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"Con odio y hambre no hay libertad": las mujeres salen a la calle en el primer Ni Una Menos del gobierno de Milei

Este lunes, como cada 3 de junio desde 2015, se realizará la movilización del Ni Una Menos. Será la primera durante la presidencia de Javier Milei, un gobierno que a lo largo de los primeros meses atacó abiertamente al movimiento feminista y desfinanció las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género.

Este año el centro de la convocatoria es exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la ley Bases y el DNU, además de los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, indicaron desde la organización. 

Nueve años después de la primera movilización, convocada tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, la violencia extrema hacia las mujeres y diversidades sigue en el centro de la agenda. Este mes tres lesbianas fueron asesinadas en un hotel de Barracas por su identidad de género y una continúa internada. Esa será una de las principales demandas de la movilización al Congreso este lunes a partir de las 16.30.

“La movilización en este contexto económico y político es, también, la oportunidad de reivindicar, resignificar y repensar algunas banderas del transfeminismo como: 'no tendrán la comodidad de nuestro silencio' o 'al armario no volvemos nunca más'”, le dijo a elDiarioAR María Laura Olivier, secretaria General de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) e integrante del grupo “Lesbianes autoconvocades por la Masacre de Barracas”. 

Los lesbicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante por los que está detenido Justo Barrientos, un vecino del hotel de 67 años, será una de las principales banderas para denunciar un clima creciente de discursos de odio. Esta semana, la cantante Lali Espósito hizo referencia a la masacre de Barracas durante la premiación de los Premios Gardel. “Es cierto que la palabra lesbicidio no está en la RAE, pero está en la calle y en la vida real de mucha gente”, reflexionó la cantante y anticipó la demanda del 3J.

Alrededor de las 18 horas se leerá el documento en el que se consensuaron distintos temas durante las asambleas abiertas que se realizaron las semanas previas. Luci Cavallero, una de las referentas del NUM, sostuvo que el tema central es denunciar que “con odio y hambre no hay libertad”.  “Estamos en contra del DNU porque nos empobrece y porque libera los precios principales de la economía y nos está haciendo imposible la vida cotidiana. Estamos en contra de la aprobación de la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos, nueve de cada diez mujeres no se podrían jubilar. Al mismo tiempo nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Denunciamos el hambre como política de disciplinamiento hacia las organizaciones sociales y hacia las mujeres que vienen sosteniendo los comedores”, afirmó Cavallero a este diario. 

En las asambleas expusieron la violencia de género económica que implican las medidas del gobierno de Milei. “El hecho de no tener un trabajo y no tener la posibilidad de llevar ni siquiera un plato de comida o un kilo de pan para compartir con tus hijos genera mucha bronca y la violencia crece mucho más en la familia”, le dijo a elDiarioAR la secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales. Además, alertó sobre la situación de las trabajadores comunitarias: “Somos las que seguimos garantizando las tareas del cuidado en los barrios populares, las que seguimos cuidando y alimentando a nuestra comunidad y nos congelaron el sueldo. Este mes nos pagaron la mitad, solo estamos cobrando $78.000, es indigno el nivel de violencia que venimos padeciendo. Es un crimen lo que están haciendo con nuestras compañeras, ellas siguen trabajando porque aman a su comunidad”.

Además, desde las organizaciones sociales alertaron sobre el crecimiento de los grupos narcos en los barrios. “La falta de trabajo desencadena que nuestra juventud agarre plata sucia, convivimos con los narcos en los barrios populares. Siempre están y en momentos de crisis aprovechan la situación para descarrilar a nuestra juventud”, agregó Morales, que también es coordinadora Nacional de Barrios de Pie.

En lo que va del año fueron asesinadas 101 personas por motivos de violencia de género. Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el  30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 1 trans-travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En los primeros cuatro meses, 106 niños y niñas quedaron sin su madre. En este marco de violencia estructural, el gobierno nacional eliminó la mayoría de las políticas públicas destinadas a reducir las cifras. 

Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indica que hay un 33% de recorte de presupuesto de estas políticas y que hay una parálisis de todos los programas de prevención y asistencia: caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar (para víctimas de violencia) y del 25,52% del presupuesto de la Línea 144. La integrante del área de Políticas de ELA Agustina Rossi explicó que estos recortes tienen un impacto mayor en las mujeres más empobrecidas. “El programa Acompañar brindaba apoyo económico equivalente a un salario mínimo durante seis meses y afecta más las mujeres que dependían más fuertemente de poder recibir esta ayuda para irse del hogar violento”, le dijo a elDiarioAR.

