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El efecto Ilarraz en las denuncias de abuso eclesiástico: otro sacerdote evitó el juicio amparado en la prescripción del delito

“Yo pienso que hasta que Sidders no esté detrás de las rejas no voy a poder sanar porque también tengo miedo por otros niños y niñas”. Lo dijo Daniela Silva, una víctima de abuso sexual del cura y docente Raúl Anatolly Sidders, en diciembre de 2020. Murió en septiembre de 2024, a los 32 años, a la espera del juicio contra su victimario sin saber que días antes del comienzo del proceso, el fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marcaría un peligroso precedente: anulación y prescripción. Ahora Sidders está en libertad.

Daniela denunció a Sidders en agosto de 2020, en plena pandemia, por hechos ocurridos entre 2004 y 2008. Su relato no fue el único, surgió en medio de una ola de denuncias de exalumnos del colegio San Vicente de Paul de La Plata que llevaron al capellán primero a prisión común, luego a domiciliaria. El de 10 de julio debía comenzar su juzgamiento, pero a menos de una semana el Tribunal en lo Criminal Nº 5 de La Plata determinó la “extinción de la acción penal por la causal de prescripción”, “sobreseer al imputado Anatoly Raúl Sidders” y otorgar su “inmediata libertad”, tras apoyarse en el fallo de la Corte Suprema que dejó libre al condenado Juan José Ilarraz, el exsacerdote condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Daniela murió por una enfermedad intestinal. Ella atribuía su origen al daño psicológico que le habían generado los abusos. “Llegó a incitarme a prácticas sexuales. Llegó a decirme que yo tuviese relaciones sexuales con un alumno y que mientras nosotros lo hacíamos, como yo no sabía, él nos iba a indicar todo cómo teníamos qué hacer. Él me enseñó lo que era la masturbación, lo que era una felación. Es difícil, yo esto lo tapé durante años. Traté de taparlo con años de silencio, y el silencio me provocó muchísimo muchísimo malestar en mí. A los 12 años tuve mi primer intento de suicidio y también a los 12 años, antes del intento de suicido caí internada por desmayos emocionales provocados por esto que me pasaba con Sidders”, describía Daniela en su testimonio, que fue revelado por Prensa Obrera junto a otras múltiples denuncias similares.

“El silencio me comió por dentro, literalmente. Me llevó a tener problemas en los intestinos por no hablar y hoy por hoy estoy operada de los intestinos y postrada en una cama porque todavía no sané ni por dentro ni por fuera”, compartía mientras los recuerdos le inundaban la mente. “Él me decía que no diga nada, que era lo que Dios quería para mí, que yo tenía que saber complacer un hombre porque el mandato de Dios era que la mujer tenía que saber complacer un hombre y que no se podía negar, y que preservativos no había que usar porque el fin de las relaciones sexuales era la procreación. Eso teniendo yo 10 años. Podría haber sido madre tranquilamente si le hacía caso a él”.

A Daniela la desvelaba el peligro que rondaba sobre nuevas víctimas porque ella no fue la única. “Por ejemplo un día dio una clase, dibujó un camino hacia las puertas del cielo y en el medio un abismo. Decía que los homosexuales se iban a caer en ese abismo. También nos llamaba yeguas, zorras, putas. Así nos decía, palabras textuales. Nos decía que nosotras las mujeres para lo único que servíamos era para comer, cagar y coger. Yo toda mi vida pensé que estaba sola y que nadie me iba a creer. Hoy sé que la gente me cree, que no estoy sola”, contaba.

El caso Iarraz: prescripción, sobreseimiento y un peligroso antecedente

El 1 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y dispuso el sobreseimiento por prescripción de la acción penal contra Justo José Ilarraz, exsacerdote acusado de haber cometido abusos sexuales contra seminaristas menores de edad en la ciudad de Paraná entre 1988 y 1992. El fallo del Máximo Tribunal estableció un precedente de peso sobre los límites de la imprescriptibilidad en causas de delitos sexuales cometidos en el pasado por miembros de la Iglesia Católica.

La decisión judicial marcó que el principio de legalidad penal no puede “flexibilizarse” aún cuando se trata de hechos aberrantes. En esa línea, subrayó que los tratados internacionales que garantizan la tutela judicial efectiva y los derechos de la niñez deben respetar la arquitectura constitucional argentina, sin derogar sus principios fundamentales.

