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La presunción de la derrota recorre campamentos peronistas. Prima la desconfianza para la lista de "unidad". Ideas que la expresidenta se propone "empezar a discutir" y melodías que Kicillof todavía no toca. ¿El fallo que sí saldrá?
En las aguas agitadas del peronismo bonaerense, un mismo pronóstico transitó los diferentes campamentos en las últimas semanas: una derrota ante la unión de las derechas es la hipótesis más probable para la elección provincial de septiembre y la nacional de octubre.
En La Plata, en el Instituto Patria, en La Cámpora, en las intendencias y entre quienes miran a distancia la pelea entre Cristina y Axel Kicillof, voces encumbradas recitan una crónica lúgubre con final anunciado, en la que el declive de participación en los barrios populares y la estabilidad cambiaria conducirían a una victoria de las listas unificadas de la Libertad Avanza y el PRO. Un Gobierno que hace bandera con la crueldad y prueba los límites de la democracia encuentra en la postulación de José Luis Espert y los amenities del Gordo Dan y Cristian Ritondo una sintonía con el “humor social” de una parte de la población, minoritaria, pero con peso suficiente para ganar una elección.
Un síntoma de otra jurisdicción viene a cuento. En el marco de la reciente elección porteña, un candidato mandó a medir el consenso ante propuestas extremas, no porque se propusiera llevarlas a cabo, sino para constatar el límite de lo tolerable en campaña. Ante la consigna de que hay que “poner una bomba en la villa 31 (de Retiro)”, la adhesión entre los votantes a las varias opciones de derecha que compitieron llegaba a 75%. Milei conoce el terreno en el que suele intervenir con modos de energúmeno.
Es tal la vibra depre que transmiten desde espacios peronistas que, si el partido no estuviera tan desorganizado, daría para pensar en una exageración premeditada de las chances de triunfo del frente que arman los Milei, como un conjuro ante la mala pasada que suele jugar el exitismo.
En la gobernación bonaerense y sus cercanías, la presunción de una probable derrota va acompañada de una convicción: el eje La Cámpora-Instituto Patria juega a perder. Esa opinión en el seno del axelismo y el más extendido kicillofismo no varió luego del acercamiento entre Cristina y el mandatario bonaerense, gatillado en los últimos días.
La tesis suele ser expresada con un asterisco que requiere una dosis de voluntarismo intelectual. Los militantes de la derrota serían los encabezados por Máximo, pero no Cristina, quien pondrá el cuerpo como postulante a diputada provincial por la tercera sección electoral, categoría en la que el peronismo sólo perdió en 1983 y 1997 desde el retorno de la democracia.
En las inmediaciones de Kicillof, hay voces divergentes sobre el valor de la “unidad” que podría concretarse si prosperan negociaciones que apenas comenzaron a transitar una carrera de obstáculos.
“Es más de lo mismo. El objetivo de Cristina es ganarle a Axel, no a Milei. Con la unidad buscan la sumisión ante el diccionario de Cristina”, dice un dirigente del peronismo bonaerense muy crítico del eje Cámpora-Patria. “(La reunión entre Kicillof y su exjefa política) fue un primer paso para desanudar una relación después de seis meses de no hablar”, suma otra voz cercana al gobernador que, con prevenciones, pone fichas a un acuerdo para una lista única. La fuente, conocedora de los términos del encuentro del jueves al atardecer, lo califica como “respetuoso y tenso”. ¿Acordarán las listas? “Veremos”.
Una tercera mirada de un ministro bonaerense describe un pasado en el que “los muchachos (dirigidos por Máximo Kirchner) se dedicaron durante dos años a derribar todos los puentes y tirar piedras, pero todos sabemos que no hay vida después de una derrota producto de una división ante un proyecto tan negativo y tan dañino para las mayorías, los jóvenes, los jubilados y las mujeres”. “Si no somos capaces de hilvanar que Milei es responsable del vaciamiento del Garrahan, del ataque a los discapacitados, del odio a los periodistas, de la parálisis de la obra pública, nos va a salir muy caro ante nuestros votantes”, resume el funcionario de larga trayectoria en el conurbano.
