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Noticias de Buenos Aires

Empieza una nueva etapa de los eventos en la Ciudad: nació Buenos Aires Ferial

• Se firmó el acta de entrega formal realizada el martes 13 de enero, la Unión Transitoria integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y Publirevistas S.A.U.
• Ambas asumieron la concesión del Sector Nº 5 del complejo por los próximos diez años y puso en marcha un ambicioso plan de transformación y puesta en valor.

Buenos Aires en Madrid: Jorge Macri llevó la Ciudad a la capital española para emprendimientos en conjunto e impulsar inversiones

• El jefe de Gobierno Feria Internacional de Turismo (FITUR) donde la ciudad volvió a participar con Vist Buenos Aires.
• Además mantuvo reunión políticas con el titular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Noticias de Buenos Aires

Causa YPF: el Gobierno rechazó un pedido de la Justicia de EE.UU. para que informe sobre la ubicación del oro

El Gobierno nacional rechazó un pedido para revelar la ubicación de las reservas del oro del país, en el marco de la causa que se tramita en Estados Unidos por la estatización de YPF.

La presentación ingresó al juzgado de Loretta Preska, según dio a conocer el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales.

“El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, precisó Maril en el posteo. Por otro lado, también desestimó el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar para dar precisiones sobre el pedido.

“Esta madrugada Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el Ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, escribió en su cuenta de X el consultor, especialista en evaluación de riesgos crediticios, planificación financiera, sostenibilidad y gestión de riesgos en litigios.

“El oro es propiedad del BCRA, una entidad jurídica distinta del Estado Nacional y, conforme la práctica estándar de todos los bancos centrales, el BCRA preserva la confidencialidad de la ubicación y movimientos de sus reservas de oro”, explicó el Gobierno en su escrito.

Los beneficiarios del fallo por US$16.000 millones intentan establecer conexiones para detectar activos que le permitan a la jueza ordenar la ejecución de la sentencia. Cabe recordar que Argentina apeló el fallo condenatorio de Preska y está a la espera de esa resolución por parte de la Corte de Apelaciones.

El pedido ante Preska

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a comienzos de esta semana a la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligue al Estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del Gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$16.100 millones de dólares.

Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.

Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.

Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.

En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.

En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.

Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.

La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.

Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos y con el presidente del Banco Central, Santiaglo Bausili, están en “contacto continuo vía grupo de chat”.

Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.

Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.

En caso de que el Gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.

Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.

Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.

Con información de NA.

IG

Cómo Techint perdió la licitación frente a una empresa india y por qué ahora busca denunciarla por dumping

El Grupo Techint, uno de los principales conglomerados industriales de Argentina, quedó en el centro de una controversia en el sector de infraestructura energética tras perder una licitación millonaria para proveer los tubos de un gasoducto estratégico de Vaca Muerta a una firma india y ahora evalúa presentar una denuncia por presunto dumping contra su competidor, según consignó el diario La Nación.

El proyecto en cuestión forma parte de Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para construir un gasoducto de casi 500 kilómetros que transportará gas natural desde Vaca Muerta hacia Río Negro, donde se licuará para su exportación como GNL.

El proceso de licitación

Las idas y vueltas entre Techint y SESA

Tras la adjudicación, TenarisSiat envió varias cartas a SESA con el intento de mejorar sus condiciones comerciales:

La defensa oficial y la polémica por la competitividad

La decisión de adjudicar el contrato a una empresa extranjera tuvo eco político. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la elección en redes sociales y entrevistas, argumentando que una oferta más cara significaría “menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”.

Más aún, Sturzenegger cuestionó que se favorezca el “compre nacional” en licitaciones si con ello se imponen “sobreprecios” que impactan en la viabilidad económica de proyectos estratégicos.

Advertencia por pérdida de puestos de trabajo

Más allá de la disputa entre empresas, elDiarioAR reveló que sectores sindicales y trabajadores advierten sobre el posible impacto en el empleo local. Líderes metalúrgicos señalaron que la importación de tubos en lugar de comprarlos a Techint podría significar la pérdida de hasta 300 puestos de trabajo directos, sin contar los empleos en la cadena productiva asociada.

Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”. “En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético.

Qué puede venir ahora: la denuncia de Techint por dumping

Tras quedar excluido del contrato, Techint analiza la presentación de una denuncia por presunto dumping contra Welspun.

