San Miguel

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El Gobierno dispuso el cierre “definitivo” de Vialidad

El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.

Así aludió también a las irregularidades en el área de Vialidad correspondientes los años del kirchnerismo y por las que recientemente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio del barrio de Constitución.

El Gobierno tomó la medida en el último día de las facultades delegadas de las que hizo uso el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la gestión de Milei no solicitará una prórroga, como era habitual en las gestiones kirchneristas.

“En virtud de todo esto, el presidente Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, remarcó Adorni.

Y agregó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte”.

Además sostuvo que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”.

Las facultades delegadas, que permiten al Poder Ejecutivo tomar medidas sin pasar por el Poder Legislativo, habían sido incluidas en la ley Bases, sancionada por el Congreso en junio del año pasado.

“Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se instituyeron en el mismo Congreso, decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y poco republicano, que atentaban contra la democracia”, planteó Adorni, aunque aclaró que el actual Gobierno “es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no pidió una prórroga” de esas facultades.

“En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. También fue la primera vez que, al usarlas, el Presidente se apegó a la Constitución y respetó la institucionalidad”, agregó.

Luego, el funcionario hizo un detallado repaso de todas las medidas de desregulación que se hicieron en el marco de las facultades delegadas que utilizó la gestión libertaria, entre ellas disoluciones o fusiones de organismos públicos y eliminaciones de permisos o trámites de carácter burocrático.

“Todo esto es la primera etapa del plan motosierra que es infinito. Les queríamos contar lo que hicimos con las facultades delegadas”, sostuvo Adorni tras utilizar varios minutos de su exposición para enumerar las medidas desregulatorias y de transformaciones en las dependencias estatales.

Recordó que “para el kirchnerismo, extender las facultades delegadas era un mero trámite; sin embargo, hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos mismos causaron”.

Sturzenegger adelantó que el presidente “va a agasajar” a “las 200 personas que trabajaron en este año de facultades delegadas”, una habilitación para el Poder Ejecutivo sancionada en la ley Bases y que vence mañana.

Con información de la agencia NA

Tras el anuncio del desmantelamiento de Vialidad, gremios hacen responsable al Gobierno de crear “rutas de la muerte”

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables hoy al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”, tras el anuncio del Gobierno del cierre “definitivo” de ese organismo.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

“El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que, con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y “su secuaz” Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”.

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE. Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

La referente de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que “significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado.

“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, dijo y agregó: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.

En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto “aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, “sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

El Gobierno dispuso hoy el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, según anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente”, en referencia al cierre de Vialidad, que se oficializará mañana en el Boletín Oficial.

Con información de la agencia NA

Villarruel, en alerta: la oposición fuerza una sesión en el Senado por mejora para jubilados y emergencia en discapacidad

Javier Milei perdió el control del Congreso. El malestar de los gobernadores por la falta de respuesta de la Casa Rosada, a la que acusan de tratar por igual a los amigos que a los enemigos, amenaza con implosionar este jueves en el Senado. La oposición se prepara para convocar una sesión con un paquete de leyes sensibles para el Ejecutivo, y no hay mucho que el oficialismo pueda hacer: Victoria Villarruel se niega a convocar, pero la oposición ya le advirtió que, si se resiste, ellos se autoconvocarán solos y avanzarán a la fuerza. Y cuentan con el apoyo de dos tercios del recinto para hacerlo.

El caballito de batalla son los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño presentaron la semana pasada a modo de presión ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional. El paquete, que fue rubricado con la firma de todos los jefes provinciales, pretende obligar al Gobierno a repartir los Aportes del Tesoro Nacional, los recursos de varios fondos fiduciarios y, a su vez, una parte importante de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

Era un mensaje de los aliados al Gobierno: si Milei continuaba amarreteando recursos y lugares en las listas, los gobernadores buscarían nuevos aliados para asegurarse la supervivencia de sus cuentas públicas.