El caso se remonta a 2012, cuando exalumnos del Seminario Arquidiocesano de Paraná denunciaron a Ilarraz por abusos cometidos cuando tenían entre 12 y 15 años. El acusado ya había sido sancionado canónicamente a través de un procedimiento eclesiástico que le prohibió permanecer en la arquidiócesis y tener contacto con los seminaristas. No obstante, tras abandonar la vida religiosa en 1998, fue reincorporado en 2000 y trasladado a una parroquia en Monteros, Tucumán, hasta su expulsión definitiva en 2012.

El tribunal entrerriano había rechazado la prescripción planteada por la defensa, al considerar que la gravedad de los hechos y la responsabilidad estatal de garantizar los derechos del niño justificaban su imprescriptibilidad. Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores agravada y abuso deshonesto. Pero para la Corte Suprema, esa postura entra en colisión con el principio de legalidad consagrado en los artículos 18, 27 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Destacó que la imprescriptibilidad de los delitos debe estar prevista por ley y que la analogía con crímenes de lesa humanidad es inadmisible, dado que estos se caracterizan por una naturaleza y contexto radicalmente distintos.

“El reciente fallo Ilarraz de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara intencionalidad política que es garantizar la impunidad de los curas abusadores, en particular, y en general de todos los abusadores”, dijo a elDiarioAR la abogada de la familia de Daniela Silva, Pía Garralda.

“El tema de la prescripción ha generado mucho debate porque la particularidad que tienen este tipo de delitos es que, generalmente, no son denunciados al momento de los hechos. Sobre todo si las víctimas son menores de edad, porque identificar un ultraje sexual para niñes que todavía no tienen la madurez suficiente lleva tiempo. Por eso se considera que la prescripción tiene que ser distinta”, explicó. Y detalló: “Esto es así hasta el año 2011, cuando se sanciona la ley Piazza que establece un plazo de prescripción distinto, que es a partir de los 18 años de la víctima. Posteriormente, en el año 2015, se sanciona una nueva ley que establece que los delitos de abuso sexual empiezan a prescribir a partir de que se realiza la denuncia y/o ratifica la denuncia si las víctimas eran menores de edad y los denunciantes fueron las personas a cargo. El problema es con los casos previos al 2011 donde la Corte ha hecho esta interpretación priorizando una cuestión de paso del tiempo sin considerar que estos delitos particulares tienen que tener una atención especial respecto a los plazos en que la víctima puede empezar a denunciar, especificamente en los casos en que los abusadores son integrantes de un credo porque hay toda una institución detrás”.

Al respecto, Carlos Lombardi, abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, agregó a este diario: “Mientras los delincuentes, los acusados, los procesados como abusadores sexuales, en este caso del clero, puedan contar con esa herramienta procesal van a hacer uso del mismo. Es más, una vez que se decretan los sobreseimientos o las figuras penales de no sanción, justamente por aplicación de la prescripción, ellos mismos y sus abogados, y estoy diciendo la Iglesia, el cura de turno acusado de abusador sexual y sus defensas, enarbolan la bandera de la inocencia”.

“Es algo relativo, porque son inocentes no porque no cometieron los hechos, sino por una estricta razón legal que es justamente que el Estado no puede perseguir por el paso del tiempo este tipo de delitos”, subrayó.

Para Lombardi es importante tener como primera consideración que en este tipo de casos “hay una fuerte contradicción entre lo que es el valor Justicia y el principio de lgalidad”. Explicó: “El fallo que sobreseé al cura Sidders es legal, sí. ¿Esa sentencia es justa? No. Porque a pesar del paso del tiempo las víctimas y las personas afectadas siguen soportando y sufriendo los daños ocasionados por los delincuentes sexuales mientras que al delincuente sexual el paso del tiempo no le afecta en lo más mínimo”.

Los fallos Ilarraz y Sidders sientan precedentes claves para numerosos casos similares que también discuten la vigencia de la acción penal por abusos sexuales contra menores cometidos antes de la vigencia de las reformas legislativas de 2011 y 2015.

“Chiruzas”, “yeguas” y “matar bebitos”: los polémicos mensajes de Sidders en TV

Raúl Anatolly Sidders tiene 65 años, se desempeñó 32 como cura. También fue dcoente en el colegio platense y conductor de televisión en un programa local que se llamaba “Ave María Purísima”. En esa emisión, apareciá con sotana negra, boina rural y hacía extensos monólogos con críticas a mujeres y diversidades. A su alrededor había una ronda de niños y niñas. Varias veces, incluso, aparecía una niña sosteniéndole el mate o una canasta con algún panificado. Durante un programa, Sidders apuntaba contra las minorías, diversidades, la democracia y los feminismos con duros insultos, lo que le valió una denuncia del Inadi.

