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Noticias de Catamarca

La Iglesia reúne a su cúpula en medio de fuertes críticas a Milei por el impacto social del ajuste

“Se busca ordenar la economía a costa de los más vulnerables”, dijo al diario español El País el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo. “La política no debe someterse a la economía”, fue la conclusión de la Semana Social católica, que finalizó este domingo en Mar del Plata. “Así como bajó la inflación, le pedimos a San Cayetano comprometernos para bajar los niveles de agresión”, exclamó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el jueves en la homilía por San Cayetano en el santuario de Liniers. Tras esa seguidilla de críticas al gobierno de Javier Milei, la Iglesia reúne este martes y miércoles a su cúpula en un momento sensible para la coyuntura política: el ajuste libertario cada vez se siente más en medio de la campaña electoral por las legislativas nacionales.

En lo formal, Colombo presidirá entre hoy y mañana la 200° reunión de la Comisión Permanente del Episcopado. “Durante el encuentro, los obispos compartirán el habitual intercambio pastoral sobre la vida de la Iglesia en el país”, reza la consigna oficial, entre otros ítems. La expectativa política está en que los distintos referentes de católicos en todo el país aprovecharán para compartir la situación que atraviesan sus diócesis. A medida que avanzó la motosierra mileísta se multiplicaron las expresiones de preocupación por parte de la Iglesia, desde el ataque a los jubilados y personas con discapacidad, al avance del narcotráfico en los barrios populares.

“Se está dando un deterioro muy grande, con sectores vulnerables que ven profundizado su abandono. Como el caso de los jubilados, que, si bien es cierto, no es una novedad en el país, cada vez más es una deuda pendiente con las generaciones precedentes. El gasto social es inversión y, sin embargo, para ciertas miradas es un dato a desestimar, como una especie de lastre para un programa de Gobierno que busca números”, trazó como panorama el jefe de la Iglesia en una entrevista que publicó El País el domingo, donde aseguró que la crisis ya se agravó no solo en los sectores más vulnerables, sino también que tienen algunos privilegios: “La pobreza se ha hecho extensiva a otros sectores sociales que antes no pedían, que ahora necesitan completar sus ingresos. Hay una clase media más pobre que tiene dificultades para llegar a los números mensualmente”.

Días atrás Cáritas lanzó una nueva campaña de ayuda a niños y adolescentes a partir de “un contexto preocupante”, según la comunicación oficial, a partir del dato del Indec de que el 51,9% de las infancias vive en situación de pobreza y más de 1,3 millones se encuentran en la indigencia. En junio pasado la colecta anual de Cáritas recaudó un total de $3.034.279.801, un aumento de 93,87% respecto a la edición anterior.

Además de la pobreza, la Iglesia vislumbra un avance del narcotráfico. Hace apenas poco más de un mes, el Episcopado firmó una declaración en la que se leía que “la retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”. Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar).

Ese ajuste también impactó en la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo. elDiarioAR contó en su momento cómo empezó a tejerse una trama de asistencia social entre referentes católicos y del ámbito judicial, en lo que se conoce como Pastoral Judicial, para buscar soluciones ante un Estado en retirada.

Hoy el vínculo entre la Casa Rosada y la Iglesia es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo, pero el propio Colombo dejó en claro que el contacto no es bueno: “Es una relación formal con el funcionario del área relacionado con lo religioso. Lamentablemente no hay esa voluntad real, más bien hay una marginación y un ensimismamiento, probablemente en estas doctrinas nuevas que tienen limitaciones muy grandes en cuanto a la responsabilidad ética y social de hacerse cargo de las próximas generaciones, de sostener un proyecto de país donde la comunidad tenga un valor”. Milei participó semanas atrás en la inauguración de una iglesia evangélica en Corrientes.

