Pampa

Noticias de Catamarca

Juan Alberto Pazo, el jefe de la recaudación, casi duplicó su patrimonio desde su regreso a la función pública

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

El despido avanza: cada vez más empresas reducen personal y caen 29.000 empleos privados formales en el año

La aceitera Vicentin, YPF, la siderúrgica Acindar, Nissan, Scania, Granja Tres Arroyos, Refinor (la petrolera de YPF y José Luis Manzano en el noroeste), Dass (fabricante de calzado Adidas, Nike, Umbro y Asics), Sancor, General Motors y Bridgestone fueron algunas de las grandes empresas que despidieron, suspendieron o retiraron voluntariamente de a cientos de empleados de su personal en lo que va del año, según un relevamiento de noticias publicadas que viene elaborando el Centro de Economía Política (CEPA), que dirige Hernán Letcher.

Halliburton (una de las grandes empresas de servicios petroleros), Ledesma, Kimberly Clark (con sus marcas Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud), La Gráfica Morvillo, los canales Somos de Flow (Telecom), Aquarium Mar del Plata, Toyota -–a automotriz japonesa los niega–, Orbis, Molinos Río de la Plata, Forestadora Tapibecuá, Lácteos Verónica, Nestlé, Lumilagro y Ternium (siderúrgica del grupo Techint). La lista apabulla y continúa.

Lo que reflejan los medios se plasma en la estadîstica pública. Hasta abril habîa 6.255.000 empleados registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En diciembre eran 6.284.000. Unas 29.000 personas quedaron afuera. No por la motosierra del presidente Javier Milei sobre el Estado. Son echados de empresas privadas nacionales y extranjeras. Un 0,5% menos de trabajo que a fines de 2024. Y estos números no reflejan lo que pasó de mayo a julio, meses en que se ralentizó el rebote económico respecto del pozo del año pasado. En cambio, el listado del CEPA sí refleja los rajes de estos últimos tiempos.

“Es por el estancamiento de la actividad”, explica Letcher la caída del empleo privado formal. En su lista también aparece, aunque menos de 100 despidos, suspensiones o desvinculaciones, otras empresas de renombre, como Pirelli, General Motors, Cerámica Alberdi, Santander, las textiles TN&Platex y Coteminas, la pesquera Conarpesa, la litiera Exar, Prosegur, Azul Natural Beef, Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola), Marengo (fabricante de los camarelos No Hay Plata, en alusión a la frase con la que Milei inauguró su presidencia), la agrícola Red Surcos, Raízen (la refinadora de petróleo de Shell), la bodega Fecovita, Laboratorios Bagó, la constructora Astra Evangelista, Tenaris (la otra acerera de Techint), los fabricantes de Puma y Topper o la metalúrgica privatizada Impsa.

La lista no llega a agosto. Este mes ya hubo noticias de despidos, suspensiones y desvinculaciones en Petroquímica Río Tercero, Algodonera Avellaneda, Mauro Sergio Textilana, Coca-Cola Andina (embotelladora) y Radio Con Vos.

El economista jefe de la consultora Empiria, Nicolás Gadano, observa que “es heterogénea la recuperación de la actividad económica, que ya tiene el nivel previo a la llegada de Milei (al poder) y al ajuste”. “Hay sectores muy intensivos en empleo como la construcción y sectores industriales que están niveles bastante por debajo de noviembre de 2023 y han expulsado personal. Y a los sectores que les va bien, como la extracción de petróleo y gas, emplean menos”, se refiere a lo que sucede en Vaca Muerta, Neuquén, que compensa los despidos del mismo rubro en provincias donde YPF dejó de producir, como Chubut y Santa Cruz. Claro que también en Vaca Muerta se denuncian ajustes. “Hay una pérdida neta de empleo que por ahora no se ve cómo se revertirá”, advierte Gadano, que colabora en la Fundación Pensar, del PRO.

Pese a las diferencias políticas, el jefe de macroeconomía del Banco Provincia de Buenos Aires, Matías Rajnerman, coincide con el análisis. Agrega que el comercio, generador de mucha mano de obra, cayó al inicio del gobierno de Milei, pero ahora empezó a levantar, y que el agro crece pero es intensivo en capital (maquinaria), no en empleo. “Cuando uno separa entre sectores ganadores y perdedores, se entiende por qué la economía ya opera 3,5% por encima de los niveles de 2023, pero se perdieron 15.000 puestos de trabajo en el camino, que difícilmente se recuperen en el corto plazo”, ratifica Rajnerman. El número de 15.000 surge del hecho de que las reducciones de personal formal privado, doméstico y público –vía motosierra– se compensan en parte con el mayor número de autónomos y monotributistas –esto incluye choferes de Uber y Didi o repartidores de Rappi y PedidosYa–. Además, crece el trabajo informal, sin derechos, tanto asalariado como cuentapropista.