Este alejamiento del Estado incide en que mujeres y diversidades en situación de violencia dejen de buscar ayuda y regresen con el agresor. “El monitoreo detectó que cuando las mujeres no pueden recibir este tipo de apoyo económico y psicosocial terminan decidiendo no denunciar, dejan los espacios de ayuda y vuelven con el violento. Entonces ya estamos viendo un retroceso muy fuerte en aquellas mujeres que se habían empezado a animar a buscar ayuda y que al ver que no hay ningún programa que la sostenga para efectivamente romper con el círculo de la violencia, entran en la necesidad de tener que volver con el violento”, agregó Rossi.

CDB/DTC

La denuncia del Gobierno por irregularidades en Capital Humano cayó en el juzgado de Ariel Lijo

La denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios para el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) recayó en el juzgado del candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema, Ariel Lijo.

La presentación, formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, fue sorteada este lunes y quedó registrada con el número 2098/2024.

La carátula de la causa es, por ahora, “averiguación de delito”.

La fiscalía que está trabajando con el juzgado de Lijo durante 2024 es la de Ramiro González.

La denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI.

El Gobierno denunció a De la Torre ante la Oficina Anticorrupción

Luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidiera echar a Pablo de la Torre, el gobierno de Javier Milei dio un paso más allá y denunció el pasado 31 de mayo al funcionario ante la Oficina Anticorrupción con el objetivo de que se investigue el accionar de quien ejercía hasta este jueves como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. En un principio se pensó que su desplazamiento había tenido que ver únicamente con la polémica alrededor de la entrega de alimentos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que su salida podría haberse debido a posibles desmanejos de contratos.

Según pudo saber elDiarioAR, De la Torre fue el responsable de refrendar el convenio que mantiene la cartera que conduce Pettovello con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI) con el fin de que sea esta institución, y no el Estado, la que contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios. La revalidación de ese mecanismo estuvo a cargo del ahora exsecretario, quien a fines de abril selló con la OEI un desembolso de $645 millones, que se sumó a los $395 millones que ya habían sido girados en enero, según información publicada por el diario La Nación.

A pesar de que el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo, como es el firmado con la OEI, la sospecha que recae sobre De la Torre es que a través de ese artilugio habría contratado a decenas de trabajadores del propio ministerio, algo muy alejado de la idea original de emplear a profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo, educación o cultura, áreas a las que se dedica la cartera que comanda Pettovello.

A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite. Un complejo combo que motivó a la titular de la cartera a denunciarlo en la OA para que se siga de cerca el accionar de quien fuera uno de sus principales secretarios. En esa línea, el Gobierno también optó por “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

El pasado viernes y este domingo, Milei respaldó a su ministra, a la que en más de una oportunidad calificó como “la número uno”. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que el Presidente “expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”, y admitió que De la Torre tuvo problemas en la gestión y fue el responsable de la limitación en la información sobre el tema de alimentos. 

“Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo”, expresó el portavoz, y concluyó: “Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo”. 

Por su parte, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, presentó el viernes pasado un pedido de informes para que la ministra Pettovello rinda cuentas acerca de la polémica. La dirigente del sector de Evolución Radical le atribuyó al Gobierno “insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables”. 

Además, Carrizo pidió que la respuesta del Gobierno no se detenga en la desvinculación del ahora exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre sino que sea más profunda. “Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta”, aseguró la legisladora. Y agregó: “Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos”.

Con información de agencias.

IG

Pettovello desplazó a cuatro funcionarios de Capital Humano que dependían de Pablo de la Torre

En el centro de la tormenta que sacude al ministerio de Capital Humano en los últimos días por los alimentos almacenados en galpones sin ser distribuidos con fecha de vencimiento cercana y la sospecha de manejos irregulares en las contrataciones, Sandra Pettovello decidió no renovar el vínculo de cuatro funcionarios que trabajaban bajo el ala del ahora exsecretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre.

En sendas resoluciones (de la 339 a la 342) publicadas este lunes en el Boletín Oficial, la funcionaria comunicó la decisión de “limitar, al día 30 de mayo de 2024, la designación del abogado Fernando de la Cruz Molina Pico, en el cargo de Coordinador General de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social; del señor Esteban María Bosch en el cargo de Director Nacional de Emergencia; de la abogada María Lucía Raskovsky en el cargo de Subsecretaria de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano; y del Doctor Héctor Nicolás Calvente, en el cargo de Subsecretario de Políticas Sociales.

