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Mega data centers en la Patagonia: promesas millonarias y alerta por la falta de regulación
Las promesas de instalación de mega data centers en la región de Vaca Muerta contrastan con la falta de normas específicas para su regulación. No se conoce con precisión el impacto que podrían tener estos centros en una región que tampoco recibe aún el derrame económico de la actividad petrolera.
OpenAI invertirá US$ 25.000 millones en un centro de datos en la Argentina, donde encuentra abastecimiento energético
En la región de Vaca Muerta, al norte de la Patagonia argentina y con recursos estratégicos a nivel global, se observa con cautela una nueva promesa de desarrollo: la posible instalación de mega data centers para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial.
El 10 de octubre de 2025, la empresa argentina Sur Energy y la estadounidense OpenAI firmaron una carta de intención que contempla la posibilidad de instalar un centro de datos de próxima generación, con una capacidad estimada de hasta 500 MW. Según Sur Energy, el proyecto podría implicar una inversión de hasta US$ 25 mil millones. OpenAI confirmó el acuerdo, aunque sin precisar montos ni escala.
La ubicación no fue confirmada, pero distintas versiones señalan a la provincia de Neuquén como principal candidata por su disponibilidad energética.
Pocos días después de ese acuerdo -en noviembre de 2025-, el Gobierno neuquino presentó el proyecto de “microrregión” para atraer estas grandes inversiones. Este corredor va desde la zona de influencia de Vaca Muerta, donde se ubican Añelo y Tratayén, hasta el río Limay, en la localidad de Arroyito.
La comparación con otra promesa patagónica es inevitable, más allá de que se trata de la misma región: el auge del fracking (técnica de extracción de petróleo o gas) en Vaca Muerta llegó acompañado de anuncios millonarios y promesas de transformación económica.
Los mega data centers también son grandes demandantes de agua, como el fracking, y pueden impactar fuerte en el ambiente. Pero, por el momento, no hay una normativa que regule su instalación.
Así lo reconocieron desde la propia Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén. “De momento, no hay normativas específicas. Son tecnologías de implementación muy nuevas y complementarias al desarrollo de los hidrocarburos. Se está comenzando a trabajar”, indicaron ante la consulta de Chequeado y Ruido.
“La tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, por lo que debemos generar marcos que combinen agilidad, claridad y seguridad jurídica. La ley de promoción de la Microrregión Núcleo es un paso en esa dirección”, explicó a ambos medios Rubén Etcheverry, secretario del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén (Copade, que depende del gobierno provincial) y ex ministro de Planificación.
Tampoco existen normas locales ni anuncios al respecto.
A nivel nacional, la iniciativa se apoyaría en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado durante el gobierno de Javier Milei, que ofrece beneficios impositivos, regulatorios y en las importaciones para este tipo de proyectos.
En la última apertura de sesiones del Congreso de la Nación, el Presidente reiteró el anuncio de un polo de desarrollo de inteligencia artificial en la Patagonia, y vinculó la instalación de esos centros de datos con el desarrollo energético, el RIGI y la inserción del país en las cadenas de valor occidentales.
Desafíos pendientes
Para algunos especialistas, el marco general del RIGI –sumado a la falta de regulaciones específicas– implica desafíos. Alan Rocha, comunicador social experto en extractivismo e investigador del Observatorio Petrolero Sur –una organización dedicada a promover la producción y consumo de energía de forma justa y sustentable–, advirtió a Chequeado y Ruido: “Esquemas legales como el RIGI ofrecen fuertes beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios. Pero esto puede ser regresivo en términos de control ambiental, uso del agua o supervisión financiera”.
El RIGI es una regulación hecha a medida de los grandes inversores. Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre –ONG que promueve y defiende los derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación– coincidió: “El RIGI es una regulación hecha a medida de los grandes inversores. Elimina cualquier obligación de contratar trabajo local y de regulaciones ambientales. Incluso pone condiciones por las que el Estado no puede obligar a las empresas a promover el ‘compre nacional’”.
A nivel provincial, existe interés en promover la instalación de esta industria. Etcheverry aseguró ante ambos medios que la actual gestión (del gobernador Rolando Figueroa) está impulsando la “economía del conocimiento” como eje estratégico para Neuquén. “Queremos que el desarrollo tecnológico trascienda la actividad hidrocarburífera y abra nuevas oportunidades económicas para la población local”, sostuvo.
