Agua Grande

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Milei asume en plena campaña el costo político de anular otro aumento a los jubilados, que siguen cobrando haberes de pobreza

Javier Milei encabezará este miércoles el relanzamiento formal de la campaña legislativa en el principal distrito electoral del país, Buenos Aires, con una foto con sus candidatos seccionales. Lo hará después de haber firmado este sábado el veto al aumento jubilatorio y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Presidente dejó en claro desde un inicio que no cedería ante medidas que impliquen más gasto social. Pero también prometió en su campaña presidencial que al ajuste no lo iba a pagar la gente sino la casta política. Lo primero lo cumple a rajatabla, inclusive cobrando más impuestos a la población. Lo segundo no lo cumple para nada a juzgar por los salarios y haberes de miseria que cobra la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina; y en especial, los jubilados.

“Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, proclamó en un comunicado oficial, en septiembre del año pasado. Aquel episodio marcó el tono de su gestión: el mandatario vetó el primer intento de la oposición de conseguir una mejora para los jubilados con una ley de movilidad jubilatoria que otorgaba un 8% adicional y celebró que la Cámara de Diputados no lograra los dos tercios para revertir su veto. Incluso organizó un asado en la Quinta de Olivos para homenajear a quienes definió como los “87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.

El 10 de julio pasado, la oposición consiguió aprobar por segunda vez en el Congreso un paquete de alivio social que incluye un aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, llevar de $70.000 a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, una prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei anticipó que vetaría todas estas leyes por considerarlas una amenaza a su plan económico. “Un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal”, argumentó. El sábado, cumplió su amenaza y firmó los vetos que hoy se publican en el Boletín Oficial.

Fiel a su estilo beligerante, acusó de “genocidas” a los legisladores que apoyaron las mejoras sociales. En declaraciones radiales, tildó de “hijos de puta” a los senadores opositores por votar lo que él calculó como un aumento del gasto “de casi tres puntos del PBI”. Simultáneamente, anunció un recorte de retenciones al agro que costará hasta 0,22% del PBI en recaudación, la mitad de lo que implicaría el aumento a jubilados.

Milei tenía plazo hasta este lunes 4 de agosto para firmar los vetos. En la Casa Rosada confían en reunir el número de diputados necesario para impedir que la oposición logre los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales. La negociación política fue intensa en las últimas semanas: el oficialismo activó gestiones con gobernadores aliados, ofreció partidas extraordinarias y cerró pactos electorales locales a cambio de colaboración parlamentaria. Con la incorporación de los llamados “radicales con peluca” al interbloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista consolidó una base cercana a 46 votos propios. A ellos se sumarían diputados del PRO y otros aliados provinciales, con lo cual el Gobierno calcula acercarse a los 80 votos. Las ausencias serán clave: el oficialismo necesita alrededor de 86 votos presentes para garantizar el veto.

El trasfondo de esta disputa es eminentemente político-electoral. Milei apuesta a exhibirse como el Presidente que no se doblega ni siquiera en año electoral, confiando en que sus votantes premien su coherencia. Sin embargo, el costo político podría ser alto en sectores sensibles a la situación de jubilados y personas con discapacidad. No es casual que cinco gobernadores hayan lanzado un frente con críticas al ajuste libertario. Las imágenes de abuelos reprimidos y la retórica explosiva del Presidente generan ruidos en las alianzas que Milei teje rumbo a octubre.

Jubilaciones de miseria en una Argentina empobrecida

La determinación presidencial de frenar el aumento jubilatorio ocurre en un país donde gran parte de la población vive una emergencia económica silenciosa. La Argentina cuenta con unos 7,4 millones de jubilados, de los cuales 63,5% cobra la mínima. Esa jubilación mínima se ubicó en julio en $309.000, que gracias a un bono de refuerzo llega a $379.000. Al tipo de cambio vendedor de $1.375 por dólar (pizarra del Banco Nación del viernes), equivale a unos 278 dólares mensuales. Este ingreso apenas roza la línea de pobreza: según el último dato del Indec, una persona adulta necesita $358.048 mensuales para no ser pobre, monto que no contempla necesidades específicas de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad estima que un jubilado debería percibir más de $1,2 millones para cubrir una canasta básica adecuada.

En 2024, con la inflación aún fuera de control (y aunque ahora baja todavía persiste y, a diferencia de los ingresos de las personas, los precios suben todos los meses), el haber mínimo real perdió 4,4% de poder de compra desde el cambio de gobierno. En febrero de ese año, el haber real tocó su peor nivel en 15 años, ubicando a la mitad de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. El proyecto aprobado por el Congreso implicaría llevar la jubilación mínima a alrededor de $441.200, un monto que, si bien seguiría siendo bajo, representaría un alivio concreto para quienes cobran menos.

Protestas y mano dura en las calles

Lejos de resignarse, los jubilados argentinos ganaron visibilidad con protestas semanales frente al Congreso. Desde el año pasado, cada miércoles se congregan para exigir una jubilación digna, y cada semana enfrentan un despliegue policial más intenso. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich convirtió estos reclamos en campo de pruebas para su protocolo antipiquetes. El operativo del 30 de julio fue particularmente violento: fuerzas federales triplicadas que usaron gas pimienta y balas de goma incluso contra jubilados de avanzada edad y periodistas. Hubo al menos cinco detenidos y decenas de heridos. Las imágenes de abuelos con bastones enfrentando escudos policiales son el símbolo de una nueva época amarga para los bosillos de los adultos mayores.

Bullrich reivindicó estas acciones como necesarias. “Demostramos que tenemos la posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos”, dijo. Milei delegó en Bullrich la misión de poner reprimir mientras él pasa la motosierra contento, sin acusar recibo del sufrimiento de las personas, con la carcajada de payaso loco. “Las calles no se toman... si se toman, habrá consecuencias”, advirtió la ministra. Esa política se tradujo en operativos semanales de disuasión frente al Congreso, con gendarmes, detenciones preventivas y uso recurrente de gases.

La tensión en las calles va en aumento. Los jubilados que protestan cada miércoles ya son acompañados por sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos decepcionados con sus propias dirigencias. “No vamos a salir de las calles”, advierten los manifestantes. La persistencia de estas marchas semanales, pese a la represión, generó comparaciones con las movilizaciones de los años noventa lideradas por Norma Plá. Su figura reaparece en pancartas que claman “todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo”.