El malestar venía gestándose ya hace varias semanas, pero, para muchos, el derrumbe de la alianza electoral en Corrientes entre el gobernador Gustavo Valdés y La Libertad Avanza fue un punto de quiebre. El problema no era solo que el Gobierno pasaba la motosierra por los aportes en obra pública, transporte y educación, sino que, además, les armaba listas competitivas en sus provincias, en donde los mandatarios buscaban retener el control de la gestión. Y el fracaso de la alianza electoral en Corrientes, en donde el oficialismo radical venía funcionando como aliado clave del Gobierno en el Congreso, terminó disparando las alarmas del resto de los mandatarios.

“Nosotros jugamos bien y acompañamos, pero después nos dejan solos”, masculla un legislador provincial que funcionó, hasta la semana pasada, como uno de los más fieles aliados del Gobierno. La gobernabilidad de Milei empieza a verse afectada por la mala praxis política de los estrategas del Gobierno, y los gobernadores que, hasta hace un par de semanas, se ordenaban con una promesa de Guillermo Francos, hoy exigen respuestas concretas. Exigen recursos, y están decididos a dar una demostración de fuerza.

Fue el senador salteño Juan Carlos Romero quien anticipó la voluntad de guerra de los gobernadores. “Apoyo el proyecto impulsado por los gobernadores para redefinir la distribución de los fondos del impuesto a los combustibles. Este tipo de reforma buscan mejorar la institucionalidad, garantizar la transparencia y asegurar que cada provincia reciba lo que le corresponde, sin arbitrariedades”, tuiteó, el lunes a la tarde, el alfil del oficialismo, anticipando que hasta el soldado más fiel de Casa Rosada estaba dispuesto a llevar el paquete de medidas al recinto y aprobarlo sobre tablas.

El apoyo de Romero, sin embargo, no es sólo simbólico. Es también numérico. Porque los gobernadores necesitan sumar dos tercios del recinto —es decir, 48 senadores— para poder aprobar los proyectos sobre tablas. Esto es así porque los proyectos no tienen dictamen de comisión y el reglamento exige una mayoría especial para aprobarlos.

Con el apoyo del peronismo y todos los mandatarios provinciales, sin embargo, el Gobierno dará la pelea en soledad: se espera que todos los senadores, excepto los seis senadores del bloque libertario, acompañarán el proyecto de los gobernadores.

La contraofensiva de Villarruel

Mientras los gobernadores juegan su partida de tira y afloje con el Ejecutivo nacional, el peronismo tiene otro objetivo en mente: avanzar con la sanción del incremento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La bancada que lidera José Mayans pretende ponerle fin a la rebelión que inició la semana pasada, cuando autoconvocó la comisión de Presupuesto para dictaminar los proyectos que ya habían sido aprobados en Diputados: uno que declara la emergencia en discapacidad en todo el país, otro que incrementa a 110 mil pesos el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima, y otro que sanciona una nueva moratoria previsional. Dado que el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, venía durmiendo la comisión para boicotear los temas, la oposición decidió juntar quórum y convocarla por su cuenta para dictaminar.

El peronismo logró el número, entonces, con la ayuda de los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau y de la larretista Guadalupe Tagliaferri. Y espera volver a contar con su apoyo para sancionar las iniciativas este jueves en el recinto.

Frente a la avanzada opositora, Villarruel apeló a la única herramienta que le queda: la discusión reglamentaria. Fue así que, el lunes, cuando la oposición ya comenzaba a barajar borradores de notas para recordarle que el jueves habría sesión, la oficina de la vicepresidenta avanzó con una advertencia: si la oposición quería sancionar los proyectos sociales, debería conseguir una mayoría de dos tercios porque ella no reconocía la validez de los dictámenes.

“No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable según el reglamento del Senado para validar el tratamiento y dictamen de proyectos. A pesar de haber habido una reunión informal entre algunos senadores, ésta no sustituye una reunión de comisión oficial, por no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo”, argumentó Villarrruel, a través de una nota de la Secretaría Parlamentaria.

