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Bullrich y Jorge Macri anunciaron la instalación de 19 contenedores para alojar presos en CABA

Bullrich y Jorge Macri anunciaron la instalación de 19 contenedores para alojar presos en CABA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunciaron medidas para morigerar la “sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad” y así prevenir fugas de presos, luego de varios episodios y cruces al respecto.

El mandatario de la Ciudad señaló que el distrito se ve afectado por una “sobrepoblación de detenidos en comisarías y alcaidías” y advirtió que “es un problema que empezó en la pospandemia”.

Con el objetivo de solucionar esta situación, el referente del PRO anunció que se avanzará en mejoras físicas de comisarías y alcaidías, remodelar y modernizar y fortalecer la seguridad en algunas dependencias.

De cada 100 detenidos, 94 tienen causas en la Justicia Nacional o Federal y el 20% tiene sentencia firme, es decir, ya están condenados, detalló el Gobierno porteño.

Además, dio a conocer que se profundizará la implementación de 2 mil tobilleras electrónicas para que pueda haber detención domiciliaria en los casos que decida la Justicia para delincuentes no peligrosos y también se impulsará “la deportación de extranjeros ilegales” que delincan, indicó Jorge Macri.

“No hay sentido en que la Argentina esté teniendo que gastar y generar recursos para cuidar a alguien que ha venido a delinquir al país”, añadió el jefe de Gobierno porteño.

Al advertir sobre la delicada situación, el Ejecutivo de la Ciudad indicó que en el distrito había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías en 2020 y que actualmente hay más de 2.000, incluidos 340 extranjeros.

El Gobierno porteño avanzará en la construcción de una Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad; en la instalación de 19 módulos de detención, equipados y preparados para alojar 300 detenidos; y se retomarán las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto.

Jorge Macri también explicó que la proactividad de la Policía de la Ciudad en la lucha contra la inseguridad hace que haya más de 80 delincuentes detenidos por día, lo que genera presión en los lugares de reclusión.

Así son los módulos de detención.

Para poder llevar adelante estas medidas, el Gobierno porteño avanzará en un Decreto de Emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad.

En ese sentido, Bullrich indicó que “todo esto lleva a apurar los plazos de construcción de cárceles y de establecimientos penitenciarios”.

La ministra de Seguridad remarcó que las medidas del Gobierno de la Ciudad “ayudan mucho al proceso de ordenamiento que hay que hacer” en lo que refiere a los detenidos. “No es lo mismo tener a un preso en una cárcel que en una comisaría”, subrayó.

Y concluyó: “Éste es un acuerdo razonable, que realmente nos ha hecho llegar a una conclusión común, porque no podemos vaciar las comisarías de un día para el otro, sino que hay que hacer un proceso”.

Las propuestas de Jorge Macri para descomprimir las comisarías de la Ciudad

  1. Creación de una mayor cantidad de alcaidías y módulos de detención, que le darán más plazas a la Ciudad. Se construirá una Alcaidía Central en la zona sur que tendrá 300 plazas para alojamiento de detenidos. Además, se instalarán 19 módulos de detención, equipados y preparados para 300 detenidos. Estarán distribuidos en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita; y la Comisaría Comunal 4d, de Barracas.
  2. La incorporación de tobilleras electrónicas para los reclusos, para utilizarlas cuando la Justicia lo disponga. Se trata de un mecanismo de rastreo que permitirá controlar a los detenidos en tránsito y también a los que tengan arresto domiciliario con la garantía necesaria, además de estar monitoreadas las 24 horas.
  3. La aceleración de la extradición de los detenidos condenados (o procesados) que sean extranjeros.
Instalarán 19 módulos para detenidos en CABA.

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que conduce Waldo Wolff, en 2023, se fugaron 41 presos de dependencias porteñas. En lo que va de 2024 ese número se redujo, pero se detuvo un 22% más de delincuentes por robo y hurto que en igual periodo del año pasado. Desde el inicio de la nueva gestión, el pasado 10 de diciembre, la Policía de la Ciudad detuvo a un promedio de 80 personas por día.

Los contenedores estarán dentro de predios de distintas comisarías de la Ciudad.

Con información de agencias.