“Unas 40 o 50 loquitas, son esas que estudian periodismo ahí en la Universidad Nacional de La Plata, que nosotros les pagamos el estudio para que ellas no estudien, y estaban en la puerta de la Catedral porque era el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Entonces, estas minas aprovechaban para ir a putear y amenazar que iban a quemar la Catedral contra la violencia... No hay peor violencia que aquella de las que pretenden matar a los bebitos que están por nacer, porque estas minas, unas chiruzas, como decía mi abuela, ¿no? cuando hablan de salud reproductiva, en el fondo, lo que están diciendo es que el bebito que está por nacer es una enfermedad, entonces como el bebito debe ser una enfermedad para las yeguas estas hay que sacárselo de encima...Amenazaban a la policía, pero bueno, nosotros somos católicos, creemos en un solo Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, decía.

Este tipo de editoriales le valieron una denuncia ante el entonces Inadi por parte de Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, desaparecido en la Noche de los Lápices; Adelina Alaye, Madre de Plaza de Mayo; y Julián Axat, defensor penal juvenil, por discriminación y manipulación televisiva.

Esto derivó en que el Arzobispado platense levantara del aire el programa y se borraron de Youtube prácticamente todos los registros que daban cuenta de los discursos misóginos y discriminatorios, entre otros.

MM/MG

Fallo Ilarraz: ¿Justicia formal o consagración de la impunidad?

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revocó la condena a 25 años de prisión del ex sacerdote Juan José Ilarraz, acusado de abusar sexualmente de al menos siete menores entre 1988 y 1992, en el seminario de Paraná, genera una profunda preocupación jurídica, social y ética. Más allá de su fundamento técnico, la sentencia interpela a toda la sociedad: ¿puede haber justicia cuando se desoye el sufrimiento de las víctimas y se ampara al victimario en la frialdad de la norma?

Cuerpos marcados por la violencia

El fallo de la Corte Suprema que sobresee al ex cura condenado por abusos sexuales, aplica estrictamente la norma penal más benigna vigente al momento de los hechos, declarando prescripta la acción penal. Pero en este caso, el sentido común y jurídico indica que no se trata de delitos comunes, sino de violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra menores bajo custodia institucional, en el marco de relaciones asimétricas de poder, manipulación espiritual y silencio impuesto.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la prescripción debería interpretarse restrictivamente cuando existen obstáculos estructurales, como el temor reverencial, el sometimiento eclesial o la culpa inducida, que impidieron que las víctimas pudieran denunciar en su debido momento. Lo que el fallo omite es la pregunta esencial: ¿cómo pedirle a un niño que hable cuando su abusador se presenta como guía espiritual y figura de autoridad absoluta?

El rol de la Iglesia

A lo largo de la causa judicial, el rol de las autoridades de la Iglesia Católica en Entre Ríos quedó marcado por una postura de encubrimiento y silencio institucional. Durante años, la jerarquía eclesiástica evitó actuar con contundencia frente a las denuncias internas contra Ilarraz, optando por su traslado a otras diócesis antes que someterlo a investigación o sanción. Incluso cuando los primeros testimonios comenzaron a circular dentro del ámbito religioso, no se realizaron las denuncias correspondientes ante la justicia civil. Esta conducta no solo protegió al abusador, sino que prolongó el sufrimiento de las víctimas y obstaculizó el acceso a la verdad. Recién en 2018, tras una extensa lucha impulsada por exseminaristas y sectores de la sociedad civil, el ex sacerdote fue condenado, y recién en 2023 el Vaticano lo expulsó del estado clerical. Sin embargo, la falta de autocrítica pública y de mecanismos reales de reparación por parte de la Iglesia entrerriana continúa siendo una deuda pendiente.

La trampa de la neutralidad

El fallo judicial, al aplicar una lógica neutral y formalista, reproduce esquemas que históricamente han silenciado a las víctimas y vuelven a violentarlas. No interroga el contexto en el que ocurrieron los abusos, ni se hace cargo del encubrimiento institucional por parte de la Iglesia, que durante años protegió al sacerdote y negó los hechos.

Como lo señala el psicoterapeuta Enrique Stola, referente en temas de violencia sexual: “Este tipo de decisiones legitiman la narrativa del agresor y consolidan la impunidad. La justicia no puede ser un simple cálculo de plazos, sino que debe mirar la desigualdad estructural y el daño subjetivo que estas violencias provocan”.