Villarruel pretende, así, forzar una discusión reglamentaria que debilite a la oposición, que no tiene garantizados los dos tercios para aprobar los proyectos sociales. En el peronismo, sin embargo, le quitaron valor a la estrategia de Villarruel: “Es un problema de ella, ella no interpreta el reglamento. Si la mayoría de la comisión dice que la reunión es válida, es válida”, zanjó la discusión un alfil del peronismo.

La oposición huele la debilidad del Gobierno, y quiere sangre.

MC/JJD

Vuela el dólar 1,6% hasta $1.280 entre pérdida de optimismo, clima preelectoral y supuestas compras del Gobierno

El mercado parece obediente a las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo. El pasado miércoles, en una conferencia en la escuela de negocios IAE, el “Messi de las finanzas” -así lo llamó en el gobierno de Mauricio Macri su jefe de gabinete, Marcos Peña- o “Rockstar” -como lo apoda Javier Milei- desafió: “El dólar flota, por lo tanto, al que le parezca que está barato... agarrá los pesos y comprá. ¡No te lo pierdas, campeón!”. Y los que tienen pesos de sobra compraron desde entonces más que en los días previos.-

Este lunes el dólar sube 1,6% a $1.280, el récord del tipo de cambio oficial desde que se liberó el cepo. La suba de la moneda norteamericana puede impactar en la inflación en la medida en que se consolide, dado que los precios de los productos e insumos importados y determinadas materias primas agrícolas y energéticas cotizan en dólares. Sería una mala noticia para los bolsillos de los consumidores y, de paso, también para las ambiciones electorales de La Libertad Avanza. En cambio, los fabricantes de bienes y servicios en la Argentina están esperando una depreciación del peso para que su producción deje de estar tan cara respecto a la del extranjero, desde las manufacturas hasta el turismo. Se trataría de una buena nueva para el empleo, que viene desgastado por los costos altos y la baja demanda de cierto consumo masivo.

“Hay un apetito por cobertura interesante y comprensible: después del rally de los activos del año pasado y el menor optimismo y rendimiento del presente, el dólar finalmente se despertó”, explica el vicerrector económico de la Universidad del Salvador, Juan Miguel Massot. Los inversores buscan cubrirse de los riesgos preelectorales apostando a la moneda estadounidense y dejando el peso, al que apostaron vía bicicleta financiera, es decir, apuesta la tasa de interés alta. Ya pasó el rally de alza de activos financieros argentinos del primer año de gobierno de Milei.

“Un clima político más complejo y el tema de las reservas internacionales agregan condimentos a la decisión”, agrega Massot. Por un lado, Milei pierde apoyo de sus aliados en la oposición amigable, entre los gobernadores y el Congreso, además de que se enfrenta a una elección extremadamente polarizada en términos ideológicos con el peronismo. Pero además hay un hecho objetivo: el Banco Central cuenta con la mitad de las reservas necesarias para defender el tipo de cambio, según los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI), como advirtió Adcap Grupo Financiero en un reciente informe.

“Nada indica que se vaya a desbocar, pero el dólar reapareció en escena, algo que incluso podría haber sido antes sino hubiese sido por el acuerdo con el FMI”, se refiere Massot al nuevo préstamo de US$12.000 millones del que echó mano Caputo en abril. “Debemos acostumbrarnos a que no tenemos un dólar fijo y cada vez que la macro y la politica estornuden, el dolar se moverá”, concluye el economista del Salvador.

“Específicamente cuando analizamos a dónde podría ir el precio del dólar, lo que hacemos es proyectar flujos”, analiza Rocco Abalsamo, asesor financiero de la sociedad bursátil Cocos Gold. “Entonces, cuando leemos estos informes técnicos de dónde podrían ir los flujos, específicamente vemos que gran parte de los analistas estiman que el Tesoro podría estar comprando dólares dentro del MULC (Mercado Único Libre de Cambios, el oficial). Los agroexportadores están quitando gran cantidad de dólares en lo que sería el MULC. Según las declaraciones juradas a los últimos días de junio, en julio se iban a liquidar aproximadamente US$4.500 millones. Antes de liquidar, el agroexportador arregla con el Tesoro para que este comprar esos dólares en bloques. El Tesoro está utilizando ese flujo para comprar reservas. Lamentablemente lo que sería el dato de acumulación de reservas por parte del Tesoro es un dato que se ve con rezago, por lo que hoy no lo podemos confirmar pero eso es lo que la mayoría de los analistas piensan”, especula Abalsamo.