La empresa sostiene que la oferta india se realizó con precios artificialmente bajos —posiblemente por debajo del costo real en condiciones de mercado leal— y que los tubos ofrecidos habrían sido fabricados con insumos provenientes de China, lo que implicaría competencia desleal.

TenarisSiat, la filial de Techint que produce los tubos en Argentina, también enfatiza que su oferta hubiera sido competitiva “en condiciones de competencia leal”, y que el precio bajo de la competencia extranjera no contempla costos como aranceles, fletes, logística o garantías financieras.

Además, la empresa destaca que en su planta de Valentín Alsina emplea alrededor de 420 trabajadores, y que por cada puesto directo se generan otros cuatro empleos indirectos, un argumento que busca dimensionar el impacto laboral que implicaría el predominio de importaciones a precios muy bajos.

MC

Trabajadores advierten que pierden 300 empleos por la importación de tubos indios, en lugar de comprarlos a Techint

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

Acuerdos con cámaras empresarias y amenaza de paro general: las herramientas de la CGT para evitar la reforma laboral

“Esto depende de la convicción que ustedes tengan para sobrevivir. Cuando una persona quiere sobrevivir hace cualquier cosa para evitar que la maten”. Las palabras de José Mayans repiquetearon en el Sindicato de Seguros ante la mirada seria de los secretarios generales de la CGT. Atrapados entre el Gobierno, que amenaza con sacar la reforma laboral solo con el apoyo de los gobernadores, y los sindicatos más combativos, que amenazan con un paro general, los triunviros de la CGT volvieron a insistir: “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para evitar que la reforma salga”. 

La CGT sabe que se juega su supervivencia en el debate de la reforma laboral y promete, en diálogo con todos sus interlocutores, que está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias para evitar que se sancione. Así se lo dijeron los tres secretarios generales –Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo– a los jefes de bloque peronistas, Mayans y Germán Martínez, el jueves pasado en una reunión privada en el sindicato que preside Sola, ubicado a unos metros de Tribunales. Estaban también la diputada Paula Penacca y el senador Mariano Recalde, voceros de Cristina Fernández de Kirchner en el debate por la reforma laboral.

Se definió avanzar con un plan de acción. La CGT se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores peronistas aliados del Gobierno, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), que habían manifestado su simpatía con la central sindical en diciembre y, ahora, le prometen su apoyo a Diego Santilli cuando visita sus provincias. Irán a visitarlos y, luego, se contactarán con otros potenciales aliados, como Martín Llayora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz) o Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, trabajan con su contraparte sectorial: las cámaras empresarias. Unos días antes de la cumbre política en el sindicato del Vidrio, los triunviros de la CGT se reunieron con los representantes de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos) para discutir el proyecto del Gobierno y sellaron una alianza inesperada. “Ellos están lejos de los objetivos de la ‘modernización’. Y coinciden con nuestra mirada de que no debe tratarse en forma apresurada e inconsulta”, explicó uno de los dirigentes de la CGT que participó de la cumbre secreta. 

Las cámaras empresarias mantienen un vínculo conflictivo con la reforma laboral. Puertas afuera, entidades como CAC (Cámara Argentina de Comercio) o la UIA (Unión Industrial Argentina) sostienen que acompañan, en líneas generales, el “rumbo” de la reforma laboral y muchas de los cambios que introduce en un nuevo marco de relaciones laborales (que flexibiliza la contratación, reduce la indemnizaciones y abre la puerta a eliminar las horas extras). Pero existen algunos puntos, especialmente entre las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas, que generan resquemor y encuentran en la CGT y su rechazo al proyecto un aliado inesperado. 

En total, hay unos cinco puntos de la reforma laboral que hermanan en el rechazo a la CGT y las cámaras empresarias. El más importante es el que pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir el artículo 161 del proyecto que termina con el principio de que los convenios mantienen su vigencia hasta que se los reemplaza por otro. El proyecto del Gobierno afecta solo a las cláusulas obligacionales de los convenios (no a las salariales), pero la CGT está en alerta porque podría afectar a las cuotas solidarias que financian a los sindicatos. En el caso de las empresas la preocupación es que la eliminación de la ultraactividad genere vacíos legales que aumenten la litigiosidad. 