“La política de apertura comercial en un semestre donde el tipo de cambio se apreció, o sea, no julio, también explica que haya empezado a recuperarse el comercio pero la industria haya profundizado su caída”, continúa Rajnerman. “El primero vende cada vez más productos producidos afuera, por lo que cierto rebote de la demanda interna no se trasladaba a la oferta local”, completa el economista del Provincia.

Melisa Sala, economista de la consultora LCG, atribuye la caída del empleo privado formal en 2025 a “una demanda local bastante deprimida y a los efectos de un dólar atrasado que hace más evidente la falta de competitividad de algunas empresas tanto para exportar como para competir con importaciones alentadas por la mayor apertura comercial”. Es llovido sobre mojado porque Sala recuerda que el trabajo privado ya “venía bastante estancado desde hace una década”.

“Caída del consumo masivo, apertura importadora y también un estrangunlamiento del financiamiento por tema suba de tasas”, apunta tajante las razones del bajón la director del Banco Ciudad de Buenos Aires por la oposición, Delfina Rossi. En cambio,el consultor Hernán Hirsch, más optimista, lo relaciona con “un cambio de modelo de económico, que implica una nueva asignación de recursos con otros sectores más dinámicos, lo cual lleva necesariamente a niveles de desempleo más alto transitoriamente”. Ojalá. “Se agrega la necesidad de mayor productividad micro”, suma Hirsch. Combo letal.

Acá presentamos el relevamiento del CEPA mes por mes, de enero a julio:

AR/MG

Lula rompe el diálogo con Trump tras un tarifazo del 50% y se apoya en los BRICS

Las negociaciones entre el Gobierno de Brasil y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, están paralizadas. El presidente brasileño, Lula da Silva, que hace semanas buscaba puentes de diálogo con la Casa Blanca para evitar tarifas del 50% a los productos de su país, declaró el miércoles a Reuters que no va a “humillarse” llamando a Trump.

“No tengo por qué llamar al presidente Trump porque en las cartas que mandó y en sus decisiones no habla en ningún momento de negociación. Lanza nuevas amenazas”, aseguró Lula. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil devolvió la carta en la que el Gobierno de Estados Unidos comunicaba oficialmente el tarifazo, por no respetar el protocolo diplomático y por haber publicado su contenido en redes sociales antes de su entrega.

La mano dura de Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha provocado un verdadero cortocircuito en las relaciones entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos. La prisión domiciliar del expresidente brasileño, decretada el pasado lunes, dinamitó cualquier puente entre ambos gobiernos. “El arresto domiciliario suspende las negociaciones. En este momento, nadie va a querer discutir una negociación en medio de ánimos exaltados”, aseguró José Augusto de Castro, presidente ejecutivo de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil (AEB), en entrevista al Correio Braziliense.

La orden de instalar una tobillera electrónica a Jair Bolsonaro, duramente criticada por Trump, provocó inmediatamente la aplicación de la Ley Magnitsky (sanciones) estadounidense contra Alexandre de Moraes, que le prohíbe cualquier transacción con personas o empresas de Estados Unidos, incluidas tarjetas de crédito. El Gobierno brasileño, que defendió a Moraes tras la activación de la Ley Magnitsky contra él, ha preferido mantenerse en silencio tras la prisión domiciliar de Bolsonaro.

Ante la parálisis de las negociaciones con el Gobierno estadounidense, Lula ha preferido denunciar oficialmente el tarifazo de Trump en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activar la “vía BRICS”. El jueves llamó a Narendra Modi, primer ministro de la India, para buscar una respuesta conjunta de los BRICS a Estados Unidos.

Motín bolsonarista

El cerco judicial contra Jair Bolsonaro ha reactivado el avispero de la extrema derecha brasileña. El pasado domingo São Paulo acogió una manifestación más multitudinaria de los esperado en defensa de Bolsonaro. Durante toda la semana, motociatas (protestas en motos) y carreatas (en coche) han recorrido diversas ciudades brasileñas. La oleada de indignación del bolsonarismo ante la prisión domiciliar de su gran líder desembocó en una revuelta en el Congreso y el Senado.

