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Del látigo al Zoom, Milei ensaya una nueva arquitectura de poder con los gobernadores

Después de meses de fricción con las provincias, Javier Milei busca reactivar el vínculo político con los gobernadores. Un virtual relanzamiento del Consejo de Mayo aparece como el nuevo paraguas institucional para dar forma a esa estrategia, según pudo saber elDiarioAR. El objetivo: blindar los próximos proyectos legislativos de la Casa Rosada —reformas tributarias, laborales y previsionales— con una narrativa de consenso federal. Pero también preparar el terreno para lo que el propio Milei llamó, tras la victoria porteña de Manuel Adorni, “la expansión violeta en todo el país”.

El martes pasado, como gesto inicial, el ministro de Economía, Luis Caputo mantuvo dos reuniones por Zoom con 17 gobernadores para explicar los detalles del “Plan de Reparación Histórica del Ahorro”, el eufemismo con que el Gobierno denomina a su intención de modificar la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para legalizar la tenencia de dólares sin declarar. La Casa Rosada busca evitar que las provincias impongan trabas, impuestos o restricciones. La reacción pública más dura vino del bonaerense Axel Kicillof, que anunció que mantendrá controles impositivos y calificó la medida como una “estrategia para legalizar fondos sin origen claro”.

Es que la jugada no es solo técnica. También es política. Este jueves, la Casa Rosada anunció que firmó el primer “convenio de intercambio de información” con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Se trata de uno de los mandatarios provinciales que se sumaron a la reunión virtual del martes y que forman parte del lote dialoguista, un grupo que, sin romper con sus espacios de origen, elige colaborar con Milei para no aislarse frente a la crisis fiscal. Lo conforman, entre otros, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El Gobierno busca, en un futuro no tan lejano, replicar una foto similar a la del 9 de julio de 2024 en Tucumán, cuando Milei logró reunir a una docena de mandatarios detrás de su Pacto de Mayo. Esta vez, el acto podría repetirse con tono más ejecutivo y presencia del “círculo rojo”, incluyendo empresarios y gremialistas afines. Por lo pronto, los gobernadores de tinte peronista convocaron para la semana próxima una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el telón de fondo de la caída de la recaudación y la merma en la coparticipación. Así y todo, el mensaje implícito es claro: no hay plata, pero sí hay política.

“Somos dialoguistas por naturaleza, pero tampoco podemos quedar como tibios”, advirtieron a elDiarioAR desde una de las provincias del norte. Más allá del enunciado institucional, los líderes locales saben que la ofensiva libertaria es también una operación de reposicionamiento: después de una primera etapa de poder concentrado en la Casa Rosada, el Presidente ensaya ahora una arquitectura de poder más abierta pero no menos vertical. Mientras el Congreso permanece fragmentado, Milei apuesta a sumar por fuera: gobernadores, sindicatos, empresas, y luego presionar para que los diputados y senadores refrenden lo ya acordado en otro lado.

La paradoja es que el Consejo de Mayo, concebido como una herramienta de “acuerdo federal”, opera como eje de una gobernabilidad cada vez más centralizada. La consigna de Milei de reducir el Estado choca con la necesidad de institucionalizar el apoyo de las provincias sin entregar recursos. Así, el “federalismo libertario” empieza a tomar forma como una mezcla de austeridad forzada, negociación directa y alianzas tácticas.

Algunos gobernadores —como Leandro Zdero en Chaco, que recientemente logró una victoria electoral en su provincia, o Alfredo Cornejo en Mendoza— avanzan hacia acuerdos más estructurales con La Libertad Avanza. Otros, como Llaryora o Pullaro, optan por acompañar de manera condicionada. Durante el evento de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, ambos coincidieron en reclamar por la reactivación de la obra pública y una reforma del esquema impositivo. “No podés seguir sin obra pública”, sostuvo Llaryora. “Cada $100 que aportamos ahora vuelven $49”, remarcó Pullaro. Son frases que resumen el malestar fiscal en las provincias y que tensionan la promesa de “orden macroeconómico” del Gobierno nacional.

A su manera, Milei ofrece a los gobernadores algo más que plata: ofrece viabilidad política en un país en crisis. En esa lógica se inscribe su llamado a “pintar de violeta todo el país”, que no es solo un slogan de campaña sino una consigna de poder. El trasfondo es más profundo: el intento de construir una nueva coalición de gobernabilidad por fuera de las estructuras tradicionales. Ya no se trata de coaliciones partidarias sino de alineamientos pragmáticos en torno a un proyecto de reforma estructural del Estado.

Ese proceso tiene también un calendario: el 8 de junio se celebrarán elecciones provinciales en Misiones, el primer test electoral después del triunfo libertario en la ciudad de Buenos Aires. La provincia gobernada hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia que lidera Carlos Rovira pondrá en juego su hegemonía en la Legislatura local, mientras La Libertad Avanza busca medir fuerzas y ampliar su anclaje en un territorio donde la boleta de Milei arrasó en 2023.

Otro dato que comparten la Nación y las gobernaciones es la baja participación electoral en las provincias. Con votantes desmotivados y crisis fiscal, los gobernadores se ven empujados a jugar en simultáneo en dos tableros: el institucional y el electoral. A cambio de apoyo legislativo, buscan recomponer su poder territorial. A cambio de orden, Milei busca respaldo para un nuevo relato refundacional.