En este sentido, remarcó las ventajas que tiene Neuquén: “Es un ‘microclima’ ideal para industrias tecnológicas que requieren confiabilidad energética, baja latencia de conexión, capacidad de refrigeración natural y un contexto previsible”.
Pero hasta ahora no aparecen normas específicas para regular o impulsar la actividad, más allá de las intenciones.
Busaniche destacó que el marco normativo para acompañar a estas inversiones debe ser amplio. “Se necesitan regulaciones no sólo de protección ambiental, sino también de protección de datos personales y que se les exija darle prioridad a las comunidades locales. Además, es importante que se obligue a hacer auditorías permanentes de consumo energético e hídrico, y que los titulares de los data centers se ocupen de las tareas reparatorias del impacto ambiental”, detalló a Chequeado y Ruido.
La situación en América Latina
Pocos países de América Latina tienen planes y normativas para regular este tipo de inversiones. En la mayoría de los casos, sólo ofrecen beneficios fiscales, como Argentina.
Brasil avanzó en una regulación específica con la medida provisoria 1318/2025 (un decreto presidencial) que crea el régimen Redata. Combina incentivos fiscales, como la suspensión de impuestos para la compra de equipamiento tecnológico. Pero también exige condiciones de sostenibilidad (usar 100% de energía sustentable, niveles de eficiencia en el consumo de agua, etc.) y compromisos en investigación y desarrollo en el país.
En Chile, existe el Plan Nacional de Data Centers 2024-2030, que establece lineamientos para atraer inversiones, prioriza energías renovables y persigue la integración territorial.
Brasil y Chile son los países con más cantidad de centros de datos de América Latina, seguidos por México y Argentina, según datos del sitio Data Center Map.
Busaniche aseguró a este medio que las cifras multimillonarias del anuncio de OpenAI son exageradas, pero reconoció que Argentina está en el radar de las grandes empresas estadounidenses de este rubro.
“En América Latina hay una subordinación a la agenda de EE.UU. que tiene una carrera contra China en materia de IA, y que ni Europa está logrando entrar a competir en esta carrera”, explicó.
Las promesas truncas del fracking
Mientras escucha con cautela estas nuevas promesas, el norte de la Patagonia sigue esperando el crecimiento regional y los puestos de trabajo que, en teoría, iba a traer el fracking en Vaca Muerta. Distintos actores locales sostienen que ese progreso aún no llegó.
En Añelo, corazón de Vaca Muerta, Liliana Romero, lonko (líder) de la comunidad mapuche Fvta Trayén, describió: “Ya no tenemos la misma tranquilidad. Acá hay mucha contaminación, hay polvo en suspensión, el campo está reseco, no hay pasturas para los animales. Ya no nos queda territorio”.
Ya no tenemos la misma tranquilidad. Acá hay mucha contaminación, hay polvo en suspensión, el campo está reseco, no hay pasturas para los animales. Ya no nos queda territorio
La presión sobre el agua es uno de los puntos más sensibles. “Dependemos de pedirle agua a la industria. A veces nos dejan alguna toma o válvula para conectarnos. Llenamos charcos y transportamos agua a los puestos. Pero es agua pensada para la industria”, explicó Diego Rosales, werkén (vocero) de la comunidad.
Los centros de datos a gran escala requieren enormes cantidades de energía y agua para su funcionamiento. Según estimaciones realizadas para EE.UU., por cada MWh consumido necesitan 7,1 metros cúbicos de agua, considerando tanto el uso directo como el indirecto en la generación eléctrica. Esto es más de 2,5 millones de litros anuales por cada megavatio de potencia.
Ese volumen se sumaría a la demanda ya elevada del fracking. Cada pozo puede consumir hasta 60 mil m3 anuales, y en 2025 la actividad acumulaba 17.300 pozos en todo el país, con un consumo total estimado en más de 1.038 millones de m3.
“Estos centros requieren millones de litros de agua dulce para refrigerar equipos que trabajan a temperaturas muy altas. Y estamos en una provincia donde los ríos vienen registrando caudales históricamente bajos”, advirtió Rocha.