Milei juega al límite. Retrasar el veto de las leyes le dio tiempo para la rosca política y para intentar contener la presión social. Si su cálculo resulta correcto, se anotará otra victoria legislativa: impondrá nuevamente su ajuste, pero a costa de intensificar el desgaste de su imagen. La batalla final se dará en el recinto. Si Milei triunfa en sostener sus vetos, llegará a octubre con un ajuste invicto bajo el brazo, pero deberá cargar con las consecuencias: jubilados empobrecidos, personas con discapacidad desprotegidas y una sociedad que se debate entre apoyarlo en octubre, en su afán de “normalizar” la economía, o hacerle sentir el rigor de las urnas: la que sigue viviendo muy bien, pese al paso del tiempo y gracias a su propio gobierno, es justamente la casta, no la gente.

Los vetos en el Boletín Oficial

JJD

Encerrada en San José, Cristina pivotea entre el rol de mediadora, la aritmética del Congreso y la campaña por su liberación

En las horas frenéticas de la noche del cierre bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner levantó el teléfono para intervenir en dos oportunidades. Para convencer a Axel Kicillof de bajar la candidatura de Verónica Magario (y de todas las candidaturas testimoniales) y para que Leo Grosso, del Movimiento Evita, entrara como candidato. En la primera fracasó, no así en la segunda, pero eso fue todo: aislada en su departamento sobre la calle San José, CFK delegó en sus armadores de La Cámpora la confección de las listas. Un ejercicio remoto del liderazgo que, a días del cierre nacional, tendrá un desafío: el de mediar para impedir que la unidad explote por los aires.

“Hay que ir juntos para resistir a Milei, no para posicionar gente para 2027. Hay que ser hijo de puta”, dispara, malhumorado, una de las primeras líneas de La Cámpora. De diálogo casi diario con CFK, el dirigente sintetiza, así, la reacción que tuvo el cristinismo frente a la aventura independentista de Juan Grabois. El gran drama de la interna peronista que se presenta, por estas horas, como la principal amenaza de ruptura en la previa del cierre de alianzas nacionales del 7 de septiembre.

En La Cámpora fueron más cautos que en el massismo –en donde salieron a calificar a Grabois de “mentiroso, delirante e inútil”–, pero CFK no perdió oportunidad para transmitir su enojo. En el cristinismo, el ultimátum del líder de Patria Grande, que advierte que jugará por afuera si Sergio Massa encabeza la lista de diputados nacionales, cayó como un baldazo. Casi como una traición. “Los que antes me decían que me deje de pelear con Axel son los mismos que se quieren pelear”, se quejó el propio Máximo Kirchner, en una entrevista con Cenital.

Detenida con prisión domiciliaria en Constitución, CFK observa desde arriba la discusión interna. No cuenta con la centralidad política que tenía antes del fallo de la Corte Suprema –o, incluso, en las semanas posteriores al anuncio de su inhabilitación–, pero ejerce su liderazgo como el martillo de un juez cuando hay una disputa. Y, a dos años de las PASO entre Massa y Grabois, la presidenta del PJ advierte que debe volver a intervenir para mediar en la guerra de extremos del peronismo frentista.

No está contenta con la vocación separatista de Grabois, y así se lo hizo saber al líder de Patria Grande (con quien nunca dejó de hablar). El rechazo de CFK, sin embargo, es más práctico que político. La ex presidenta tiene una calculadora en la cabeza que sopesa la cantidad de bancas que puede sumar el bloque peronista de la Cámara de Diputados y percibe que, de ir separados, el peronismo podría perder un diputado. El cálculo es por el sistema D’Hondt, la fórmula electoral que se utiliza para establecer el reparto de escaños y que tiende a favorecer la acumulación de votos por sobre la disgregación.

“El peronismo tiene 15 bancas para renovar en PBA, ¿cuál es la mejor manera de renovarlas? Bueno, se decidió que era con la unidad”, grafica Máximo, en espejo de lo que piensa, por estas horas, su madre. CFK está preocupada por la composición del Congreso, que observa como el último bastión de la resistencia de la oposición frente a Javier Milei. El objetivo, explican en su entorno, es sumar masa crítica para poder conformar alianzas legislativas que permitan sortear los vetos presidenciales. Sin número, insisten, no hay resistencia posible. Y la unidad garantiza más escaños.

Este es el argumento que explica, por ejemplo, la presencia de Guillermo Moreno en un acto encabezado por Máximo en Hurlingham. Una aparición que, por un lado, funcionaba como un mensaje cifrado en medio de la interna entre el intendente Damian Selci y “Juanchi” Zabaleta: una suerte de sello de garantía peronista frente a un Zabaleta que acusa a La Cámpora de ser “gorila”. Pero, por el otro, una apuesta a reforzar la idea de que, en esta elección, la prioridad es ir juntos. Con todos. Hasta con Moreno, antiguo enemigo de Axel Kicillof y de La Cámpora y que, ahora, se especula que irá séptimo en la lista de diputados nacionales. Tábula rasa.

En Patria Grande, sin embargo, se resisten a este análisis. El argumento es que Grabois, de jugar por afuera, podría sumar votos de electores menos proclives a votar a Massa. Es la misma lógica que atravesó las PASO de 2023, en las que Grabois fue a una interna presidencial con Massa para sumar votos por izquierda y terminó sacando 1,4 millones de votos (la mayoría en Provincia de Buenos Aires).

“No hay votantes de Juan que no nos voten a nosotros”, mascullan, sin embargo, en La Cámpora, y advierten: “No hay lugar para impugnar a nadie. Y Massa forma parte de esta nueva etapa del kirchnerismo”.

Entre nombres y campañas internacionales: la agenda de CFK

Las negociaciones con Patria Grande están abiertas y en el kirchnerismo, pese al mal humor, apuestan a poder cerrar una lista de unidad en la Provincia de Buenos Aires para el 17 de septiembre (fecha de la presentación de las listas nacionales). Es, después de todo, el mayor desafío que tiene Fuerza Patria por estas horas, ya que en otros distritos, como Ciudad de Buenos Aires, el camino está mucho más allanado.

Del otro lado de la General Paz, por ejemplo, el camporista Mariano Recalde se hizo cargo de la campaña y se dedicó a sumar a los espacios que habían competido por afuera en la elección porteña. Principios y Valores (Moreno), el Movimiento Evita (Juan Manuel Abal Medina) y Unidad Popular (Claudio Lozano) –ninguna de las cuales logró superar el piso en la elección local– irán dentro de la lista de Fuerza Patria. Recalde encabezará la lista de senadores nacionales, pero la de diputados es una incógnita: depende, una vez más, de lo que suceda con la negociación con Patria Grande. Si hay unidad podría ir Ofelia Fernández.