Testimonios que no prescriben

En los testimonios recogidos durante el juicio —y en entrevistas posteriores— las víctimas relataron abusos reiterados en sus camas, durante la noche, dentro de una institución que debía cuidarlos. Algunos manifestaron que “no podían dormir porque sabían que Ilarraz podía meterse en sus camas en cualquier momento”. La condena, dictada en 2018, había representado un hito reparador para quienes cargaron con el trauma de esa situación durante décadas.

En perspectiva de derechos humanos este fallo es un retroceso. No sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad. Desconoce leyes que intentan adecuar el derecho a los tiempos reales de las víctimas, como la Ley de Respeto a sus Tiempos y las revictimiza al decirles, una vez más, que la justicia no está hecha para ellas.

Una oportunidad perdida para el cambio

El fallo no sólo clausura una causa penal. Clausura también una oportunidad de construir justicia transformadora. No interpela al poder eclesiástico que facilitó los abusos, no promueve ninguna medida preventiva, ni reparatoria, ni siquiera simbólica. Peor aún: envía el mensaje de que, si el delito sexual no se denuncia pronto, el paso del tiempo garantiza la impunidad.

Lejos de ser un caso aislado, esta decisión sienta un precedente peligroso para otros juicios por abusos en contextos institucionales, muchos de los cuales aún esperan una respuesta judicial.

La justicia no es sólo la aplicación de la ley. Es también el reconocimiento del daño, la escucha activa a quienes han sido históricamente silenciados, y el compromiso de no repetir.

En este sentido, la exsenadora Sigrid Kunath, autora de la Ley 27.206 que establece que la prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes se suspende hasta que la víctima pueda denunciar, cuestionó con firmeza el fallo que sobreseyó Ilarraz. “Es un retroceso enorme que desconoce el espíritu de una norma que nació para poner en el centro a las víctimas y sus tiempos reales para poder hablar. No podemos exigir celeridad a quienes fueron silenciados por el miedo, la culpa o el abuso de poder”, sostuvo Kunath.

Para la legisladora, la decisión de la Corte no sólo contradice avances normativos en perspectiva de derechos humanos, sino que también “envía un mensaje desalentador a quienes aún no han podido denunciar”.

Para Stola “cuando un tribunal dice ‘esto prescribió’, lo que escucha la víctima es ‘tu dolor no importa’. Pero lo cierto es que el cuerpo no prescribe, el trauma no prescribe, la injusticia tampoco”.

En una sociedad que aún lucha por visibilizar las violencias sexuales y erradicar el abuso de poder, este fallo no es solo un error jurídico. Es una herida colectiva que nos interpela como país y como democracia.

SM/MG

El INDEC da a conocer hoy la inflación de junio, que vendría con un aumento con respecto a mayo

Tras el 1,5% registrado en mayo, la inflación de junio, que dará as conocer este lunes el INDEC, se ubicaría en torno al 2% de acuerdo a las proyecciones de especialistas y en sintonía con la medición que hizo días atrás Ciudad de Buenos Aires, que ubicó su IPC en 2,1%.

El economista Daniel Marx afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se conocerá mañana, se situará en torno al 2%, y sostuvo que “eso es un progreso”.

“La inflación se espera alrededor del 2%. Es un progreso respecto a los valores de unos meses atrás”, indicó en las últimas horas el exsecretario de Finanzas del Gobierno de Fernando de la Rúa, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sin embargo, el economista aseguró que “falta para llegar a tener estabilidad y estándares internacionales” y mencionó el ejemplo de países internacionales, los cuales hablan de 2% anual y no mensual.

A su vez, advirtió que el IPC de julio puede dar con alzas, ya que es un mes en donde los servicios turísticos “tienen mayor incidencia”, y agregó que los combustibles “van a tener un gran impacto” como consecuencia de la guerra de Medio Oriente y las distintas subas que recibió el petróleo.

Por último, hizo hincapié en la frase del presidente Javier Milei, en donde afirma que la inflación “va a desaparecer” para el 2026.

Marx indicó que “hay una desaceleración” de la inflación y señaló que ve como “posible” que el año que viene continúe así.

Pese a eso, insinuó que de ahí a inflación 0% “es un paso muy importante”: “Sin embargo, haberla bajado de 200% al 2% es un gran paso”, concluyó.