Todos sabemos que no hay vida después de una derrota producto de una división ante un proyecto tan negativo y tan dañino con las mayorías
Los escépticos sobre la real voluntad del eje Cámpora-Patria para ganar la elección sacan a relucir cuentas pendientes. Citan que, en 2019, las filas de La Cámpora no militaron la candidatura de Kicillof (“lo puedo probar”); que en 2021, en la elección de medio término en el tramo final de la pandemia, fue ostensible el desdén de Cristina hacia la cabeza de lista, Victoria Tolosa Paz, como preludio buscado de la ruptura consumada con Alberto; y que en 2023, la relación de Máximo con Kicillof ya estaba detonada, tras el traumático intento de La Cámpora de impulsar la postulación del potentado Martín Insaurralde a la gobernación. “Cuando Cristina cuenta cómo se definieron las candidaturas en 2023, de eso se olvida”, recuerda una de las voces, con malicia.
El mero anuncio de la postulación de Cristina a diputada provincial movió el tablero. Para el peronista bonaerense que no ve nada positivo en postergar la ruptura, “es un gesto de debilidad que nos perjudica. Nos obliga a discutir sobre Cristina y no sobre Milei, y diluye la idea de futuro. La usan como pantalla”. Esa fuente arriesga que, si se concreta la victoria ultraderechista en septiembre y octubre, Máximo se propone accionar para que Kicillof no termine su mandato. A ese punto llega la desconfianza.
En el Instituto Patria, la lectura es opuesta. Allí interpretan que el cambio de eje responde a un liderazgo indiscutido de la expresidenta entre los votantes, activo que no puede ser borrado o jubilado por la mera voluntad de Kicillof y su grupo. “El liderazgo no se impone, surge, y para ello se requiere tener visión de mediano y largo plazo”, razona una fuente muy al tanto del pensamiento de Cristina.
Las movidas del axelismo son descriptas por los cristinistas como precipitadas. Traición, amateurismo, capricho e individualismo son palabras que surgen a la hora de hablar del gobernador bonaerense, según la enjundia del consultado.
La lista de desventajas que el eje Cámpora-Patria observa en el desdoblamiento es repasada una y otra vez, y será enarbolada a los cuatro vientos ante la hipótesis de una derrota. Allí anotan que la centralidad de Cristina en una elección local servirá, en tiempos de desapego de la política, para que muchos votantes se enteren de que hay que ir a las urnas y ello mitigará el ausentismo, algo imperioso para una lista peronista.
Traición, amateurismo, capricho e individualismo son palabras que surgen en el eje Patria-Cámpora a la hora de hablar del gobernador bonaerense
En el kicillofismo ponen una vara para que la expresidenta pueda salir indemne de una eventual debacle. “Debería sacar más de 46% que sacó Mariano Cascallares (actual intendente de Almirante Brown) como primer candidato de la tercera sección en 2021, un piso del peronismo en plena pandemia. Si alcanza eso o menos que eso, su postulación no habrá servido de mucho”, miden.
El gobernador está dispuesto a aceptar que la lista de “unidad” lleve a Cristina como primera candidata a diputada provincial en la tercera sección (La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Florencio Varela) y a Sergio Massa como cabeza en la primera sección (San Martín, San Isidro, Tigre, Morón, Moreno, Escobar) para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
Tras año y medio de silencio y mientras se apresta a emprender una gira por todas las secciones electorales de la provincia, el expostulante presidencial de Unión por la Patria hace saber un matiz. Si se candidatea por una silla en la Legislatura de La Plata, será como senador provincial, no diputado. Tiempista por excelencia y optimista en soledad sobre el futuro electoral del peronismo bonaerense, en realidad, Massa apunta —dicen propios y extraños— a encabezar la boleta para la Cámara Baja en las elecciones nacionales, el 26 de octubre.
Como sea, acudir a las urnas con los nombres de Cristina y Massa al frente de la boleta en las dos secciones que albergan a 75% del padrón provincial tornaría ilusoria la intención de Kicillof de plebiscitar su gestión y edificar un perfil que lo coloque en carrera para 2027. Es por eso que algunos kicillofistas se opondrán con toda su fuerza a esa cartelera.
El gobernador acudió al encuentro con la exmandataria con un punteo de tres ejes para la campaña: oposición frontal a Milei para demostrar cómo la motosierra daña a la provincia de Buenos Aires, reivindicación de una gestión que el oficialismo bonaerense califica como la que más escuelas construyó desde el primer peronismo, y respeto a las aspiraciones de los intendentes en la construcción de las listas.