En PBA, mientras tanto, los negociadores analizan un nombre para encabezar que no genere dolores de cabeza a nadie. El objetivo es sostener la frágil unidad. Nada más. “Inodoro, incoloro, insípido”, ironiza un dirigente de La Cámpora. Es decir: alguien que no sea ni Grabois ni Massa. Hay varios nombres circulando, como el de Jorge Taiana o el del intendente de Pilar, Federico Achaval.

Existe la posibilidad, a su vez, de que el propio Máximo encabece la lista como una forma de no generar rispideces: sería una decisión aceptable tanto para Massa como para Grabois. Kicillof podría tener cierta resistencia, pero luego del desastroso cierre de alianzas, que estuvo al borde de la ruptura, el camporismo y el kicillofismo sellaron una tregua: resistir unidos hasta el cierre de listas. “Es un matrimonio por conveniencia. Esperamos que con el tiempo llegue el amor”, desliza, entre risas, un cristinista.

CFK tendrá el okey final. Al igual que con la estrategia, que Fuerza Patria aún no terminó de definir. El consenso mayoritario de las tres tribus, sin embargo, es que la campaña girará fundamentalmente en torno a Milei y sus políticas.

Otro eje, aunque secundario, será la campaña por la liberación de Cristina. Tendrá dos ejes: uno ciudadano y otro internacional. El ciudadano consistirá en la organización de comités barriales que harán campaña por la inocencia de Cristina, en sintonía a lo que fue el “Lula Livre” del presidente brasileño cuando fue detenido.

La otra pata, la internacional, ya está en marcha y buscará denunciar la proscripción de Cristina en foros extranjeros. Hay dos comitivas que viajarán, durante el fin de semana, a México y Brasil a participar de encuentros partidarios en ambos países. El objetivo es consolidar la campaña como una causa regional, llevándola por fuera de los límites de la coyuntura electoral. Una bandera que la propia CFK desliza que no tiene que ser la prioritaria.

MC/MG

Los crímenes de Israel en Gaza, en imágenes: desplazamiento, hambruna, asesinatos y destrucción

Han pasado casi 22 meses desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los ataques que el grupo palestino Hamas perpetró el 7 de octubre de 2023 –en los que murieron 1.200 personas–. Desde entonces, Israel mató a más de 60.000 gazatíes, de los cuales cerca del 50% eran menores de edad y mujeres, según el Ministerio de Sanidad palestino. Además, destruyó buena parte de los edificios del enclave y las posibilidades de vida de la población, ahora arrinconada en una pequeña porción de la Franja, donde malvive en campos de desplazados y se muere de hambre.

Las acciones de Israel en Gaza fueron denunciadas a nivel internacional y calificadas como crímenes de guerra por Naciones Unidas y otros organismos, como la Corte Penal Internacional de La Haya, que emitió una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas son algunas de las atrocidades que el Gobierno israelí ordenó o autorizado y que su Ejército planificó y ejecutó sin tener que rendir cuentas, de momento, a nivel nacional ni internacional.

Desplazamiento forzoso

Con todo a cuestas, obligados a trasladarse una y otra vez a una porción de territorio cada vez más pequeña. Desde el comienzo de su ofensiva, el Ejército israelí ha ordenado a los residentes de numerosas zonas de Gaza que se marchen por su “seguridad”, vaciando, destruyendo y ocupando localidades enteras, como la ciudad de Rafah, al sur, en la frontera con Egipto.

A día de hoy, casi el 90% del territorio de la Franja está vetado a los civiles porque Israel lo controla militarmente o lo considera zona de combate, por lo que sus más de dos millones de habitantes se encuentran hacinados en unos 45 kilómetros cuadrados, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La mayor parte de las familias de Gaza se han visto desplazadas en más de una ocasión desde octubre de 2023 debido a las órdenes de evacuación militares, los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes. El norte de la Franja ha sido el más golpeado a lo largo de la ofensiva y su población ha sido expulsada casi por completo.

Bombardeos indiscriminados

Decenas de miles de muertos y heridos y una destrucción apocalíptica: es el resultado de los incesantes ataques israelíes por aire y por tierra contra las localidades palestinas. Según el Ministerio de Sanidad palestino, casi el 50% de los fallecidos en los pasados 22 meses son mujeres y menores de edad, lo cual indica que no eran combatientes, sino civiles. Entre los más de 18.000 menores asesinados, más de un tercio tenía entre seis y 12 años.

“Alrededor de un tercio de nuestros pacientes han sido niños y niñas, otro tercio mujeres y otro hombres, de todas las edades”, explica Graeme Groom, un cirujano británico que ha salido recientemente de Gaza, en una entrevista con elDiario.es. “Cuerpos mutilados, amputaciones. Nos despertábamos por la mañana, entre las cuatro y las seis, con el coro de bombas, misiles y drones y, a veces, armas de fuego automáticas”.

Los bombardeos contra zonas residenciales han dejado destruidas o inhabitables más de 350.000 viviendas y otras más de 200.000 han sufrido destrozos, según los datos del Gobierno de Gaza, controlado Hamas. En algunos de esos ataques, familias enteras han sido aniquiladas. Más de 7.000 familias han perdido al menos a uno de sus miembros.

También la infraestructura de la Franja está ampliamente dañada, desde las carreteras hasta las plantas desalinizadoras. Según una evaluación del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea de principios de 2025, los daños materiales causados por la guerra ascienden a casi 30.000 millones de dólares y serán necesarios más de 53.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza.

Bloqueo de la ayuda humanitaria

Tras el 7 de octubre, el Gobierno israelí prometió que no habría luz ni agua ni combustible en Gaza, y ha cumplido sus promesas.

Desde el comienzo de su ofensiva contra Gaza, ha cortado el suministro de agua y electricidad, y ha estado limitando la entrada de ayuda humanitaria y otros productos. El pasado marzo, impuso un bloqueo total hasta finales del mes de mayo, cuando empezó a permitir la distribución de comida por parte de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, una opaca entidad gestionada por una empresa estadounidense que se coordina sobre el terreno con las tropas israelíes.