Ya son 19 los cambios en Capital Humano desde que asumió Pettovello

Desde su asunción en el cargo el pasado 11 de diciembre, en el inicio de la era Milei y tras absorber en un solo ministerio varias áreas del Estado, como Anses, Desarrollo Social y Salud, entre otras, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya despidió a casi dos decenas de funcionarios de su cartera. De acuerdo a un relevamiento publicado por C5N, los que fueron dados de baja desde el 7 de enero son:

Niegan los rumores de renuncia de Pettovello

La directora general de Comunicación y Prensa del Ministerio de Capital Humano, Romina Palermo, dialogó con la agencia Noticias Argentinas y aseguró que “no es cierto” que la ministra Sandra Pettovello haya presentado su renuncia a la cartera como tampoco el aparente rechazo de la misma por parte del presidente Javier Milei.

Los rumores de la desvinculación de Pettovello comenzaron luego de que, la semana pasada, se conociera la existencia de varias toneladas de alimentos no perecederos retenidos en los galpones de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Tafí viejo en Tucumán.

A esto se sumó que la ministra fue acusada, “por incumplimiento de deberes de funcionario” el pasado viernes 28 de mayo, después de una denuncia inscripta en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios.

Cuando Palermo fue consultada sobre la desvinculación del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, sostuvo que fue “por mal desempeño como funcionario público” y que la ministra no estaba al tanto “Si no, lo hubiera echado antes”.

“La denuncia está en la Justicia y también en la Oficina de Anticorrupción”, indicó la vocera.

Con información de agencias.

IG

Pese a la motosierra, Milei subsidia más que Cristina Kirchner el costo de la electricidad de la mayoría de la población

Pese a que Javier Milei llegó a la presidencia haciendo campaña con una motosierra para prometer ajuste fiscal, a pesar de que arrancó con fuertes tarifazos de luz y gas, después postergó las alzas previstas para mayo en aras de lograr un 5% de inflación. Incluso en las empresas de electricidad prevén que se patearán todos los aumentos hasta después del invierno.

Mientras tanto, entonces, el presidente libertario que logró el déficit cero ha pasado a subsidiar más el costo de la energía eléctrica que nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner en su segundo gobierno, cuando se cumplieron 13 años de congelamiento tarifario.

En junio de 2015, los usuarios, sin distinción de clase social, así viviera en un country o en un barrio humilde, pagaban el 10,9% del costo de la generación eléctrica, mientras el Estado subvencionaba el restante 89,1%. En mayo de 2024, el 45% del valor es pagado por el conjunto de la sociedad y el 55% se subsidia. Pero ahora la tarifa está diferenciada según ingresos. Los N1, es decir, el 35% de mayores recursos, paga el 61,8% de la electricidad y el Estado le cubre el 38,2%. Se suponía que no iban a tener subsidios, pero eso sólo ocurrió entre agosto y noviembre de 2023, bajo el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa.

Los N2, el 30% de la población con menos ingresos, está pagando sólo el 4,2% del costo de la electricidad. Es decir, el 95,8% se cubre con la ayuda estatal. Y Los N3, el 35% de los argentinos que son clase media o intentan serlo, abona el 11,4% y recibe un 88,6% del Estado, casi como en el momento que más subsidió Cristina Kirchner. Se trata de datos oficiales al nivel nacional. Con la inflación que hay y de continuar el congelamiento del mes pasado, en junio es probable que también los N3 pasarán a pagar menos que el tercer gobierno kirchnerista (2011-2015).

Es curioso es que, aunque la población está muy subsidiada, igual despotrica por las tarifas. Quizás porque antes pagan por la luz menos que por Netflix y ahora abona mucho más. La factura eléctrica promedio país fue en mayo de $42.877 para un hogar de altos ingresos N1, $17.453 para uno de bajos N2 y $18.048 para uno de medios N3, según el Reporte de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En cambio, el servicio premium de streaming costó $9.699. O sea, queda mucho por subir la luz para bajar el gasto público, pero ya de por sí la gente percibe que paga mucho. Seguramente tenga que ver con sus pobres salarios, que bajaron un quinto con Mauricio Macri, otro 5% con Fernández y más de un 10% con Milei.

