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Alertan que ya se fugó el 44% de los dólares que envió el FMI y el organismo le exige a Milei acumular reservas

Alertan que ya se fugó el 44% de los dólares que envió el FMI y el organismo le exige a Milei acumular reservas

“Es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas", reclamó el Fondo en un comunicado. Desde la CTA denunciaron el saltó de la salida de dólares en el último mes y medio. "Hay que tener paciencia", pidió Caputo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió este martes que la Argentina tiene un nivel de reservas insuficientes y le exigió al gobierno de Javier Milei medidas para aumentarlas. “Es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas, permitiendo al mismo tiempo una mayor formación de precios y compras de divisas para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda en divisas”, señaló el organismo en su Reporte Sobre Sector Externo.

“Los fundamentos económicos han mejorado sustancialmente desde finales de 2023, pero las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas y los diferenciales de la deuda soberana, aunque han disminuido drásticamente, siguen siendo elevados”, indicó el organismo.

Justamente en las últimas horas se conoció un informe que revela que del primer desembolso del FMI por U$S12.000 millones ya se fugó el 44%. “El blindaje financiero solo empeora la insolvencia en los próximos meses y años ya que es insuficiente para cubrir el total de vencimientos en moneda extranjera que asciende a 10.164 millones de dólares en lo que resta de 2025 y 28.774 millones en 2026. Por eso el FMI insiste en que el Banco Central acumule reservas en un contexto en el que la fuga de capitales de un mes y medio absorbió el 44% del primer desembolso del FMI”, señaló el centro de investigación CIFRA, de la CTA.

Además de los 12.151 millones de dólares que ingresaron a mediados de abril, el Gobierno espera para este año dos desembolsos adicionales: uno era para junio -que aún no se hizo efectivo- por U$S2.028 millones y otro en septiembre por 1.012 millones.

La deuda y sus vencimientos entre 2025 y 2029.

El documento elaborado por Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti apuntala que “el salvataje del FMI solo pudo frenar la corrida que se había desatado en marzo, pero no pudo generar las condiciones para impulsar una nueva burbuja financiera, como lo demuestra que en la primera quincena de julio se registraron rendimientos negativos en dólares, tal como había preanunciado el JP Morgan cuando recomendó el desarme del 'carry trade'”.

En ese marco es que la comunicación del FMI suma una alerta en el tablero económico de Milei. “La situación de las reservas se ha estabilizado desde la implementación del nuevo programa y el establecimiento de nuevas bandas cambiarias a mediados de abril”, indicó el FMI. Estimó que “la cobertura de las reservas sigue siendo inadecuada”. Según el organismo sería alrededor del 23% del nivel necesario según los cálculos del FMI a finales de 2024.

El organismo también pidió aún más ajuste. Señaló que “la reciente transición a un régimen monetario y cambiario más robusto permite un tipo de cambio mejor definido por el mercado, aunque siguen siendo necesarias políticas macroeconómicas estrictas para lograr una balanza comercial sólida y una acumulación de reservas”.

La línea histórica de las reservas, el punto que marcó el FMI este martes.

Este mismo martes el Gobierno aprobó tres nuevos préstamos de organismos internacionales por US$1.500 millones, incrementando la deuda financiera externa, mediante los Decretos 488, 489 y 490/2025 publicados en el Boletín Oficial. Se avalaron formalmente dos contratos entre la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que totalizaron US$1.200 millones, y otro entre el país y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$300 millones.

Los préstamos del BID están dirigidos a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II” en US$800 millones y el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad” por US$400 millones. El crédito del BIRF, en tanto, se destinará al “Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”.

“Hay que tener confianza y paciencia, porque no se arreglan tantas décadas de desastres en un año y medio”, escribió en X el ministro Luis Caputo. Aunque hablaba de la quita de las retenciones al campo, justo en la previa a que Milei asista a la feria de La Rural el sábado que viene, las palabras del jefe del Palacio de Hacienda podían referirse a la situación macro en general. El dólar oficial en el Banco Nación abrió este martes a $1.240 para la compra y $1.290 para la venta, con baja de $10 respecto al último cierre.

