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Noticias de Tucuman

Los trabajadores del Garrahan denuncian que el Gobierno no hizo una oferta de mejora salarial: "Encima de pagarte muy poco, tratan de ensuciarte"

El día después de una jornada de protestas y sin respuestas del Gobierno a los reclamos que vienen planteando desde hace meses y que llegaron ahora a su punto más álgido, los médicos residentes del Hospital Garrahan anunciaron este viernes la continuidad de las medidas de fuerza y exigieron “un salario justo, acorde a nuestras responsabilidades y carga horaria que sostenemos, y condiciones laborales dignas para cuidar sin descuidarnos”.

“Los residentes somos empleados del ministerio de la Salud de la Nación, nuestro salario no depende del presupuesto del hospital. Por eso, deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también es evadir el compromiso que tiene el Estado nacional sobre nuestra situación salarial”, apuntaron los trabajadores de la salud al Gobierno, al tiempo que aclararon estar “a favor de la transparencia y de la correcta gestión de recursos”.

En las puertas del hospital y frente a los medios de prensa, los trabajadores de la salud explicaron que la decisión de continuar con las medidas de fuerza “se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos”. Al respecto, detallaron que en septiembre de 2024, el entonces ministro Mario Russo, “firmó un aumento del 38% que fue dado de baja a las pocas horas”.

“Nos duele tener que continuar con estas medidas. Sostenemos que nuestro lugar no es enfrente a las cámaras, sino al lado de nuestros pacientes y sus familias. Pero esta situación es insostenible. Reclamamos un salario justo, acorde a nuestras responsabilidades y carga horaria que sostenemos, y condiciones laborales dignas para cuidar sin descuidarnos. El capital humano del sistema de salud se está perdiendo. Esta crisis no solo afecta a quienes hoy sostenemos la atención, sino que compromete el futuro del sistema y la permanencia de nuevas generaciones de profesionales. Estamos preocupados por el futuro de la salud pública”, aseguraron. 

“Seguiremos firmes con nuestra medida de fuerza y solicitamos que se no dé una nueva reunión con una propuesta concreta para solucionar el conflicto. Curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Necesitamos que todos nos acompañen”, pidieron los médicos residentes. 

Por su parte, más temprano, el jefe de clínicas de la sala de cuidados intermedios y moderados del Hospital Garrahan, Pablo Puccar, cuestionó los números que expuso el Ministerio de Salud respecto a la composición de la planta, y cargó contra el Gobierno Nacional por la situación de los trabajadores de la institución pediátrica. 

“Encima de pagarte muy poco tratan de ensuciarte…la gente se cansa, tenemos límites”, sostuvo, y agregó: “Sé que le estamos dando el gusto de destruir al hospital nosotros mismos yéndonos, pero no se puede más”.

Tras las explicaciones del la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, que atribuyó la situación a un “desorden administrativo” del hospital, Puccar retrucó: “Dice que hay 780 administrativos y 500 médicos, y la planta del Hospital Garrahan es de 4728 personas, esto está en la página, no lo estoy inventando”.

“De la parte asistencial, no solo hay médicos, están los kinesiólogos que son fundamentales, los enfermeros que sin ellos no podríamos trabajar, el equipo de salud mental del hospital, técnicos, biólogos… eso forma 3200 empleados de la parte asistencial, y solo el 20%, o un poquitito menos,18% es la parte administrativa”, detalló en declaraciones a Splendid AM 990.

Puccar es jefe de sala de internación en el Garrahan y trabaja con niños de entre un mes a 18 años que necesitan respiración a través de aparatos artificiales. “Trabajamos con tanta gravedad que sufrimos el fallecimiento de nuestros pacientes. Convivimos todo el tiempo con decirle a los papás diagnósticos que son terribles”, contó. 

En otro pasaje de la entrevista con el periodista Antonio Llorente, el médico planteó: “Si hay cosas para revisar, bienvenidos sean, que las revisen, que las hagan, pero estos argumentos que utilizan para ensuciar evidentemente son para que eso no pase”.