De esta forma, Israel no solo está incumpliendo su deber como país ocupante del territorio palestino, sino que incumple las órdenes dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que, ya en enero de 2024, exigió a Tel Aviv “proveer urgentemente de servicios básicos y asistencia humanitaria” a los gazatíes. En mayo de ese año, el máximo tribunal de la ONU instó a Israel a “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres” de la Franja, que a día de hoy permanecen en su mayoría cerrados y los suministros básicos entran con cuentagotas.

Desde el pasado domingo, ante una creciente indignación mundial por las imágenes de las consecuencias de este bloqueo, Israel ha autorizado la entrada a Gaza de algunos camiones de ayuda humanitaria y el lanzamiento de paquetes desde aviones sobre el enclave, pero la ONU ha considerado que la cantidad que llega a la Franja es “una gota en el océano” de las ingentes necesidades.

Hambre como arma de guerra

Niños emaciados, padres y madres demasiado hambrientos para cuidar de sus hijos, médicos que sufren desmayos y están demasiado débiles para tratar a los pacientes. El principal sistema internacional que supervisa las crisis alimentarias ha confirmado esta semana que “el peor escenario posible de hambruna se está produciendo actualmente” en Gaza, donde los indicadores de consumo de alimentos y nutrición han alcanzado sus peores niveles desde el comienzo de la ofensiva israelí y el endurecimiento del bloqueo sobre la Franja. Dos de los tres umbrales de la hambruna que vigila el sistema ya se cumplen en algunas partes del territorio.

En los pasados meses, el hambre ha aumentado considerablemente y más de 500.000 personas (casi una cuarta parte de la población gazatí) padecen condiciones similares a la hambruna. Además, más de 20.000 niños han sido ingresados para recibir tratamiento por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio. El Ministerio de Sanidad palestino cifra en 154 los muertos por desnutrición, de los cuales 89 eran niños.

Uno de los crímenes que la Corte Penal Internacional imputó a Netanyahu fue precisamente “el crimen de guerra de inanición como método de guerra”. Numerosas voces han alertado de que Israel está usando el hambre de los civiles como arma contra los palestinos e imponiendo deliberadamente condiciones de vida calculadas.

Disparos contra los que buscan comida

Francotiradores, caos, desesperación, masacres. Aparte de restringir la entrada de ayuda humanitaria, Israel está disparando a las personas que tratan de conseguir la escasa asistencia que es distribuida en la Franja, principalmente por la Fundación Humanitaria de Gaza desde finales de mayo. El reparto de paquetes de comida en los centros militarizados de esta entidad (dentro de los que hay contratistas armados de Estados Unidos) ha sido muy criticado y se ha convertido en “una trampa mortal”, según la ONU y organizaciones humanitarias independientes.

Las tropas israelíes están desplegadas en los alrededores de los puntos de distribución y son las encargadas de gestionar a los miles de palestinos que acuden a recoger la ayuda. Medios de comunicación y testigos de Gaza han denunciado que los soldados disparan contra la muchedumbre, incluido con los tanques, y han causado cientos de víctimas en incidentes muy similares. Las autoridades sanitarias gazatíes cifran en 1.330 los fallecidos y en casi 9.000 los heridos.

Human Rights Watch ha afirmado que la actuación de las fuerzas israelíes, que “han abierto fuego de forma rutinaria contra los civiles palestinos hambrientos”, constituye una grave violación de la ley internacional y crímenes de guerra.

Silenciar a la prensa

Los periodistas palestinos han sido los ojos del mundo en los pasados casi dos años, pero han pagado un precio muy elevado por su labor indispensable. Israel no ha permitido la entrada de la prensa internacional a la Franja de Gaza desde el comienzo de su ofensiva y ha impuesto restricciones sobre la información que se publica de sus operaciones militares y sus devastadoras consecuencias –recientemente, ha prohibido a los periodistas tomar imágenes desde los aviones que lanzan ayuda humanitaria sobre el enclave palestino–. Además, en lo que se considera de manera generalizada como un intento de evitar que se conozca lo que sucede en el enclave palestino, ha tenido como objetivo a los periodistas locales.

Según el Gobierno gazatí, más de 230 profesionales de la información han sido asesinados. La ONG Reporteros Sin Fronteras considera que al menos 46 de los periodistas muertos fueron blanco de ataques por su actividad informativa. Algunos han sido víctimas de ataques selectivos israelíes contra sus vehículos o sus viviendas y han muerto junto a sus parientes u otros colegas. También se les ha criminalizado, acusándolos de ser “terroristas”. Recientemente, los medios AFP, Associated Press, BBC y Reuters dieron la voz de alarma por la situación de sus colaboradores en la Franja ante la falta de alimento.

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado ante la Corte Penal Internacional los crímenes de guerra perpetrados por el Ejército israelí contra los periodistas palestinos.

Ataques contra escuelas y refugios

Las clases en Gaza se interrumpieron bruscamente el 7 de octubre de 2023 y no han vuelto a empezar para cientos de miles de niños y jóvenes. El sistema educativo ha sido destruido por la guerra, que ha dejado sin educación y sin perspectivas de futuro a las nuevas generaciones. Según un informe de Education Cluster (una iniciativa de UNICEF y Save the Children), más del 95% de las escuelas han sido dañadas en mayor o menor medida, con 406 edificios golpeados directamente (un 72% de todas las escuelas de Gaza).

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) gestionaba una amplia red de casi 300 centros –en los que recibían educación más de 600.000 estudiantes de primaria– que desde los primeros meses del conflicto empezaron a acoger a familias desplazadas. Las escuelas de la UNRWA han sido las más afectadas por los ataques israelíes, lo cual no solo ha privado a niños y niñas de la educación, sino a los desplazados de un lugar seguro.

Israel ha acusado reiteradamente a los milicianos de Hamas de esconderse y operar en centros de la UNRWA, y ha atacado las escuelas y otros lugares reconvertidos en refugios. Con la misma justificación ha atacado otras infraestructuras civiles, como hospitales y templos religiosos.

La Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, que acusa al Gobierno de Netanyahu del crimen de exterminio, entre otros, ha constatado que en muchas acciones militares de Israel no se han identificado objetivos militares que sirvieran de argumento para el lanzamiento de un ataque.

Destrucción del sistema sanitario

Hospitales asediados, bombardeados y destruidos: ni siquiera estos edificios protegidos por la ley internacional se han librado de la barbarie. El sistema sanitario ha colapsado debido a los ataques contra las instalaciones y el personal médicos, y la falta de suministros, por un lado, y la gran cantidad de heridos de guerra y enfermos que saturan los servicios, por otra. De los 150 hospitales y centros sanitarios de Gaza, 31 están destruidos y 83 no están operativos después de los casi 22 meses de ofensiva, según el Ministerio de Sanidad local. Más de 1.500 trabajadores del sector han sido asesinados.