MC

El embajador de Trump en la Argentina prometió “expulsar a China poco a poco” y elogió a Milei como ejemplo para la región

El embajador de Trump en la Argentina prometió “expulsar a China poco a poco” y elogió a Milei como ejemplo para la región

Peter Lamelas presentó su nominación ante el Senado y planteó una agenda alineada con la Casa Blanca: reducir la presencia de China, fortalecer vínculos con el presidente argentino y promover inversiones estadounidenses. Dijo que también trabajará para reducir la influencia de Cuba, Irán y Venezuela en nuestro país. Propone eliminar barreras no arancelarias.

Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador en la Argentina, utilizó su presentación formal ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para delinear una hoja de ruta que combina elogios al presidente Javier Milei con una agenda de confrontación directa hacia los países que Washington considera adversarios. “De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”, aseguró.

El discurso del funcionario, médico de origen cubano y sin experiencia diplomática previa, giró en torno a dos grandes ejes: limitar la proyección del Partido Comunista Chino (PCCh) y consolidar la alianza política y comercial con el Gobierno de Javier Milei.

Estados Unidos, según afirmó, ve a la Argentina como una pieza clave para sus intereses estratégicos en América Latina, particularmente en sectores como la energía, la tecnología y los recursos minerales. En esa línea, Lamelas anticipó que uno de sus principales objetivos será “expulsar a China poco a poco” del escenario argentino mediante el estímulo a las inversiones estadounidenses y la reducción de barreras comerciales no arancelarias. “Tengo muy poco que ver con los aranceles. Ese es el representante comercial de Estados Unidos. Pero lo que podría hacer es reducir las barreras comerciales no arancelarias que existen actualmente: el IVA, los controles cambiarios, los retrasos en los puertos. Así que todos estos esfuerzos que he delineado, tengo un plan que con gusto compartiré con ustedes, van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y a expulsar a China poco a poco”, señaló, en declaraciones que reproduce el portal Infobae.

El futuro embajador aseguró también que Estados Unidos tiene actualmente un superávit comercial de aproximadamente US$2.100 millones con Argentina, y que pretende aumentarlo. “Uno de mis objetivos como embajador sería aumentar el comercio y la inversión. Creo que la marea alta beneficia a todos”, sostuvo.

Durante su comparecencia, Lamelas mencionó explícitamente a funcionarios clave del Gobierno argentino. Aseguró que buscará una interlocución fluida no solo con el Presidente, sino también con Luis Caputo, Santiago Caputo y Gerardo Werthein, además de con los gobernadores provinciales. “El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo con todos”, remarcó.

El respaldo a Milei fue enfático. Lamelas lo describió como un líder del que “Estados Unidos puede aprender mucho” y reveló que Trump le pidió expresamente trabajar con su “amigo Javier” para consolidar un vínculo más fuerte entre ambos países. “Juntos alcanzaremos una grandeza sin precedentes”, declaró. También elogió las políticas económicas del Gobierno libertario: “Reducir el déficit, controlar la inflación y desmantelar las políticas que sofocaron el potencial de Argentina”.

Lamelas ya se reunió con Milei en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, en noviembre del año pasado, y tras el encuentro publicó en redes sociales imágenes junto al Presidente argentino, al que definió como “un líder con la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”.

En otro tramo de su intervención, el futuro embajador subrayó que fortalecerá la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales. Enfatizó también la necesidad de “crear oportunidades para las empresas estadounidenses” en territorio argentino.

Consultado por el Comité sobre la cuestión de las Islas Malvinas, Lamelas ratificó la posición histórica de neutralidad de Washington. “Estados Unidos no reconoce la soberanía sobre las islas ni para Argentina ni para Gran Bretaña. Reconocemos la administración del pueblo británico en la isla, pero mantenemos una posición de neutralidad”, explicó. No obstante, se mostró dispuesto a visitar las islas si surgiera la oportunidad y aseguró que “cualquier cosa que fomente el diálogo continuo entre Gran Bretaña y Argentina es bienvenida”.