“No conozco a los 500, 600 de la parte administrativa. Las secretarias que trabajan en la parte de internación, donde asisten a 300 chicos internados, son 2 y son fundamentales. Sin ellas hay un montón de cosas administrativas que no las podríamos hacer. Las veo entrar a las 8 de la mañana e irse a las 4 de la tarde”, destacó.

El jefe de clínicas relativizó además los anuncios del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó la implementación de un sistema biométrico para chequear los horarios de asistencia del personal y el porcentaje de presentismo de los trabajadores. 

“Todos los días cuando ingresamos pasamos una tarjeta cuando entramos y una cuando salimos. Tenemos una ficha que figura en nuestro legajo el horario de entrada y el horario de salida, pongo a disposición mi portal del empleado para que se puedan mirar las fichadas y no tenemos ningún problema”, retrucó. 

Asimismo, cargó contra la administración libertaria al sostener que el personal médico se siente herido “en lo moral” desde hace más de un año, y sostuvo que las respuestas de la gestión aceleraron el éxodo de profesionales de la institución. “Entre todo el 2024 y lo que va del 2025, recibimos un 20,6% de aumento, mientras la inflación debe estar por arriba de 100%, eso están también en la página del hospital”, aseveró. 

“No queremos pelear con nadie, queremos salvar al hospital de la fuga de profesionales que está habiendo”, insistió, y añadió: “Tengo que estar estudiando para la licenciatura que estoy haciendo y no el convenio colectivo de trabajo. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué nos están acorralando de esa forma”.

Por último, realizó un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional y los invitó a conocer de primera mano la situación que atraviesa la institución y a detectar “los ñoquis” que el ministerio señala. “Hace un año y medio que están gobernando…vengan, les abrimos la puerta, entren, díganme quiénes son. Los que estamos en el hospital no queremos que nadie esté robando. Ahora, si después de un año y medio lo único que tienen para decirnos es lo mismo que hace un año atrás…”, planteó. 

“Estamos cansados, la verdad, no nos cabe duda que están yendo de vuelta para el mismo lado y que esto no va a tener solución”, concluyó el personal de salud.

El Gobierno, entre el control de asistencia y un plus de “productividad”

Este jueves, en plena jornada de protestas por parte de trabajadores del Hospital Garrahan, el Gobierno de Javier Milei avanzó con un plan que apunta a reorganizar el funcionamiento del hospital pediátrico, bajo la consigna de la “eficiencia” en el uso de recursos. Entre las medidas que evalúa el Ministerio de Salud, figura la implementación de un sistema de control biométrico de asistencia y un posible adicional por productividad para el personal médico.

El conflicto en el hospital tiene como trasfondo los reclamos salariales y las condiciones laborales de los profesionales de la salud. Desde la cartera que dirige Mario Lugones aseguran que el problema responde a “desórdenes administrativos”, y no a un recorte presupuestario. “El Garrahan no tiene un problema de plata, tiene un problema de estructura”, sintetizó una fuente oficial.

Durante una breve aparición en Casa Rosada, la viceministra Cecilia Loccisano detalló que el hospital cuenta con 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta. “Hay un desequilibrio muy grande en la dotación que estamos tratando de corregir para priorizar a los médicos y mejorar las prestaciones”, afirmó.

El Gobierno afirma que el objetivo es reordenar el presupuesto —que aseguran fue incrementado en un 244% entre 2023 y 2024— para concentrar los recursos en la atención médica. A partir del 1 de junio, se activará un sistema de ingreso biométrico para registrar el presentismo del personal. “Los que no cumplan no van a cobrar. Se terminó el tiempo de los ñoquis”, deslizaron desde el ministerio.

Entre los trabajadores, la situación es crítica. Médicos residentes denuncian jornadas de hasta 60 horas semanales con una remuneración que ronda los $3.000 por hora, lo que representa ingresos por debajo del umbral de pobreza. Según sus cálculos, el salario mensual debería casi duplicarse para empatar la inflación.

