambiente. Su historia es testimonio de cómo la verdad puede no solo reparar, sino proyectar.

Con cada restitución, se reconstruye una historia familiar robada, pero también se reescribe una página de la historia nacional. Las Abuelas no solo han devuelto hijos y nietos: han devuelto el derecho a la identidad como valor colectivo y como legado de futuro.

Hoy, las Abuelas calculan que aún faltan encontrar a unos 300 nietos y nietas. Y su mensaje, como siempre, es claro y urgente: “Los nietos que faltan están entre nosotros. Necesitan acompañamiento. La búsqueda es colectiva. Y la identidad, un derecho que no caduca”.

Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo: www.abuelas.org.ar

CRM/MC