¿Quién es Peter Lamelas? Médico, filántropo y empresario de origen cubano, emigró con su familia a Estados Unidos huyendo del régimen castrista. Fundó una de las compañías de atención médica de urgencias más grandes de Florida. Su designación como embajador responde al modelo de diplomacia informal impulsado por Trump, que privilegia el perfil político y empresarial por sobre el diplomático. Tiene respaldo del Partido Republicano y el apoyo de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de Florida.

Con un estilo directo y una agenda ideológica clara, Lamelas buscará ser el rostro visible de la estrategia de Estados Unidos para recuperar terreno ante el avance chino en América Latina y, al mismo tiempo, consolidar a Milei como un aliado estratégico en la región.

JJD

Privatización de AySA: habilitan los cortes del servicio por falta de pago y la venta de acciones

Privatización de AySA: habilitan los cortes del servicio por falta de pago y la venta de acciones

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria” a capitales privados. Entre las nuevas atribuciones para la futura concesionaria, se podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora. Afecta a la CABA y varios municipios bonaerenses.

El Gobierno avanza formalmente con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) habilitando la venta de acciones, la entrada de capital privado en la empresa y los cortes del servicio por falta de pago. La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense.

Los nuevos pasos del Ejecutivo para desprenderse de la compañía se encuadran en la reforma del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa modifica el artículo 2° del Decreto N° 304/06, donde se establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y disponía que dichas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.

Con el cambio regulatorio se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”. De esta manera, quedó permitida oficialmente la privatización de la firma prestadora del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y desagüescloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción de efluentes cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integranel régimen regulatorio de dicho servicio.

Asimismo, se agregaron una serie de nuevas autorizaciones para la gestión de la empresa concesionaria, destacándose la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio prestado ante deudas de los clientes.

AySA

Atribuciones incorporadas

  • Podrá efectuar el corte del servicio en caso de mora.
  • Contará con amplias facultades para revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.
  • Podrá constituir como garantías los fondos provenientes de la explotación del Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento destinado a la prestación del servicio público.

Con la reforma del marco normativo, el Ejecutivo encomendó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.

En este marco, dispuso que “el Contrato de Concesión podrá prever un régimen de transición a los efectos de permitir una implementación ordenada y progresiva de las disposiciones de este Marco Regulatorio en lo pertinente, por un período no mayor de cinco años, una vez formalizada la privatización, y con el propósito de mantener en todo momento el equilibrio de la ecuación económico financiero del Contrato de Concesión”

SERVICIO PÚBLICO REGULADO

En el texto oficial, el Gobierno argumentó los cambios asegurando que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Asimismo, sostuvo que “la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.

Al respecto, indicó que dicha situación crítica “se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad”.

REGLAMENTO DE LA EMPRESA Y DEL USUARIO

Claves de la nueva normativa

  • El Estado podrá transferir de forma total o parcial el 90% del paquete accionario de la empresa -que actualmente está bajo la órbita del Ministerio de Economía- a capitales privados.
  • La empresa distribuidora del servicio de agua potable y cloaca en el AMBA podrá cortar el suministro por demoras o falta de pago.
  • Crea el Plan Director de Mejora Estratégica que “tiene por objeto establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura.
  • La concesionaria deberá presentar un informe anual detallado del régimen tarifario y las actividades realizadas y planificadas ante el ERAS.

¿Cuántos empleados tiene AySA?

El último dato oficial disponible es de mayo de 2025, de acuerdo a lo que publica Chequeado. Según el informe de dotación de personal de la Administración Pública Nacional que publica periódicamente el INDEC, ese mes la empresa estatal tenía 6.222 empleados. Casi la totalidad son trabajadores en relación de dependencia y menos del 0,3% son personal fuera de convenio o con otro tipo de contrataciones.

En noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, eran 7.799 empleados. Es decir que la dotación se redujo en 1.577 trabajadores, un 20,2% del total.

Más allá del informe del INDEC, la empresa pública informa todos los meses su cantidad de empleados. El último dato disponible es de abril de 2025. Eran 6.236 empleados, con el siguiente desglose: 31 directivos, 3.462 cargos técnicos y profesionales, 585 administrativos y 2.158 obreros y personal de maestranza.