Desde enero, rige un ítem de alta complejidad que representa un 15% adicional sobre el salario básico, y también hubo una suba en la hora de guardia, que pasó de $8.000 a $9.600. Aun así, los profesionales insisten en que esas mejoras son insuficientes.

En paralelo, el Ejecutivo analiza la implementación de un plus por productividad vinculado a la complejidad de los procedimientos realizados, aunque esa medida aún se encuentra en etapa de estudio.

Otra línea de conflicto gira en torno a las contrataciones de servicios tercerizados, como limpieza, vigilancia y alimentación. Según fuentes oficiales, se detectaron irregularidades en licitaciones previas y señalan que “algunos actores buscan interferir en la comunicación directa con los residentes para sostener sus privilegios”.

Tras el anuncio de un paro para este jueves, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y se convocó una mesa de diálogo que reunió a representantes del Gobierno nacional, de la Ciudad, autoridades del hospital y delegados médicos. Según el Ejecutivo, la instancia busca abrir un canal institucional para resolver los desacuerdos.

No obstante, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) alertan sobre un posible colapso sanitario si no se atienden los reclamos: “El hospital necesita recomponer salarios, cubrir vacantes y frenar el vaciamiento”, sostienen.

También hay diferencias en los números. Esteban Argañaraz, delegado de ATE, cuestionó los datos oficiales y aseguró que el hospital cuenta con 4.728 trabajadores, de los cuales más de 3.000 están afectados directamente a tareas asistenciales. “El ajuste es real, y lo están disfrazando con discursos de orden y eficiencia”, denunció.

Mientras el Gobierno destaca como logro haber alcanzado “el equilibrio financiero del hospital por primera vez en una década”, los trabajadores insisten en que ese equilibrio se sostiene a costa del deterioro de las condiciones laborales y la atención.

Con información de agencias.

IG

La oposición se apalanca en el descontento social para impulsar una sesión por fondos para discapacidad y jubilaciones

Tiziano se aleja unos pasos de su madre, se pone delante de la cámara de C5N y, armado por una gorra y campera gigantes que lo hacen parecer aún más chico, cuenta: “Vine a participar porque tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas porque, si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más. Por favor páguenle a mis terapeutas o, si no, no las voy a ver en mi vida”. Habla rápido y conciso, y el cronista, emocionado, le pide un abrazo. Tiziano lo acepta y se aleja hacia donde está su madre, que lo espera junto al resto de los manifestantes que se convocaron, en las afueras del Congreso, para reclamar en contra del ajuste del Gobierno en materia de discapacidad. 

Mientras Tiziano habla, los ruidos de la manifestación se escuchan desde adentro del Congreso. Los senadores y diputados reunidos en la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas hacen un parate y escuchan. Y es ahí que el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, aprovecha para tomar la palabra y presiona: “No podemos despegar este debate de lo que pasa en las calles, esperemos que el miércoles no haya nadie paveando con el quórum”.

Miguél Ángel Pichetto, que está presidiendo la Bicameral y es uno de los impulsores de la sesión opositora convocada para el próximo miércoles, se ataja: “Usted sabe que estoy comprometido”. Martínez se impacienta y aclara: “No, no, no es por usted, presidente”. No mira a nadie, pero a unos metros, la radical Soledad Carrizo y él larretista Álvaro González guardan silencio. 

El último one shot opositor

El próximo miércoles, la multipartidaria opositora contra Javier Milei buscará sesionar para aprobar un proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027. La iniciativa busca garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, incrementar el Presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. 