Atrás quedaron los días de abril, cuando se liberó el cepo cambiario, se pactó con el FMI una banda de entre $1.000 y $1.400 para el dólar y Milei prometía que sólo compraría reservas cuando bajase al límite inferior. Fanfarroneaba con que no lo iba comprar caro. Lo terminó haciendo.

El asesor de Cocos también atribuye el alza de la divisa al clima preelectoral: “Dentro de pocos meses vamos a tener lo que serían las elecciones de no sólo de octubre (las nacionales), sino también de septiembre en provincia de Buenos Aires y los inversores locales suelen preferir tomar posiciones de cobertura, es decir, específicamente comprar dólares para no vivir esta volatilidad en el tipo de cambio, como también inversiones internacionales suelen tomar esta postura antes de tomar posición” ante los comicios. Serán elecciones entre la ultraderecha de Milei y un peronismo bonaerense donde el gobernador Axel Kicillof pelea por el liderazgo con el diputado y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner.

“La suba del dólar debe tener que ver con la guita que quedó dando vuelta en la ultima licitación de deuda y la de hoy”, opina un broker de una de las principales sociedades bursátiles. Hace dos semanas, el Gobierno no pudo renovar todas las letras de corto plazo y quedaron boyando en el mercado $4,3 billones, de los cuales parte fue a presionar al dólar. Este lunes vencen otros $2,9 billones y además el Tesoro debe pagar bonos de largo plazo por US$4.300 millones.

AR/JJD

Nombre del frente, color de la boleta y las porciones en las listas: qué se juega en el cierre de alianzas bonaerenses

Las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre llegan a un momento de definición. Este miércoles 9 de julio se inscriben los frentes electorales y la atención política está puesta en cómo quedará sellada la interna en el panperonismo y de qué manera se dará la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Son horas frenéticas en cada bando porque el deadline implica presentar el nombre formal que aparecerá en la boleta de papel, el color predominante para ser identificado por los votantes y –un dato subterráneo, pero clave– quiénes son los apoderados. Esto último quiere decir quiénes son los custodios de las firmas para inscribir los candidatos el 19 de julio próximo, momento en que se juega realmente la confianza y la traición entre los socios.

¿Un frente peronista?

El PJ bonaerense se reunió el sábado en Merlo y logró acordar una lista de unidad tras una semana de duros cruces y la amenaza de que cada tribu interna presente su propio sello electoral. “Se acordó consolidar un gran frente que, en las próximas elecciones legislativas, funcione como escudo y ponga un freno a la motosierra que hoy arrasa derechos y sueños en nuestra provincia y en toda la Argentina”, promocionó Axel Kicillof en redes sociales.

Las tensiones entre el gobernador y Máximo Kirchner se mantienen, pero se apostó por la unidad ahora que Cristina Kirchner quedó fuera de juego. El PJ facultó a una “mesa chica” para que discuta los términos y condiciones del acuerdo. “Todos querían todo, todos cedieron un poco, todos ganaron”, apuntó una fuente sobre los términos en los que se dio la unidad.

Ahora se sentarán lapicera en mano el hijo de la expresidenta, Gabriel Katopodis (ministro de Kicillof y armador entre los intendentes), Mariel Fernández (intendenta de Moreno, referente del Movimiento Evita y lugarteniente de Cristina), Federico Otermín (jefe comunal de Lomas de Zamora, alfil a Martín Insaurralde) y Verónica Magario (vicegobernadora y pareja del mandamás de La Matanza, Fernando Espinoza).