IG

La mayoría de los alimentos bajó de precio tras el desplome de las ventas

La mayoría de los alimentos bajó de precio tras el desplome de las ventas

Después de 23 años de inflación, que llegó a marcar un techo de 211% en 2023, en la última semana de abril se detectó deflación en el principal rubro del índice de precios al consumidor (IPC), los alimentos y las bebidas. Por lo menos así lo midió la consultora LCG, propiedad del senador radical Martín Lousteau, en su monitoreo semanal de 8.000 precios en cinco supermercados. Allí constató una baja del 1% respecto de la semana anterior, con lo que se moderó la suba de las últimas cuatro semanas a 2,3%.

Las bajas se registraron en frutas (-6,8%), condimentos (-3,1%), azúcar, miel, dulces y cacao (-2,9%), verduras (-2,4%), bebidas (-1,8%), comidas para llevar (-1,4%), productos de panificación, cereales y pastas (-0,7%), carnes (-0,5%) y aceites (-0,3%). Sólo se encarecieron huevos y lácteos, un 1,9%.

El gobierno de Javier Milei viene alardeando de que hay deflación, es decir, baja generalizada de precios. La última semana de abril ocurrió. Lo logró sobre la base de un fuerte ajuste fiscal y monetario, la estabilidad cambiaria y tras un salto inicial de la inflación al doble de lo heredado en diciembre (25%) para después reducirla a 20% en enero, 13% en febrero, 11% en marzo y alrededor de un 9% en abril, un número todavía muy alto pero que marca un descenso. No por nada el Banco Central se atrevió en este contexto a bajar la tasa de interés de referencia del 60% al 50%.

Al ajuste Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, le sumaron a la fuerte devaluación del peso oficial en diciembre, que hundió el poder adquisitivo. Ambos factores combinados han colapsado la actividad económica. En marzo, el PBI cayó 9,7%, casi tanto como en la pandemia de 2020, y acumuló un 6,8% abajo, según Orlando J. Ferreres & Asociados, donde trabaja uno de los asesores económicos de Milei, Fausto Spotorno. La recesión heredada se ha convertido en depresión y esto explica también la deflación. Los fabricantes y comercializadores de alimentos rebajan los precios para vender algo.

En 2000, el entonces gobierno de Fernando de la Rúa intentaba celebrar que los precios bajaban como premio consuelo de la recesión que ya cumplía dos años entonces. Aquel era el segundo año de deflación consecutivo tras seis años de inflación baja, menor al 10%. Aquel festejo carecía de razón ser.

Pero esta vez el fenómeno de deflación resulta diferente, en la medida en que no vaya a durar demasiado. “Después de 22 años en que los precios subieron (desde 2002), hay que festejar que caigan”, opina el consultor Fernando Marull, de la firma FMyA. “Te demuestra que las empresas de alimentos tienen que bajar los precios para mantener el volumen de venta. Va en línea con lo que decía el Gobierno: que se habían pasado de rosca con los aumentos en algunos sectores”, se refiere Marull a que muchas compañías fijaron sus precios pensando en un dólar y una inflación con saltos mayores y continuos. Pero el tipo de cambio oficial apenas sube 2% mensual desde enero y el IPC se va moderando, aunque en niveles todavía altos.

“Con esa tendencia a la deflación, ya el Central bajó 10 puntos la tasa de interés”, observó Ferreres, exviceministro de Economía de Carlos Menem. “Algo es. Obviamente los que más festejan son los consumidores por la frenada del IPC. Por supuesto que la recesión es enorme pero irá disminuyendo”, opina el exfuncionario. El riesgo radica en que sin factores que impulsen el crecimiento la demanda siga sin recuperarse y la deflación se prolongue. El tiempo dirá.

Melisa Sala, economista jefa de LCG, admite su “festejo” por la deflación de la última semana. “Eso no quita que mantengamos los reparos de cómo va a venir para adelante. Básicamente porque está sustentada en una profunda recesión. Entonces nos cabe la duda de qué va a pasar en caso de que la actividad empiece a traccionar de nuevo y haya mejora del salario real (ajustado por inflación), si eso va a ir contra los márgenes que fueron aumentados antes en exceso o se trasladará a precios. Además queda pendiente recomponer el desajuste de los precios relativos, tanto de tarifas, cuyos aumentos fueron suspendidos, como del dólar, que está anclado desde enero y no luce muy sostenible más allá de junio”, completa Sala. En un banco extranjero analizan la naciente deflación: “Nada para festejar, es la contracara de una recesión espantosa, pero es una buena noticia”.