Este proyecto será la punta de lanza contra el blindaje libertario, que viene de boicotear el último intento de la oposición de aprobar un conjunto de iniciativas de carácter social bajo el argumento de que generarían “costo fiscal”. El concepto maldito de la gestión libertaria. El Gobierno logró, entonces, vaciar el quórum con la ayuda de los gobernadores. Especialmente de uno: el cordobés Martín Llaryora, que había comprometido su apoyo para acompañar el aumento a las jubilaciones pero que, cuando llegó el momento de la verdad, ordenó a sus diputados a que se ausentasen. 

La semana próxima, la multipartidaria opositora -que engloba al peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica- volverá a intentar sortear el poder de presión del Gobierno. Tras la victoria porteña, La Libertad Avanza se siente más fuerte que nunca, pero en la oposición apuestan a que la última semana de conflictividad social funcione como ariete para sortear la presión oficialista. Ahora, explican, no es solo el Gobierno el que presiona: la calle también lo hace. 

“Que después vayan y expliquen en sus provincias por qué no dieron quórum para las personas con discapacidad”, provocan, a coro, los diputados opositores.

En los últimos días, la carátula de la sesión cambió. Lo que era una avanzada para poner en funcionamiento la comisión investigadora por el escándalo $LIBRA se convirtió, tras la seguidilla de movilizaciones y medidas de fuerza, en una sesión que busca reflejar el descontento social. El temario, en ese sentido, busca ser el reverso de las protestas: emergencia en discapacidad, actualización del bono de los jubilados que cobran la mínima, prórroga de la moratoria previsional y, finalmente, una ayuda económica a los municipios bonaerenses que sufrieron inundaciones.

Pero no es lo único. La oposición buscará, en esa misma sesión, emplazar las comisiones para impulsar una iniciativa que incrementa el presupuesto universitario y otra que declara la emergencia en Ciencia y Tecnología. Resumiendo así, con proyectos, la última semana de movilizaciones, que tuvieron como protagonistas a los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, y los científicos del CONICET. 

“Es el último one shot. Después de esto, si fracasa, el Congreso muere”, admite un armador opositor, que observa, como todos, que la cercanía del cierre de listas irá dificultando coordinar estrategias conjuntas. El miércoles, insisten, es a todo o nada.

Comisión $LIBRA y AGN: en veremos

En la oposición están entusiasmados. Los armadores del peronismo y el pichettismo manejan un poroteo optimista que los deja entre 131 y 134 voluntades para conseguir el quórum. Necesitan, sin embargo, que muchos de los aliados jabonosos que habían comprometido su apoyo, está vez, sí aparezcan. 

Hay algunos más seguros, como los renegados del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el radical Julio Cobos. Pero las figuritas difíciles son los cuatro cordobeses de Llaryora y los santiagueños que responden a Gerardo Zamora. Con ellos, y ninguna sorpresa de último momento, la oposición se esperanza con llegar.

El cálculo que muchos hacen es que, el error de la sesión pasada, fue incluir el debate por los candidatos de la Auditoría General de la Nación (AGN). El acuerdo entre el peronismo y Emilio Monzó para hacerse con dos lugares en la AGN, que se coló a último momento en el temario de la sesión, generó malhumor entre varios de los aliados, que habían comprometido su apoyo a Mario Negri y sentían, por otro lado, que los estaban dejando afuera del reparto de los cargos. Este malhumor dio lugar al caos y al desorden y, finalmente, terminó en el derrumbe de la sesión.

Es por ello que, esta vez, la oposición no incluirá la designación de los auditores. Sin embargo, hay otra variable: la comisión $LIBRA, que fue aprobada para investigar a los hermanos Milei por el criptoescándalo pero que quedó paralizada por un empate en su composición. El objetivo originario de la sesión opositora era forzar la designación de un presidente opositor en la comisión para que pudiera reactivarse, pero las prioridades cambiaron.

En la oposición sospechan que el verdadero motivo por el cual Martín Menem y el Gobierno presionaron tanto para vaciar la sesión pasada fue el tema $LIBRA. La AGN, insisten, fue la excusa que varios utilizaron después para generar caos y ausentarse. Frente a esto, muchos legisladores temen que, si se vuelve a intentar avanzar con la comisión investigadora, el Gobierno volverá a presionar y los diputados que podrían acompañar el aumento a las jubilaciones, por ejemplo, no querrán dar quórum para la sesión.