En la categoría N1, donde se más se paga por la electricidad en promedio es en Neuquén ($65.000), Río Negro ($60.000) y Mendoza ($57.000), mientras los registros más bajos están en La Rioja ($25.000), Tierra del Fuego ($28.000) y el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA,. también $28.000). Entre los N3, Mendoza, Río Negro y Santa Fe abonan más (entre $35.000 y $28.000), mientras que La Rioja, el AMBA y Formosa pagan menos (entre $3.000 y $7.000). Por últimos, los N2 abonan como máximo en Mendoza, Río Negro y Santa Fe entre $35.000 y $ 28.000 y, como mínimo, en La Rioja, el AMBA y Santa Cruz, entre $2.000 y $7.000, según el reporte de la UBA.

El informe también compara el costo de las facturas de luz y gas sobre salario promedio formal en el AMBA. En 2019, después de los tarifazos de Macri sólo frenados el último año, representaba el 5,8% del sueldo. Ahora es el 6,3% de las remuneraciones de los N1, 3,1% de los N3 y 3% de los N2. En relación al ingreso mínimo de cada segmento social, representa el 1,8% en los N1, el 3,1% de los N3 y el 10,4% de los N2.

El reporte de la UBA señala que en el AMBA los usuarios más ricos pagan el 65% del costo de la luz y el 51% del del gas. El resto es subsidio. Los N3 abonan el 5% de la electricidad y el 20% del gas. Los N2, el 4% de la luz y el 14% del costo gasífero. Casi todo se cubre con subvenciones.

AR/DTC

Obras públicas sin plata: Francos ensaya una fórmula riesgosa con los gobernadores

Better call Francos, instalaron las redes esta semana como meme de su desembarco y parece que le gustó. El nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estrenó cargo sin jurar y ya arma una avanzada para mantener cohesionado el frente político del oficialismo con planes concretos para atender las urgencias de los gobernadores, cercanos y no tanto. Se le acumulan los reclamos.  

Buena parte del rol que tuvo como ministro del Interior lo trasladará al primer piso de la Casa Rosada, ahora empoderado para intentar aflojar la billetera, o al menos darle algún tipo de dinamismo al tema que más preocupa a los jefes territoriales: la parálisis total de la obra pública. 

Entre los gobernadores hay alivio por la llegada de Francos como ministro coordinador, considerado un dispositivo extraño en el mundo libertario, un “casta”, amable en el trato, predispuesto al diálogo y, sobre todo, con un intento de mirada más allá de la Capital Federal. Intentarán, a través de él, que el gobierno nacional les devuelva algo del flujo de fondos perdidos desde el inicio de la nueva gestión. Esa es la expectativa en los gobernadores más cercanos al Gobierno. Los opositores, escépticos, eligen activar por su cuenta.

La reactivación de las obras públicas aparece al tope de los reclamos que ya empezó a escuchar el nuevo jefe de Gabinete. Su firma ahora es clave. A cargo de la cartera política tenía diálogo, pero no lapicera. Se trabaja en dos alternativas en estudio. Una, en la que el gobierno nacional se saca el problema de encima, es que cada provincia consiga financiamiento internacional y siga adelante. La otra idea, más compleja, es el traspaso de la Nación a las provincias de las obras que cada gobernador considere prioritarias y ya estén iniciadas, con avances más cercanos a la finalización. 

¿Cómo se financiará? En principio está en estudio la emisión de un bono a un año para que los distritos puedan hacer frente a la infraestructura que demanden. La otra alternativa es que al traspasar la jurisdicción de la obra, también transfieran parte de los fondos. Solo partes, no todo. Es lo que piden los gobernadores. En la Casa Rosada se hacen los distraídos. “Habrá traspaso de obras, no está claro si es con los fondos”, refieren cerca del ministro. En una provincia del centro dicen que algo de recursos empezaron a largar. El resto podría hacerse a través de un endeudamiento acotado. De esa manera, Francos evita enfrentarse en lo inmediato al ministro de Economía, Luis Caputo, el chanchito de yeso que podría frenarle el plan.

Todo será parte de la negociación que pueda llevar adelante el nuevo jefe de Gabinete con Milei y Caputo, que siguen cerrados a la idea del giro de fondos para obras públicas. Ese plan de traspaso contempla que los gobernadores puedan recaudar fondos para las obras a través de las concesiones. Lo habilita el artículo 65 de la ley Bases, que establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos (...) a sociedad privadas o mixtas o a entes públicos para la construcción, conservación o explotación (...) mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones”. Además, queda habilitada la opción de concesiones para “ampliación, reparación, conservación o mantenimiento”. El mensaje de la Casa Rosada es: si la provincia quiere terminar una obra, que elija una ruta, la concesione y cobre peaje.  