La inflación en CABA se aceleró a 2,1%

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires en junio fue de 2,1% y se aceleró respecto a mayo cuando había sido de 1,6%, según datos del Instituto de Estadística de la Ciudad. De esta forma, el costo de vida en el primer semestre aumentó 15,3%. En comparación con junio de 204 la suba de precios fue de 44,5%.

El alza estuvo impulsada por servicios financieros (3,5%), vivienda (3,1%) y transporte (3,1%). Los alimentos subieron en el mes 1,6%.

El incremento había sido anticipado por las consultoras privadas y es un mal antecedente para la inflación a nivel nacional que se conocerá el próximo lunes 14.

Si bien los servicios financieros fueron los de mayor aumento, por la incidencia en los presupuestos el impacto mayor fue el aumento de 3,1% en los gastos en el mantenimiento de la vivienda. Este salto fue producto de las actualizaciones en servicios públicos y alquileres.

El 3,1% de alza en transporte surge por los ajustes en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los pasajes aéreos.

Los gastos en salud se elevaron 2,6%, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En lo que refiere a la educación, el aumento en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6%, a partir de los incrementos que se autorizaron en las mensualidades de los colegios privados.

Según la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos en el distrito aumentaron 1,6%. Este incremento se dio a partir de subas de 1,8% carnes, 2,4% en panificados, y 1,1% en lácteos. En sentido contrario, las caídas en verduras, tubérculos y legumbres (-1,4%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron un alza de 2,9%, igual al incremento que se produjo en recreación en cultura.

A diferencia de meses anteriores, la indumentaria se mantuvo prácticamente estable con un leve alza de 0,3%.

En la división por bienes y servicios, los incrementos fue de 1,4% y 2,6% respectivamente.

En otras de las divisiones, los precios estacionales subieron 1,2% y los regulados 2,4%.

Qué pasó en mayo

La inflación subió 1,5% en mayo último mientras que la interanual fue del 43,5%. Así, el mes pasado se alcanzó el índice de precios más bajo en los últimos cinco años. Además, en los primeros cinco meses de este 2025, los precios subieron 13,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue comunicación (4,1%), por subas en servicios de telefonía e Internet. Le siguió restaurantes y hoteles (3%), por las alzas en comidas fuera del hogar. Los dos ítems que registraron las menores variaciones en mayo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

El rubro con mayor incidencia en las regiones del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Pampeana y Cuyo fue restaurantes y hoteles (3%). En cambio, en el noreste y el noroeste la mayor incidencia se registró en alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), mientras que en la Patagonia fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en mayo fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

La variación interanual del 43,5% confirma 13 meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual fue la menor desde marzo de 2021.

La variación de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total, a partir de las cuales se mide la indigencia y la pobreza, fue de una baja del 0,4% y una suba del 0,1% mensual, respectivamente. En ambos casos, se trató de las variaciones más bajas desde que comienzan las series actuales en 2016.

No obstante, el colectivo Inquilinos Agrupados advirtió que “los alquileres suben muy por encima de la inflación”. “Tener un lugar donde vivir se ha vuelto imposible para los que alquilamos. Estos son número dramáticos: inflación mayo, 1,5%; alquiler de la vivienda mayo: AMBA, 7,2%; región Pampeana, 4,5%; NEA, 6,2%; NOA, 6,2%; Cuyo, 4,4% y Patagonia, 6%”, alertó Inquilinos Agrupados. Es uno de los sectores desregulados por el gobierno de Javier Milei.

En el 1,5% de mayo influyó una variación de merma del 2,7% en categorías estacionales como frutas, verduras, ropa exterior y consumos de turismo. Por encima del nivel general también se ubicaron el rubro bienes y servicios varios (2,6%), que incluyen cuestiones como cuidado personal, como peluquería; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%); educación (1,9%) y recreación y cultura (1,7%). Por debajo del 1,5% quedaron equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%), prendas de vestir y calzado (0,9%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), además de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y transporte (0,4%).

Como se jacta el Gobierno, tres anclas actuaron contra la inflación. La fiscal, es decir, la motosierra sobre el gasto público. La monetaria, es decir, el cierre de la canilla de la emisión para financiar el déficit del Estado y el del Banco Central. Y la cambiaria, o sea, mantener el dólar bajo, lo que es cada vez más cuestionado por economistas y que representa el punto débil del programa de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. El ítem que puede hacer saltar por los aires el plan de desinflación. La pregunta es si el asunto explotará y si lo hace sólo después de las elecciones legislativas de octubre próximo, una vez que el Presidente revalide en las urnas su popularidad gracias a la baja del índice de precios al consumidor (IPC).