El 25 de abril último, en el discurso que dio en una cena de la Fundación Libertad, el presidente Milei dijo que “la deflación es algo sano” y que para los estudios clásicos de la economía “no era un problema”. “Lo que pasa es que cuando hay deflación hay algunos que ganan y hay otros que pierden. Bueno, sí, digamos, tienen más exposición los que pierden y bueno, claro, entonces la deflación es mala. Pero no es mala, porque deriva, de hecho, del propio crecimiento económico y implica devolverles recursos a la gente”, dijo el mandatario.

La economía, pese a las palabras del Presidente, sufre una caída estrepitosa y un dato estrechamente vinculado con los alimentos es la caída de las ventas de los supermercados: de acuerdo con el informe de Encuesta de supermercados del INDEC, difundido el 24 de abril último, en febrero el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 11,4% respecto de igual mes de 2023, y el acumulado enero-febrero de 2024 presenta una baja del 12,7% respecto del mismo bimestre de 2023.

AR/JJD

Sin acuerdo con los gremios, el Gobierno fijó en $234.000 el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Sin acuerdo con los gremios, el Gobierno fijó en $234.000 el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Tras el fracaso en la reunión con sindicalistas y empresarios, el Gobierno fijó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil será a partir de mayo de $234.000.

El incremento fue establecido a través de la Resolución 9/2024 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La norma estableció que en abril el SMVM ascendía a $221.052, a partir de los $202.800 de marzo. Desde mayo, la cifra es $234.315,12.

De esta manera, el monto mínimo de la Prestación por Desempleo quedó en $117.157,56.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil que había recibido el Gobierno del presidente Javier Milei era de $156.000 en diciembre de 2023 y luego, ya con la gestión libertaria, pasó a 180 mil en febrero.

Salario Mínimo, Vital y Móvil

Sin acuerdo con la CGT las dos CTA

El pasado martes, en la nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para ajustar el ingreso mínimo en la Argentina, no hubo acuerdo.

La CGT y las dos CTA pugnaban por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las centrales obreras. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

“Las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio”, explicó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la CTA Autónoma desde su cuenta de X.

“Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores”, denunció el dirigente gremial.

El monto que solicitaban las centrales obreras buscaba dejar el Salario mínimo por encima de la canasta de indigencia. En cambio, el Gobierno, podría aplicó aumentos en base a las inflaciones proyectadas, lo cual es un monto mucho más cercano a los deseos de las centrales empresariales.

Con información de agencias.

IG

Ley Bases, la chance de Villarruel para reivindicarse frente a Milei, su círculo íntimo y la tropa libertaria

Ley Bases, la chance de Villarruel para reivindicarse frente a Milei, su círculo íntimo y la tropa libertaria

A Victoria Villarruel los propios le cuentan una conquista y dos desaciertos. La conquista ya quedó lejos: el 13 de diciembre dirigió la sesión preparatoria del Senado, la primera como presidenta del cuerpo, con una maestría que dejó a más de uno boquiabierto; no sólo porque manejó el reglamento con la precisión de un relojero suizo sino porque también logró formar una alianza parlamentaria que dejó al peronismo fuera del reparto de todos los puestos de conducción. Los dos desaciertos vinieron después: el aumento de sueldos de los senadores, una medida impopular en plena recesión que la vicepresidenta salió públicamente a apoyar, y el rechazo en sesión al mega-DNU de su compañero de fórmula, Javier Milei, una derrota política para La Libertad Avanza respecto de la cual la vicepresidenta, con elegancia, se quitó toda responsabilidad reivindicando el respeto a la institucionalidad.

Frente a estos antecedentes para nada bien recibidos en la tropa oficialista, Villarruel se enfrenta ahora a un desafío de considerable magnitud: que el proyecto de ley fundacional de la gestión Milei, Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y las reformas impositivas que contiene el paquete fiscal se conviertan en ley.

Ya pasó con éxito la prueba en Diputados, cámara del Congreso que preside el libertario riojano Martín Menem. Ahora, en el Senado, ya no parece haber margen político para el rechazo, ni para el Gobierno ni mucho menos para Villarruel.

Es un reto para el oficialismo, porque se trata de dos iniciativas muy complejas que deberían ser devueltas a la Cámara de Diputados si se les cambia tan solo una coma. Como es lógico, la Casa Rosada no quiere este desenlace porque implicaría que las dos propuestas caigan en un pantano legislativo, que además al presidente Milei lo podría poner aún más furioso que de costumbre; y a la vicepresidenta, de nuevo en el ojo de la tormenta frente a la ruidosa banda de simpatizantes del León, los “trolls propios”, como ella misma los definió.