Otro de los puntos que ambas entidades rechazan, tanto la sindical como la empresarial, es la que elimina la prevalencia de los convenios por actividad por sobre empresa. Un punto que, para los sindicatos, representa una descentralización de la negociación colectiva y, por lo tanto, una mayor debilidad de los sindicatos a la hora de negociar. Y que, para las medianas empresas, mientras tanto, podría abrir la puerta a una competencia desleal (ya que la negociación de cada empresa dependerá del nivel de debilidad o dureza de las comisiones internas). 

Otros puntos, todos enviados a la asesora de Patricia Bullrich en material laboral en el Senado, Josefina Tajes, refieren a la eliminación de los aportes patronales a las asociaciones empresarias –que podrían desfinanciarse– y al que faculta a la secretaría de Trabajo a suspender la homologación de un convenio colectivo. 

El juego de las desconfianzas

Mientras la CGT profundiza sobre las alianzas más impensadas, el peronismo mira de reojo. Se acordó una estrategia común, pero existe en las bancadas peronistas –especialmente en las alas kirchneristas y más combativas– una desconfianza de base a los verdaderos objetivos de la CGT. Predomina la sospecha que la CGT buscará negociar primero con el Gobierno para voltear los artículos que van contra los derechos colectivos y, luego, dejará librados a su suerte a los que refieren a los derechos individuales, como vacaciones o indemnizaciones. Es lo que intuye Cristina Fernández de Kirchner y es lo que sostienen, con crudeza, aunque en privado, muchos de los legisladores que le responden. 

“La CGT está desesperada por negociar con el Gobierno”, asegura un peso pesado del kirchnerismo, que especula con que la dureza de la postura de la CGT dependerá, al final del día, de si los embajadores políticos de los Milei aceptan algunos de sus pedidos.

Es por este motivo que algunos sindicatos más combativos comenzaron a presionar con la idea de ir a un paro general antes de que se debata el proyecto en el Senado el 11 de febrero. El titular de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), Abel Furlán, reunió la semana pasada a una veintena de sindicatos industriales y, luego, se reunió con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, para coordinar mayores medidas de fuerza. La CTA, la segunda central sindical más grande después de la CGT, se reunirá, además, la semana próxima para definir un plan de acción y se espera que se convoque un paro general. 

La CGT siente la presión y no descarta, puertas afuera, la posibilidad de avanzar con un paro general. La última medida que impulsó la central sindical fue una movilización el 18 de diciembre y logró, en principio, que el debate se pateara para febrero. Algunos de los sindicalistas más combativos apuestan a repetir el resultado, pero los triunviros de la CGT desconfían: no ven que haya clima para un paro general y esperan, primero, a que haya una respuesta del Gobierno. Cualquiera sea. 

MCM/CRM

EE.UU. abandona oficialmente el Acuerdo de París: ¿cómo afecta al multilateralismo climático?

Un año después de que Donald Trump como presidente de Estados Unidos anunciara la segunda salida de su país del emblemático Acuerdo de París, un tratado internacional vinculante que compromete a los países firmantes a limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados y preferiblemente a 1,5 grados, el abandono estadounidense del mismo es oficial desde este 27 de enero.

Territorios vulnerables a los embates del calentamiento global no son solo los que están en vías de desarrollo, sino la propia Europa; por ejemplo España, con el peor balance de incendios forestales de las ultimas tres décadas tras un verano extremadamente caluroso, que llevó al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha un pacto climático frente a los embates del clima.

El abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París no debería suponer un paso atrás en los compromisos climáticos. “Más retrasos significan más impactos, más eventos meteorológicos extremos y mayores costos económicos y sociales”, explicó en declaraciones a EFE la analista española Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano.

No es una retirada simbólica

“No se trata solo de una retirada simbólica” del multilateralismo climático, agregó. EE.UU. es el primer emisor histórico y el segundo actualmente de gases de efecto invernadero, por lo que su ausencia de los foros internacionales desplaza responsabilidades y costos hacia otros actores.

Por su parte, Ignacio Arróniz, analista de política climática y experto de la organización no gubernamental Earth Insight dedicada a buscar soluciones en temas de naturaleza y clima, aseguró a EFE que la decisión de Estados Unidos acabará perjudicando al propio país como tal.

El abandono del Acuerdo de París manda al mundo el mensaje de que “nosotros no apostamos por la transición energética, pero ocurrirá exactamente lo contrario, la transición no apostará por EEUU”, dijo.

Y eso supone miles de millones en potenciales inversiones perdidas en sectores estratégicos en los que China ya es el líder indiscutible: renovables, baterías, vehículos eléctricos, minerales, etc“, añade el experto.