Una muestra de data center a pequeña escala
La energía es otro recurso clave. En la región –al norte de Vaca Muerta– ya existen experiencias como la de Unblock, un data center a menor escala que instaló centros de cómputo modulares que utilizan gas de venteo para generar electricidad y minar Bitcoin.
La empresa plantea este modelo como una forma de aprovechar un recurso que de otro modo sería liberado o quemado y aumentaría la huella de carbono de la industria de los hidrocarburos.
Unblock tiene una potencia instalada de 27 MW entre Rincón de los Sauces y Añelo, y proyecta duplicar su capacidad. Su CEO, Tomás Ocampo, destacó a este medio que el futuro de la IA estará condicionado por el costo de la energía y que regiones con recursos abundantes podrían tener ventajas competitivas.
Pero el proyecto vinculado a OpenAI implicaría una escala superior, si se llegara a los 500 MW anunciados. No alcanzaría con el gas de venteo y requeriría energía proveniente tanto de los pozos de Vaca Muerta como de otras fuentes renovables, ya sea la eólica o las represas hidroeléctricas patagónicas que se alimentan de los ríos Limay y Neuquén.
“Nuestro modelo es distinto al de los mega data centers tradicionales. Nosotros trabajamos con soluciones modulares que aprovechan energía que hoy se desperdicia. Creemos que el futuro de la inteligencia artificial dependerá en gran medida del costo de la energía. Los países que logren producir energía más barata tendrán ventajas competitivas en el desarrollo tecnológico”, aseguró Ocampo a Chequeado y Ruido.
“Un recurso sensible son las fuentes de energía capaces de sostener el consumo de estas instalaciones. Porque si no puede ocurrir lo que ya pasa en EE.UU., donde las comunidades cercanas se están quedando sin luz o pagan una energía carísima”, recordó Busaniche.
A nivel global, el crecimiento de esta industria ya es significativo. En 2024, los centros de datos representaron alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad -unos 415 TWh-, según la Agencia Internacional de la Energía. Y se proyecta que esa demanda se duplique hacia 2030. Este aumento podría traducirse en mayores emisiones de gases responsables del cambio climático, dependiendo de la matriz energética del país anfitrión.
Economías de enclave
Desde una mirada económica, también aparecen interrogantes sobre el impacto local. Rocha definió a los mega data centers como “economías de enclave”: grandes inversiones de capital con bajo nivel de empleo permanente y alta automatización. “Pueden consumir millones de litros de agua y enormes cantidades de energía, mientras emplean a 50 o 60 personas. Lo que deja en la región es mínimo”, señaló.
Al respecto, una investigación de Aos Fatos (medio de verificación de Brasil) publicada por Chequeado, demuestra que los centros de datos no crean cantidad de puestos de trabajo locales y que gran parte de las cifras prometidas en inversión se destinan a equipos tecnológicos, generalmente importados.
“Es extractivismo puro y duro, y no generan empleo local”, remarcó Busaniche. Y explicó que, para saber si conviene instalar un data center en un sitio, se debe hacer un análisis económico profundo. “Si va a traer más desarrollo a la región y al país, entonces se establece lo que se suele llamar ‘zona de sacrificio’. Pero nunca se puede hacer eso sin medir efectivamente las consecuencias”, contó.
Unblock, por ejemplo, emplea a unas 20 personas, según el CEO de la empresa. “Si capturáramos todo el gas de venteo en Vaca Muerta, podríamos generar cientos de empleos”, calculó Ocampo.
En tanto, la economía del fracking está dejando un sabor agridulce en la región. Desde el gobierno provincial, Etcheverry sostuvo que esa actividad dinamizó la economía, activó la cadena de proveedores y generó ingresos. Pero otras voces plantean una mirada más crítica.
Desde el sector empresario, Fernando Zurita, titular de la Federación de Entidades Empresarias de Neuquén, reconoció que no tienen detalles sobre la eventual instalación de data centers, y que todavía no hay un gran derrame económico por Vaca Muerta. “Aún no se produjo un impacto económico real y tangible en términos generales”, dijo.
Y agregó: “Nos imaginábamos un desarrollo más rápido de rutas, de ciudades, de infraestructura. Hoy faltan muchos servicios básicos: cloacas, agua potable, servicios urbanos”.