Más allá de los dichos de Colombo, otros movimientos de la Iglesia tensaron aún más la relación con el Gobierno: el cónclave de obispos en Mar del Plata, el 8, 9 y 10 de agosto pasado, terminó con un duro documento donde los clérigos dijeron que el país “se encuentra afectada por profundas polarizaciones” y que “el mercado, por si sólo, no garantiza el desarrollo humano”. En la Semana Social de la Iglesia participaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Córdoba, Martín Llaryora, entre otros exponentes de la oposición. No hubo representantes del Gobierno, pese a que fueron invitados el propio Sotelo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Un día antes, el 7, García Cuervo bendijo una nutrida manifestación de movimientos sociales de la economía popular que conectó, a pie, Liniers con la Plaza de Mayo. En su homilía en el santuario de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires volvió a marcarle la agenda al Gobierno y habló de “injusticia social”.

Ahora, con toda la cúpula de la Iglesia reunida, se espera una expresión más contundente sobre el impacto del ajuste que lleva adelante el Gobierno. Colombo preside la Comisión Ejecutiva que está integrada también por Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. Completan el Episcopado una veintena de eclesiásticos.

La Justicia decomisó a Lázaro Báez 56 propiedades y millones en cuentas en el exterior por la causa “Ruta del dinero K”

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso y transferencia al Estado argentino de tres millones de euros y un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en cuentas en Bahamas y Suiza, en el marco de la condena por lavado de dinero en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín —también condenado—, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que Báez debe pagar, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

La decisión se tomó antes de que venza, este miércoles 13 de agosto, el plazo para que los condenados en la causa Vialidad —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— depositen 350 millones de dólares (equivalentes a 684.990 millones de pesos). Si no pagan, la Justicia avanzará con el remate de los bienes embargados.

Entre los bienes decomisados figuran:

En paralelo, la quiebra de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, avanza desde 2017. El gobierno de Santa Cruz ofertó U$S 2 millones para comprar el obrador central de la firma y transformarlo en un polo productivo.

Si los acusados no cumplen con el pago, la ejecución de bienes será un proceso largo y complejo, que podría incluir remates masivos de propiedades, vehículos, sociedades y dinero en efectivo. En total, la Justicia tiene bajo la lupa 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas y activos de otros condenados como José López.

JJD

Juicio por YPF: la justicia de EE.UU. decide si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera

Este martes, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tendrá una definición clave en el juicio por la expropiación de YPF. El tribunal tendrá que decidir si acepta la conceder a la Argentina la medida cautelar que suspende el traspaso del 51 % de las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera.

El juicio por la expropiación –ordenada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner– lleva más de 10 años y Argentina ya recibió un fallo en contra cuando el pasado 30 de junio la la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones. Pero además, desde entonces corren los intereses impuestos por la magistrada con lo cual la deuda ya asciénde a U$S 18.000.

Mañana, el tribunal de apelaciones podrá decidir si niega la cautelar interpuesta por el Estado argentino, lo que habilitaría a la jueza Preska a ejecutar el traspaso. La tercera posibilidad es que la Cámara conceda la medida en suspenso, pero que entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina enfrentará dos alternativas: negociar con los acreedores o incumplir la orden. Este último escenario implicaría riesgo de desacato, con posibles embargos de reservas del Banco Central, trabas para acceder a los mercados internacionales o embargo de activos de YPF en el exterior.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo.

Luego, en junio pasado, Preska ordenó al Estado argentino que entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

El Estado argentino apeló la decisión de Preska y la Cámara resolvió una suspensión administrativa temporal de la transferencia de las acciones.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% –Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014– sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

YPF, cuyo control quedó en jaque tras el fallo de Preska, produce el 36% del petróleo nacional y el 29% del gas, más allá de que con Milei se desprendió de sus áreas en Santa Cruz y Chubut para concentrarse en la roca neuquina. Además, controla el 56% de la refinación local de combustibles. Todo eso podría quedar en manos de los fondos de inversión buitre Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de EE UU, si los tribunales superiores estadounidenses ratifican a futuro las sentencias de Preska contra la nacionalización de YPF.