Otra voz cercana al Instituto Patria evalúa que la única forma de garantizar la unidad peronista es con la confirmación del liderazgo de la expresidenta, y aguijonea: “Por más que Axel quiera, reivindicar su gestión va a ser difícil, en parte por la gestión en sí, y en parte porque la elección se va a polarizar entre Cristina y Milei. Axel debería agradecer, porque los medios de derecha van a tratar de meter la agenda de seguridad como hacen siempre”.
De los primeros dos ítems del punteo y ante la presunción de que Cristina y Massa no le regalarán nada, se podrá ocupar Kicillof si tiene margen para asumir como propia la lista que anote el Partido Justicialista Bonaerense, cuyo presidente es Máximo. El tercero —la pulseada con los 45 intendentes que adhirieron al kicillofista MDF— se dirimirá en días y semanas, y se presenta problemático. La definición de candidaturas en los municipios dará lugar a disciplinamientos e intercambios para neutralizar una desobediencia que el kirchnerismo puro no había vivido en sus dos décadas de existencia.
El anuncio de la candidatura de Cristina activó como acto reflejo la posibilidad de que la Corte Suprema confirme su condena a seis años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. El fallo inminente fue anunciado tanto por terminales mediáticas que obedecen al Gobierno, como al macrismo y al cristinismo. Cuánto de ello tuvo de operación y de información se probará en días.
La deriva que tendría esa decisión no es lineal. Más allá del impacto en el funcionamiento de la democracia que supone el bloqueo electoral de una dirigente con una representatividad no menor a 20% del padrón y del peso de la privación de la libertad en la vida privada de Cristina, entre otras cuestiones, por su papel de abuela, la consecuencia política podría no ser positiva para el Gobierno ultraderechista.
El vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez, convertido en un millonario empresario fugador de divisas desde que los santacruceños llegaron a la Casa Rosada, merece hace años una investigación judicial seria. Ocurre que cualquiera que haya prestado un mínimo de atención al proceso Vialidad, sabrá que estuvo plagado de vandalismo, arbitrariedades en los pases de un juzgado a otro, intervenciones de jueces amigos de Mauricio Macri e invitados por el Grupo Clarín a Lago Escondido, un viaje venal por donde se lo mire.
Lo lógico para el bajísimo estándar ético y jurídico de la Corte Suprema será avalar la condena de los tribunales inferiores, pero ello ubicará a Cristina en el papel de víctima de una injusticia, y le dará la oportunidad de apelar a tribunales internacionales.
Esas historias, con fans de criptoestafas habitando la Quinta de Olivos y hermanos de Macri como beneficiarios de cuentas offshore, pueden no terminar bien si cambia el “humor social” antes descripto.
Otra traza de los caminos que se bifurcan entre Cristina y Kicillof está dada por la agenda nacional que la expresidenta se propone “empezar a discutir”.
La impugnación al kirchnerismo como gestor de desequilibrios macroeconómicos e incumplimiento de la promesa del “Estado presente” ha demostrado eficacia en la consagración de Milei como presidente, así como en la relativa imagen positiva que acompaña su motosierra y su burda gestión.
La acusación hacia un Estado que incumple sus compromisos redistributivos, además de tener cierto sustento real, es magnificada por el griterío de los Milei, los eslóganes gastados del macrismo y el inagotable machacar de sus cadenas de medios.
Las diatribas ultras germinan en la mirada generalizada sobre el Gobierno de Alberto Fernández, lastrado en partes iguales por la pandemia, la sequía de 2023, una gestión presidencial negligente y el incesante fuego amigo del eje Cámpora-Patria. Como no hay nadie que atine a defender o explicar al Ejecutivo 2019-2023, con méritos que salen a la luz sólo cuando Milei los destruye, la crítica arrasadora fluye sin barreras, con el favor de los sospechosos streamings que se proclaman peronistas.
Lejos de asumir responsabilidades por la experiencia del Frente de Todos, Cristina se narra paciente, leal y engañada
Cristina ofrece la reivindicación de trazo grueso del período 2003-2015. Pasa por alto los malos indicadores sociales y de crecimiento de su segundo mandato, y las arcas vacías del Banco Central, entre varias cuentas fundamentales de la economía fuera de órbita. Por lo demás, lejos de asumir responsabilidades por la experiencia del Frente de Todos, la ex vicepresidenta se narra paciente, leal y engañada.