El bloqueo israelí ha afectado muchísimo a este sistema vital, ya que los hospitales y otros centros dependen de generadores eléctricos para los que es necesario combustible, que entra con cuentagotas en Gaza. Asimismo, los medicamentos y otros suministros fundamentales escasean; eso ha causado la muerte de muchos heridos que podrían haber sobrevivido si hubieran recibido un tratamiento adecuado o no habrían tenido que sufrir una amputación.

La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 14.000 personas necesitan salir de la Franja para recibir tratamiento médico urgente, pero las evacuaciones son extremadamente complicadas debido a que Israel mantiene los pasos fronterizos cerrados y no autoriza la salida de los palestinos.

Teología de la Liberación 2.0: Cuando la iglesia se vuelve verde

Por casi 2.000 años, la Iglesia Católica –por entonces absolutamente mayoritaria en América Latina– se preocupó más por la salvación de las almas que por los entornos y circunstancias en los que esas almas vivían. Hubo, desde luego, figuras disidentes –como Fray Bartolomé de las Casas, quien escribió Brevísima relación de la destrucción de las Indias– que dieron cuenta del arrasamiento que siguió a la conquista de América.

Fueron minoría y hubo que esperar casi cuatro siglos para que –bajo la forma de la denominada Teología de la Liberación– surgiera en y para este continente una mirada que convirtiera a los textos sagrados en una hoja de ruta. Todo sucedió después del Concilio Vaticano II y de un Papa (Juan XIII) muy consciente de que la alevosa desconexión entre la Iglesia y el mundo exigía una urgente modernización.

El proceso conciliar implicó más de 2.000 asistentes (o “padres conciliares”, venidos de todo el mundo), dos años de duración, dos Papas (Juan para la apertura y su sucesor, Paulo VI, para el cierre) y una lengua (el latín) que, para cuando proceso estuvo terminado, ya no era la única en la que hablaba la Iglesia. En efecto, aquel vigésimo primer concilio ecuménico marcó un nuevo rumbo en una institución milenaria y definitivamente hostil al cambio.

Entre los muchos resultados de aquel encuentro, hubo uno más que simbólico: se pasó de la misa en latín –llena de “ora pro nobis”, “Agnus dei quitoli pecata mundi” y mil frases más que la gente repetía sin entender– a una en lengua vernácula. De repente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron fuerte, claro y en paisano. Más aún, el padre oficiante –que había estado por siglos de espaldas a los feligreses– comenzó a dar misa mirando a la gente. Directo a los ojos de sus comunidades. Distraerse entre hostias y pilas bautismales, con el tiempo, dejó de ser opción. El compromiso era ahora con los pobres reales, con los descalzos de carne y hueso.

El resto ya es historia: el sacudón lo conmovió todo y terminó sintiéndose mucho más allá de catedrales y tiempos. Tanto que se volvió una reacción en cadena: tres años más tarde, en 1968 y con el objetivo de adaptar a la realidad latinoamericana el mensaje del II Concilio, se desarrolló en Medellín, Colombia, la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM). Y en 1971 vio la luz el que se considera el texto fundacional del movimiento: Teología de la Liberación, del sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez.

En este texto se consignan los fundamentos de una revolución “desde abajo” que –en tiempos de Guerra Fría– fue mirada con enorme desconfianza tanto por los Estados Unidos como por las oligarquías que eran sus aliados locales.

Ya desde entonces fue clara la relación directa entre las venas abiertas de esos territorios degradados y las condiciones de vida de quienes los habitaban. Sólo que, con los años, ese vínculo entre la revolución “desde abajo” y la lucha en defensa del ambiente se volvió insoslayable. Pelear en defensa de los pobres fue sinónimo entonces de alzar la voz por los ríos, la selva, los montes. La tierra vuelta metáfora de las vidas que dependían de ella.

No por casualidad a Gutiérrez, que en mayo de 2018 cumplió 90 años, el papa Francisco lo felicitó diciendo: “Gracias por todos tus esfuerzos y por tu forma de interpelar la conciencia de cada uno para que nadie quede indiferente al drama de la pobreza y de la exclusión”. ¿Coincidencia? En absoluto.

De texto sagrado al texto sangrado

Volviendo a los días posteriores al Concilio, todo fue por entonces una revolución. En un proceso de bajada de la Biblia a la tierra, cerca del sufrimiento y de las luchas de lo que el pensador uruguayo Eduardo Galeano bien llamó “los nadies” (“los hijos de nadie, los dueños de nada. Los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo en vida”), parte de la Iglesia de Latinoamérica dejó de lado la salvación personal y apostó a la redención colectiva. A la lucha por el Paraíso en la Tierra.

Sin embargo, la prédica de muchos de esos sacerdotes fue percibida como una amenaza, ya no sólo por los gobiernos autoritarios que pulularon en la década de 1970 sino también por la misma jerarquía de la Iglesia católica, más preocupada por resistir los embates del comunismo que por escuchar a sus fieles. Como decía –no sin ironía– el sacerdote Elder Cámara, único brasileño candidateado cuatro veces al Premio Nobel de la Paz: “Cuando doy de comer a un pobre soy un santo. Cuando pregunto por las causas de su pobreza, soy un comunista”.

Todo, con el tiempo, se volvió salvaje. En pocos años, el clima político se enrareció y una sotana ya no fue garantía de nada. Así, en mayo de 1974, en Argentina, un grupo armado de extrema derecha asesinó a balazos al sacerdote Carlos Mugica, parte del movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Dos años más tarde, también en Buenos Aires, un grupo paramilitar ejecutó a tres curas y a dos seminaristas palotinos.

Pero tal vez fue el asesinato en plena misa de Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, lo que marcó un límite sangriento para esta Iglesia comprometida con su pueblo.

Con todo, los sacerdotes “en opción por los pobres” nunca se detuvieron sino que ajustaron sus acciones a un nuevo y más hostil paisaje. Los dos papados siguientes (Juan Pablo II y Benedicto XVI) volvieron a colocar a la Iglesia en su tradicional distancia con respecto al mundo. Hasta que la llegada al Vaticano de un cura venido desde el sur del sur y con una propuesta radicalmente distinta (“Hagan lío”) reavivó el mensaje del Concilio Vaticano II.