Javier Milei se negó a borrar un tuit contra Ian Moche “amparado en la libertad de expresión”

El presidente Javier Milei se negó este lunes a borrar el posteo en el que se había referido a Ian Moche, el niño con autismo que lo había de insultarlo.

Lo hizo tras haber presentado un escrito en la Justicia en el que alegó que sus redes sociales son personales y no lo representan como jefe de Estado, además de considerar que está amparado por el derecho a la libertad de expresión.

La presentación judicial, realizada en la causa iniciada por la familia de Ian, buscó despegar al mandatario con el uso del mismo argumento de que sus dichos en redes son a título personal y no como mandatario, tal como había expresado en la causa por el criptogate Libra, aunque el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminara lo contrario.

En el escrito, los abogados de Milei calificaron la demanda de la familia de Ian como “carente de sustento jurídico” y negaron que la cuenta @JMilei sea una cuenta oficial del Poder Ejecutivo Nacional y que sus posteos hayan sido una “agresión al honor, reputación o integridad” del niño.

También rechazaron que un reposteo sea una “ratificación o legitimación de agravios”, que la publicación haya generado un “daño irreparable, grave e inminente” y que el “interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política”.

El Presidente insistió en que el tuit fue una “acción privada” que contenía una “expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, en alusión a Paulino Rodríguez, y no un ataque al niño de 12 años.

“(El reposteo) Fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, sostuvo el mandatario en el texto.

Además, desacreditó la denuncia al afirmar que no tuvo que ver con una cuestión legal sino ideológica.

Y también cuestionó “esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes”.

La denuncia comenzó luego de que Milei reposteara un mensaje de un usuario anónimo denominado “Hombre gris” que criticaba al periodista Paulino Rodríguez y al niño de 12 años, conocido por su tarea como activista por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al que Milei acusó de proceder de “una familia ultrakirchnerista”.

Con el patrocinio letrado del especialista en Derecho Constitucional Andrés Gil Dominguez, el niño inició una acción judicial contra el Presidente con el objetivo de que elimine una publicación realizada el 1° de junio, a través de su cuenta oficial verificada en la red social X (ex Twitter) por violar de forma manifiesta el principio del interés superior del niño.

MM con información de la agencia NA.

ATE e H.I.J.O.S. denunciaron a Netanyahu y solicitaron su detención por “crímenes de guerra y genocidio”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) denunciaron este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y solicitaron su detención por “crímenes de guerra y genocidio” contra Palestina.

La denuncia de las filiales porteñas de ambas organizaciones quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

ATE e HIJOS plantearon que Netanyahu cometió “crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra el pueblo palestino”.

En la denuncia adjuntaron como pruebas distintos informes y publicaciones en donde se sostiene que Netanyahu cometió genocidio como “supresión colonial” con el objetivo de lograr la “destrucción incesante y general” de la Franja de Gaza.

“La violencia desatada por Israel a partir del 7 de octubre de 2023 forma parte de un largo proceso sistemático y organizado con el fin de provocar el desplazamiento forzado y la sustitución de palestinos, provocando un perjuicio irreparable a su pueblo”, señalaron en la denuncia.

En otro fragmento del documento, manifestaron que la Corte Penal Internacional (CPI) entiende que Netanyahu “es responsable penalmente como coautor del crimen de guerra de provocar intencionadamente la muerte por hambre; de crímenes contra la humanidad como homicidio, persecución y otros actos inhumanos; además de la destrucción de su infraestructura civil, incluyendo los centros de salud, las escuelas y los campos de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas”.

La presentación reclama, además, una orden de captura contra el primer ministro israelí, quien planea visitar la Argentina entre el 7 y 10 de septiembre, según se precisó en el documento.

En otra parte de la acusación, se destacan informes sobre territorios palestinos ocupados y los crímenes cometidos por las Fuerzas de Defensa de Israel contra manifestantes palestinos, entre los que se incluyen “184 muertes” y “más de 6.100 heridos”.

Con información de la agencia NA