Fueron los facultados para conformar un “Frente Peronista”, primer potencial nombre que trascendió de la posible oferta electoral del oficialismo en PBA. El color será el tradicional azul, así como la utilización de la Lista 2 y el escudo partidario: las manos estrechadas con la pica con el gorro frigio y, detrás, la bandera celeste y blanca.

Tras el miércoles, le quedará al peronismo comenzar a discutir quién será el cabeza de lista y cómo se repartirán los “ravioles” para cada sección electoral bonaerense que va a las urnas, así como los cargos municipales en juego. De alguna manera son ocho elecciones simultáneas porque en cada región se votan cargos distintos. Así, por ejemplo, en la Tercera –que corresponden al sur del conurbano– se vota para diputados provinciales, pero en la Primera –el norte del conurbano– se eligen senadores.

El PJ tiene que definir qué participación tendrá en cada lista el axelismo, el kirchnerismo y el massismo, además de los intendentes, los movimientos sociales y los gremios. La intención es que el acuerdo bonaerense sirva para ordenar la posterior lista de toda la PBA de cara a las elecciones nacionales. “Hay reuniones en todo momento”, anticipó esta mañana un operador del conurbano profundo, marcando la pauta del frenesí de las negociaciones.

Una protesta qué está en el aire es una repartija de tres tercios para cada tribu principal, pero se está analizando los pesos relativos de cada espacio en cada distrito. No es lo mismo que La Cámpora ocupe más lugares en Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza, que en San Martín, donde está Fernando Moreira, aliado de Katopodis. “Esta es una elección de desmotivación, la gente no quiere ir a votar. Entonces tenes que mover el aparato y eso depende que estén todos arriba del colectivo”, concluyó un peronista.

Los amarillos, ahora de violeta

“Violeta. La Libertad Avanza”, concluyó un operador libertario ante la consulta de cómo se cerrará la alianza entre el Gobierno y el PRO este miércoles, y no dejó lugar a dudas: le dedicó un insulto irreproducible a Mauricio Macri.

El partido amarillo aceptó el viernes ir a un frente con el oficialismo nacional y en las próximas horas quedará confirmado que la batuta la llevará Karina Milei. La oposición al peronismo será una boleta violeta y con el nombre del partido libertario.

A cambio de esa concesión, en la mesa de definición de las listas estará Cristian Ritondo con un apoderado propio para custodiar el pacto. Ritondo está haciendo esfuerzos para que no naufrague el acuerdo en aquellos distritos donde el PRO tiene intendentes.

Es que los jefes comunales –por ejemplo Soledad Martínez, de Vicente López, de la Primera Sección– no quieren militar una boleta full violeta porque abajo del tramo para la Legislatura bonaerense van los candidatos para los concejos deliberantes de cada municipio, así como los consejeros escolares locales. “Donde hay intendentes PRO, en la lista tendrán más lugares disponibles entre concejales entrables”, explicó la voz libertaria consultada. Traducción: si hay posibilidad de meter seis ediles, cuatro lugares serán nominados por los amarillos.

La discusión se vuelve compleja cuando se sale del conurbano, porque los amarillos Pablo Petrecca (intendente de Junín), Javier Martínez (Pergamino) o Diego Reyes (Puan) no quieren ceder tanto la lapicera a la Casa Rosada. “En el interior es más complicado porque la negociación no está contemplando gobernabilidad sino sólo posibilidad de ganar. Meter un troyano dentro de las lista no nos interesa”, apuntó una fuente del macrismo.

Se esperaban por estas horas nuevas reuniones entre Ritondo y Sebastián Pareja, titular de LLA en PBA, así como Zoom con los intendentes. También puede pasar que como las secciones electorales definen cargos distintos, las condiciones acordadas entre LLA y el PRO en el conurbano –lugar clave para enfrentar al peronismo– no se repliquen en las regiones del interior. Eso significaría que los intendentes macristas podrían no aceptar las condiciones y romper el acuerdo en sus pagos chicos: “Existe es posibilidad”, admitió un amarillo. Lo completó un libertario: “Si alguno de ellos no quiere, que se vaya. No hay lugar a debate ni discusión”.

MC