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Noticias de Chubut
Una alianza entre un aliado al Gobierno y un kirchnerista abre el debate por la ampliación de la Corte Suprema
Tras la designación fallida de García-Mansilla y Lijo, la oposición propone ampliar las negociaciones. Comenzó la discusión en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Pica en punta el proyecto del senador salteño, que propone aumentar de 5 a 7 el número de magistrados.
Cuando la oposición decidió rechazar, por primera vez en la historia, los pliegos de candidatos a la Corte Suprema se cerró un capítulo en el Senado. La estrategia de Santiago Caputo de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto dinamitó las negociaciones del peronismo, y Cristina Fernández de Kirchner, que hasta entonces estaba dispuesta a conversar, mandó a rechazar los pliegos. Tras el fracaso, el Gobierno definió dilatar las definiciones para después de las elecciones nacionales de octubre. Pero el peronismo no quiere esperar y, con la ayuda de un aliado de la Casa Rosada, dio comienzo a un debate por la ampliación de la Corte Suprema con la esperanza de sentar las bases de la nueva negociación.
Los impulsores del debate por la ampliación de la Corte son el salteño Juan Carlos Romero y el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Una pareja atípica: Romero, un ex gobernador salteño que funciona como aliado incondicional de Javier Milei en el Senado, y Mayans, un formoseño peronista muy cercano a CFK. Ambos senadores, sin embargo, se conocen hace más de 20 años, y coincidieron que, tras el fracaso de los pliegos de Lijo y Mansilla, había que evitar la parálisis que podría sumir a la Corte, que solo tiene a tres de sus 5 integrantes.
“Con tres miembros, la única forma de lograr quórum y mayoría es con tres votos. Quiere decir que si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Y cuál es el riesgo? Uno, es la dilación de las soluciones. Y la otra, más grave, es que al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, advirtió Romero en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el Senado, este miércoles.
El senador salteño agregó: “Este es un proyecto político. La resolución de cubrir los cargos en este país requiere del diálogo y consenso. Ojala estas reuniones nos permitan tener un diálogo de consenso entre distintos miembros”. Fue un guiño a la Casa Rosada, que salió a despegarse del proyecto presentado por Romero y rechazó impulsar un debate por la ampliación de la Corte.
El salteño blanqueó, así, que el objetivo detrás del debate por la ampliación de la Corte es reabrir las conversaciones para cubrir las dos vacantes existentes del Máximo Tribunal. Se había fracasado con Lijo y García-Mansilla y había que volver a intentarlo.
Ningún intento, sin embargo, rendirá frutos sin el apoyo de Unión por la Patria, que cuenta con 34 senadores propios. Incluso si en octubre el peronismo tuviera una pésima elección y renovase sólo 10 de las 14 bancas que pone en juego –algo improbable–, la bancada continuaría teniendo poder de veto. Es decir que, aun pateando el debate a diciembre, el Gobierno necesitará negociar con el peronismo. Y lo que el peronismo pide, a cambio de sus votos, es una jueza propia. Y, para ello, es necesario ampliar la Corte.
En el momento del debate, sin embargo, Mayans no dijo nada de esto. Solo optó por apuntar contra la actual Corte, que preside Rosatti, y la calificó de “no estar a la altura de las circunstancias”. “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, arremetió el senador formoseño.
El radicalismo, mientras tanto, optó por seguir la discusión casi desde afuera. “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”, masculló el fueguino Pablo Blanco.
El radicalismo no era el único escéptico, sin embargo. La neuquina Lucila Crexel, por ejemplo, metió el dedo en la llaga al preguntar: “¿Qué esperan de este debate? Tener bancas para cerrar acuerdos? ¿Cuál es la idea de la discusión?”, apuntó, cuestionando que se debatiera ampliar la Corte solo para cerrar un acuerdo por las vacantes ya existentes.
Crexel, sin embargo, tiene un proyecto de su autoría que propone elevar de 5 a 9 la cantidad de jueces supremos. No es la única: en total, hay unas 8 iniciativas presentadas que se tomarán como base para la firma del dictamen más adelante.
El más resonante, ya que es el que tiene mayores chances de conseguir el acuerdo con el peronismo, es el de Romero. El salteño propone aumentar a 7 el número de jueces de la Corte y fija que no podrá haber más de 5 jueces de un mismo género.
Este último punto, que es un eufemismo para establecer un cupo mínimo de género debido a la presencia exclusivamente masculina de la Corte actual –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti–, se replica en todos los proyectos presentados. El de la peronista Silvia Sapag, por ejemplo, establece ampliar la Corte a 15 miembros pero fija que no pueda haber más de 8 de un mismo género. La cordobesa Vigo, mientras tanto, propone mantener la Corte de 5 integrantes, pero establece que debe haber un 30% mínimo de mujeres en el máximo tribunal.