La posición de España

España, como es habitual, actúa en el marco del multilateralismo a través de la Unión Europea, y la realidad es que cuando un actor del peso de Estados Unidos se retira, “los equilibrios se alteran”, explicó Lara Lázaro.

Durante el último año se ha visto ya cómo ha ido cambiando el contexto de las negociaciones climáticas a nivel internacional a medida que Estados Unidos daba “pasos claros en contra de las políticas verdes”, según la analista.

De hecho, EEUU no acudió a las reuniones intersesionales previas a la última cumbre climática ni a la COP30, ausentándose de los principales foros de negociación climática. Sus acciones están dejando ya un impacto, según los expertos.

China, por ejemplo, podría haber estado más dispuesta a apoyar una hoja de ruta clara para abandonar progresivamente los combustibles fósiles si contara con una contraparte estadounidense, ha explicado Lázaro.

Cuando uno de los grandes emisores desaparece de la mesa, como es el caso de Estados Unidos, el incentivo para avanzar en nuevos objetivos tiende a reducirse.

Y es que la retirada de Estados Unidos no se limita al Acuerdo de París. En enero de este año, se convirtió en el primer y único país en anunciar su salida de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

“Muy grave es también el abandono del IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que proporciona, desde su creación en 1988 y a partir del primer informe de evaluación de 1990, el resumen de la mejor ciencia a los decisiones políticas”.

Dicho abandono supone “un misil en la línea de flotación de la ciencia que informa las decisiones políticas y las negociaciones climáticas”.

A esto se suma la retirada de la financiación del Green Climate Fund -el mayor fondo climático existente- y la salida de organismos clave como la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el IPBES sobre biodiversidad biológica o REN21 sobre energía renovable.

“Se trata de una retirada en toda regla del multilateralismo climático que no habíamos visto en ninguna administración anterior, ni siquiera durante el primer mandato de Trump”, según Lara Lázaro.

Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo “un socio imprescindible”. Su salida implica que “alcanzar los objetivos climáticos actuales será más caro y más lento”.

Es una mala noticia para las negociaciones internacionales y añade presión sobre el resto de los actores, en un momento de “tensiones geopolíticas, cuellos de botella en materias primas, dependencias manufactureras y posibles restricciones comerciales”, ha añadido.

En este escenario, no habría de sobrevalorarse el protagonismo climático que le corresponde a la UE: el bloque europeo representa alrededor del 6 % de las emisiones globales, frente al 30 % de China y al 11 % de Estados Unidos.

El Acuerdo de París, que se aprobó oficialmente en diciembre de 2015, surgió para abordar la necesidad de trabajar globalmente para luchar contra el cambio climático. Es un tratado internacional jurídicamente vinculante por el que los países firmantes —casi 200 en 2015— se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para impedir que la temperatura global del planeta al final del siglo XXI suba más de 2ºC respecto a la que era antes de la era industrial y “preferiblemente” que ese límite sea 1,5ºC.

El Acuerdo de París: claves

El cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

Para abordar el cambio climático y sus impactos negativos, los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en París, realizaron un avance más el 12 de diciembre de 2015 con el histórico Acuerdo de París.

El Acuerdo establece objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones:

El Acuerdo es un tratado internacional legalmente vinculante. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. En la actualidad, 194 partes (193 países más la Unión Europea) han firmado el Acuerdo de París.

El Acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar juntos a fin de adaptarse a los impactos del cambio climático, así como llamamientos a estos países para que aumenten sus compromisos con el tiempo. El Acuerdo proporciona a los países desarrollados una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, creando un marco para un control y una información transparentes sobre los objetivos climáticos de estos países.

El Acuerdo de París proporciona un marco duradero con afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas. Señala el comienzo de un cambio hacia un mundo con emisiones cero neto . La puesta en práctica del Acuerdo también es esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que ofrece una hoja de ruta para las medidas climáticas que reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia al clima.

¿En qué consiste?

 El Acuerdo de París se implementa en ciclos de cinco años, con acciones de los países progresivamente más ambiciosas en materia climática. Se espera que, cada cinco años, los países envíen un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional, o CDN.

En sus CDN, los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en estas CDN las medidas que tomarán para desarrollar la resiliencia necesaria para adaptarse a los impactos del aumento de temperaturas.