El primer registro disponible de la empresa en su etapa de gestión estatal es de mayo de 2007. Ese mes registraba una dotación de 4.198 empleados.

Cómo se provee agua en la Argentina

En la Argentina, desde 1980, la administración del servicio de agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que está bajo jurisdicción nacional, según el informe de Chequeado. A su vez, muchas provincias delegan los servicios de agua y saneamiento de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Según datos recopilados en 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la Argentina hay 1.828 prestadores de servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas. De ellos, 23 son provinciales y regionales (el regional se refiere exclusivamente a AySA, que abarca 2 jurisdicciones -CABA y PBA-). De esos 23 prestadores provinciales y regionales, 15 son empresas públicas, 4 son entidades estatales y 4 son concesionarios privados.

Con información de agencias y Chequeado.

IG

Denuncian que el Gobierno dio de baja el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios: "La motosierra no elimina el hambre"

Denuncian que el Gobierno dio de baja el Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios:

A través de una resolución, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, modificó el esquema de control y asignación de recursos, que comenzarán a depender de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. Por su parte, los diputados Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre) presentaron el proyecto de ley “Pancitas Llenas” de apoyo y financiamiento de los comedores y merenderos.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), a través de la resolución 393/2025 que modifica el esquema de control y asignación de recursos, que comenzarán a depender de verificaciones presenciales y tecnológicas, en lugar de un registro nacional centralizado. De acuerdo al Gobierno, “esto permitirá una gestión más eficiente y transparente de la asistencia alimentaria en todo el país”.

Por su parte, el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, dio a conocer que, mientras el Gobierno eliminaba el registro de Comedores y Merenderos Comunitarios, “desde el Congreso proponemos el proyecto 'Pancitas Llenas', que garantiza el financiamiento de comedores y merenderos de todo el país con articulación público-privada”.

De acuerdo a legislador, “no pueden desguazar todo y dejar a los más vulnerables a la vera del camino. Nuestro proyecto surge de la sociedad civil y tiene mucho apoyo empresario del rubro alimenticio. La motosierra no elimina el hambre. Hace falta inteligencia y sensibilidad social”, apuntó.

En la resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello, argumentó que, debido a los cambios introducidos por el Programa “Alimentar Comunidad”, que eliminó el requisito de estar inscripto en el registro para acceder a los fondos estatales, “el Renacom ya no cumple con los fines para los cuales fue creado y su mantenimiento es incompatible con la actual administración de programas sociales. Además, recalcan que su continuidad implicaría una superposición de funciones, una asignación ineficiente de recursos y dificultades para generar datos estadísticos confiables”.

“La evaluación del funcionamiento actual del referido Registro ha evidenciado limitaciones estructurales que dificultan alcanzar sus objetivos originales evidenciando la superposición de funciones, la falta de controles presenciales efectivos y la imposibilidad de generar información estadística confiable sobre los espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria”, detalla la resolución, en base a un informe que hizo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que hasta el pasado viernes conducía Miguel Blanco, quien renunció y fue reemplazado por Alejandro Fabían Díaz.

En el informe, la SIGEN destaca que se detectaron múltiples problemas en el funcionamiento del registro e indicaron que su eliminación se debe a la necesidad de fortalecer la eficiencia y la transparencia de las políticas sociales. Allí se revelaban irregularidades de magnitud. “Sobre 54.613 inscripciones, el 87% estaban duplicadas y solo el 3% fueron validadas físicamente. Es decir, más de 38.000 comedores nunca fueron visitados por un inspector”, advirtió el pasado 5 de julio Blanco, todavía en funciones.

El exfuncionario explicó que se trató de una primera etapa de control centrada en el sistema RENACOM, la base digital donde se registraban los comedores: “Muchos formularios estaban incompletos, con datos nulos, direcciones inexistentes o campos vacíos. El sistema permitía inconsistencias sin validación y no tenía control de integridad. Es decir, la base misma ya estaba mal diseñada”. Según detalló, en una muestra aleatoria de visitas, encontraron establecimientos que no existían o que no cumplían con lo declarado.