Diputados bolsonaristas bloquearon el Congreso durante treinta horas. Algunos de ellos llegaron a pernoctar en el hemiciclo. Usando esparadrapos en las bocas, denunciaron la supuesta censura impuesta por Alexandre de Moraes, que prohibió usar redes sociales a Jair Bolsonaro. En el Senado, que también estuvo paralizado por bolsonaristas, la oposición empezó a recoger apoyos para el impeachment de Alexandre de Moraes. En el epicentro de la revuelta bolsonarista están el proyecto de ley de amnistía que podría beneficiar a Bolsonaro y otros proyectos de ley para blidar a los legisladores del STF.

El ataque estadounidense a la soberanía brasileña enfría la posibilidad de que la ley de amnistía y el impeachment contra Alexandre de Moraes sean votados en las respectivas cámaras. Sin embargo, el Gobierno de Lula reconoce que el cerco a Bolsonaro está unificando a la derecha. El bolsonarismo, con su estrategia de victimismo, ha conseguido atraer a fuerzas políticas más moderadas.

Miembros del Gobierno Lula reconocen off the record que la mano dura de Moraes contra Bolsonaro es un tiro en el pie. Si hace unas semanas la opinión pública responsabilizaba al bolsonarismo por el tarifazo, el malestar (incluso de fuerzas progresistas) empieza a dirigirse contra Alexandre de Moraes. Un miembro del Gobierno declaró en off a Folha de São Paulo que Moraes desperdició la oportunidad de realizar un “acto magnánimo”, perdonando la prisión dominicial a Bolsonaro.

La épica de los BRICS

El pasado martes, en medio del cortocircuito diplomático entre Estados Unidos y Brasil, un día antes de la aplicación del tarifazo, el vídeo viral Iron Tariffs presentaba a los BRICS como una liga de superhéroes contra Donald Trump y la familia Bolsonaro. El vídeo, realizado con Inteligencia Artificial (IA), desplegaba la épica del Sur Global contra Estados Unidos en estilo anime japonés. En el vídeo, Lula aparece retratado como un héroe tranquilo y un decidido estratega. Trump tiene expresiones distorsionadas y gestos exagerados. Jair Bolsonaro es el loco del Iron Tariffs. Su hijo Eduardo, el conspirador. Y el juez Alexandre de Moraes surge blindado ante sus enemigos.

El vídeo Iron Tariffs, que circuló ampliamente en el ecosistema de redes sociales de izquierda y algunas fuentes insinúan extraoficialmente que fue lanzado en secreto por el propio Gobierno, sirvió de aperitivo para la vía BRICS. Un día después del vídeo viral, Lula declaró que iba a llamar al primer ministro de India, Narendra Modi, y al presidente de China, Xi Jinping, para articular una solución conjunta de los países pertenecientes a los BRICS. El jueves se produjo la llamada de Lula a Modi. Durante la misma, el presidenre brasileño incidió en reforzar la relación comercial con India y confirmó su visita oficial al país asiático en 2026.

Las tarifas estadounidense del 50% a Brasil y del 25% a India están llevando a dos gigantes de la economía global a un entendimento comercial inédito, a pesar de que el derechista Modi y el izquierdista Lula no comparten ideología política.

Mientras Shein se consolida como potencia en ventas online, en Europa reclaman por una "competencia justa"

El gigante del comercio electrónico Shein lleva tiempo tanteando a los inversores para dar uno de esos pasos a los que aspiran casi todas las grandes multinacionales: salir a bolsa para aumentar su capacidad financiera. Sin embargo, la enseña asiática no acaba de encontrar dónde hacerlo. Primero sondeó Estados Unidos. Después, Reino Unido. Y, ahora, parece que va a decantarse por Hong Kong.

Shein, que podría estar valorada en cerca de 45.000 millones de euros, ha solicitado estrenarse en la Hong Kong Stock Exchange (HKEX), según la información adelantada por Financial Times. La multinacional del comercio electrónico 'low cost' ha dado ese paso porque le interesa ese mercado bursátil, uno de los principales de Asia. También, porque sería una forma de presionar al parqué londinense para que también le autorice allí, una vez se haya convertido en empresa cotizada en otro mercado. Y en el trasfondo, las dudas sobre la información que tiene que desglosar en su folleto acerca de su modelo de producción y de suministro.