El debate recién comienza. La cordobesa Vigo pretende convocar una nueva reunión con especialistas para la próxima semana, y espera poder convocar, en algún momento, a las autoridades del Ejecutivo para que fijen su postura sobre el tema. Las bases, sin embargo, ya se fijaron, y el peronismo espera poder llegar mejor parado a la mesa de negociación con el Gobierno. Cuando sea que el Gobierno decida reabrirla.
MC/MG
La Suprema Corte bonaerense suspendió a la jueza Julieta Makintach por 90 días
También corrió vista al Procurador General para que evalúe su conducta para el impulso de un jury en su contra.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió este martes suspender por 90 días a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, en medio de la polémica por su participación en una producción audiovisual vinculada al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
La decisión fue adoptada por los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, quienes firmaron la resolución el 28 de mayo.
La medida llega tras una investigación preliminar impulsada por la Subsecretaría de Control Disciplinario del máximo tribunal provincial, en la que se analizaron las presuntas irregularidades cometidas por la magistrada durante el ejercicio de sus funciones.
Makintach había sido recientemente recusada del juicio oral que tiene como imputados a los profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista en sus últimos días. Su apartamiento fue consecuencia del escándalo desatado tras conocerse su vínculo con el documental “Justicia Divina”, que se grababa en los tribunales de San Isidro durante las audiencias del proceso.
En su resolución, la Suprema Corte subrayó que la conducta atribuida a la jueza se alejaría “de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado” y podría ser “inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad”.
En paralelo con la suspensión, la Corte ordenó dar intervención al procurador general Julio Conte-Grand para que evalúe si corresponde avanzar con una acusación formal bajo los términos de la ley que regula el enjuiciamiento de magistrados.
Los jueces del máximo tribunal consideraron que la licencia temporal era necesaria para preservar la integridad de las investigaciones en curso, garantizar el normal desarrollo de las causas y sostener la confianza pública en la administración de justicia.
MM
ESMA: El Gobierno entregará a los fiscales federales un edificio para implementar el nuevo Código Procesal Penal
Así lo anunció el Ministerio de Justicia. El Código comienza a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 11 de agosto. La decisión del Gobierno es parte de su avanza contra las políticas para mantener vigente la memoria sobre los crímenes de la dictadura militar.
Escalofriante hallazgo en la ex ESMA: encuentran un auto enterrado que habría sido usado en la dictadura
Después de meses amenazando con reformular el edificio de la ex-ESMA –donde hoy funcionan distintos organismos de derechos humanos–, el gobierno de Javier Milei anunció que 5.000 metros cuadrados serán destinados a la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF). Así lo hizo saber el Ministerio de Justicia de la Nación que, aunque no dio detalles sobre cuál será el alcance de la medida, sí se preocupó de aclarar que el inmueble habia sido utilizado anteriormente para “programas ideológicos y actividades político partidarias”.
El nuevo Código Procesal Penal Federal fija un modelo acusatorio en los juicios penales a nivel federal. En este modelo, el Ministerio Público Fiscal –los fiscales–pasan a tener un rol central en la conducción de la investigación judicial. En cambio, los jueces quedan a cargo exclusivamente de garantizar los derechos y controlar la legalidad del proceso, sin investigar ni acusar.
Si bien fue aprobado en 2014, hasta el momento su puesta en marcha no fue inmediata ni uniforme. La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos donde todavía no fue implementado pero deberá entrar en vigencia el próximo 11 de agosto.
“Nuestra decisión se enmarca en el mandato del presidente Javier Milei de eliminar gastos innecesarios, achicar el Estado, redirigir los recursos existentes hacia lo que verdaderamente importa: una Justicia rápida, eficaz y al servicio de los argentinos”, señala el comunicado del ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.
En otro tramo agrega que ahora jueces y fiscales tendrán “todas las herramientas necesarias para que puedan meter presos a los delincuentes”
Los fiscales venían reclamando hace tiempo un edificio donde poder funcionar. Ahora el Gobierno decidió darles un lugar en la ex-ESMA donde funcionó el mayor centro clandestino de la represión ilegal y que hoy es un sitio emblemático de memoria y derechos humanos en Argentina. Actualmente, en el predio funcionan diversas instituciones y dependencias estatales.
Una semana atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la Secretaría de Derechos Humanos –que funciona en la ex-Esma– se va a transformar en subsecretaría: “Ahora sí se va a encargar de defender todos los Derechos Humanos”, dijo.
En ese sentido, el portavoz, reciente ganador en las recientes elecciones porteñas, manifestó: “El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría de Derechos Humanos. De esta manera, se va a recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de $9.000 millones anuales”.