Del papa Francisco a los curas “verdes”

Hoy, al impulso de viejas demandas reescritas bajo nuevas lógicas y a la luz de textos-faro como Laudato Si’ (Loado seas, frase tomada de un texto de San Francisco de Asís y título de la carta encíclica del Papa Francisco considerada la primera “encíclica verde” por su defensa abierta de la Naturaleza y el llamado a cuidar de “la Casa Común”), el espíritu de la Teología de la Liberación parece volver a latir en distintos puntos de nuestra América.

En cada marcha, en cada discurso, en cada mensaje, son los sacerdotes unidos a sus comunidades y los curas de base lo que se colocan al frente de muchas disputas ambientales. Con una particularidad para nada menor: los sacerdotes alguna vez acusados de “rojos”(comunistas) son ahora rebautizados como “verdes” (en el sentido de ambientalistas) y reciben ataques y amenazas que a menudo se extienden a sus comunidades.

Los curas acompañaron los reclamos contra la minería en Esquel desde el principio, hace de esto ya más de dos décadas, y sostuvieron ese reclamo en el tiempo. En 2012, por ejemplo, los sacerdotes de la prelatura de Esquel se manifestaron abiertamente en contra de la megaminería y, seis años después, el cura Antonio “Tono” Sánchez Lara tuvo el extraño privilegio de participar de una “cumbre” de referentes políticos y empresarios mineros en Chubut. Allí, no bien tomó el micrófono, repudió la represión a los vecinos y dijo que “la empresa miente, la empresa compra conciencias”.

El tiempo pasó pero el padre, un cura salesiano, sostuvo y fortaleció su compromiso porque, como él mismo dice, “los partidarios de la megaminería nos acusan, a los que no deseamos la minería a cielo abierto, con explosivos y químicos, de ser alimentados por el gobierno, de no vivir en la meseta, de no entender sobre minería, de tener una vida fácil y segura. No es así, señores megamineros. Muchos vivimos y compartimos la vida, las ilusiones, las luchas y las esperanzas de la meseta. Muchos no estamos de acuerdo con la megaminería y la extracción de metales de nuestro suelo”.

En ese sentido, uno de los casos más emblemáticos es el de Antonio Juan López, un defensor del ambiente y responsable de la Pastoral Social en Tocoa, Honduras, quien fuera asesinado en diciembre de 2024 a la salida de la iglesia. López conocía y releía Laudato Si’, aparecida en 2015, el texto donde la máxima autoridad de la Iglesia católica habló no sólo de lo que denomina “pecados contra la Creación” –en referencia al daño ambiental del que en mayor o menor medida todos y todas somos responsables– sino que también de otro concepto clave: la “conversión ecológica”.

Signo de los tiempos, parecería ser que hoy el eje de la discusión ya no pasa tanto por cuestiones de fe, de mostrarse fiel a una determinada religión, sino más bien por volver a creer en la naturaleza como un gesto de Dios a la Humanidad. De allí, también, la obligación de protegerla y respetarla.

Pero que Laudato Si’ haya resonado como resonó en América Latina es cualquier cosa menos casual, sobre todo recordando los cinco siglos de despojo y saqueo que acumula el continente. Lo primero que se fue hacia Europa fueron el oro y plata; más tarde fue el turno del petróleo, el hierro y el cobre.

Y hoy, al compás de la reconversión energética, el mundo desarrollado requiere de tierras raras y de minerales –no por casualidad bautizados como “estratégicos”– cuyos depósitos se concentran en el sur del mundo. Así, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, 61% del litio que se requiere para las baterías, 45% del cobre y 34% de la plata que se necesitará para mover un mundo sin gas y sin petróleo están en América Latina. Sí, en la región más desigual del planeta.

Los obispos en contra el “petróleo blanco”

En ese contexto, y desde la mirada sintetizada en Laudato Si’, cada pecado capital se reescribe en clave ecológica y es justamente ese gesto de “dueñidad”, el pensarnos amos y señores de un planeta que no nos pertenece, lo que termina comprometiendo el futuro.

Pero también lo que impulsa a la acción porque, ¿cómo sería posible desanclar la lucha por la justicia social de lo que la precede: la lucha por la justicia ambiental? ¿Cómo se podría –en un mundo dividido en tajadas entre los poderosos de turno, que necesitan indefectiblemente de los recursos de todos– hablar de educación, equidad o de derechos humanos cuando ni siquiera el aire o el agua son ya bienes comunes? Sin embargo, es precisamente de esa lucha desigual de donde saca sus fuerzas esta revolución discreta que recibió el gran espaldarazo con la aparición de la “encíclica verde”. Hay también otras señales, como el cambio en las directrices financieras FinAnKo (“inversiones financieras según criterios eclesiásticos”) que señalan hoy que invertir en oro es tan poco ético como hacerlo en petróleo o en armas.

No sólo eso: hitos como la firma del Acuerdo de París fueron también importantes para fortalecer la lucha que hoy toma mil rostros. Desde los compromisos más orgánicos –como el reciente documento de las conferencias episcopales del Sur Global de cara a la COP 30, a realizarse en noviembre de 2025– hasta expresiones locales de defensa de la Casa Común, hoy las iglesias de América Latina escriben la historia de esta Teoría de la Liberación 2.0. Contra el silencio y el negacionismo, publican documentos, acompañan movilizaciones y también hacen una crítica ética de los extractivismos.

“No les importa la inflación, no les importa el trabajo de la gente, no les importa hipotecar el futuro del país, no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos mineros que hipotecan el agua y la tierra. Se lo pedimos de corazón a Dios, a través de Ceferino: ¡Escuchen a la gente! Que haya un diálogo transparente. Y no hablen de audiencias públicas, que son obras de teatro con actores pagos”, reclamó hace un año con voz firme Alejandro Benna al cierre de la peregrinación en honor a Ceferino Namuncurá, el “santito gaucho”.

Parecía el discurso de un activista ambiental pero no: Benna es el obispo del Alto Valle en Río Negro, Argentina, y su fervor es cualquier cosa menos casual. Como pastor en una de las regiones más acechadas por los extractivismos, conoce de primera mano el impacto de estos en las comunidades. Justamente por eso, lejos de entrar en el modo celebratorio de las autoridades locales y nacionales frente al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), él y otros curas hablan fuerte y claro en defensa de la Casa Común.