El folleto de salida a bolsa es el documento fundamental cuando una sociedad quiere convertirse en cotizada, porque tiene que dar detalles sobre su negocio, sobre su estructura corporativa, los riesgos a los que se enfrenta y sobre cómo está organizado su modelo de producción y de proveedores, entre otras informaciones. Si la bolsa asiática da el 'ok' a ese folleto de oferta pública de venta de acciones (OPV) es más probable que otros reguladores bursátiles hagan lo mismo después.

De momento, la compañía con sede en Singapur no confirmó nada sobre sus planes. Hace unas semanas, un portavoz de Shein aseguró a elDiario.es que no podía dar detalles ni sobre la salida a bolsa ni sobre el impacto en su negocio de la política comercial y los aranceles planteados por Estados Unidos.

Ahora se enfrenta a esa batería de trabas arancelarias, pero ese país norteamericano lleva tiempo siendo crítico con la estrategia comercial de Shein. Por ejemplo, Marco Rubio, actual secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, pidió al regulador de la bolsa de Nueva York que no permitiese la cotización del gigante asiático. “Si Shein quiere tener acceso a los mercados de valores de Estados Unidos, entonces necesita jugar según nuestras reglas”, aseguró.

Las críticas también han llegado de Reino Unido. Liam Byrne, diputado laborista y responsable del equivalente a la Comisión de Comercio del Parlamento británico, abogó por poner en marcha una nueva legislación que exigiera un mayor escrutinio sobre las cadenas de suministro a la hora de solicitar la autorización para cotizar.

En las últimas semanas, otras compañías han sido cuestionadas por su red de proveedores. Loro Piana, una de las marcas del gigante francés del lujo LVMH, tendrá que estar bajo supervisión judicial durante un año por las presuntas irregularidades en su cadena de suministro, en concreto, por supuestos abusos laborales.

Las medidas de Europa

En este contexto, la Unión Europea ha ido desglosando medidas que, entre otros aspectos, buscan desactivar las compras 'low cost', que muchas veces los consumidores realizan por impulso, y que pueden verse impulsadas por el efecto de los aranceles de Trump y la necesidad de las empresas asiáticas de colocar su mercancía en mercados diferentes al estadounidense, aun a costa de rebajar todavía más sus precios.

La pasada primavera, la Comisión Europea planteó la puesta en marcha de una tasa de hasta dos euros por envíos de paquetes de bajo coste, lo que puede afectar no solo a Shein, sino también a otras compañías, como Temu. Bruselas considera que este tipo de empresas pueden haberse beneficiado de un agujero fiscal, con la exención de los aranceles para ese tipo de paquetes que cuestan menos de 150 euros.

Esa tasa, que aún no es definitiva, la costearían las propias plataformas y llegaría a dos euros cuando se tratase de envíos a domicilios y a 0,50 euros, si se envían a almacenes.

El otro paso lo ha dado la Red de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores (CPC) que, bajo la coordinación de la Comisión Europea, ha acusado a Shein de vulnerar los derechos de los consumidores al realizar prácticas consideradas abusivas, como descuentos y plazos de compra falsos, para meter presión a los compradores a la hora de elegir su cesta de artículos a adquirir.

De esta forma, Bruselas tiene bajo la lupa a los gigantes asiáticos del 'low cost', pero hay compañías que reclaman más celeridad. “En tiempos de crisis hay que ser conscientes de que hay empresas que se aprovechan de la debilidad de este momento y amenazan el modelo social y económico de Europa y hay que protegerlo. Estaría bien tener un poco de apoyo y reglas que nos ayudaran a todos a hacer mejor nuestro negocio”, reclamó la consejera delegada de Carrefour España, Elodie Perthuisot.

La ejecutiva francesa aseguró en un evento con la prensa que, a su país, llegan diariamente unos 200 millones de paquetes de Temu y Shein y que la mayoría de ellos son copias. “No comprobamos nada, se ha pedido a Francia y a Europa actuar, que se ponga una tasa a los paquetes de China, porque necesitamos poder trabajar en una competencia justa, defender unos valores”, reclamó.