Más allá de la promesa de crecimiento y trabajo local, a la comunidad mapuche le preocupa el impacto negativo del fracking que ya perciben en la región. Temen que la instalación de data centers amplifique los problemas.
“Con los derrames de petróleo se pierden un montón de plantas autóctonas. Cada vez hay menos pasturas para nuestros animales y hay mucha sequía por el tema de la contaminación. Así que para nosotros Vaca Muerta no ha sido bueno ni va a ser bueno”, dijo Romero, la líder de la comunidad.
El último derrame, en el lago Mari Menuco, afectó una zona de 50 mil metros cuadrados.
Rosales, vocero de la comunidad, agregó: “No todo lo que brilla es oro. Se habla mucho del boom, se ve en la tele, pero los que estamos dentro de ese boom somos los que padecemos miles de necesidades. A empresarios y gobiernos les va bien porque se llevan la riqueza del suelo. A nosotros no nos queda ni trabajo para los chicos”.
Esta investigación forma parte de un proyecto de Chequeado que cuenta con el apoyo del Pulitzer Center.
Fue realizada por Lucas Viano, con la edición de Ruido y Chequeado. El informe es de Judith Calmels y las imágenes de Santiago Amillano para Ruido.
Autor: Lucas Viano
Informe: Judith Calmels
Imágenes: Santiago Amillano
Edición 1: Edgardo Litvinoff
Edición 2: Matías Di Santi
Edición 3: Florencia Ballarino
Advierten que el tiroteo en la escuela de Santa Fe se vincula con la flexibilización de armas: “No es un hecho aislado"
El caso del alumno de 13 años que fue asesinado en un colegio es el primero desde 2004. Especialistas y organizaciones advierten que el hecho se da en un contexto de desregulación, más acceso a armas y un cambio en el discurso oficial.
“Después de 22 años sin casos, vuelve una muerte a tiros en una escuela en un contexto de flexibilización de armas”. La advertencia de Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), coincide con el comunicado de la Red Argentina para el Desarme. “No es un hecho aislado, es el resultado de una política irresponsable”. Ambas miradas apuntan en la misma dirección tras el ataque en una escuela de Santa Fe que dejó un alumno muerto y reabrió un escenario que Argentina había logrado evitar durante más de dos décadas.
Ayer por la mañana, un adolescente de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en San Cristóbal, y abrió fuego contra sus compañeros durante el izamiento de la bandera. Mató a un estudiante de 13 años e hirió a otros dos. El arma, una escopeta, estaba oculta en un estuche de guitarra. El agresor fue reducido por un asistente escolar y detenido.
El caso es el primero con una víctima fatal en una escuela desde la masacre de Carmen de Patagones, en 2004, un episodio que marcó un antes y un después en las políticas públicas sobre armas de fuego en el país.
Para Alfie, ese dato no es menor. “Después de 22 años sin ningún hecho de este tipo, hoy en Argentina volvemos a lamentar una muerte a tiros en una escuela”, señaló. Y vinculó ese regreso con un cambio de rumbo: “No puede leerse por fuera de un contexto de flexibilización de armas”.
De una política de Estado al cambio de paradigma
Tras la tragedia de 2004, en 2006 se sancionó la ley que declaró la emergencia en violencia armada y se lanzó el plan de desarme voluntario. Según Alfie, allí comenzó a consolidarse una política sostenida durante dos décadas.
“Se transformó en una verdadera política de Estado, sostenida por gobiernos de distinto signo”, explicó. El consenso era transversal. A mayor circulación de armas, mayor violencia y más probabilidad de que conflictos cotidianos escalen a situaciones letales.
Ese enfoque, sin embargo, comenzó a revertirse. “La política empezó a retrotraerse por dos vías”, advirtió. Por un lado, medidas concretas como la baja de la edad mínima para acceder a armas de 21 a 18 años, la flexibilización de controles, la implementación de trámites exprés y la habilitación de armas semiautomáticas que durante décadas estuvieron restringidas.
Por otro, un cambio en el discurso. “Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas”, señaló.
En la misma línea, la Red Argentina para el Desarme dijo que el Gobierno impulsa una visión “simplista y peligrosa”, que supone que las armas son un problema solo en manos de delincuentes, pero una solución en manos de “personas de bien”.