Frutas y hortalizas más baratas

En un contexto económico donde la inflación golpea fuertemente el bolsillo de los argentinos, el horticultor Mariano Winograd aseguró que “en este último año, en donde la inflación probablemente haya sido del 40%, las frutas y hortalizas bajaron en un 40%”, contradiciendo el relato de que estos productos son responsables de la escalada inflacionaria.

Según Winograd, en diálogo con Rivadavia AM 630, los precios de frutas, verduras y hortalizas se determinan diariamente por la dinámica de la oferta y la demanda, un sistema sensible a múltiples factores: “La oferta está caracterizada por la capacidad que tienen los productores, el entusiasmo, el conocimiento de ofrecer productos al mercado, a lo cual se agrega la oferta importada. La demanda está determinada por infinidad de factores: desde que un fin de semana es más lindo que el otro, hasta el poder adquisitivo, las fiestas o el contexto cultural”.

A pesar de la caída en los precios, Winograd aclaró que “no podemos decir que se están consumiendo menos kilos” de frutas y verduras. Lo que sí se ha resentido es el ingreso de toda la cadena productiva: “Si los precios bajaron un 40%, el sector ha reducido en un 40% su ingreso, y eso se manifiesta inmediatamente en el mercado mayorista y muy rápidamente al público”.

Con ejemplos contundentes, Winograd graficó el fenómeno: “Cualquiera sabe que en este momento ir a una verdulería es lo más barato que hay. Con 20.000 pesos se lleva un montón de mercadería. Un caramelo vale prácticamente 1.000 pesos y 1 kg de mercadería vale lo mismo. Un alfajor vale 4.000 y por 4.000 uno se lleva 5 kg de mercadería. El precio es ridículo”.

Consultado sobre los productos de estación más accesibles, enumeró: “No vale nada la papa, no vale nada la zanahoria, no vale nada el zapallo, no vale nada la cebolla, no valen nada los cítricos. Son precios ridículos”.

El especialista enfatizó que, más allá del valor nutricional, estos productos se han transformado en una opción económica viable frente a la pérdida del poder adquisitivo: “Cualquiera que hoy quiera comer sano y barato puede hacerlo. Solo hay que mirar bien la verdulería”.

Finalmente, Winograd dejó una reflexión sobre el momento que atraviesa el sector: “Esto obviamente no le alcanza ni al verdulero, ni al mayorista, ni al productor. Pero hoy, las frutas y verduras son lo más barato que hay. Estamos ante un escenario que pocas veces se vio”.

Con informaciónn de agencias.

IG

Causa YPF: la jueza Loretta Preska anuncia si acepta la apelación de la Argentina

La jueza de Nueva York Loretta Preska decide este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que hicieron la demanda por la expropiación de la petrolera.

El jueves por la mañana, el Gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se ventila en Nueva York.

En la presentación, la Argentina adelanta que podría recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en caso de haber un nuevo fallo desfavorable.

Entre otros argumentos, la defensa argentina sostiene que la orden de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.

Además, pone sobre la mesa la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.

La presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

El fallo de la jueza

La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó el 30 de junio que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Pero no todo está perdido. La decisión puede ser apelada ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos.

Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.

Entonces, los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE UU a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión.

El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% -Repsol terminó cobrando por un acuerdo con aquella administración en 2014- sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.

Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se vendiera (en este caso, se nacionalizara) menos del 99% de la petrolera, según establecía su estatuto.

Así fue como el fondo buitre Budford se quedó con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. A su vez, Eaton pudo litigar porque tenía el 3,5% de YPF. Finalmente, ganaron el caso en el juzgado de Preska, pero hay apelaciones vigentes.

Espías sin comando: una interna histórica amenaza con reconfigurar el poder dentro de la SIDE

Lourdes Arrieta no usa eufemismos. Tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace apenas dos semanas, la diputada presentó una denuncia por escrito ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia: acusó al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, a su hijo Lautaro y al polémico empresario Leonardo Scatturice de integrar una red de poder paralela. El martes pasado, por primera vez, sostuvo esas mismas acusaciones cara a cara ante los legisladores. Llegó al sexto piso del anexo del Senado acompañada de su abogado y con nuevos documentos bajo el brazo.