Y así, con dos décadas largas de actuación en el primer nivel de la política, Cristina explora propuestas imaginativas sobre una reforma laboral que atienda la nueva realidad del mercado, el grave daño que produce la ineficiencia del Estado y la venalidad de los controles a la misión “igualadora” que se le atribuye o la forma en que grandes corporaciones y poderes fácticos capturan la vida pública.
Cristina elabora ideas, “nacionaliza la campaña” y se expone a que un joven tecnologizado, un paciente de un hospital público, un pasajero de un tren o una víctima del gatillo fácil de la Policía que promueve Sergio Berni se pregunte por qué no llevó a cabo su agenda de segunda generación en algún momento de su largo paso por la Casa Rosada.
De pronto, los Milei dan en el blanco cuando anuncian que avivados habitantes de Puerto Madero, Barrio Parque y Nordelta que mintieron en su declaración jurada dejarán de pagar la luz, el agua y el gas casi regalados, algo a lo que Cristina se opuso con tenacidad, al punto de —en corresponsabilidad con Alberto— disparar el quiebre político y económico del Ejecutivo del Frente de Todos.
En un ensayo crítico sobre el nacionalismo vasco, el escritor Jon Juaristi escribió El bucle melancólico, en 1997. El autor describió una genealogía de hechos reales, rumores y mitologías que eran utilizados por el nacionalismo vasco, sobre todo el demócrata-cristiano, para reconstruir un pasado y afirmarse en el lugar identitario de víctima y eterno acreedor.
La obra de Juaristi es polémica, pero aporta una figura para entender la representación de Cristina hoy.
Se trata, sin dudas, de una líder con talento y carisma de las que surgen cada muchas décadas; gran capacidad escénica; querida y respetada por buena parte de los pobres de Argentina; odiada por estamentos del poder permanente. Pero, desde hace años, la expresidenta encontró un límite en su capacidad de interpelar a la sociedad, y su campo de acción es cada vez más acotado. La adhesión a Cristina supone un grado bajísimo de tolerancia a la disidencia y la imposibilidad de encontrar un nuevo sentido a las ideas esbozadas en sus clases magistrales.
El bucle melancólico, si la descripción de Juaristi es válida, sigue siendo efectivo en Euskadi, comunidad del Estado español gobernada por el Partido Nacionalista Vasco con una breve excepción en las últimas cuatro décadas, pero en Argentina, el apellido Kirchner asociado a una boleta se transformó casi en una garantía de abroquelamiento y victoria de sus adversarios. El bucle kirchnerista sirve como refugio, pero choca con las urnas.
La primera en tomar nota parece ser la propia Cristina, que desde 2013 busca y consagra —a veces con éxito— candidatos fuera de su espacio que disimulen o licúen su identidad.
El desafío de Kicillof resulta inédito para esa dinámica. Resulta que es tan o más de izquierda que Cristina, no busca refugio en el Grupo Clarín, ni se trata de un barrilete ideológico como el multipremiado Daniel Scioli, ni navega con sus novias en yates por el Mediterráneo. En un dato que se torna amenazante, cuando el gobernador desobedeció la voluntad de los Kirchner (su reelección provincial en 2023), le fue bien, y lleva a cabo una gestión que al menos le alcanza para dar pelea.
A su vez, Kicillof tiene déficits de los que no da cuenta.
La impugnación a Cristina por sus adversarios a raíz de los desequilibrios de los que no se hace cargo alcanza también a quien fue su último ministro de economía. Si Kicillof no tuvo el margen político que habría necesitado o la pelea con los holdouts de la deuda externa enturbió demasiado el escenario, deberá encontrar palabras para explicarlo. Una década después, no surge del gobernador una crítica o siquiera un matiz de la experiencia económica de los Kirchner, ni tampoco aborda un temario actual que vaya más allá de la resistencia a los Milei.
Cristina esboza una agenda que en su boca suena extemporánea, y Kicillof promete “nuevas melodías” que, por ahora, no da a conocer.
SL/DTC
slacunza@eldiarioar.com
La presidenta del Partido Justicialista dijo que no hay plan económico, criticó a los gobernadores y dijo que la quieren presa o muerta.