En el Poder Ejecutivo trabajan para que los dos textos sean ley antes de la firma del Pacto de Mayo, ese gran acuerdo federal al que convocó el presidente Milei el 1º de marzo último. La pregunta es si esta vez Villarruel será tan eficaz como el 13 de diciembre último y llegará antes del 25 de mayo a ofrendarle las dos primeras leyes a Milei, el “pobre jamoncito”, como lo llamó en la primera y única entrevista periodística que brindó desde que es vicepresidenta: a Jonatan Viale, el 21 de marzo.

La presidenta del Senado aludió al presidente de la Nación como jamón del medio para referirse a las diferencias que mantiene con la otra mujer fuerte de La Libertad Avanza, Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia.

Sin embargo, el diálogo no está para nada cortado. Al contrario, ambas se reunieron este jueves en el palacio del Congreso, donde almorzaron, con el presumible objetivo de estudiar de qué forma conseguirán que las dos propuestas fundamentales de la gestión libertaria sean ley y lo sean antes del 25 de mayo. La tarea no es para nada sencilla.

Según pudo saber elDiarioAR, la voluntad de Villarruel es que ambos paquetes de leyes se empiecen a tratar en comisiones el martes 7, continúen en discusión el miércoles 8 y que se emitan dictámenes el jueves 9, en reuniones a las que asistirían funcionarios nacionales para defender las propuestas.

Como en el Senado, por reglamento, se debe esperar una semana entre la firma de dictámenes y el tratamiento en el recinto, la sesión —si las negociaciones resultaran tan sólidas como en Diputados— podría realizarse en la semana del jueves 16, tan solo 9 días antes del Pacto de Mayo. ¿Llegarán?

Los textos aprobados en Diputados ingresaron al Senado a última hora de anoche y en consecuencia Villarruel todavía no había podido realizar los giros a las comisiones que los tratarán ni la convocatoria al plenario. Se espera que lo haga hoy mismo.

El feriado del miércoles pausó el recorrido parlamentario y los tiempos no sobran. En un clima de reserva y poca información, se descuenta que la vicepresidenta, encargada de realizar los giros a comisiones, repetirá el esquema utilizado en Diputados: Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que presiden los libertarios Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, y Asuntos Constitucionales, que conduce el entrerriano Edgardo Kueider, del peronismo no kirchnerista.

En el Gobierno confían en que los gobernadores, que también dialogan con Villarruel, apoyen la realización de un tratamiento exprés y no planteen modificaciones al texto sancionado en Diputados. Quieren que sea ley ahora. Pero nada garantiza que eso vaya a producirse, sobre todo por la complejidad y la extensión de ambos expedientes, que son prácticamente dos leyes ómnibus, y por los más variados intereses que hay en juego.

En el medio está prevista la visita al recinto del Senado del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para el miércoles 15. La citación se confirmó el 19 de abril. El funcionario hasta ahora no fue nunca a cumplir su obligación constitucional de presentarse ante los legisladores para brindar su informe sobre la marcha del Gobierno (que además debe presentarlo por escrito) y responder preguntas. No son pocos quienes conjeturan que su visita, entre tanto trabajo contrarreloj, podría ser nuevamente postergada.

JJD

Para los trabajadores en su día: menos derechos y menos ingresos

Para los trabajadores en su día: menos derechos y menos ingresos

En la semana del Día del Trabajador, el Gobierno nacional lejos de conmemorar, llamó a los argentinos “de bien” a continuar sacrificándose por el “beneficio de la Nación”, licuó una vez más el Salario Mínimo Vital  y Móvil (SMVM) y logró la media sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

En el Boletín Oficial de hoy, viernes 3 de mayo, se publicó la decisión de incrementar el SMVM, tras un nuevo fracaso en la reunión del Consejo que debía acordar su monto. Para el mes de abril, se fijó en $221.052 (un 9% más que en marzo) y para mayo $234.315 (un 6% extra). 

Lejos del escenario de recuperación que sostiene el Presidente en su discurso, esto implica continuar en la senda de pérdida del poder adquisitivo del SMVM, que en mayo se ubica 30 puntos por debajo del nivel de noviembre del año pasado. Todo ese derrumbe, como puede observarse en el gráfico a continuación, se produjo en los dos primeros meses del gobierno de Javier Milei y, luego de la licuación, se mantiene prácticamente congelado.