La reunión fue a puertas cerradas, sin micrófonos ni registros públicos. Duró poco más de dos horas. Según la versión de un integrante de la comisión, fue “anodina”: Arrieta ratificó cada una de sus denuncias, pero enfrentó una respuesta quirúrgica de los representantes del PRO, que se valieron de los descargos escritos de Neiffert para contrarrestar sus dichos. Desde el entorno de la diputada, sin embargo, afirman que el material presentado fue contundente.

Pero más allá del efecto inmediato, el paso de Arrieta por el Senado dejó en evidencia algo más profundo: en el interior de la SIDE se libra una guerra soterrada entre sectores que se disputan el control del organismo, el manejo de los fondos reservados y la legitimidad política que los respalda. Su denuncia fue, en los hechos, la primera filtración pública de ese conflicto.

Varios espías lo admiten en off: la diputada mendocina actuó como válvula de escape de un sistema que funciona bajo presión. Expulsada de La Libertad Avanza a mediados de 2024, tras el escándalo por su visita a represores detenidos en Ezeiza, pero aún con acceso a información sensible, Arrieta parece haberse convertido en portavoz de una interna feroz que enfrenta a los recién llegados —referenciados en Santiago Caputo— con los resabios del stiusismo, operadores históricos de gobiernos anteriores y técnicos que intentan conservar su lugar en el esquema. Neiffert, como jefe formal de la SIDE, busca contener la crisis, pero hay dudas crecientes sobre su capacidad de mando real.

La guerra secreta

Detrás de la denuncia de Arrieta hay algo más profundo que una disputa puntual. Hay una fractura estructural que atraviesa a la SIDE desde su reconfiguración bajo el mando de Javier Milei. El decreto 614, firmado en julio de 2024, no solo rebautizó la exAFI como la tradición lo indicaba: Secretaría de Inteligencia del Estado. También partió el organismo en cuatro áreas diferenciadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Dirección de Asuntos Internos. Con esa división, Santiago Caputo intentó concentrar el poder político en la figura de Neiffert, un viejo conocido de su padre, y delegar la administración operativa en cuadros de confianza.

Pero no todo salió como se esperaba. Lo que se diseñó como una estructura eficiente rápidamente derivó en una guerra fría entre alfiles con autonomía relativa y terminales propias. De un lado están los “caputistas”, funcionarios que responden al asesor todopoderoso del Presidente. Son los que llegaron con la ola libertaria y que controlan, entre otras áreas, la ASN. Allí destacan nombres como el de Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos del excomisario Alejandro Cecati en esa agencia, con presencia operativa en la Triple Frontera.

Del otro lado, los “stiusistas”: cuadros históricos, técnicos y reciclados del kirchnerismo que supieron operar con el exdirector de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, o bajo su influencia, y que todavía sobreviven en algunos sectores. En el medio, una tercera fuerza: los “orgánicos”, operadores con años de trayectoria en inteligencia que no responden a ningún bando en particular, pero ven con preocupación cómo la SIDE se convirtió en campo de disputa entre modelos de poder.

El conflicto se desató cuando los sectores caputistas comenzaron a avanzar con una agenda propia, paralela a los canales diplomáticos formales. La contratación de Tactic Global LLC, una firma radicada en Florida que desde abril actúa como enlace no oficial del gobierno argentino en Washington, fue un punto de quiebre. Se supo que esa empresa, dirigida por el operador Leonardo Scatturice, fue contratada por la SIDE sin licitación ni decreto público. Cobra 10 mil dólares mensuales por representar al país ante actores del poder norteamericano, en tareas que normalmente le corresponderían a la Cancillería.

Según la denuncia hecha por Arrieta, detrás de ese contrato hay una estructura de lobby informal con terminales en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en los equipos de campaña de Donald Trump. A ese entramado pertenecerían también los hermanos Caputo —Santiago y Francisco, hombre clave en la Fundación Faro—, el ex PRO Manuel Vidal y la mujer que fue noticia en los últimos meses por haber llegado a la Argentina en un vuelo privado con valijas sin declarar: Laura Belén Arrieta, figura clave de la CPAC Argentina.

Ese episodio, el del avión Bombardier matrícula N18RU que aterrizó el pasado 26 de febrero en Aeroparque con diez valijas de las cuales solo cinco fueron declaradas, terminó de encender las alarmas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa de oficio, pidió los registros del hangar y los videos del desembarco. La publicación de las imágenes por parte del canal TN confirmó que las valijas no pasaron por controles de Aduana, pese a que el Gobierno lo había negado. En paralelo, la diputada incluyó el caso en su presentación ante la Bicameral, como muestra de cómo el oficialismo habría montado una “logística paralela” para mover recursos, operadores y mensajes fuera del radar institucional.

