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Dos certezas sobre la condena a Cristina que atascan el sistema de poder

El sistema de poder argentino asume dos certezas: que el vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez vulnera, como mínimo, estándares éticos elementales, con pistas nítidas de probable corrupción, y que el proceso judicial contra Cristina comprende un continuado de burdas arbitrariedades que liquidan el Estado de Derecho.

El consenso en torno a esos dos ejes es amplio e incursiona a ambos lados de la polarización. En el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, muchos más de quienes lo reconocen en público perciben un vínculo inadmisible entre los Kirchner y un ejecutivo bancario convertido en contratista, en simultáneo con la llegada del expresidente santacruceño a la Casa Rosada, en mayo de 2003. A su vez, en el antikirchnerismo y las derechas, pocos se atreven a maquillar fuera de micrófono las chapucerías pergeñadas entre los tribunales de Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios de Inteligencia.

La dinámica de trincheras que rige la política argentina obtura un debate más útil, menos hipócrita, en el que las banderas de la honestidad en la vida pública y las garantías de la democracia sean levantadas al unísono, sin intermitencias, con coherencia. Frente a las cámaras, unos sólo denuncian una persecución de una poderosa mafia contra Cristina, como vendetta por sus políticas redistributivas —las reales y las declamadas—, y otros visten su discurso de una farsa honestista, postulada para escarmentar a rivales y proteger a los propios, sin reparo en lo que prescriben las leyes y la Constitución. Podría ser una contradicción ética, que algo vale en política, pero representa también una dinámica que prolonga un suerte de empate, en el que ningún bloque termina de prevalecer, pero ambos mantienen cierta capacidad de bloqueo.

Así planteada, la condena a la expresidenta demanda una postura inequívoca. Nadie puede ser declarado culpable si hubo jueces y fiscales federales que reprodujeron causas sobre los mismos temas o colindantes hasta que alguna prendiera; o que visitaron las residencias de Mauricio Macri en decenas de oportunidades para mascaradas sociales y deportivas; o no eran jueces naturales de la causa, sino que fueron impuestos a dedo, sin concurso, por la mesa judicial del PRO; o viajaron a Lago Escondido en un tour venal organizado por Clarín; o ellos mismos eran sospechosos de delitos graves, por lo tanto, pasibles de ser extorsionados por los servicios de Inteligencia. En un Estado de Derecho, tan sólo un juez, entre la docena que intervino en el proceso, que haya cometido alguna de esas tropelías bastaría para anular o revisar una sentencia contra una de las principales líderes de la historia argentina.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a esta altura, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida por ella, su hijo y su fallecido esposo con un contratista-lavador de US$60 millones. En un Estado de derecho, se requieren pruebas, no intuiciones ni operaciones urdidas por jugadores del club Liverpool en el torneíto de Los Abrojos. A diferencia del expediente Vialidad, la condena a Lázaro Báez por lavado encontró un proceso sólido, en el que se comprobó una ruta del dinero a la que el Grupo Clarín le puso la letra K, sin que fuera hallada la pista Kirchner, aunque algún fleco apunte a la letra M, del Grupo Macri, excompetidor-socio de Austral Construcciones en la obra pública.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida con un contratista-lavador de US$ 60 millones

El cuadro conduce a otra evidencia irrefutable. Si los jueces que juzgaron a Cristina, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Báez, Cristóbal López, César Milani, Carlos Zannini, Ricardo Jaime y otros kirchneristas hubieran puesto un quinto de su enjundia e imaginación para investigar a Macri, su primo Calcaterra, su hermano Gianfranco, su otro hermano Mariano, Javier Milei, Karina Milei, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luis Caputo, Oscar Aguad, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Nicolás Caputo, Alfredo Coto, Paolo Rocca y otros macristas y millonarios, poseedores algunos de ellos de cuantiosas cuentas offshore y adherentes a blanqueos a través de allegados y familiares, la secuencia de indagatorias, esposados en pijama a la medianoche y condenados sería mucho más pareja en el arco político. Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos ellos son, hasta hoy, inocentes.