“Creo que hacemos reglas y normativas buenas en Europa, como las del medio ambiente, pero también cuando llegan estas plataformas, que le parece normal a todo el mundo, pero a mí no, por lo que hay que defender nuestros valores y empresas ante estas plataformas”, aseguró. Y en este escenario, las exportaciones de China se han disparado. En el mes de junio crecieron un 5,8%, a pesar de la incertidumbre global y de las tensiones generadas por la batalla arancelaria.

En España, las ventas procedentes del gigante asiático crecieron un 11,6% interanual en mayo, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio. Esta tendencia podría consolidarse en los próximos meses, más aún si las conversaciones entre China y EEUU terminan sin acuerdo y Trump mantiene sus aranceles del 145% sobre sus importaciones del gigante asiático.

Un municipio español gobernado por el derechista Partido Popular prohíbe las fiestas musulmanas en espacios públicos

En Jumilla, un municipio de poco más de 25.000 habitantes en el altiplano murciano, España, el Ayuntamiento —gobernado por el Partido Popular— aprobó recientemente una medida que prohíbe la celebración de festividades religiosas en espacios públicos. Aunque la norma afecta en teoría a todas las confesiones, su aplicación fue selectiva: las dos grandes festividades del calendario islámico, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, fueron vetadas en instalaciones municipales como el pabellón polideportivo. La decisión, inédita hasta la fecha en la Región de Murcia, fue interpretada por numerosos colectivos como un gesto de islamofobia institucional.

El contexto no es neutro. Jumilla ha sido escenario de una escalada de tensión en las últimas semanas, en paralelo a lo sucedido en Torre Pacheco, donde se han producido disturbios, agresiones y discursos de odio dirigidos contra la población musulmana tras la propagación de bulos racistas en redes sociales. La alarma ha llegado hasta la comunidad islámica en su conjunto, que denuncia una deriva peligrosa hacia la exclusión y el señalamiento político.

Para entender el alcance de esta situación, hablamos con Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Benjelloun denuncia la falta de recursos, la ausencia de canales institucionales reales de representación y una islamofobia que -en sus palabras- ya no se disimula: “Estamos viviendo una persecución planificada”, asegura.

–¿Cómo están viviendo en la Comunidad Islámica los acontecimientos de las últimas semanas?

–Para nosotros es lamentable que se esté dando un cambio tan grande en la clase política y en la administración pública, y también en una parte de la sociedad, que se está inclinando a un discurso tan peligroso, ya no solo para los musulmanes, sino para todo el país, es un paso atrás en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa.

–¿Cree que esto se va a ir replicando en más municipios?

–Bueno, por algo se empieza. La ideología ultraderechista no tiene otro fin que arremeter contra toda cuestión que tenga que ver con el islam y con los musulmanes de este país. Han emprendido un camino que nos pone a todos en peligro. Lo que pasa en Jumilla y lo que ha pasado en Pacheco es lo que define a esta gente, solo quieren borrar del mapa español todo lo que tenga que ver con el islam y los musulmanes. Algo que, por cierto, es muy difícil, porque el legado musulmán español es extensísimo y está por todas partes. El islam ha estado aquí durante 850 años, Murcia es una ciudad con nombre árabe fundada en una época en la que la España musulmana era la única luz en una Europa apagada por la Edad Media. Todo el desarrollo científico, social y cultural que se produjo aquí es de herencia islámica. Creo que todo esto va a ir a más.

–¿Se ha acelerado la islamofobia en los últimos meses?

–Por eso digo que la cosa va a ir a más, porque se está empezando a normalizar el odio, y el problema es que no se está haciendo gran cosa para impedirlo. No vemos una intervención muy urgente por parte del Estado cuando hablamos de islamofobia o delitos de odio. No hay más que mirar lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. Eso es simple y llanamente terrorismo, porque el terrorismo consiste en aterrorizar a las personas con fines políticos, y no se ha actuado como se debería. Todo esto atenta contra los principios de este gran país. A nivel de Fiscalía no vemos que haya nada que esté dispuesto a frenar esto.

–¿Qué margen deja la vía jurídica para que puedan defenderse? ¿Han previsto acciones legales para revertir la decisión?

–De momento, nada, porque no recibimos subvenciones ni un solo euro por parte de nadie, cosa que limita nuestro acceso a un derecho como es el asesoramiento jurídico, poner pleitos y hacer demandas. Todo eso cuesta mucho dinero, los abogados tienen que cobrar sus honorarios y no podemos afrontar, como comunidad, el ejercicio al derecho a la defensa. No disponemos de medios económicos como sí tienen otras confesiones religiosas. Por eso recurrimos al trabajo de abogados que se ofrecen a ayudar, pero no tenemos recursos para enfrentarnos a esto.