Es un equilibrio delicado. La oposición sabe que el criptoescándalo es una variable que podría ser muy perjudicial para el Gobierno, pero teme que, al insistir con el tema, tambaleen los otros proyectos sociales. El objetivo, de momento, es sostener el tema $LIBRA en la mesa, pero será algo que se defina sobre la hora: cuando llegue el momento y la chicharra suene y el quórum no esté, más de uno está preparado para soltar el tema.

MC/DTC

Del látigo al Zoom, Milei ensaya una nueva arquitectura de poder con los gobernadores

Después de meses de fricción con las provincias, Javier Milei busca reactivar el vínculo político con los gobernadores. Un virtual relanzamiento del Consejo de Mayo aparece como el nuevo paraguas institucional para dar forma a esa estrategia, según pudo saber elDiarioAR. El objetivo: blindar los próximos proyectos legislativos de la Casa Rosada —reformas tributarias, laborales y previsionales— con una narrativa de consenso federal. Pero también preparar el terreno para lo que el propio Milei llamó, tras la victoria porteña de Manuel Adorni, “la expansión violeta en todo el país”.

El martes pasado, como gesto inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo mantuvo dos reuniones por Zoom con 17 gobernadores para explicar los detalles del “Plan de Reparación Histórica del Ahorro”, el eufemismo con que el Gobierno denomina a su intención de modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar. La Casa Rosada busca evitar que las provincias impongan trabas, impuestos o restricciones. La reacción pública más dura vino del bonaerense Axel Kicillof, que anunció que mantendrá controles impositivos y calificó la medida como una “estrategia para legalizar fondos sin origen claro”.

Es que la jugada no es solo técnica. También es política. Este jueves, la Casa Rosada anunció que firmó el primer “convenio de intercambio de información” con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Se trata de uno de los mandatarios provinciales que se sumaron a la reunión virtual del martes y que forman parte del lote dialoguista, un grupo que, sin romper con sus espacios de origen, elige colaborar con Milei para no aislarse frente a la crisis fiscal. Lo conforman, entre otros, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El Gobierno busca, en un futuro no tan lejano, replicar una foto similar a la del 9 de julio de 2024 en Tucumán, cuando Milei logró reunir a una docena de mandatarios detrás de su Pacto de Mayo. Esta vez, el acto podría repetirse con tono más ejecutivo y presencia del “círculo rojo”, incluyendo empresarios y gremialistas afines. Por lo pronto, los gobernadores de tinte peronista convocaron para la semana próxima una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el telón de fondo de la caída de la recaudación y la merma en la coparticipación. Así y todo, el mensaje implícito es claro: no hay plata, pero sí hay política.

“Somos dialoguistas por naturaleza, pero tampoco podemos quedar como tibios”, advirtieron a elDiarioAR desde una de las provincias del norte. Más allá del enunciado institucional, los líderes locales saben que la ofensiva libertaria es también una operación de reposicionamiento: después de una primera etapa de poder concentrado en la Casa Rosada, el Presidente ensaya ahora una arquitectura de poder más abierta pero no menos vertical. Mientras el Congreso permanece fragmentado, Milei apuesta a sumar por fuera: gobernadores, sindicatos, empresas, y luego presionar para que los diputados y senadores refrenden lo ya acordado en otro lado.

La paradoja es que el Consejo de Mayo, concebido como una herramienta de “acuerdo federal”, opera como eje de una gobernabilidad cada vez más centralizada. La consigna de Milei de reducir el Estado choca con la necesidad de institucionalizar el apoyo de las provincias sin entregar recursos. Así, el “federalismo libertario” empieza a tomar forma como una mezcla de austeridad forzada, negociación directa y alianzas tácticas.