Elisa Carrió, fiscal de set televisivo que hoy manifiesta pesar por la saña que muestran los canales de los grupos Clarín y La Nación contra Cristina, debe ser razonablemente excluida de la lista de sospechosos por corrupción. Su generosa residencia en Capilla del Señor bien pudo haber sido adquirida por herencia, trabajo profesional y sueldos de diputada durante dos décadas. Aunque la líder de la Coalición Cívica acaso podría ser apuntada por algún juez al que se le ocurriere investigar si el haber fraguado un falso arrepentimiento de un narco en el living de su casa, junto a la producción de Jorge Lanata, con el fin de señalar a Aníbal Fernández como “la Morsa”, pudo haber constituido una asociación ilícita. U otro tanto por sus andanzas con Marcelo D’Alessio, el espía inorgánico y panelista de Alejandro Fantino. El delito de autor perpetrado en Comodoro Py no llegó hasta ahí.

Encerrona y omisiones

Así, la democracia argentina transita una encerrona de larga data. Ensayos presuntamente libremercadistas que propenden a la fuga de dólares activan un sistema persecutorio de la resistencia en general y el kirchnerismo en particular, y éste, bajo la conducción de Cristina, arbitra la oposición a ajustes regresivos, recorre su bucle melancólico de la denominada —y cada vez más lejana— década ganada, y borra de su gramática un postulado que ocupó un breve espacio en el primer gobierno de Néstor Kirchner: la regeneración ética y la lucha contra la corrupción como un vehículo esencial de la equidad social.

Un dirigente peronista patagónico, quien formó parte del riñón político de los Kirchner y luego se alejó, apunta un nombre que suele esquivar titulares, pese al fuego cruzado. El Grupo Petersen, emporio de la familia Eskenazi, no protagoniza encendidos discursos de Cristina, ni editoriales del prime time, ni oficios de Comodoro Py. La omisión, en el contraste del foco omnipresente en Báez, resulta extraña.

Antes de volcarse por entero a Austral Construcciones, Lázaro fue gerente general del Banco de Santa Cruz, del que el Grupo Petersen es controlante y tiene como socio minoritario al Estado provincial.

Los tres ocupantes de la Corte Suprema garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad

La fuente citada, conocedora al detalle de los contratos del Estado santacruceño, enumera tres empresas que monopolizaron la obra pública en la provincia en la primera década larga del siglo: Austral Construcciones, de los Báez; Esuco, de Carlos Wagner, y Thiele & Cruz, de los Eskenazi.

Desde la década de 1990, esta familia proyectó su fortuna en la provincia austral, que llegó a la cúspide cuando Kirchner pergeñó la “nacionalización” sui géneris del 25% de YPF. Para intuir la turbiedad del asunto, el método de compra los explica sin mayores aclaraciones: el accionista mayoritario y vaciador de la empresa nacional de gas y petróleo, Repsol, junto a un consorcio de bancos, anticiparon los fondos a Petersen para la operación, que serían repagados con dividendos generados por la propia YPF. Salió mal y hoy Argentina afronta un juicio en tribunales de Nueva York por el que tendría que pagar varios miles de millones de dólares. Los Eskenazi están silenciosamente anotados para recibir un tercio de esa hipotética indemnización, aunque algunos señalan que ese regalo de la vida sería íntegramente transferido a sus acreedores en España, donde se sustanció la quiebra de una filial gemela del Grupo Petersen.

Proscripción, conmoción, obsesión

La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no ahorró ningún elemento que hiciera honor a la venalidad de todo el proceso Vialidad. Los tres ocupantes de la Corte Suprema, enterradores consuetudinarios de causas que afectan intereses poderosos, actuaron con premeditación, filtraron su voto a medios afines y garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad. Al no existir una grabación de lo conversado entre copas, partidos de paddle y tours de caza, fuera días u horas antes de decisiones trascendentales en el expediente, la pulcritud de los magistrados está fuera de duda. Inobjetable guion del trío Rosenkrantz-Lorenzetti-Rosatti.

La sentencia alteró naturalmente las prioridades del peronismo. Finalmente, la proscripción —denunciada sin sustento por Cristina en diciembre de 2022, cuando quedaba un camino para la condena definitiva— se hizo realidad. Con su capacidad de oratoria intacta, la expresidenta construyó un texto sólido sobre qué está en juego. No es una mera inhabilitación de un rival, sino una maniobra artera para despejar resistencias ante objetivos económicos lacerantes.