Dos días despues, el Gobierno avanzó con la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA, organismos descentralizados de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que integrarán las unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Además, en enero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, adelantó que el Gobierno planea instalar en uno de los edificio del sitio de memoria a gran parte de la estructura del Ministerio de Justicia. Fue en medio del cierre sorpresivo del Centro Cultural Haroldo Conti.
Además de las cesantías en el Conti, la motosierra mileísta avanzó sobre el Archivo General de la Memoria, donde se conserva gran parte de la documentación histórica sobre la última dictadura, entre ella los informes de la Conadep que sirvieron para el Juicio a las Juntas.
Como parte de los cambios en Justicia, se estudia reacomodar personal del edificio de la sede la cartera, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio.
Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto salarial con médicos del Hospital Garrahan
La medida retrotrae la situación al estado previo al paro. El conflicto por mejoras salariales se extenderá en conciliación durante 15 días hábiles.
El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los médicos y trabajadores del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, que habían iniciado una reducción de tareas por reclamos salariales e iban a concretar desde este jueves un paro de residentes por 24 horas.
En la resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello dice que se dio por iniciado “un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.
También intimó a los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan a “dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
Además del paro de residentes que había sido convocado para este jueves, los trabajadores de esa institución tenían previsto concretar la semana próxima un “paro por tiempo indeterminado”, debido al “atraso salarial” de ese sector.
MM con información de la agencia NA.
Científicos se movilizaron bajo el lema "nadie se salva solo" ante la falta de inversión del Gobierno
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) se manifestó en el Polo de Ciencia y Tecnología. "Con una inflación acumulada del 204.9%, los salarios de los investigadores del CONICET cayeron un 34.7%, en términos reales", denunciaron.
Profesionales de las ciencias, investigadores y trabajadores, nucleados por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), se manifestaron en el Polo de Ciencia y Tecnología debido a la falta de inversión del Gobierno Nacional.
Bajo el lema “nadie se salva solo” y parafraseando a El Eternauta, esta movilización se realizó “para dar luz a todo el desgaste” que existe en el sector y, por ese motivo, a partir las 11 cada centro de investigación marchó hacia el Polo para que desde las 13 comenzaran a llevarse a cabo diferentes acciones con el objetivo “de evitar que nuestro país se quede sin ciencia, sin tecnología y sin futuro”, aseguraron.
Asimismo, indicaron que nunca, durante la democracia, la inversión en ciencia y tecnología “fue tan baja”, incluso, “es aún menor que en 2002 y se acerca a la realizada por la última dictadura militar”.
“Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la ciencia nacional perdió 4.148 profesionales. Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, con una inflación acumulada del 204.9%, los salarios de los investigadores del CONICET cayeron un 34.7%, en términos reales, y los salarios en las universidades nacionales sufrieron la baja de un 27.9%, por debajo del nivel de 2002”, aseguraron desde RAICYT.
En la misma línea, manifestaron que “no pueden pagarse servicios esenciales” como los de electricidad, limpieza y seguridad, tanto en los laboratorios como en los centros de investigación, además, de que no hay insumos ni mantenimiento de equipamientos e infraestructura y no se ejecutan créditos internacionales “otorgados en el gobierno anterior”.
“El Gobierno reconoce que no está cumpliendo la Ley 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lo justifica diciendo que ‘nunca se cumplió lo establecido’. En lo que va del 2025, el presupuesto representa sólo el 0.157 del PBI, menos de la mitad de lo que fue en 2023 (0.302%)”, señalaron.
También, confirmaron que, en el CONICET, están cerrando nuevos ingresos porque una gran cantidad de jóvenes científicos, que se forman en las universidades nacionales, tienen que emigrar o dejar sus carreras. Incluso, 845 aspirantes, cuyas incorporaciones habían sido aprobadas en 2022, quedaron suspendidas.
Además, informaron que se suspendió “toda la financiación de las actividades científicas” porque “no hay fondos para reactivos de laboratorio ni insumos para mantener los servicios mínimos” de los centros científicos: “No se repara ni actualiza el equipamiento porque toda la inversión en infraestructura de ciencia y tecnología se va perdiendo día a día”, concluyeron.
Paralelamente, en el día de hoy, los rectores de las universidades de todo el país presentaron, en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley de financiamiento y, en relación al tema, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, declaró, en LT3 Rosario, que la situación actual universitaria decreció respecto a la de 2024.
“Este proyecto busca garantizar el funcionamiento del sistema de educación superior argentino. Hoy, el 80% del personal docente y no docente recibe un salario por debajo de la línea de pobreza. Un profesor titular con 20 años de antigüedad, a cargo de una cátedra, cobra algo más de 300.000 pesos. La situación en las casas de altos estudios del país es un poco más compleja que la del año pasado”, finalizó.
Con información de agencias.
IG