Se dejó de advertir sobre los riesgos y se empezó a validar la tenencia de armas
Un crimen que no parece casual
Alfie evitó establecer una relación directa entre el caso puntual y las medidas recientes, pero planteó una preocupación clara. “Es muy temprano para atribuir una relación directa, pero no parece casual”, afirmó.
Durante los años en que se sostuvo la política de desarme, explicó, también hubo campañas de concientización y un trabajo activo en escuelas para detectar situaciones de riesgo. “Había un trabajo muy fuerte con docentes y comunidades educativas para generar alertas tempranas”, recordó.
Ese entramado, según el especialista, se debilitó. Y ahí aparece el problema: “Cuando además hay un mensaje persistente de que tener armas no es riesgoso sino incluso positivo, empiezan a aparecer hechos que durante mucho tiempo no se habían registrado”.
“La combinación es conocida: más armas y mayor legitimación equivale a más muertes”, planteó la Red del Desarme.
El factor adolescente
Según los especialistas, el impacto de este tipo de políticas puede ser aún más crítico en jóvenes. “Está estudiado que en etapas donde las personas todavía están desarrollando el control de las reacciones impulsivas, el acceso a armas de fuego es particularmente riesgoso”, explicó Alfie.
Si a eso se suma una narrativa que avala su uso, “se genera un combo muy peligroso”, especialmente en adolescentes, más permeables a esos mensajes.
El caso de Santa Fe refuerza esa preocupación, ya que el agresor no tenía antecedentes de conducta violenta y era considerado un buen alumno, según autoridades locales.
Qué cambió en el control de armas
Durante dos décadas y a través de distintos gobiernos, la política pública combinó control y prevención. El plan de desarme voluntario permitió retirar más de 200.000 armas de circulación y estuvo acompañado por campañas de concientización.
En 2015, además, se creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que amplió las funciones del antiguo RENAR: no solo registraba armas, sino que producía información, impulsaba políticas públicas y colaboraba con la Justicia.
Ese esquema fue desmantelado en los últimos años. El Gobierno restituyó el RENAR con funciones más limitadas, eliminó áreas de control, no renovó el plan de desarme y avanzó en la liberalización del acceso.
Entre las medidas más controvertidas figura el decreto que habilitó la tenencia civil de armas semiautomáticas derivadas de uso militar, similares a las utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos. También se implementó un sistema de “tenencia exprés” para agilizar los trámites.
La evidencia y el discurso oficial
Frente a la idea de “armas en manos de personas de bien”, Alfie aseguró: “La evidencia internacional desmiente esa idea”.
“La mayoría de las muertes con armas de fuego no ocurre en robos ni en legítima defensa, sino en accidentes, suicidios o conflictos interpersonales”, explicó. Es decir, situaciones cotidianas que se vuelven letales por la disponibilidad de un arma.
Incluso en contextos de defensa, agregó, las personas armadas tienen más probabilidades de resultar heridas o morir ellas o alguien de su entorno.
Un país en riesgo
Argentina mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región, un dato que, según especialistas y organizaciones, está vinculado a políticas activas de control de armas.
“Desmantelarlas implica asumir un riesgo evidente”, advirtió la Red Argentina para el Desarme, que además exigió la reactivación del plan de desarme, la reversión de las medidas recientes y el fin de los discursos que legitiman la violencia.
Alfie sumó la falta de información como otro de los problemas. “Hoy no hay datos disponibles. Sin datos es muy difícil evaluar qué está pasando”, señaló.
LN/MC
Despiden en San Cristóbal los restos del menor asesinado a balazos por otro adolescente en una escuela
Desde este martes temprano, se realizó el velatorio en la Asociación Mutual de San Cristóbal y luego el adolescente fue trasladado hasta el cementerio municipal. Antes, el cortejo pasó por el club Independiente de la ciudad donde el menor practicaba deportes. Habló la abogada del detenido: "Aún no toma dimensión de lo ocurrido".
Familiares, amigos y vecinos de Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal por un compañero, le dan el último adiós en un emotivo y desolador velatorio, para luego realizar el traslado al cementerio.
Desde este martes temprano, se realizó el velatorio en la Asociación Mutual de San Cristóbal y luego el adolescente fue trasladado hasta el cementerio municipal. Antes, el cortejo pasó por el club Independiente de la ciudad donde el menor practicaba deportes.