La conmoción se apropió del sistema político. Una vez más, Cristina en el centro de la escena. No está claro cuál es la valoración real de la sentencia por parte de la opinión pública, algo que se verá en el tiempo. Por lo pronto, la reacción en las calles se hizo sentir, pero no fue mucho más allá de los núcleos que siguen respondiendo a la exmandataria, en franco declive en la última década. Esta página de la historia está abierta, pero los trazos iniciales no se acercaron a una reacción popular que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, sin desmerecer la vigilia de sus seguidores en una esquina del barrio de Constitución, y a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días.

El eje Cámpora-Instituto Patria no perdió de vista el eje principal que lo motoriza hace años, consistente en obturar cualquier voz alternativa para blindar el liderazgo de Cristina. La propia expresidenta, horas antes y después de conocida la sentencia, se hizo espacio para transmitirle a Axel Kicillof un mensaje elocuente: “Déjense de joder con las listas”.

Cristina machacó que “lo único” que escucha en las reuniones con “algunos compañeros” es cuál es el lugar en las boletas electorales de septiembre y octubre. Tres días más tarde, el destinatario del mensaje fue explícitamente desinvitado de una reunión en la sede del Partido Justicialista, en la que tallaron el impopular trumpista Guillermo Moreno, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de convocados no responde a ninguna otra lógica más allá de dejar fuera de la foto al gobernador bonaerense.

Y Kicillof parece, un día sí y otro también, estar más que dispuesto a “dejarse de joder”. El exministro de Economía transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia, a la espera de una mejor oportunidad, que nunca llega.

Quienes interpretan a Kicillof esgrimen que el tiempo probará lo contrario, y que el trayecto desde 2015 demostró escalones de autonomía que hicieron cumbre en la ruptura con Máximo en 2023. Bajo ese prisma, no habría que descartar que el líder del flamante Movimiento Derecho al Futuro valore en su fuero íntimo desplantes como el del jueves en la sede del PJ en la calle Matheu, con la mira en una ruptura que acontezca por decantación y en la que la responsabilidad recaiga del lado del maximismo.

Kicillof transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia

Indulto como programa

Antes de la confirmación de la condena, parte del entorno del gobernador dejó saber que no objetaría las candidaturas a legisladores provinciales de Cristina en la tercera sección y Massa en la primera. Semejante oferta en las dos secciones que congregan 75% del voto en la Provincia arrasaría con el objetivo de Kicillof de plebiscitar su gestión y delimitar su perfil. Si ese es el punto de partida de la negociación, el final es inimaginable.

Ahora, el eje Patria-Cámpora aprovechó para poner a Kicillof a contestar si indultaría a Cristina en una eventual Presidencia, a partir de diciembre de 2027. El gobernador dio a entender que sí, pero no cerró del todo la respuesta, para disgusto del cristinismo ortodoxo. Una voz del axelismo más puro resultó más asertiva ante este diario: “No tenemos la más mínima duda de que corresponde el indulto”.

Ese perdón institucional tiene un significado inequívoco en Argentina. El indulto a los perpetradores del terrorismo de Estado por parte de Carlos Menem en el inicio de su mandato, por lo que extenderlo a Cristina supone sumarle una acepción en el diccionario político.

Ni siquiera está claro que la expresidenta, quien rechazó en 2022 la aplicación de la figura para sí, haya cambiado de opinión, pero la obsesiva y extemporánea alusión de representantes del eje Patria-Cámpora permite inferir que, además de un ariete para alinear desobedientes, será un estandarte principal de cara a 2027.

De modo que si lo que está en juego es un reforzamiento del liderazgo de Cristina y una elevación del estatus de personajes como Moreno, cabe preguntarse si es cierto que a Milei no le convenía la ratificación de la condena, como se elaboró incluso en esta columna. Al tenor de las celebraciones del ultra y sus allegados, tan mal no les cayó.

Una cuenta probable es que un proyecto ultraderechista de semejante magnitud, apoyado por múltiples resortes de poder, encuentra un rival ideal en un partido encajonado en la propuesta del indulto a su líder, todo ello, sobre la fundada presunción de que una sólida mayoría cree que la expresidenta es culpable. Lejos de “borrar” a Cristina de la agenda, la condena prolonga su permanencia con el foco en su costado más cuestionable, del cual deberá opinar todo dirigente peronista hasta 2027. El plan económico de Caputo puede colapsar, pero si no ocurre y se cristaliza un país más desigual, parecido al promedio de América Latina, polarizar contra una Cristina confinada en su domicilio, con acceso limitado a la palabra, se parece al escenario ideal para los Hermanos Milei.