En ese sentido, la situación de los musulmanes en España es dramática. Todas las confesiones tienen derecho a recibir dinero de la casilla de la Renta para mantener sus infraestructuras, pero los musulmanes no tenemos; somos la fe más desfavorecida; sociológicamente también lo somos, y es que ahora, políticamente, también. Se está dando una persecución planificada y a veces nos sentimos muy desamparados.

La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–¿Cree que es necesario que los musulmanes en España tengan representación política?

En absoluto. Nosotros no queremos mezclar política y religión; cada ciudadano musulmán debe tener la ideología que mejor le parezca. Pero una representación, digamos más institucional, como la Conferencia Episcopal, que tiene su estructura, sus presupuestos, sus mecanismos… El teléfono al que me está llamando usted ahora lo pago yo todos los meses, es mi teléfono personal, y represento a más de quinientas comunidades islámicas en toda España. Es verdad que no queremos una representación política como tal, pero qué menos que haya un teléfono al que poder llamar.

¡Con las mezquitas pasa lo mismo! Muchas veces son espacios que cede algún vecino para que los demás las podamos usar. La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–Ante esta prohibición de Jumilla, y tratándose de fiestas tan, entre comillas, multitudinarias, ¿se hace imposible su celebración al no poder utilizar el espacio público?

–Fíjese la que se ha montado por solicitar utilizar un polideportivo dos veces al año durante cuarenta y cinco minutos. Estamos hablando de las dos fiestas más grandes del mundo musulmán, nadie podría imaginar que en un país de derechos democráticos como este puedan ocurrir este tipo de cosas.

–Y, en su opinión, ¿qué cree que distingue la aconfesionalidad de un país con la exclusión religiosa? ¿Dónde se dibuja la línea entre el laicismo y la discriminación?

–España tiene un modelo aconfesional muy bueno. Nosotros, cuando viajamos al extranjero, hacemos congresos y hablamos fuera de aquí, hablamos muy bien de este país porque goza de un sistema que garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos. Consideramos que esta forma de Estado es mejor que el laicismo porque sí que discrimina más a las personas con una confesión religiosa en general, pero este modelo era el que daba a credibilidad a España como país garante de las libertades y como un modelo de convivencia entre religiones que se lleva dando desde los tiempos de Al Andalus.

El problema creo que no está en el modelo, los padres de la Constitución supieron hacer muy bien este planteamiento, pero ahora, de repente, quieren cambiarlo. Y esto perjudica la imagen de España internacionalmente, ya hasta The Guardian ha publicado al respecto. No solo nos perjudica a los musulmanes, ¿eh? Esto nos perjudica a todos como sociedad.

–¿Desde el Ayuntamiento de Jumilla se han puesto en contacto con ustedes? ¿Existe alguna línea de diálogo? Porque ha sido el propio PP quien ha propuesto el veto, no Vox.

–Para nada. Absolutamente nadie se ha puesto en contacto con la comunidad de Jumilla ni con la comunidad islámica española. Para mí, Vox es como el PP pero un poco más radical, nada más. El nacimiento de Vox se veía venir desde la era de Aznar donde se ponía muy difícil la vida al ciudadano extranjero que venía a aportar a este país. El patriotismo es un concepto que quieren vender y que poco tiene que ver con el patriotismo de verdad, que es levantarse temprano para ir a trabajar y pagar impuestos y no causa problemas.

–¿Está fallando la pedagogía social con respecto al islam?

–Es por lo que le digo que este contexto es una cosa planificada. El objetivo de todo esto, no nos despistemos, es conseguir votos para la ultraderecha. Y si para ello tienen que criminalizar a una población entera, si tienen que generar odio, si tienen que mentir y hacer imposible la convivencia, si tienen que decir que esto es una “invasión”, lo van a hacer. Llevo treinta años viviendo aquí y nunca he sentido miedo, pero es la primera vez que me siento, que nos sentimos todos nosotros, perseguidos. Todo por un puñado de votos. A costa del miedo de los ciudadanos, a costa de la imagen de España en el mundo entero y a costa de defraudar a quienes propusieron en su día un modelo estable para España que garantizaban una serie de derechos que hoy quieren hacer desaparecer.