Algunos gobernadores —como Leandro Zdero en Chaco, que recientemente logró una victoria electoral en su provincia, o Alfredo Cornejo en Mendoza— avanzan hacia acuerdos más estructurales con La Libertad Avanza. Otros, como Llaryora o Pullaro, optan por acompañar de manera condicionada. Durante el evento de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, ambos coincidieron en reclamar por la reactivación de la obra pública y una reforma del esquema impositivo. “No podés seguir sin obra pública”, sostuvo Llaryora. “Cada $100 que aportamos ahora vuelven $49”, remarcó Pullaro. Son frases que resumen el malestar fiscal en las provincias y que tensionan la promesa de “orden macroeconómico” del Gobierno nacional.

A su manera, Milei ofrece a los gobernadores algo más que plata: ofrece viabilidad política en un país en crisis. En esa lógica se inscribe su llamado a “pintar de violeta todo el país”, que no es solo un slogan de campaña sino una consigna de poder. El trasfondo es más profundo: el intento de construir una nueva coalición de gobernabilidad por fuera de las estructuras tradicionales. Ya no se trata de coaliciones partidarias sino de alineamientos pragmáticos en torno a un proyecto de reforma estructural del Estado.

Ese proceso tiene también un calendario: el 8 de junio se celebrarán elecciones provinciales en Misiones, el primer test electoral después del triunfo libertario en la ciudad de Buenos Aires. La provincia gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira pondrá en juego su hegemonía en la Legislatura local, mientras La Libertad Avanza busca medir fuerzas y ampliar su anclaje en un territorio donde la boleta de Milei arrasó en 2023.

Otro dato que comparten la Nación y las gobernaciones es la baja participación electoral en las provincias. Con votantes desmotivados y crisis fiscal, los gobernadores se ven empujados a jugar en simultáneo en dos tableros: el institucional y el electoral. A cambio de apoyo legislativo, buscan recomponer su poder territorial. A cambio de orden, Milei busca respaldo para un nuevo relato refundacional.

El resultado está abierto. Pero si algo muestra esta nueva etapa es que el Presidente que llegó al poder denostando la “casta” hoy ensaya un pacto con parte de ella, sin perder su discurso virulento. Una alquimia difícil, pero no imposible, y profundamente pragmática. El Consejo de Mayo, en este contexto, no es solo una mesa: es el laboratorio donde se prueba, una vez más, el modelo de gobernabilidad de Milei.

PL/DTC

Catamarca es el primer distrito en apoyar formalmente el "plan colchón", mientras Ciudad y Provincia piden "seguridad jurídica"

El Gobierno nacional y la provincia de Catamarca firmaron el primer convenio de intercambio de información impositiva, en el marco del Plan Colchón. Poco después, le siguió la provincia de Tucumán.

El gobernador provincial, Raúl Jalil, suscribió el acuerdo en un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Catamarca es el primer distrito que manifiesta formalmente su adhesión, luego de que el Gobierno nacional realizó una reunión virtual con autoridades de 17 provincias, en la que muchas ya expresaron su respaldo a las nuevas medidas enmarcadas en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, indicó ARCA.

Este acuerdo busca garantizar la implementación plena del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema que preserva la información de los consumos personales como así también el incremento patrimonial de los ciudadanos.

El Gobierno nacional advirtió que aquellas provincias que no adhieran a ese Régimen “perderán el acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000)”.

De esta manera, el Gobierno nacional dijo garantizar la “decisión histórica de devolverle a los ciudadanos de todo el país la libertad de usar su dinero como quieran, convocando a los gobernadores a ser parte de esta nueva era donde los ciudadanos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

Para Guillermo Francos, el Gobierno nacional “avanza en una transformación profunda: dejar atrás décadas de sospecha sistemática y devolverle a cada argentino la libertad de disponer de su dinero. Para ponerlo en claro: no se perseguirá a los contribuyentes. Los consumos mensuales por debajo de los 50 millones de pesos no serán informados. Quienes ahorraron su dinero en dólares podrán utilizarlo sin temores”, aseguró el jefe de ministros en sus redes sociales.