Enemistad histórica

El rol de Scatturice en esta trama también expone una tensión no resuelta en los subsuelos del espionaje argentino. A principios de siglo, el empresario fue señalado por sus vínculos con el mundo de la inteligencia, aunque sus voceros insisten en que jamás fue formalmente un espía. La primera vez que su nombre apareció en los medios fue durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando su consultora, C3 Consultings, quedó involucrada en una investigación por presunto espionaje. Su teléfono fue intervenido en el marco de la feroz interna entre Stiuso y Fernando Pocino, jefe de Reunión Interior.

Scatturice mantenía una relación cercana con los agentes alineados con Pocino, lo que lo convirtió en blanco de sus adversarios. El escándalo dejó expuesta una red de vínculos entre espías y empresarios dedicados a la inteligencia comercial. En las escuchas judiciales no solo surgieron nombres como el exjefe del Ejército, César Milani, y operadores de Comodoro Py, sino también conversaciones privadas de Scatturice con algún que otro dueño de medios. Todo ese universo quedó encapsulado en una causa judicial aún abierta, conocida como “Dark Star”, impulsada por Stiuso bajo la denuncia de un presunto espionaje británico.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Scatturice. Primero se radicó en Panamá y luego en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con la norteamericana Diana Marquardt y desde entonces busca obtener la green card. Desde el exterior, sin embargo, nunca cortó sus vínculos: amplió su red de negocios, afianzó su influencia en círculos de poder y mantuvo interlocución con exagentes, consultoras y operadores locales que, según diversas fuentes, todavía hoy lo consideran un actor relevante en las sombras.

Hoy, más de una década después de aquella denuncia realizada en 2014, algunas figuras ligadas al stiusismo habrían mutado de bando: en la central afirman que varios cuadros con pasado en la vieja escuela responderían, de forma directa o por vasos comunicantes, a los intereses de Scatturice. La reconciliación entre antiguos enemigos no sería total, pero el pragmatismo —y sobre todo, ciertos negocios en común— habría limado viejas asperezas. Del otro lado, los leales a Stiuso aún ven con recelo esta posible fusión.

Motivaciones

Es en ese contexto donde muchos ubican el germen de la denuncia presentada por Arrieta: no como un intento de saneamiento institucional, sino como un misil lanzado desde adentro del sistema, destinado a forzar una intervención externa que desmonte una red donde los bordes entre lo público y lo privado, lo legal y lo clandestino, se desdibujan cada vez más.

Es que la diputada no es una outsider. Tampoco es una aliada clásica del kirchnerismo ni del radicalismo, los dos espacios que suelen motorizar los controles sobre los organismos de inteligencia. Su salida de La Libertad Avanza tuvo más que ver con una interna de poder que con convicciones. Hace un mes, oficializó su pertenencia a Transformación, el espacio que lidera Eugenio Casielles, un dirigente con línea directa con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma.

Alrededor suyo también orbitan algunas otras figuras de peso. Una de ellas es su colega diputada Marcela Pagano, hoy enemistada con el núcleo duro del mileísmo, pese a seguir formando parte del bloque de La Libertad Avanza. Su pareja es el abogado y empresario de medios Franco Bindi, con vínculos en Comodoro Py y una historia cruzada con los servicios de inteligencia y el aparato mediático kirchnerista.

Desde su lugar, Arrieta juega un partido doble: formalmente se muestra como una diputada preocupada por el control parlamentario de los fondos reservados, pero su ofensiva también podría estar alimentada por sectores de la vieja guardia desplazada. En su entorno, sin embargo, niegan cualquier especulación. Aseguran que la diputada está actuando en solitario, con asesoramiento legal propio y con el respaldo necesario de documentación.

La intervención de Arrieta alteró la quietud habitual de la Bicameral de Inteligencia, una comisión que existe por mandato legal pero que rara vez incomoda al poder real de los servicios. Compuesta por catorce legisladores y con funciones limitadas, suele moverse con cautela entre informes reservados y sesiones selladas. En ese clima, su aparición en el Senado fue leída como un gesto inusual. Para algunos fue un acto valiente; para otros, una jugada impulsada por intereses ocultos. Lo cierto es que el sistema parece sacudirse. Y nadie puede asegurar si es apenas un chispazo o el inicio de algo más.

PL/MG