En la nueva resolución, Capital Humano sostiene que el nuevo modelo de ejecución del Programa “Alimentar Comunidad” permite acreditar el funcionamiento de los comedores y merenderos mediante controles directos —en persona o a través de medios tecnológicos— sin necesidad de inscripción previa en una base centralizada.

El proyecto “Pancitas llenas”

Los diputados nacionales Pablo Juliano y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), acompañados por legisladores de todo el arco político, presentaron el proyecto de ley “Pancitas Llenas” de apoyo y financiamiento de los comedores y merenderos.

La iniciativa plantea la creación de un programa nacional que, mediante un abordaje y estrategia de articulación público-privada, “busca asegurar el acceso a una alimentación adecuada para los sectores más vulnerables de la población argentina”.

Detrás de esta iniciativa legislativa se encuentra el trabajo de la Asociación de Comedores y Merenderos “Soñadores Unidos” cuya comisión directiva está integrada por Liliana Olivera, Paola Ferreyra, Elsa Monzón, Yanina González, Noelia Gerez, Patricia Valdez, Laura Flores y Norma Pelozo.

“Después de cinco años de idas y vueltas en el Congreso de la Nación Argentina, este nuevo paso nos renueva la esperanza. Esperamos que sea definitivo, dada la gravedad y la urgencia que requiere este tema”, explicaron desde “Soñadores Unidos”, asociación que tiene como padrino fundador al empresario Julio González, de la empresa del rubro alimenticio Oralí, y al que acompañan en esta iniciativa mas de 60 empresas.

“Este proyecto busca ayudar a quienes trabajan en silencio y todos los días permiten que haya cohesión social en la Argentina poniendo un plato de comida a centenares de miles de personas. Es necesario que comedores y merenderos tengan un financiamiento acorde y es estratégico que sea con aportes públicos y privados. Hay muchos empresarios que están dispuestos a colaborar y esta ley busca dar un instrumento para ello”, explicaron Pablo Juliano y Carla Carrizo, quienes destacaron también que el Estado argentino debe tener una participación clave para garantizar la transparencia, trazabilidad, federalismo e institucionalidad de la iniciativa.

Además de ellos, firmaron el proyecto Facundo Manes (DPS), Sabrina Selva (UP), Oscar Zago (MID), Nicolas Massot (EF), Emilio Monzó (EF), Marcela Pagano (LLA), Eugenia Alianiello (UP), Marcela Campagnoli (CC), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Esteban Paulon (EF), Lourdes Arrieta (Transformación), Julio Cobos (UCR), Marcela Coli (DPS), entre otros.

Los objetivos del Programa

a) Implementar un sistema de asistencia alimentaria a sectores vulnerables mediante una tarjeta prepaga de uso exclusivo para responsables de comedores y merenderos, distribuida a través de canales bancarios formales.

b) Asegurar la adquisición eficiente y transparente de alimentos saludables, alineada con las pautas de nutrición y restricciones de productos establecidas por la Autoridad de Aplicación.

c) Fomentar capacitaciones en manipulación y elaboración de alimentos para las personas encargadas de la preparación de las comidas en los comedores y merenderos, teniendo en cuenta las indicaciones nutricionales mencionadas en el inciso anterior.

d) Promover la formación de redes regionales de comedores y merenderos para optimizar sus condiciones de operación mediante la colaboración colectiva y el impulso de iniciativas solidarias.

e) Facilitar encuentros con productores locales para impulsar la compra directa de alimentos, reducir costos para comedores y merenderos, y fortalecer las economías regionales“.

“Es clave comprender que estos comedores existen y funcionan a pulmón, se busca garantizar que tengan recursos para poder llevar a cabo su función. El programa Pancitas Llenas busca dar transparencia mediante el aporte de fondos y el uso de una tarjeta para adquirir los alimentos”, explicaron Juliano y Carrizo.

El artículo tercero, en tanto, plantea los principios rectores del proyecto de ley: equidad, transparencia, eficiencia, participación, sostenibilidad y trazabilidad. Para poder llevar a la práctica el aporte público-privado, el proyecto establece la creación del Fondo Fiduciario del Programa Nacional Pancitas Llenas, que será administrado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Capital Humano.