Poco después, se comunicó que el Gobierno nacional firmó un convenio con Tucumán para fortalecer el intercambio de información fiscal. Catalán, Caputo y Pazo; junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmaron el segundo convenio de cooperación con ARCA, en el marco de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para avanzar hacia un nuevo esquema tributario más libre.

Tucumán se convierte así en la segunda provincia en adherir formalmente al plan de colaboración promovido por ARCA, luego de Catamarca.

“En línea con el mandato del Presidente Javier Milei, con la firma de este convenio seguimos trabajando para que el Estado no persiga a los ciudadanos, sino que garantice la libertad para disponer del dinero obtenido con su trabajo”, aseguró Catalán.

Por su parte, Caputo sostuvo que “este acuerdo dará un gran impulso a las provincias, sobre todo a pequeños empresarios, pequeños ahorristas y al consumo”, lo que “ayudará a una reactivación y una mayor recaudación”.

A su turno, Jaldo afirmó que la Reparación Histórica de los Ahorros “es una de las medidas que más va a ayudar a dinamizar la economía de la provincia”, a la vez que remarcó que “estas últimas resoluciones que ha tomado el Gobierno nacional van a permitir que muchas personas que tienen un ahorro, tengan la posibilidad de hacer las inversiones o gastarlo en lo que ellos lo consideran necesario”.

La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires piden “seguridad jurídica”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, piden la aprobación de leyes como condición para que sus distritos adhieran al Plan Colchón, destinado a tentar a los argentinos para utilizar los dólares no declarados y volcarlos al consumo.

Así se planteó en reuniones que funcionarios porteños y bonaerenses mantuvieron, por separado, con el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Los encuentros se realizaron tras los cruces del gobierno nacional con Kicillof y el desaire a Jorge Macri por parte del presidente Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo, cuando evitó saludarlo.

Desde ARCA dijeron que las reuniones fueron “positivas” pero reconocieron que no hubo avances concretos.

En la reunión con Pazo, la provincia de Buenos Aires pidió seguridad jurídica no solo para las personas que ingresen, sino también para los responsables de los entes encargados de recaudar los tributos locales, con el fin de evitar que a futuro puedan ser cuestionados judicialmente.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, solicitaron que haya una ley del Congreso Nacional para que el plan funcione.

Por parte del Gobierno porteño estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el jefe de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Gustavo Krivocapich.

Por el Gobierno provincial participaron el ministro de Economía, Pablo López, y el director ejecutivo de la agencia de Recaudación ARBA, Cristian Girard.

Girard consideró que hasta ahora lo anunciado es “la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley”.

Recordó que no se modificó todavía “ni el régimen penal tributario, ni el código fiscal, ni la normativa de prevención de lavado de activos”, por lo que consideró apresurado el anuncio del Gobierno.

“Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva que se genera por no haber declarado esos ingresos. Les guste o no, es así por ley”, afirmó.

Girard sostuvo que “cualquier esquema de blanqueo debería contar con el respaldo de una ley aprobada por el Congreso Nacional”.

Por su parte, Arengo, el ministro de Hacienda porteño, dijo que fue “una buena reunión” con el titular de ARCA y que la Ciudad mantiene una “actitud propositiva”.

“Vamos a acompañar todas aquellas acciones que incentiven y promuevan el crecimiento de la actividad económica y eliminen burocracia”, explicó.

Pero sobre el plan de los dólares del colchón, aclaró que primero pretenden “analizar los detalles de la propuesta acerca del convenio de intercambio de información fiscal”.

El Gobierno nacional busca reducir a dos años el plazo de prescripción de las deudas con el fisco, en el marco de los proyectos que serán enviados al Congreso la semana próxima.

Más allá de las reuniones con representantes de los gobiernos porteño y bonaerense, ARCA firmó el primer convenio de colaboración con una provincia, en el marco del plan para el uso de dólares. Se trata de Catamarca.