Otro de ellos es el obispo de Rawson, Roberto Alvarez, quien también expresó dudas sobre los paraísos que suelen prometer las corporaciones y hasta se animó a hablar de “pasivos ambientales”. La reacción del oficialismo no se hizo esperar y el diputado de LLA José Luis Espert los acusó a ambos de fomentar “el pobrismo”, de oponerse al progreso y hasta de consumir “hostias alucinógenas” sólo por hacerse preguntas sobre el impacto de un posible derrame de petróleo sobre la pesca artesanal, la ballena Franca y las pinguineras. “Dedíquense a las cosas de Dios. No jodan”, cerró su violento mensaje Espert.

En El Salvador, en cambio, no son sacerdotes sino la misma Conferencia Episcopal (CEDES) la que le pide al presidente Nayid Bukele que revierta la decisión de volver a la minería metálica y advierte sobre sus “costos mortíferos para el medio ambiente”, mientras que en Brasil el descubrimiento de depósitos de litio en una de las regiones más empobrecidas del sureste del país (el valle de Jequitinhonha) ha puesto en alerta a la comunidad y a sus pastores. La razón: detrás del boom del “petróleo blanco” se oculta una demanda enorme de agua y un riesgo de contaminación bien concreto. Hay, también, daños colaterales ya visibles, como la disparada de los precios de la comida y del alojamiento, impulsada por la llegada de una importante minera canadiense.

Tan es así que la Comisión Episcopal de Ecología Integral no duda en denunciar la cara oculta de lo que llama sin vueltas “colonialismo energético”. Denuncia, concretamente, que “en el Valle del Jequitinhonha, la llamada transición hacia energías limpias está demostrando ser un proceso de explotación intensa y devastadora, marcado por proyectos mineros y de infraestructura que comprometen los ecosistemas y las comunidades locales”.

Otro tanto sucede en Perú, donde la iglesia local –encabezada por monseñor Angel Cárdenas, obispo de Iquitos– se alió con su feligresía para salir en defensa no sólo del agua sino del reconocimiento de los ríos Nanay y Marañón como “sujetos de derechos”. La movilización, bajo la divisa “Surcamos por el agua y la vida”, se llevó a cabo en marzo de 2025 y destacó la necesidad de proteger los sistemas acuáticos de la Amazonía. Y, cómo no, la encíclica Laudato Si’ fue una vez más cita de autoridad inevitable.

El paisaje de la Iglesia movilizada en defensa de la Casa Común se repite así en muchos otros puntos. Uno de ellos fue Oruro (Bolivia), donde la Red Iglesia y Minería reunió hace un año a 30 líderes comunitarios de Argentina, Brasil y Perú para definir estrategias en defensa del ambiente.

Se habló de la necesidad de informar y consultar a las comunidades sobre los verdaderos impactos de las nuevas formas del extractivismo. Y, sobre todo, de la urgencia de seguir velando porque “la Casa Común” se convierta en una causa común y realmente nos incluya a todos.

FS/MG

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.

Multinacionales y bancos aceleran sus emisiones de ‘stablecoins’

La Administración Trump ha activado un doble resorte legislativo con el que pretende dar vuelo a una maltrecha economía, asolada por la escalada arancelaria y sometida a una incierta espiral inflacionaria, mientras acomete mínimos y cosméticos ajustes presupuestarios que eludan las ambiciosas dotaciones destinadas a Defensa y a cualquier segmento productivo que se pueda identificar con la seguridad nacional. La primera iniciativa, cargada de rebajas y exenciones a los beneficios empresariales y grandes fortunas, con nulos gestos de austeridad fiscal, responde al rimbombante nombre de One Big Beautilful Bill Act (BBB). La segunda, con la que busca espolear a las stablecoins como nuevo estandarte monetario del sector privado dentro de una estrategia MAGA para catapultar la tecnología americana en la era de la IA y del Big Data, ha sido bautizada con otra designación grandilocuente: Genius Act.

Es en este contexto, que coincide con el valor del dólar más bajo desde 1973 y sometido a varias vías de agua de presión global- es en el que las stablecoins, divisas con alma cripto y curso legal en EEUU después de sus pioneras reglas de juego oficiales en el mundo, han empezado a florecer en las mesas de los consejos de administración de varias multinacionales y entidades financieras que dominan Wall Street. A pesar de que este cripto-arsenal monetario, concedido por la Casa Blanca a sus empresas para que gestionen sus flujos de caja y de liquidez, haya despertado voces críticas en el mercado que alertan del enorme riesgo tanto para el sistema financiero como para los consumidores de unas monedas virtuales que más tarde o más temprano acecharán al medio de pago hegemónico en el mundo: el billete verde (…) precisamente americano.

La Ley Ingeniosa recién aprobada por el Congreso de mayoría republicana va a transformar un valor en un medio de pago con una mínima regulación, aducen quienes se preguntan si serán las stablecoins en vez de los BRICS + y sus pretensiones monetarias las que firmarán el acta de defunción del dólar como divisa hegemónica mundial.

Puede que suene aún a exagerado, pero existen no pocas señales de alarma; y no precisamente recientes. La tokenización, asumen tecnólogos y economistas, tiene el potencial de agilizar y de hacer más eficientes los pagos. Pero contiene un lado oculto, la volatilidad, poco transparente, asociado al hecho de que las criptomonedas no son una reserva de valor estable y, por tanto, no resultan un método de transferencia recomendable. De igual manera, pueden ser un probable foco de colapso crediticio futuro. No por casualidad, las entidades emisoras de stablecoins ya se han convertido en una fuente de demanda de bonos americanos.

Tether compró más de 33.000 millones de dólares en 2024 y ya posee más títulos del Tesoro de EEUU que Alemania. De forma que, si este mercado continúa su despegue -dicen ciertos bancos de inversión-, los tenedores de stablecoins se convertirían en compradores cautivos de billones de dólares sus bonos soberanos y, en caso de desencadenarse otra fuga masiva de capitales, el espectro de otra crisis financiera volvería a merodear por los parqués bursátiles y la reaparición de un billonario rescate federal sería inevitable.

El sector privado vela por sus criptos

Aun así, varios emporios norteamericanos podrían lanzar pronto sus propias monedas estables a la estela de la Ley Ingeniosa. The Wall Street Journal habla abiertamente de las intenciones de Amazon y Walmart de iniciar el proceso de emisión de sus propias monedas estables, vinculadas a un valor fiduciario, en este caso, de manera general, el dólar americano, tal y como lo utilizan las firmas de criptodivisas para adquirir tokens. Aunque desde sus páginas editoriales advierte de que la instauración de este método de pagos atenta contra los pilares del comercio y supone un cambio radical en el ecosistema de transacciones mercantiles nacionales e internacionales.