Inflación, transparencia y gatillo fácil

La expresidenta suele desdeñar a la inflación como un problema central de la economía. Elabora teorías sobre lo inocuo que resulta el déficit fiscal sin financiamiento genuino, lo que inexorablemente dispara la impresión de billetes. La expresidenta muestra gráficos en los que Dinamarca o Japón tienen déficit en sus cuentas públicas y mantienen los precios en calma. Hasta ahora, que se sepa, Kicillof no está en desacuerdo con ese abordaje.

El kirchnerismo, como fue dicho, borró hace años la transparencia y la honestidad como un pilar de su discurso. Sus voces más altisonantes se dedican a ejemplificar, muchas veces con razón, que sus rivales del PRO, la UCR y la ultraderecha incurren en actos sospechosos graves y permanecen impunes, pero no dan cuenta de tramas estructurales de venalidad que acompañaron la obra pública desde 2003.

Ocurre que inflación y corrupción son temas centrales en la preocupación de los ciudadanos desde hace décadas. Es cierto que el trabajo y la pobreza también lo son, pero ambos se ven implicados por los pilares que el cristinismo prefiere tratar de costado.

Un tercer eje de interés social es la inseguridad. Al respecto, el abordaje privilegiado de la expresidenta es a través de Sergio Berni, otro dirigente que ganó escala en la intersección de San José y Humberto Primo esta semana. Berni es un reproductor de las consignas de Patricia Bullrich. Para apoyar a alguien que celebra la represión de las protestas y el gatillo fácil, ¿será mejor votar a una irredenta apasionada por las armas como Bullrich, o a su Salieri excarapintada?

Con Javier Alonso en el ministerio de Seguridad bonaerense, otro fan de las ejecuciones policiales por la espalda y hombre de Berni, la nueva melodía de Kicillof también se demora en ese sensible asunto.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

Desalojaron a militantes que acampaban frente al departamento de CFK en Constitución

El operativo realizado durante la madrugada de este domingo en la inmediaciones del departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Constitución incluyó el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública. No se reportaron enfrentamientos ni detenciones.

“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales, quienes destacaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión.

Pasadas las 3:00 de la mañana ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida.

Según las autoridades, el despliegue fue motivado por la necesidad de liberar el espacio público y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios.

Este desalojo se produjo en un contexto en el que la ex presidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

El escrito remitido al tribunal destacó el intento de homicidio sufrido por Kirchner en septiembre de 2022 como principal antecedente para requerir medidas especiales de custodia.

Además, la defensa sostuvo que, por su condición de ex presidenta y ex vicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión aislado del resto de la población carcelaria.

La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, bajo el argumento de que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas.

La dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner.

El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos concluyeron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”.

El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.

MU con información de la agencia NA

Silencio, orden y distancia: el Gobierno se desliga de la inminente detención de Cristina Kirchner

En la Casa Rosada repiten una consigna: “Sin show, sin fotos, sin revancha”. La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción reordenó la agenda política, pero el gobierno de Javier Milei —lejos de buscar capitalizar el momento con gestos ruidosos— optó por una estrategia de profilaxis comunicacional. En Balcarce 50 aseguran que no harán del operativo de detención un espectáculo. “No somos como el macrismo”, dijo una fuente oficial, en alusión a la imagen de Amado Boudou esposado y en pijamas durante su arresto en 2017, también bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Ahora, como entonces, Bullrich sigue al frente del Ministerio de Seguridad. Pero el contexto político —y el mandato simbólico de la administración libertaria— es otro. En lugar de protagonismo, el Ejecutivo eligió delegar: fue la Justicia la que solicitó asistencia logística a las cuatro fuerzas federales y será también el fuero penal el que defina los detalles del procedimiento. El pedido formal lo hizo el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, con un plazo de 24 horas para que Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la PSA entreguen informes operativos. El Gobierno respondió sin filtrar ni condicionar.