El patrimonio del Fondo estará constituido por:

a) El “Aporte Social y Humanitario” de empresas privadas, equivalente al 0,04% de su facturación anual declarada

b) Ingresos provenientes de la emisión de valores fiduciarios de deuda en el mercado de capitales

c) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados y/o donaciones voluntarias de personas humanas o jurídicas

d) Renta, frutos e inversiones derivadas de los bienes fideicomitidos y

e) recursos provenientes de convenios de cooperación nacional o internacional, públicos o privados.

El proyecto establece con claridad que el “Aporte Social y Humanitario” de empresas privados es siempre voluntario. Las empresas que decidan participar podrán, a su vez, descontar el aporte que realicen del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

Desde la Asociación “Soñadores Unidos” se promoverá durante el debate legislativo que también los empresarios puedan descontarse como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “detallándolo en la declaración jurada correspondiente y deduciéndolo eventualmente del pago mensual del impuesto”.

Para dicha Asociación, es importante también establecer que los empresarios pueden ser “adherentes”, que es cuando participan del Fondo a cambio de una deducción impositiva, o “contribuyentes”, que es cuando no solicitan deducciones fiscales. Dichas sugerencias serán tenidas en cuenta por los legisladores cuando el proyecto comience a ser debatido en comisiones.

La cumbre de la democracia y una declaración geopolítica que reúne a Sánchez, Lula, Boric, Petro y Orsi

La cumbre de la democracia y una declaración geopolítica que reúne a Sánchez, Lula, Boric, Petro y Orsi

El encuentro de líderes progresistas en Santiago de Chile buscó erigirse como bastión democrático frente al avance de los extremismos. Pero sus omisiones —desde regímenes autoritarios como Nicaragua o Venezuela hasta crisis internas— revelan dudas sobre el impacto internacional.

Hoy más que nunca la democracia en el mundo está en riesgo y, por lo tanto, en principio nadie podría oponerse al encuentro que reunió a un selecto grupo de presidentes progresistas de Iberoamérica, esta semana en Santiago. La democracia es uno de los principales pilares del sistema político y de la sociedad moderna. Se da por sentada y muchas veces se olvida su importancia hasta cuando se pone en riesgo. Y vaya que ha estado en riesgo en el último tiempo. En Chile hace estuvo en riesgo el 12 de noviembre de 2019, el día que estuvimos al borde de un quiebre institucional, en pleno estallido social. Pero que se evitó, en gran medida, gracias a un acuerdo constitucional que, tres días después, unió a la mayoría de las fuerzas políticas –derecha e izquierda–, con la excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio, que dejó sólo al entonces diputado Gabriel Boric.

Por lo mismo no tengo dudas sobre el compromiso democrático del presidente Boric, quien a diferencia de su sector pensó en los chilenos y se atrevió firmar el acuerdo constituyente. Tampoco dudo de la transformación que ha mostrado el mandatario chileno hacia el socialismo democrático, pues la dura realidad terminó imponiéndose a la ideología trasnochada con la que llegó a La Moneda.

Sin embargo, al igual que muchos chilenos, tengo dudas sobre el compromiso democrático de los sectores más radicales que lo apoyan. Los mismos, que no solo se abstuvieron de respaldar la salida democrática a la crisis social de 2019, sino que, en su momento, se embriagaron con la posibilidad de hacer caer a un Presidente (Piñera) en democracia, a través de una acusación constitucional. Y que luego, intentaron refundar el sistema político, económico y social de Chile con una propuesta constitucional refundacional e indigenista, que fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Tengo dudas del nuevo discurso populista que usa instrumentalmente las palabras seguridad y crecimiento, y que, al mismo tiempo, impulsa o frena proyectos que van en contra de estos conceptos.