La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó esta tarde un acto en la ciudad correntina de Paso de los Libres, en respaldo del intendente Martín Ascúa como candidato a gobernador, y desplegó un discurso con fuertes críticas al Gobierno nacional, advertencias sobre la situación económica y cuestionamientos al Poder Judicial.
Frente a un auditorio de miles de personas, enfatizó que “es necesario aunar esfuerzos y nadie se salva solo”. “Todos necesitamos del otro, tender la mano, empatía, solidaridad y construcción de un proyecto colectivo que contenga todos los argentinos y a todas las argentinas”, afirmó a dos días de haberse reunido con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y después de seis meses de haber cortado el diálogo.
Tras destacar varios logros de su gestión, agregó: “La gente vivía en un país mejor, no en Disney. Y era feliz. No nos van a borrar la memoria por más que quieran”.
Asimismo, en tono irónico, apuntó contra el discurso anticorrupción: “Desde que están los honestos y transparentes la gente cada vez vive peor”.
También denunció una embestida judicial tras oficializar su candidatura a legisladora bonaerense: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.
“Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale. Mirá como tiemblo”, ironizó, al tiempo que envió un mensaje a la interna el el PJ: “El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. No tropieza dos veces con la misma piedra”.
Su discurso tuvo también varias referencias a la historia del peronismo. “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones, me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que, en definitiva, lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la República Argentina; y que hay una clase media que quiere vivir mejor y que hay trabajadores que quieren ganar un buen salario, y que hay gente que quiere poder volver a mandar a sus hijos a la universidad para que progresen porque hay movilidad social ascendente. Esto es lo que pasa”, sentenció.
Asimismo, comparó su situación procesal con la proscripción de Perón. “Creen, como creyeron que echando a Perón 18 años se iban a olvidar, ¿cómo la gente se va a olvidar de que hay que comer cuatro veces al día? ¿cómo la gente se va a olvidar que quiere que sus hijos tengan un futuro y sus nietos también? ¿cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del Pami? ¿cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios?”, destacó.
También criticó a los gobernadores. “Y así estamos, con gente que vota cualquier cosa en el Congreso y ahora se les cayó la coparticipación y se les va a caer todo, y se los se los van a comer los piojos. A los que creyeron que votando cualquier cosa la tenían asegurada, no van a tener nada.”
Se quejó también de aquellos que en 2023 adelantaron las elecciones. “Pensaron que así podían ganar, pero yo quiero saber cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento que hay”.
En relación con el rumbo económico, advirtió: “Este proyecto político, que no tiene plan económico, es una remake de la tablita de (José) Martínez de Hoz o la convertibilidad de (Domingo) Cavallo. Es como el yogurt, tiene vencimiento. La diferencia es que no trae fecha en la tapa, pero que se vence, se vence”.
También apuntó contra Javier Milei: “Dice que ‘no hay plata’ y los que están en colchón tampoco los van a sacar”, y cuestionó los recortes en áreas clave del Estado: “No se hace un país cerrando el CONICET, diciendo que si sos médico para qué estudiaste si sabés que ganan poco, ni cerrando el Garrahan. Hay que repensar un nuevo Estado, más eficiente”.
Sobre el cierre, hizo referencia al caso Loan: “No está bueno vivir en una provincia donde se roban a un pibe”. Y concluyó: “Hay que construir una Corrientes mejor. Nadie se salva solo, todos necesitamos del otro”.
MP
Álvaro García Resta, quien fue secretario de Desarrollo Urbano durante la gestión de Rodríguez Larreta y parte de la de Jorge Macri, anunció que trabajará para el estudio ODA de Nueva York como asesor en Urbanismo. Posibles incompatibilidades y conflictos de intereses posteriores a su paso como funcionario.
El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.
Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.
No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.
Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.
Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.
¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.
De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.
En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.
“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.
García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.
Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.
A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.
“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.
A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.
ED/DTC
En las próximas horas liberarían al dirigente social, que permanece detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales en Lugano. Cientos de personas se convocaron en el lugar para pedir su liberación.
El dirigente social Juan Grabois permanece detenido desde la tarde del sábado en la sede de la Superintendencia Federal de Investigaciones, tras haber sido arrestado por la ocupación del Instituto Juan Domingo Perón junto a un grupo de militantes, en medio de un operativo policial que se llevó a cabo para desalojar el inmueble.