Cristina Kirchner ya avisó que se presentará el miércoles 18 en Comodoro Py para “ponerse a derecho”. Lo hizo en un comunicado donde calificó a los jueces de la Corte como “títeres” y aseguró que haber solicitado la detención domiciliaria no implica “un privilegio”. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema cumplió la orden de proscripción del poder económico (...) mis abogados presentaron ante el TOF 2 solicitud de detención domiciliaria”, escribió en su cuenta de X.

Pero en la cima del poder libertario, lejos de esa narrativa, dominó la cautela. “No queremos hacer ningún show de esto”, deslizó un funcionario con llegada al despacho presidencial. La consigna es evitar alimentar la idea de persecución política y, al mismo tiempo, no correr el riesgo de transformar el operativo en un hito mediático que eclipse al propio Gobierno.

Desde Jerusalén, donde continuaba su gira internacional, el Presidente dedicó apenas unas líneas al tema. Primero lo hizo por redes sociales: “Justicia. Fin”, escribió el martes. Luego, durante una clase magistral de economía anarco-capitalista en la Universidad Hebrea, se permitió una frase más: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”.

En la misma línea, aunque con un tono más técnico, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reforzó la idea de institucionalidad. “Nadie puede hablar de un fallo político”, sostuvo. Y agregó que la mayoría de los jueces intervinientes en la causa Vialidad fueron designados por gobiernos kirchneristas. “No genera incomodidad, pero sí es un hecho conmocionante. Nadie se alegra”, aclaró. “Esto vuelve a poner a la Argentina en las tapas del mundo, y no por buenas razones”.

A diferencia de otros momentos en que el oficialismo buscó confrontar con el kirchnerismo como reafirmación identitaria, esta vez el pragmatismo se impuso. El objetivo es no tensionar la calle, no agitar movilizaciones ni dar pie a que la expresidenta se victimice ante un operativo excesivo. “Esto no es un triunfo político, es una escena de institucionalidad. Y punto”, resumió un funcionario libertario, que remarcó que la Justicia será quien decida si corresponde una entrega voluntaria, una detención domiciliaria o el traslado a un centro penitenciario. Por lo pronto, en la Casa Rosada descartan de plano cualquier escenificación.

Milei regresa este sábado al país, después de una gira de nueve días que terminó donde había comenzado: en Madrid, con una cumbre de derecha dura y un evento cripto. Desde Europa, el Presidente intentó mantenerse lo más distnaciado posible del caso que conmociona la política argentina. Para su entorno, esa postura no es una omisión: es una forma de liderazgo. Que la condena a Cristina Kirchner quede registrada, pero sin su firma en el margen.

Las tres planchas: salario, empleo y dólar, la otra fórmula para bajar la inflación

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hablan de tres anclas para bajar la inflación al 1,5% mensual, el menor nivel en cinco años: la motosierra fiscal, aún a costa de podar servicios sociales esenciales o cuestiones que hacen a la productividad, como la infraestructura, la educación superior o la ciencia; el cierre de la canilla de la emisión monetaria y la estabilidad cambiaria. También podrían referirse a las tres planchas: el salario, dado que el Gobierno presiona al sector privado para que la paritaria sea del 1% mensual e impone el congelamiento a los empleados públicos; el empleo, que cayó en marzo -último mes medido- en 9.000 puestos de trabajo, de los cuales 7.300 fueron de empresas privadas, 800 del ajuste estatal y 900 de personal de casas particulares; y el dólar, que se mantiene a raya a fuerza de tomar deuda, esta semana US$2.000 millones de bancos y otros 1.000 del mercado.

La plancha sobre sueldos y trabajo alisa, a su vez, el consumo masivo. Sólo crece el del tercio más rico de la sociedad. Por algo, en el inicio del año caen las ventas de supermercados y suben las inmuebles, autos, motos, yates, electrodomésticos y viajes al exterior, impulsados por la estabilización macroeconómica, la reducción de la inflación, pero también por el blanqueo de capitales, la apertura de la importación, la sobrevaluación del peso y la liberalización del cepo cambiario, según el testimonio de los brokers de estos diversos sectores.

Si el dólar no sube, tampoco el precio de los insumos dolarizados, como las materias primas agrícolas, energéticas y minerales, ni de los importados. Claro que, al haber inflación, aunque baja, también se encarecen los bienes y servicios producidos en la Argentina, lo que al final del día los desplaza del mercado interno y externo y eso se traduce en desempleo.