Allison Schrager, columnista en Bloomberg, rememora la historia de las criptomonedas de la que dice que siempre “siempre ha presentado un halo de incertidumbre”. La tokenización tiene el potencial de agilizar y hacer más eficientes los pagos, pero su gran obstáculo es la volatilidad, ya que nunca han adquirido el estatus de reserva de valor estable y, por lo tanto, no son un medio de pago útil. Las stablecoins solucionan este problema buscando mantener una vinculación con el dólar, que pueden lograr de varias maneras, la más común de las cuales es utilizar activos de bajo riesgo como las letras del Tesoro como respaldo.

A su juicio, con la Ley Genius, la Administración Trump ha generado un clima similar a la que se instaló en EEUU en 1830. Cuando los bancos emitieron sus propias divisas bajo regulación de los distintos estados de la Unión. En esta ocasión, las empresas que opten por emisiones inferiores a 10.000 millones de dólares estarían fiscalizadas por los estados, mientras que las operaciones que rebasen ese umbral pasarían a estar supervisadas por la Reserva Federal. Pero subyace una misma cuestión que entonces llevó al sistema financiero a tambalearse: los daños directos sobre el consumidor ante los vaivenes en la cotización de su activo matriz, el dólar. Bien es cierto que en el Siglo XIX -admite Schrager- el caos regulatorio entre estados era la norma. Como tampoco el billete verde americano era una moneda fiduciaria universal ampliamente disponible. Pero el consumidor sigue siendo la parte más débil del eslabón token.

En un momento en el que los mercados sufren una especial volatilidad y una incertidumbre que se ha instalado en el clima inversor no solo por el temor a una estanflación insuflada por un alza de aranceles que dañará el comercio y la producción industrial, sino por el voltaje geopolítico imperante. No en vano, las ventas al exterior de las compañías que conforman el S&P 500 se acercan al 28% de los 17 billones de dólares de sus ingresos en 2024, con elevadas exposiciones en sus negocios de Asia-Pacífico (10%) y Europa (5%). Y sus firmas del sector tecnológico, las que acaparan más de la mitad del valor de su indicador, recaudan en el exterior el 56% de sus ventas.

Para más inri, y a pesar de la recuperación de la última semana por la sucesión de acuerdos con EEUU en materia arancelaria, la debilidad del dólar se mantiene por encima de los dobles dígitos desde el comienzo de la versión Trump 2.0. Bajo otra premisa legislativa del universo MAGA: la apuesta por la IA generativa para revitalizar la hegemonía tecnológica de EEUU.

Todo ello ha propiciado un caldo de cultivo idóneo para la inversión en criptodivisas. Los activos de una pyme americana se dispararon esta semana un 3.000% por su estrategia de acumular un gran volumen de Ethereum, la plata en el pódium cripto, tras el indiscutible reinado del bitcoin, y la creencia -casi dogma de fe- de los inversores minoristas de que este cambio de régimen en el orden monetario ahorrará cantidades significativas en comisiones de tarjetas de crédito a los usuarios que las usen como método de pago.

La banca se suma a la cruzada token

De poner en marcha sus propias monedas, Walmart y Amazon -y se supone que una larga lista de compañías que sopesan implantar esta fórmula transaccional- darían un gran golpe de efecto a Visa y Mastercard. “Si una fracción de su base de clientes comienza a usar una moneda estable emitida por una tienda en lugar de una tarjeta respaldada por Visa, se perderán varios miles de millones de dólares en comisiones de intercambio de la noche a la mañana”, declara Will Reeves, director ejecutivo de la aplicación de recompensas de bitcoin Fold, a Business Insider.

Aunque la puntilla podría venir de los grandes bancos de inversión, que ya han adoptado planes corporativos con stablecoins. El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, constata que su firma está desarrollando su propia criptodivisa, aunque aún sin un calendario específico para su lanzamiento, que se realizará “en el momento oportuno y probablemente en comandita con otros actores del sector”.

Igualmente, su homóloga de Citigroup, Jane Fraser, también ha expresado su interés en lanzar una moneda estable para facilitar los pagos digitales tras avanzar hace unas fechas las ganancias del segundo trimestre, así como su puesta por entrar en el sector de depósitos tokenizados, por explorar “nuevas soluciones con monedas estables en gestión de reservas o prestaciones de los servicios de custodia”.

Morgan Stanley, según su directora financiera, Sharon Yeshaya, reconoce posibles usos futuros para sus clientes con criptodivisa propia, al igual que JP Morgan, a pesar del escepticismo que la medida despierta en su máximo ejecutivo, Jamie Dimon, por su tenue regulación, o Goldman Sachs, cuyo número uno, David Salomon admite la existencia de un “grupo de trabajo operativo que está concentrado en su evolución”.

También Meta acaba de renovar sus votos a favor de su cripto-divisa. La compañía que fundara y dirige Mark Zuckerberg ya mostró su deseo de lanzar Libra en 2019, cuando aún se hacía llamar Facebook, de rebautizarla como Diem en 2020 al comienzo de la legislatura de Joe Biden, que redobló la supervisión de la SEC sobre estos activos, avanzó en mayo su intención de rescatar el proyecto de las cenizas.

En cualquier caso, los mensajes de alerta se suceden. Bill Smead, un reputado inversor, dueño y señor de Smead Capital Management, muestra en reciente nota a clientes una relación directa entre “la línea de la muerte” dibujada por los indicadores de rentabilidad del S&P 500 durante la crisis de las punto.com, hace ahora 25 años, y su trayectoria actual ajustada a la inflación. Hay algo en el clima de Wall Street que huele al año 2000 y que se agudiza con Trump haciendo un daño casi irreparable al dólar.

Aunque, quizás, el mensaje más demoledor haya sido la del gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, quien alerta a la gran banca que no emitan sus propias monedas estables, pese al riesgo de provocar un conflicto con la Casa Blanca por su respaldo a los activos digitales. “Preferiría que los bancos asumieran las versiones digitales del dinero tradicional, los conocidos como depósitos tokenizados, en lugar de stablecoins que amenazan con sacar dinero del sistema bancario y dejar menos fondos disponibles para préstamos, afirma en una entrevista en Times.