Para enmarcar mejor los esfuerzos encaminados a lograr el objetivo a largo plazo, el Acuerdo de París invita a los países a formular y enviar estrategias a largo plazo. A diferencia de los CDN, estas no son obligatorias.

Los detalles operativos para la implementación práctica del Acuerdo de París se acordaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24) de Katowice, Polonia, en diciembre de 2018, en lo que coloquialmente se llama el Libro de Reglas de París, y se finalizaron en la COP26 de Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021.

En 2023, el primer “balance mundial” evaluará los avances en los objetivos del Acuerdo de París. Este proceso animará aún más a los países a adoptar medidas climáticas ambiciosas que mantengan el calentamiento por debajo de 1,5 grados centígrados. 

La aplicación del Acuerdo de París requiere una transformación económica y social, basada en la mejor ciencia disponible. El Acuerdo de París funciona en un ciclo de cinco años de medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo por los países. En 2020, los países presentaron sus planes de acción climática conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).

Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC)

En sus contribuciones determinadas a nivel nacional (conocidas como NDC por sus siglas en inglés), los países comunican las medidas que tomarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Los países también comunican en dichas contribuciones las acciones que tomarán para crear resiliencia y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas.

Estrategias a largo plazo

Para centrar mejor los esfuerzos hacia el objetivo a largo plazo, el Acuerdo de París invita a los países a formular y presentar para 2020 estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Las estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero proporcionan el horizonte a largo plazo a las contribuciones determinadas a nivel nacional, aunque, a diferencia de estas, las estrategias a largo plazo no son obligatorias. Sin embargo, sitúan a las contribuciones determinadas a nivel nacional en el contexto de las prioridades de planificación y desarrollo a largo plazo de los países, proporcionando una visión y dirección para el desarrollo futuro.

¿Cómo se apoyan los países entre sí?

El Acuerdo de París proporciona un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan.

Finanzas

En el Acuerdo de París reafirma que los países desarrollados deben tomar la iniciativa en la prestación de asistencia financiera a los países menos dotados y más vulnerables, al tiempo que se alienta por primera vez a las demás Partes a aportar contribuciones voluntarias. La financiación del clima es necesaria para la mitigación, ya que se requieren inversiones en gran escala para reducir significativamente las emisiones. La financiación de la lucha contra el cambio climático es igualmente importante para la adaptación, ya que se necesitan importantes recursos financieros para adaptarse a los efectos adversos y reducir los efectos de un clima cambiante.

Tecnología

El Acuerdo de París habla de la visión de llevar a cabo plenamente el desarrollo y la transferencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece un marco tecnológico para proporcionar una orientación general al Mecanismo Tecnológico. El mecanismo está acelerando el desarrollo y la transferencia de tecnología a través de sus subdivisiones de política y aplicación.

Fomento de la capacidad

No todos los países en desarrollo tienen capacidad suficiente para hacer frente a muchos de los desafíos que plantea el cambio climático. Por ello, en el Acuerdo de París hace gran hincapié en el fomento de la capacidad relacionada con el clima en los países en desarrollo, y se pide a todos los países desarrollados que aumenten su apoyo a las medidas de fomento de la capacidad para aquellos países menos adelantados.

¿Cómo se supervisa el progreso?

Con el Acuerdo de París, los países establecieron un marco de transparencia mejorado. En virtud de este, a partir de 2024, los países informarán de manera transparente sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en la mitigación del cambio climático, las medidas de adaptación y el apoyo prestado o recibido. También se prevén procedimientos internacionales para el examen de los informes presentados.

La información reunida por medio del marco de transparencia mejorado se incorporará al balance mundial de la situación, que evaluará el progreso colectivo hacia los objetivos climáticos a largo plazo.

Esto dará lugar a recomendaciones para que los países establezcan planes más ambiciosos en la próxima ronda.

¿Qué se logró hasta ahora?

Aunque es necesario aumentar en gran medida las medidas relativas al cambio climático para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los años transcurridos desde su entrada en vigor ya han dado lugar a soluciones con bajas emisiones de carbono y a nuevos mercados. Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. Las soluciones de cero emisiones se están volviendo competitivas en todos los sectores económicos y ya representan el 25 % de las emisiones. Esta tendencia es más notoria en los sectores de la energía y el transporte, y ha creado muchas nuevas oportunidades de negocio para los que se adelantan.

Para 2030, las soluciones de cero emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan más del 70 % de las emisiones mundiales.

EFE