Hernán Letcher, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), atribuye la pancha cambiaria a la desregulación de inversiones de no residentes -ya no rigen más los controles contra los capitales golondrina, ahora pueden entrar y salir de un día para el otro, lo que puede provocar inestabilidad-, intervenciones en el dólar futuro -una herramienta que en su momento se había judicializado en la era kirchnerista-, advertencias de Milei para que el campo liquide la actual cosecha de soja y maíz antes de volver a subirles las retenciones el mes próximo, una suba de tasa de interés y el consiguiente incentivo al carry trade, lo que vulgarmente se llaman bicicleta financiera (apostar a rendimientos en pesos para multiplicar los dólares).

Haroldo Montagu, de la consultora Vectorial, advierte que el préstamo repo -siglas en inglés de “acuerdo de recompra”- de los bancos se pactó a una tasa apenas menor a otro crédito similar de principios de año. Esta semana se consiguió 8,25%. Antes, 8,8%. “En el medio, conseguiste dólares del Fondo (Monetario Internacional), el Bonte (bono que se suscribe en dólares y paga altas tasas en pesos), liberaste parcialmente el cepo, pero aun así no te creen los de afuera...”, alerta Montagu sobre la credibilidad del tipo de cambio.

Pedro Gaite, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), no cree que el dólar barato se base sobre todo en el endeudamiento del Gobierno. Lo atribuye a la fuerte liquidación del agro, la fuerte toma de deuda de las empresas privadas -por US$3.500 millones en mayo- y el 'carry trade' del comercio exterior -postergación del pago de importadores, que apuestan a la renta en pesos antes de abonar-.

“El no repunte del consumo se mantiene como la principal estrategia del Gobierno para moderar precios”, opina Letcher. Y esto obedece a un salario que pierde contra la inflación y a un empleo en retroceso. Las noticias de las últimas semanas lo confirman. En uno de los sectores más dinámicos del país, Vaca Muerta, el sindicato petrolero aceptó el aumento salarial del 1% mensual. También se anunciaron despidos masivos en el hospital Posadas, Telefé, la fabricante de pañales Kimberly-Clark o la feria La Salada.

La actividad económica creció en marzo 5,6% interanual, pero cayó 1,8% respecto a febrero. Letcher reconoce que hay una recuperación en forma de V, pero aclara que es un rebote respecto del piso de 2024, mientras que la industria, la construcción, el empleo y los salarios dibujan una L, es decir, cayeron el año pasado y no mejoraron desde entonces. El comercio presenta una leve reactivación de determinados rubros, mientras que la economía se expande de la mano de sectores que no crean trabajo de forma masiva como las finanzas, la energía y la minería.

“La actividad rebota desde subsuelos del primer semestre de 2024 y veremos en la segunda mitad del 2025, con más pesos que dólares -después de la cosecha de soja y maíz- hasta dónde crece la economía, apuntalada en unos pocos sectores con inserción externa y poca vinculación hacia adentro”, observa Montagu, de Vectorial. Recuerda que los sueldos no se recuperaron respecto de 2023 y mucho menos los ingresos, que incluyen todo el universo del trabajo, por cuenta propia o en relación de dependencia.

“No me queda tan claro que la actividad esté en ascenso”, coincide Melisa Sala, de la consultora LCG. “Viene mostrando un comportamiento errático, con subas y bajas, y sobre todo muy heterogéneo. En marzo cayó 1,8% mensual y arrasó con el crecimiento de enero y febrero. Quedó 0,5% debajo de diciembre. Seguramente el dato de abril implique una recuperación y el de mayo también, pero aun así no parece un crecimiento robusto. Las tasas interanuales arriba del 5% se explican más que nada por la baja base de comparación que implican los primeros meses de 2024. El rebote de finales del año pasado dejó más de 4 puntos de crecimiento para este año y ensucian la medición interanual. A nivel sectorial los sectores intensivos en mano de obra siguen afectados: comercio no termina de despegar; la industria muestra un crecimiento débil y la construcción se sostiene en baja”, analiza Sala.