Grabois fue detenido en la tarde de este sábado, junto a otro militante, Valentín Peralta Ramos, acusados provisoriamente de ‘Usurpación y privación ilegítima de la libertad’, esto último en perjuicio de los cuatro policías que custodiaban el lugar, ubicado en la calle Austria 2593, del barrio porteño de Recoleta.
Sin embargo, no se descarta que en las próximas horas haya más detenciones.
En tanto, cientos de militantes se autoconvocaron esta noche frente al edificio donde está detenido Grabois -en Lugano- para pedir la liberad del dirigente, en medio de una creciente tensión, ya que los manifestantes estaban cara a cara con los agentes de la policía.
Al mismo, y en la cuenta de X de Grabois se publicó un mensaje que decía: “Nos comunicamos con Juan y está bien”, y luego agregó: “Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional”.
Por su parte, Nicolás Rechanik, abogado del dirigente social, a acercó hasta el lugar y afirmó en declaraciones a la prensa que “ojalá todo se resuelva pronto y que Juan sea liberado cuanto antes”, y remarcó que su defendido fue aprehendido sin orden judicial, aunque la causa ya está en manos del Juzgado Federal Número 2.
“Todo transcurrió de manera pacífica”, sentenció Rechanik, en referencia a la toma del histórico edificio donde vivían Juan Domingo Perón y Eva Duarte, actualmente convertido en un museo y centro de estudios.
La detención del líder de Patria Grande tuvo una amplia repercusión en todo el arco político, incluido el beneplácito que exhibió el presidente Javier Milei, quien reposteó desde Italia el mensaje de un periodista en redes sociales, hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien envió desde X un fuerte mensaje: “Se terminó el vale todo”.
A su turno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó de “usurpación” y de “toma violenta” el accionar de Grabois.
Mediante un comunicado, la funcionaria explicó que “el Instituto Juan Domingo Perón contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos. (…). La totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del Instituto”.
La cartera indicó que, tras la disolución del organismo, “se tomaron las acciones pertinentes para resguardar el patrimonio histórico y cultural del Instituto, encontrándose todo inventariado y en proceso de selección para su destino a la Biblioteca Nacional y al Archivo General de la Nación”.
Por la noche, el comisario Luis Rolle, titular de la Policía Federal, dio una conferencia de prensa en la cual confirmó que “hubo daños (a la propiedad) y también a cuatro funcionarios policiales”, quienes custodiaban el inmueble, y también habló de cierta violencia por parte de los militantes cuando ingresaron a la propiedad.
Este mediodía, cuando Grabois ocupó el edificio donde funcionaba el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón, recientemente disuelto por el Gobierno nacional, y rápidamente lo anunció en la red social X: “Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, disuelto ilegalmente por el régimen de (Javier) Milei.” En esa línea, el referente de Patria Grande señaló: “Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas asesinas hace 70 años y el gobierno estafador destruyó las estatuas de nuestros próceres hace siete días”.
“Seamos fieles a nuestra historia, defendamos nuestra herencia ¡Viva Perón, Viva Evita, Viva la Patria!”, concluyó el dirigente, con una posdata: “PD: nadie se encadena, libres o muertos, jamás esclavos.” Mediante el decreto 346/2025, el Ejecutivo nacional había dispuesto la disolución del “Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas” y de la “Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente General Juan Domingo Perón”.
Luego de que se conociera la noticia, el Partido Justicialista (PJ) había denunciado “persecución ideológica” por parte del Gobierno tras el cierre “discrecional y abrupto” de dos institutos ligados a la memoria del ex presidente Juan Domingo Perón, y pidió que el sello que preside Cristina Kirchner sea el responsable de hacerse cargo del patrimonio de los organismos.
El bar y restaurante temático “Un café con Perón”, situado junto al inmueble que esta tarde tomó el dirigente social Juan Grabois, recibió una orden de desalojo, pese a que tiene un contrato vigente de alquiler hasta diciembre de 2027.
En el lugar, declarado sitio de “Interés cultural” funciona ese emprendimiento gastronómico, a cargo de la cooperativa ‘Lo de Néstor’, integrada por unas 30 personas.
De acuerdo con el testimonio de uno de los encargados, tras haberse anunciado el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, situado en el barrio porteño de Recoleta, también recibieron una intimación para dejar el local, cuyo plazo se vencía este sábado.