Para romper el hielo, y no el chancho, una de sus primeras reuniones de acercamiento hacia los gobernadores fue con funcionarios de Axel Kicillof. Por el despacho de Francos, todavía en la planta baja hasta la mudanza, pasó Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas bonaerense y su par de Seguridad, Javier Alonso. Allí hablaron de reactivar los 21 kilómetros que faltan de la autopista Presidente Perón. “Pedimos que hagan algo, no nos pueden dejar la obra así. Nos tienen que pasar la obra”, dijeron cerca del ministro.  

En La Plata recuerdan que hay 1.000 obras nacionales paralizadas en toda la provincia e insisten con el reclamo, incluso por vía judicial. La provincia ya tomó la decisión de avanzar por su cuenta con la terminación de 58 jardines de infantes que se hacían con fondos nacionales y la terminación de obras con 22 universidades. En ese caso lo puede hacer porque eran convenios de Nación con municipios. Los intendentes los rescindieron y los firmaron con Kicillof. Katopodis venía pidiendo desde febrero una reunión con Caputo, que nunca ocurrió.  

Mañana Francos recibirá a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, uno de los mandatarios más activos en la propuesta de llevar adelante un cronograma de traspaso de obras. Es de los más amigables hacia el Poder Ejecutivo. No es solo una foto. La reunión servirá para la firma de un convenio de traspaso en el que además de Francos estará el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, que depende de Caputo.

Por la noche, a las 20, finalmente el ministro jugará en un acto en el salón Blanco ante Javier Milei. Hasta el viernes ni siquiera se había podido mudar. Su antecesor, Nicolás Posse, siguió yendo a su despacho, pegado al del Presidente en la semana en la que Milei no estuvo.

“Hay una línea abierta sobre todo para los que están apoyando”, celebraron desde una provincia opositora, pero cercana a la Casa Rosada. La llegada de Francos a la jefatura de Gabinete encaminó para algunos un canal de diálogo, y para otros, directamente lo abrió, como para Kicillof. “Puede permitir algún trato más claro y agilizar la gestión”, sostienen sobre su llegada y recuerdan que, por ejemplo, en la dirección de Vialidad ni siquiera tienen firma, por la falta de nombramientos.  

Además de Katopodis, por Balcarce 50 pasó el jueves el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Reiteró en su charla con el funcionario nacional que promoverá el acompañamiento de un senador de su provincia, Guillermo Andrada, a la ley Bases y el paquete fiscal. Si no es en la votación en general, será en algunos capítulos, como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). “No va a haber más de 33 votos negativos, incluso puede haber menos”, especulan en el despacho de Francos sobre la votación del próximo 12 de junio, con la expectativa de que la gestión con Jalil le saque un voto al rechazo de Unión por la Patria. 

El raid del gobernador incluyó reuniones también con el secretario de Obras Públicas. “Decidimos cuáles (obras) seguirán con financiamiento nacional y cuáles con fondos provinciales”, sostuvo Jalil tras el encuentro. Para algunos plata hay. 

El ascenso de Francos fue bien recibido también por gobernadores de la línea intermedia, entre los más combativos y los más amigables, como Maximiliano Pullaro. El gobernador fue elogioso, y sus funcionarios vienen trabajando ya en el reclamo de fondos para obras públicas iniciadas. “Tengo mucha expectativa de que algunas cosas y algunas miradas del gobierno nacional puedan cambiar. Tenemos una excelente relación con él”, remarcó el gobernador, que ya habló por teléfono con el nuevo ministro coordinador. Sus negociadores avanzaron esta semana en concretar algunas obras. “Nos volvemos con el compromiso de activar obras de reparación y de emergencia”, anunció en Santa Fe el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico.

Aunque por ahora no hay reuniones en agenda, la llegada de Francos abre también un canal más concreto de acercamiento a la CGT. Con él habían llevado adelante el primer y único encuentro oficial que existió hasta ahora, antes del paro general. Se habían visto informalmente, en diciembre. Era el único funcionario del gabinete nacional con el que el sindicalismo tenía el teléfono abierto.

MV/DTC