“En conclusión, sin presiones del lado de la demanda porque la actividad se mantiene reprimida, con apertura de importaciones para disciplinar eventuales correcciones de márgenes, con una puja distributiva que no logra convalidar aumentos por paritarias por encima del 2% y con expectativas de devaluación ancladas, por el momento, es entendible que la inflación converja a la baja”, agrega la analista de LCG. En el último informe de la consultora se pronostica: “Para adelante entendemos que la inflación seguirá descendiendo al compás de la prudencia fiscal. Este descenso podría interrumpirse transitoriamente en la medida que el mercado considere que el tipo de cambio debería estar en un nivel más alto producto del deterioro del comercio exterior por el mayor ímpetu de las importaciones. Pero no creemos que será el fin del mundo, en tanto se mantenga la idea de que el cambio a un régimen macroeconómico más prudente continuará”.

“Pocos acuerdos paritarios lograron superar la inflación, generando un patrón que se repite en los últimos meses de forma sistemática, a pesar de la gran heterogeneidad al interior de los sectores registrados”, señala el último reporte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que dirige Andrés Asiain. “El nivel de actividad mantiene una fuerte recuperación respecto a los deprimidos niveles del año pasado, pero desacelerándose, en marzo muestra una baja mensual, junto al estancamiento de la recuperación salarial. El Gobierno parece apostar a sostener la reactivación a partir de que el ingreso de los sectores informales se recuperan a un ritmo mayor que los formales, beneficiados por la estabilización de precios y menos expuestos a las negociaciones paritarias pisadas. Ese universo recibe la AUH (asignación universal por hijo) en una gran proporción, prestación que duplicó su nivel en términos reales. También fue objeto de medidas que relajan los controles impositivos y facilitan sus flujos financieros. Una segunda hipótesis es que la caída en el nivel de consumo de los trabajadores registrados, producto del estancamiento de sus ingresos, busque ser compensada por un mayor nivel de endeudamiento de los hogares. Así lo reflejan el crecimiento de los préstamos prendarios, préstamos personales y créditos hipotecarios, instrumentos compatibles con el aumento de consumo de durables”, agrega el informe del CESO.

Gaite, de FIDE, prevé que, tras el rebote del primer semestre del año con respecto al piso del mismo periodo de 2024, proseguirá un “crecimiento lento a caballo de la apreciación cambiaria”. “Si en algún momento, el tipo de cambio pega un saltito, la actividad lo sentirá”, advierte. “Pero la economía argentina sigue operando muy por debajo de sus capacidades: la industria, abajo del 60%. En la medida en que se orden la macroeconomía, se crecerá de a poco. Los salarios caen un poco porque los pisa el Gobierno. Por eso, no veo que se vayan a recuperar aunque baje la inflación. Tampoco veo que se recupere el consumo masivo, sólo el de bienes durables. Hay que valorar que la menor inflación está sacando a gente de la pobreza, que igual sigue en valores altos para la historia argentina”, rescata Gaite.

La pobreza en este primer semestre bajaría del 38% en la segunda mitad de 2024 al 35% o 36%, según prevé Agustín Salvia, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). “Es una caída relevante respecto del 40% en el primer semestre de 2023, o sea del gobierno de Alberto Fernández. Se explica por la caída de la inflación y por una mejor registración de ingresos no asalariados -como la AUH- de la población en la encuesta del Indec (Instituto de Estadística). Sin embargo, el consumo es menor que en 2023. En parte porque cambió el sistema de precios relativos. La mejora de ingresos laborales y no laborales se tradujeron en mayores gastos en servicios como luz, agua, transporte, comunicación, alquiler. Por tanto, la pobreza en términos reales no cambió con Milei respecto a 2023. El empleo tampoco mejoró”, analiza Salvia.

AR/JJD

El laberinto de la Corte que no fue tal en el caso Vialidad: las idas y vueltas de otros procesos similares

El fallo que confirmó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba escrito desde hacía días pero no estaba en los planes acordados que saliera el martes último, afirmó una fuente judicial con conocimiento directo del caso. Faltaba poco, pero no era inminente. Algo precipitó todo y provocó que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, convocara a sus pares del tribunal a adelantar los tiempos.

Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte y aliado de Rosatti en medio de una interna feroz con el juez Ricardo Lorenzetti, aceptó la propuesta de firmar el fallo el martes 10 de junio.