Sin embargo, Leonardo Duva -titular de la cooperativa-, confió que tienen “todos los papeles en regla y un contrato de alquiler vigente hasta 2027”, por lo tanto, advirtió que el objetivo de sus integrantes es “resistir” la decisión del gobierno nacional.
“Es un lugar histórico, un patrimonio cultural. Somos familias que nos vamos a quedar en la calle por decisión de la ministra (Sandra) Petovello”, agregó Duva, en declaraciones al canal América 24.
MP con información de NA
La visita de Karina Milei recalentó el tramo final de la campaña en la tierra colorada. Una elección marcada por la fragmentación opositora, el peso de la Ley de Lemas y la incógnita sobre el rendimiento de La Libertad Avanza en su debut provincial.
La elección de este domingo en Misiones estará cruzada por una doble incógnita: cuántos votos logrará retener el Frente Renovador de la Concordia —que gobierna la provincia hace más de dos décadas sin mayores sobresaltos— y cuántos podrá capturar el debut de La Libertad Avanza como fuerza local en un territorio donde Javier Milei arrasó en 2023. Con una boleta encabezada por el extenista Diego Hartfield, el espacio libertario sale por primera vez a buscar bancas en la Legislatura, que renueva 20. El contexto es singular: el pacto de gobernabilidad entre la Casa Rosada y el mandamás provincial Carlos Rovira goza de buena salud, pero esa armonía no impidió que en la última semana la campaña se polarizara y que los libertarios adoptaran un tono decididamente opositor.
El desembarco de Karina Milei, a pocos días de los comicios, acrecentó la incertidumbre en las filas roviristas. No solo reforzó la candidatura de Hartfield, que hasta entonces había sido minimizada por el oficialismo, sino que escenificó una inédita narrativa de confrontación directa con la Renovación —como también se conoce al oficialismo misionero. La encargada en marcar esa línea fue Patricia Bullrich, que también se hizo presente junto a la hermana del Presidente.
“En muchas provincias el Estado no se achica, lo agrandan. Como en el caso de Rovira en Misiones”, lanzó la minitra de Seguridad durante su visita a la tierra colorada, en lo que fue el señalamiento más explícito a la figura del líder provincial. La frase contrastó con los acuerdos que ambos sectores vienen sosteniendo a nivel legislativo —el affaire Ficha Limpia fue su expresión más retorcida. Y tensó, hacia adentro, una relación donde los guiños siempre fueron más fuertes que las críticas.
La reacción oficial no tardó en llegar. En la costanera de Posadas, casi la totalidad de los carteles de campaña de La Libertad Avanza —con la leyenda “Hartfield es Milei”— amanecieron rotos. Fue un ataque que se sumó a otro gesto que había tenido lugar en los días previos, cuando el gobierno provincial intentó instalar que Karina se había bajado de una visita a Iguazú para despegarse del armado local. El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, escribió en X que la secretaria general de la Presidencia no había querido “quedar pegada” a Hartfield. La desmentida llegó en los hechos.
Pero fue la caminata que “El Jefe” realizó en Oberá la que expuso la otra cara del vínculo de Milei con la provincia. Un grupo de tareferos y productores yerbateros protestó al paso de la comitiva con pancartas que rezaban “Milei, no somos la casta, somos tareferos”. Hubo gritos, empujones y hojas de yerba lanzadas sobre los militantes, en reclamo por la desregulación del sector debido al vaciamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Karina debió retirarse en camioneta, aunque la situación no pasó a mayores.
Más allá del ruido, la elección será una nueva validación para Rovira, que no es candidato, no da entrevistas y su último discurso público fue en noviembre de 2023. Pero todos los caminos conducen a él. Desde hace más de dos décadas, estructura la política misionera como un campo magnético: atrae, ordena, disciplina. Fue gobernador entre 1999 y 2007, presidió la Cámara de Representantes durante 16 años y hoy es, formalmente, apenas un diputado. Pero sigue siendo el centro de gravedad de todo.
El Frente Renovador NEO —como Rovira rebautizó a su fuerza política, bajo la consigna “Misiones nos importa”— funciona como una maquinaria electoral que convierte cada comicio en una ratificación del orden. Conformado por 33 sellos partidarios, despliega una red que llega hasta el último rincón de la provincia. En la categoría de concejales, la Ley de Lemas es clave: permite que gane la lista que más voluntades sume, incluso si su candidato no es el más votado. Solo en Posadas, la Renovación presentó 17 sublemas. Lo que parece dispersión en realidad es concentración: cada lista engrosa a la totalidad.