El agresor, de 15 años, fue trasladado a un centro de alojamiento de menores de Santa Fe.
Pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal, debido a que el Artículo 52 determina un plazo de 180 días para su vigencia.
Habló la abogada del autor del asesinato
Este martes, la abogada de la familia del menor detenido, Mariana Oroño, aseguró que los padres están “destruidos. No llegan a comprender cómo sucedió esto”. Y agregó: “también hablamos con el adolescente, que en un principio se encontraba también muy mal, había manifestado tendencias suicidas. A la noche volvimos a hablar y estaba un poco más calmado, más contenido”. La letrada sostuvo que el menor “es conciente y no tiene ninguna patología que le impida comprender la criminalidad de lo que hizo”, pero que aún “no toma dimensión de lo ocurrido, del alcance y la significancia que tiene haber matado a una persona. Cuando lo haga, va a ser un proceso bastante complicado”, dijo en declaraciones a C5N.
“Tenía cuestiones familiares como cualquier adolescente. Es muy introvertido, es muy difícil hablar con él. En este caso no había ninguna situación de violencia familiar. Sí vivió una separación de padres y desacuerdos entre los progenitores y quedó viviendo coon la madre, teniendo con el padre una relación más esporádica por un tema de distancias. No había restricción sobre ninguno de los padres y ambos estuvieron presentes acompañándolo y el padre pasó la noche con él”, dijo la abogada, quien no quiso avanzar sobre situaciones personales de los padres.
“Está alojado en una institución especializada y este martes comienza una serie de entrevistas con profesionales, psicólogos, asistentes sociales. Que no sea punible no quiere decir que vaya a volver a la casa en breve”, remarcó.
Sobre el arma, la abogada dijo que el arma “pertenecería al abuelo materno y se decarta que fuera tomada de su casa familiar. La habría tomada sin consentimiento de la casa del abuelo materno, que vive a una cuadra”.
“Manifestó un descontento conttra toda la sociedad y que hacía rato quería terminar con todo esto, con su vida”, detalló. Y confirmó que estaba en tratamiento psicológico desde hacía un tiempo
La Escuela Normal Mariano Moreno N°40 permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 6 de abril, momento en el que los alumnos harán un regreso escalonado.
Nuevo parte médico de los heridos
Seis de los ocho heridos fueron dados de alta y el último parte médico confirmado por fuentes de la provincia de Santa Fe a la Agencia Noticias Argentinas detalla que dos pacientes continúan internados.
El chico, de 13 años, cumple su primer día de internación en sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. Acerca de su estado de salud, informaron que permanece clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia y sin dolor. Continúa internado con acompañamiento del equipo interdisciplinario.
Sobre el otro paciente, de 15 años, transcurre su internación estable, lúcido, en el Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, ubicado en la ciudad de Rafaela, sin complicaciones inherentes a sus lesiones. También cuenta con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector.
Vecinos realizaron una marcha con velas frente a la escuela
Vecinos de la localidad santafesina de San Cristóbal y alumnos de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” realizaron una marcha con velas frente al establecimiento donde un adolescente de 15 años mató a tiros a un estudiante de 13 años e hirió a otros ocho.
La manifestación se llevó a cabo en silencio desde las 20, con la presencia de miembros de la comunidad que se acercaron con velas encendidas y globos blancos.
Familiares y vecinos expresaron su dolor por lo ocurrido y destacaron el impacto del hecho en una ciudad donde “todos se conocen”.
El ministro de Educación de Santa Fe dijo que el agresor “no registra antecedentes en el sistema educativo”
José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, habló en conferencia de prensa junto con otras autoridades provinciales y confirmó que el adolescente que fue armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad de San Cristóbal y mató a un menor, “no registra antecedentes en el sistema educativo”.
“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones que ya estamos trabajando. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, manifestó Goity, quien además expuso que “no existen antecedentes de casos así en la provincia”.
En la conferencia, también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó sus condolencias y puso a disposición todas las áreas del Gobierno provincial para la ciudad: “Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida”.
Un alumno fue armado a su colegio en Santa Fe y comenzó a disparar: mató a un compañero e hirió a otros
El menor ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y empezó a disparar con una escopeta antes del izamiento de la bandera. Hay un adolescente amuerto y, al menos, dos heridos.
Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero.
Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta del estuche de una guitarra en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.
El hecho ocurrió este lunes pasadas las 7 de la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.
Los heridos
Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad y está en el hospital local. Armando Borsini, director del hospital de esa ciudad santafesina, confirmó que ambos menores ingresaron con heridas de perdigones, aunque sin riesgo de vida, de acuerdo a lo que informa el Diario La Capital, de Santa Fe.
Uno de los adolescentes internados presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva. En tanto que el segundo adolescente tenía perdigones en un brazo y una lesión menor en el tórax. Al momento de su atención, se encontraba estable, aunque cursaba un cuadro de shock producto de la situación vivida.
Además, el profesional indicó que otros alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.
“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron testigos en el lugar.
El agresor fue detenido por la Policía y la escuela fue evacuada de inmediato, mientras las autoridades acordonaban la zona.
Testimonios
María José, la madre de uno de los alumnos, relató a C5N que “a las 7.30 de la mañana recibo un llamado de mi hija llorando desesperada, diciendo que había un chico, un alumno con un arma tirando tiros adentro de la escuela”.
“Imagínense lo que fue eso, esa desesperación. Así que salí a buscarla porque me dijo que habían salido corriendo por atrás de la escuela”, explicó.
Según el testimonio de esta madre, había una gran cantidad de chicos corriendo para todos lados en los alrededores de la escuela.
Por su parte, Julián, padre de un alumno de primer año, habló con el medio Aire de Santa Fe y relató cómo fue se enteró del hecho: “Llevé a mi hijo como todas las mañanas, regresé a mi casa para trabajar y al rato me llamó una mamá que me traía a mi hijo porque habían disparado en la escuela”.
“Mi hijo estaba consternado y me contó que todo sucedió cuando salieron a izar la bandera”, señaló Julián y sumó el relato del menor: “Dijo que estaban esperando, empiezan a escuchar disparos, por lo que empezó a correr y salió a la calle”.
Ante el escenario presentado, el hombre manifestó: “Como padre de un alumno de 1er año, la verdad es que todavía no entendemos que pasó, estamos en shock”.
Qué dijio el municipio de San Cristóbal
Según confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, “el agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”. “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario, al tiempo que reveló que del diálogo preliminar con docentes y alumnos de establecimiento educativo, se desprende que el autor de los disparos “es un buen alumno y nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”.
San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo a las primeras informaciones, el centro de monitoreo de la Policía detectó a través de sus cámaras de seguridad que había alumnos que salían corriendo de la escuela y fueron de inmediato al lugar junto a la guardia urbana, donde tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron a desplegar el operativo de emergencia.
Según informaciones que confirmó en declaraciones a Radio con Vos el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, había antecedentes de violencia en ese mismo colegio que involucraba agresiones a al menos dos alumnas en un contexto de bullying.
Un antecedente en enero
Una adolescente de 15 años que también concurre a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal fue atacada a cuchillazos el 1 de enero pasado por la noche en la ciudad santafesina de San Cristóbal y sufrió graves heridas en el rostro, que le provocaron una desfiguración facial, según informaron en su momento medios locales.
Tras ese episodio, la familia reclamó justicia y advirtió sobre una escalada de violencia juvenil. Por eso, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de un joven de 18 años y la aprehensión de dos menores, todos imputados por tentativa de homicidio por aquel hecho.
La víctima, identificada como Delfina, salía de una despensa del barrio José Dhó, en una zona conocida como Barrio Texa, cuando fue interceptada por un grupo de cinco personas —tres menores y dos mayores de edad— que la atacaron con cuchillos.
Por el ataque, fue detenido A.M.R., de 18 años, quien quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII. Además, un menor de 17 años fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde permanece incomunicado, y una adolescente de 16 quedó bajo custodia policial.
El hijo de Rosatti, candidato a juez el día en que la Corte propuso acotar la influencia política en los nombramientos
El máximo tribunal presentó un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados. En paralelo, el Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes, entre ellos Emilio Rosatti.
Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.
En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.
Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.
Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.
El pliego Rosatti
El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti.
Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.
Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.
En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.
En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.
El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió
El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.
Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.
El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.
La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.
Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.
El antecedente de “Coco” Mahiques
El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.
El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.
El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.
MC