La decisión iba a llevar las firmas de Rosatti y Rosenkrantz, pero finalmente, Lorenzetti se unió para conformar un voto unánime. “Es un triunvirato de impresentables”, afirmó Fernández de Kirchner, quien adjudicó el momento del fallo a la etapa electoral. “Agregaron el cepo al voto popular”, afirmó.

No está claro qué precipitó a Rosatti a adelantar los planes de la Corte, como pedía Lorenzetti. Lo cierto es que los rumores se confirmaron: el martes 10 de junio la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Deberá cumplir una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No podrá ser candidata ni funcionaria.

La decisión es inédita por donde se la mire: Fernández de Kirchner es la primera presidenta con condena firme por un caso de corrupción; el fallo de la Corte llegó en tiempo record -comenzaron a analizar el expediente en abril-; e impacta de lleno en todo el arco político, en medio de una precampaña electoral que deja a la principal líder opositora fuera de la carrera.

La unanimidad de la decisión del máximo tribunal no calmó las aguas agitadas por la pelea interna de poder. “La previa estuvo plagada de operaciones mediáticas”, aseguró una voz en la Corte. Pero lo cierto es que no hubo fisuras a la hora de condenar a Fernández de Kirchner, una resolución que se diferencia ampliamente de otras tomadas en casos similares por los jueces cortesanos.

Tanto la Corte como la Procuración General de la Nación y el tribunal que le antecede en la escalera del Poder Judicial -la Cámara Federal de Casación Penal- fallaron con una premura que no se aplica a los casos comparables, como los del fallecido expresidente Carlos Menem. Los tiempos se parecen más a los del caso del exvicepresidente Amado Boudou, pero aún así en algunos casos lo supera.

La revisión de la condena a la presidenta del Partido Justicialista (PJ) vio la luz en dos años y medio. Fue condenada en diciembre de 2022. Venía de un largo trayecto: la causa había comenzado en 2008 pero no se activó hasta 2016.

Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados, y dejaron firme la condena en diciembre de 2020. Pero si de diferencias se trata, las causas contra Menem exhiben otros tiempos totalmente diferentes.

Otro cantar

El expresidente murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por el caso de contrabando de armas a Croacia y Ecuador seguía circulando por la Corte, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación.

Menem había sido absuelto por la Casación por “plazo razonable” en octubre de 2018. Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”. El juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. La Corte nunca llegó a revisar la decisión final contra Menem, quien murió absuelto.

La causa Armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita. Estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió. Esta vez, la Corte, con otra composición, sí actuó en tiempo record.

En 2007, luego de que la causa pasó al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años.

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, en 1995. El hecho era vinculado a una supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

Los tiempos de la Procuración

Uno de los factores que aceleraron la confirmación de la condena de Fernández de Kirchner fue el pronto despacho en la Procuración General de la Nación. El jefe interino del organismo, Eduardo Casal, recibió el expediente a mediados de abril y dictaminó en tal sólo un mes, a mediados de mayo último.

El titular del Ministerio Público Fiscal sostuvo el recurso presentado por el fiscal general Mario Alberto Villar en el que se solicitaba elevar penas y revocar las absoluciones del caso Vialidad.

En el caso conocido como “los sobresueldos de la SIDE” -por la Secretaría de Inteligencia del Estado-, Menem y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015, por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Estaban acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

En octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

Dos meses más tarde, el caso llegó a la Corte. El expediente circuló durante casi seis años por el máximo tribunal. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Casal.

En noviembre de 2024, con Menem ya fallecido, la Corte declaró la causa de los sobresueldos extinta por violación del “plazo razonable” del juicio, que tardó 18 años. Cavallo, el único acusado, quedó absuelto.

AMIA: otra absolución de Menem

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. En febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos.

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Finalmente, el tribunal lo absolvió.

En 2022, cuando Fernández de Kirchner fue condenada por Vialidad, la causa por el encubrimiento del mayor atentado de terrorismo internacional del país aún estaba en la Cámara Federal de Casación.

Recién en mayo de 2024, el tribunal que antecede a la Corte en la revisión de sentencias declaró al atentado de 1994 como un crimen de lesa humanidad. Además, confirmó condenas y, en algunos casos, redujo penas a los acusados. Entre ellos, no estaba Menem, ya fallecido.

ED/DTC