Para recuperar el nivel de noviembre, el SMVM en mayo debiera haberse establecido en $335.200, $100.000 más de lo fijado por el gobierno. De este modo, se deja en un piso este valor que representa la menor remuneración que debe recibir un trabajador en su jornada legal de trabajo. Pero a su vez, impacta negativamente en otras prestaciones: por ejemplo, la prestación por desempleo no puede ser inferior al 50% de dicho monto, y la prestación del Programa Acompañar, para mujeres y LGTBI+ en contextos de violencia de género perciben un SMVM durante 6 meses. El programa Potenciar Trabajo, que implicaba una prestación del 50% del salario mínimo, fue desarticulado en dos programas, cuyos importes no se encuentran ya ligados a la evolución de esta variable.

Otro grupo de afectados por esta licuación del SMVM son las jubiladas y los jubilados. A diferencia de lo que suele repetirse muchas veces para criticar la política de moratorias, que se derogará si el Senado convierte en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, quienes accedieron a la jubilación con más de 30 años de aportes, tienen garantizado un haber equivalente al 82% del SMVM. Si el haber es menor a ese monto, el jubilado recibe un complemento que lo equipara. Esto debería constituir un “extra” que suba el piso del haber percibido. Sin embargo, el atraso del SMVM hace que este monto sea insignificante: $9.980 para abril y $1.997 para mayo. Si el salario mínimo se ubicara a niveles de noviembre, este grupo de jubiladas y jubilados estaría percibiendo un complemento de $84.700. Una vez más entonces, mientras desde el discurso el gobierno dice querer mejorar los haberes previsionales, y premiar a quienes aportaron, en la práctica lleva a cero este extra del 82%.

Esta deslegitimación y cuasi vaciamiento de la herramienta del salario mínimo –y del complemento que garantiza el 82% para jubiladas y jubilados– es una manifestación más del ataque a la clase trabajadora y de la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados del capital. Si repasamos la ley Bases, que obtuvo media sanción el día martes, no encontramos una sola medida, un solo artículo que beneficie a los laburantes. Esta situación quedó más que explícita cuando en los canales de televisión se les preguntó de manera directa a los representantes del oficialismo y no pudieron apelar a un solo artículo.

Lo que sí encontramos en este proyecto de ley son todo tipo de beneficios para los empleadores: un “blanqueo” de trabajadores, que les condona a los empleadores que no realizaron los aportes correspondientes la deuda por capital e intereses, así como las  infracciones, multas y sanciones, los exime de la acción penal y del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), sin ninguna distinción entre micro, pequeña, mediana y gran empresa. A su vez, no prevé ningún tipo de sanción: en proyectos anteriores de este estilo, se caía el beneficio si, luego de la regularización, se detectaba que había otros trabajadores sin registración o si se reducía la planta de trabajadores.

En lo relativo a la llamada “modernización laboral”, se derogan todo tipo de sanciones por registración deficiente o nula de trabajadores. Si ya no hay castigo por no inscribir a un trabajador, ¿cuál sería entonces el incentivo para hacerlo? Además, crea una nueva figura del “trabajador independiente con colaboradores” que deja sin derechos a dichos “colaboradores” ya que los considera “autónomos” entre sí, negando la relación de dependencia misma, y así, los derechos a ella asociados: ni aguinaldo, ni vacaciones, ni licencias de ningún tipo.

Asimismo, se habilita la extensión del período de prueba (de los 6 meses actuales a 1 año en caso de empresas con hasta 5 trabajadores, u 8 meses para empresas hasta 100 trabajadores) y la creación de fondos de cese (el tan nombrado modelo UOCRA) mediante los convenios colectivos de trabajo. De este modo, se facilita el despido, reduciendo los costos del mismo. Bajo este modelo, en lo que va del año, ya se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la actividad de la construcción según datos de la Cámara de dicho sector.

Si la Ley Bases se aprueba, a la transferencia regresiva de ingresos impulsada desde el Poder Ejecutivo, de la que hemos dado ejemplo en esta nota a través del salario mínimo, vital y móvil, se le incorporaría una herramienta jurídica que consolida la degradación del trabajo en relación de dependencia tal y como lo conocemos, pese a que no hay ninguna evidencia histórica que demuestre que recortando derechos laborales se promueve el empleo registrado. Dependerá de la decisión que tomen Senadoras y Senadores, y eventualmente la Justicia.