Los tres puntos clave de ese acuerdo son el fortalecimiento de la colaboración en el intercambio de información, la garantía por parte de la provincia de implementar el régimen simplificado de Ganancias y el compromiso de revisar los regímenes de información existentes y no establecer nuevos que impliquen una carga burocrática y administrativa.

Con información de NA.

IG

Rastrean los lotes del fentanilo contaminado que ya causó 34 muertes en distintas ciudades

La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado ya provocó 34 muertes y 69 infecciones confirmadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El caso desató una compleja investigación federal que avanza en paralelo al operativo de retiro de los lotes comprometidos. Mientras la ANMAT ejecuta el recall del producto y revisa antecedentes sanitarios de los laboratorios implicados, la justicia busca esclarecer el grado de responsabilidad penal del laboratorio HLB Pharma Group S.A., su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo, y los organismos de control.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, encabezado por el juez Ernesto Kreplak, quien ordenó allanamientos, clausuras y el secuestro de más de 2.400 ampollas. En ese marco, se realizaron tres operativos clave, incluyendo la inspección de la droguería Nueva Era, señalada como presunta distribuidora de los lotes contaminados. Además, la resolución judicial instruyó a ANMAT a notificar a todas las droguerías y efectores de salud del país que informen si adquirieron alguno de los lotes cuestionados, detallando provincia, cantidad, lugar de almacenamiento y proveedor. 

En el plano penal, si se comprobara que hubo adulteración o falsificación peligrosa de un medicamento destinado al uso público, los directivos podrían enfrentar penas de entre tres y diez años de prisión. Pero si se determina que la adulteración derivó directamente en muertes, como en este caso, se contempla penas de diez a veinticinco años de prisión.

El fármaco fue administrado entre abril y mayo, y su uso fue suspendido tras la intervención de la ANMAT, que ordenó su retiro inmediato del circuito sanitario. La agencia reguladora también inhabilitó temporalmente a HLB Pharma y a Laboratorios Ramallo. Hasta el momento, se identificaron tres lotes contaminados y bajo sospecha (31202, 31244 y 31200). 

En cuanto a las responsabilidades institucionales, desde el juzgado indicaron que todavía no se han alcanzado conclusiones definitivas respecto de fallas sistémicas o deficiencias puntuales en los organismos de control. 

Las 34 muertes confirmadas por la administración del medicamento contaminado se distribuyen en distintos centros de salud del país. El mayor número de víctimas se registró en el Hospital Italiano de La Plata, con 15 fallecimientos. En Rosario, se reportaron nueve muertes en el Sanatorio Parque, una en el Hospital Italiano de Rosario y una en el Hospital Clemente Álvarez. En Santa Fe, el Hospital Cullen informó una víctima fatal, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, el Sanatorio Dupuytren también confirmó un fallecimiento vinculado al caso.

El brote inicial se detectó en el Hospital Italiano de La Plata, desde donde se disparó la alerta. Las ampollas de fentanilo inyectable estaban contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, capaces de provocar neumonías graves y sepsis en pacientes hospitalizados. A pesar de los operativos realizados, las autoridades confirmaron que aún no se ha asegurado la totalidad de los lotes identificados, y varias instituciones solicitaron prórrogas para completar los procedimientos de recuperación y control.

No obstante, el expediente también incorporó la revisión de los antecedentes regulatorios de HLB y Ramallo. El juez Kreplak solicitó a ANMAT la documentación completa sobre irregularidades pasadas, incluidas observaciones sobre medicamentos como Propofol, Haloperidol, Diazepam, Morfina y Diclofenac.

Mientras tanto, la trazabilidad de los lotes, la recuperación total de las ampollas y la determinación de responsabilidades penales e institucionales siguen siendo los ejes de una causa que puso en evidencia fallos en la cadena de producción, control y distribución de medicamentos. 

MC