El mecanismo renovador es tan cerrado como eficiente. Un episodio reciente dejó a la vista sus reflejos defensivos. A pocos días de la elección, el Tribunal Electoral provincial intentó excluir a todos los policías y fuerzas de seguridad del padrón electoral, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución de 1958. El efecto político fue inmediato: la candidatura del suboficial retirado Ramón Amarilla —detenido por liderar la protesta policial de 2024— quedaba en jaque. Sin sus pares, su base electoral se achicaba drásticamente.
Desde la oposición se denunció la maniobra como una proscripción encubierta. La tensión creció hasta que se produjo el giro. A instancias del gobernador Hugo Passalacqua, intervino el fiscal de Estado. El procurador Carlos Giménez emitió una recomendación al Superior Tribunal de Justicia, que finalmente habilitó el voto de los efectivos en actividad. La medida, que contradice el texto constitucional, se apoyó en antecedentes recientes. No fue una concesión a Amarilla. Fue un movimiento de contención.
En la lista de La Libertad Avanza, Diego Hartfield será secundado por Samantha Stekler —titular del PAMI local— y, en el tercer lugar, Adrián Núñez, referente local con denuncias internas por supuestos pedidos de diezmos. “En Misiones ya ganó Milei. Ahora hay que llevar la libertad a la Legislatura”, repiten en cada acto. Se trata de la única oferta con aval de la Casa Rosada. Pero no están solos. También compiten otras dos listas que se autoproclaman “libertarias”: una del diputado nacional Martín Arjol, expulsado de la UCR por “peluca”, con el sello del Partido Libertario, y otra la que encabeza desde la cárcel Amarilla, que compite por el partido Por la Vida y los Valores. Si supera los 25.000 votos, podría asumir y recuperar la libertad.
La Renovación, que renueva 11 bancas, ejecuta otra estrategia: mimetizarse con el rival. En vez de acordar formalmente con los libertarios, Rovira fabricó los suyos. Los agrupó bajo la marca “Blend” y los puso en su propia boleta legislativa, encabezada por Sebastián Macías, titular de Vialidad Provincial. Jóvenes, técnicos e influencers como Aryhatne Bahr, Juan Manuel Rodríguez y Victoria Cáceres completan la nómina, que ocupan el sexto, séptimo y décimo lugar, respectivamente.
Por fuera de esos dos polos, el resto de la oferta opositora se diluyó. El frente Unidos por el Futuro, que junta los retazos de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, lleva al radical Santiago Koch, aunque sin demasiado volumen. La alianza conformada por la UCR y el PRO perdió volumen luego de que Activar, el partido del legislador Pedro Puerta, decidió no jugar en estas elecciones tras la caída en desgracia de su exsocio Germán Kiczka, hoy preso por consumo y distribución de material de abuso sexual infantil. Para Rovira, fue una revancha silenciosa frente al hijo de su viejo rival.
Más a la izquierda del espectro, el único frente con discurso frontal contra el rovirismo y el mileísmo es Confluencia Popular por la Patria, liderado por la sindicalista Mónica Gurina. Agrupa a Unidad Popular, Encuentro Ciudadano y sectores de La Cámpora, además de contar con la bendición de los interventores del PJ que impuso Cristina Kirchner desde Buenos Aires.
Gurina enfrenta una causa judicial: en noviembrepasado, el juez Miguel Mattos elevó a juicio un expediente por “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, tras el acampe docente sobre la avenida Uruguay de Posadas en mayo de 2024 del que también participó Amarilla.
En paralelo, Héctor “Cacho” Bárbaro, exdiputado nacional y conductor histórico del Partido Agrario y Social (PAyS), se presenta con una lista propia luego de romper públicamente con Cristina Brítez, la líder camporista misionera. La pelea entre ambos terminó de fracturar el último intento de unidad peronista en la provincia.
Este domingo en Misiones se votan mucho más que nombres: se mide la elasticidad del régimen renovador, la potencia del sello libertario sin Milei en la boleta y la capacidad de una fuerza política avezada para contener, mimetizar o neutralizar cualquier amenaza. La maquinaria de Rovira vuelve a encenderse. Pero esta vez, algo se tensiona.
PL/MG