Por estas razones –a las que se suma la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien pertenece a un partido internacionalista y refundacional que no ha dado precisamente ejemplos de democracia plena, con un historial de apoyo a regímenes autoritarios en la región–, llama poderosamente la atención que el presidente Boric haya decidido impulsar este encuentro que busca que el progresismo internacional se apropie de la defensa de la democracia, desde una altura moral que les queda grande y como si fuera un bien exclusivo que solo puede ofrecer la izquierda.

La cumbre “Democracia Siempre” culminó con una declaración conjunta que relevó la defensa de la democracia y el multilateralismo, la desinformación y las tecnologías digitales, y los extremismos vinculados a la desigualdad. El documento final –firmado por los mandatarios de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro), Uruguay (Yamandú Orsi) y el presidente del Gobierno español (Pedro Sánchez)– propone, entre otras medidas, reformar el sistema de gobernanza internacional, fortalecer la diplomacia democrática, promover la transparencia algorítmica y crear un observatorio de juventudes frente al extremismo.

La declaración también hace un llamado a un alto el fuego en Gaza y a facilitar el acceso humanitario sin restricciones, lo cual es un punto loable. Sin embargo, el documento evita referirse a situaciones internas de los países participantes, como las investigaciones por corrupción que afectan a algunos de sus líderes, o las crecientes tensiones sociales y económicas que atraviesan sus gobiernos. Tampoco se mencionan los regímenes autoritarios de Nicaragua, Venezuela o Cuba, omisiones que fueron cuestionadas con vehemencia desde sectores de la oposición chilena y de la centroderecha regional, quienes acusaron una evidente doble moral en la defensa de la democracia.

Desde el histórico Patio de Los Cañones de La Moneda, el presidente Sánchez, fue el más frontal y denunció la existencia de una “internacional del odio y de la mentira” que, a su juicio, avanza peligrosamente por nuestros continentes. Sus criticas apuntaron a la “ultraderecha” y la “derecha tradicional” que, según él, ha “desertado de esa labor histórica” y “ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha”.

Petro invitó a reflexionar sobre los riesgos que acechan al multilateralismo, Orsi llamó a evitar el crecimiento de los extremismos con acciones concretas contra la desinformación y una defensa férrea de nuestras instituciones y Boric, afirmó que “la democracia está bajo ataque en diferentes partes, desde diferentes sectores políticos”, cuestionando a los críticos de la oportunidad del encuentro.

Entendiendo que Gabriel Boric, a meses que termine su gobierno, esté tratando de perfilarse internacionalmente, como lo hizo Michelle Bachelet en sus dos gobiernos, esta cumbre de líderes progresistas puede terminar teniendo efecto sobre la vida de todos las chilenas y chilenos. Partiendo por la profundización de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, que ya impuso un arancel del 50% al cobre, el principal producto de exportación chileno. Aunque el gobierno de Boric ha intentado desvincular esta medida de la cumbre, argumentando que responde a intereses industriales de EEUU, la óptica desde Washington podría ser otra. Un encuentro de líderes que critican abiertamente la “ultraderecha” y el “reaccionarismo” podría ser interpretado como una señal política, potencialmente influyendo en futuras decisiones comerciales o diplomáticas de una administración estadounidense que prioriza el “America First” y que no duda en usar la presión económica como herramienta. Por lo tanto, esta cumbre no es simple encuentro de líderes progresistas preocupados por la democracia, es también una declaración geopolítica que podría tener repercusiones en un momento de alta sensibilidad económica en los países que participaron.

En un mundo donde la democracia es vulnerable, la verdadera fortaleza de la democracia no reside en la autoafirmación de un solo sector, reside en la capacidad de todos los actores políticos, de izquierda a derecha, de reconocer sus propios límites, de practicar la autocrítica y de comprometerse con la defensa irrestricta de las instituciones y los valores democráticos, sin excepciones ni dobles estándares. La verdadera defensa no admite exclusiones ni dobles discursos y nos exige a todos, sin importar la trinchera política, reconocer que la amenaza no solo viene de un flanco, y que la fortaleza de nuestras instituciones se construye con la coherencia y la convicción de cada actor. Solo así seremos capaces de construir una defensa genuina y creíble de la democracia, que no sea percibida como una táctica política que al final termina debilitándola aún más.

ERM/MG