El resultado está abierto. Pero si algo muestra esta nueva etapa es que el Presidente que llegó al poder denostando la “casta” hoy ensaya un pacto con parte de ella, sin perder su discurso virulento. Una alquimia difícil, pero no imposible, y profundamente pragmática. El Consejo de Mayo, en este contexto, no es solo una mesa: es el laboratorio donde se prueba, una vez más, el modelo de gobernabilidad de Milei.

PL/DTC

La oposición se apalanca en el descontento social para impulsar una sesión por fondos para discapacidad y jubilaciones

Tiziano se aleja unos pasos de su madre, se pone delante de la cámara de C5N y, armado por una gorra y campera gigantes que lo hacen parecer aún más chico, cuenta: “Vine a participar porque tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas porque, si no le pagan, la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más. Por favor páguenle a mis terapeutas o, si no, no las voy a ver en mi vida”. Habla rápido y conciso, y el cronista, emocionado, le pide un abrazo. Tiziano lo acepta y se aleja hacia donde está su madre, que lo espera junto al resto de los manifestantes que se convocaron, en las afueras del Congreso, para reclamar en contra del ajuste del Gobierno en materia de discapacidad. 

Mientras Tiziano habla, los ruidos de la manifestación se escuchan desde adentro del Congreso. Los senadores y diputados reunidos en la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas hacen un parate y escuchan. Y es ahí que el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, aprovecha para tomar la palabra y presiona: “No podemos despegar este debate de lo que pasa en las calles, esperemos que el miércoles no haya nadie paveando con el quórum”.

Miguél Ángel Pichetto, que está presidiendo la Bicameral y es uno de los impulsores de la sesión opositora convocada para el próximo miércoles, se ataja: “Usted sabe que estoy comprometido”. Martínez se impacienta y aclara: “No, no, no es por usted, presidente”. No mira a nadie, pero a unos metros, la radical Soledad Carrizo y él larretista Álvaro González guardan silencio. 

El último one shot opositor

El próximo miércoles, la multipartidaria opositora contra Javier Milei buscará sesionar para aprobar un proyecto que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2027. La iniciativa busca garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, incrementar el Presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y garantizar el cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. 

Este proyecto será la punta de lanza contra el blindaje libertario, que viene de boicotear el último intento de la oposición de aprobar un conjunto de iniciativas de carácter social bajo el argumento de que generarían “costo fiscal”. El concepto maldito de la gestión libertaria. El Gobierno logró, entonces, vaciar el quórum con la ayuda de los gobernadores. Especialmente de uno: el cordobés Martín Llaryora, que había comprometido su apoyo para acompañar el aumento a las jubilaciones pero que, cuando llegó el momento de la verdad, ordenó a sus diputados a que se ausentasen. 

La semana próxima, la multipartidaria opositora -que engloba al peronismo, el pichettismo, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica- volverá a intentar sortear el poder de presión del Gobierno. Tras la victoria porteña, La Libertad Avanza se siente más fuerte que nunca, pero en la oposición apuestan a que la última semana de conflictividad social funcione como ariete para sortear la presión oficialista. Ahora, explican, no es solo el Gobierno el que presiona: la calle también lo hace. 

“Que después vayan y expliquen en sus provincias por qué no dieron quórum para las personas con discapacidad”, provocan, a coro, los diputados opositores.

En los últimos días, la carátula de la sesión cambió. Lo que era una avanzada para poner en funcionamiento la comisión investigadora por el escándalo $LIBRA se convirtió, tras la seguidilla de movilizaciones y medidas de fuerza, en una sesión que busca reflejar el descontento social. El temario, en ese sentido, busca ser el reverso de las protestas: emergencia en discapacidad, actualización del bono de los jubilados que cobran la mínima, prórroga de la moratoria previsional y, finalmente, una ayuda económica a los municipios bonaerenses que sufrieron inundaciones.

Pero no es lo único. La oposición buscará, en esa misma sesión, emplazar las comisiones para impulsar una iniciativa que incrementa el presupuesto universitario y otra que declara la emergencia en Ciencia y Tecnología. Resumiendo así, con proyectos, la última semana de movilizaciones, que tuvieron como protagonistas a los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, y los científicos del CONICET. 

“Es el último one shot. Después de esto, si fracasa, el Congreso muere”, admite un armador opositor, que observa, como todos, que la cercanía del cierre de listas irá dificultando coordinar estrategias conjuntas. El miércoles, insisten, es a todo o nada.

Comisión $LIBRA y AGN: en veremos

En la oposición están entusiasmados. Los armadores del peronismo y el pichettismo manejan un poroteo optimista que los deja entre 131 y 134 voluntades para conseguir el quórum. Necesitan, sin embargo, que muchos de los aliados jabonosos que habían comprometido su apoyo, está vez, sí aparezcan. 

Hay algunos más seguros, como los renegados del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el radical Julio Cobos. Pero las figuritas difíciles son los cuatro cordobeses de Llaryora y los santiagueños que responden a Gerardo Zamora. Con ellos, y ninguna sorpresa de último momento, la oposición se esperanza con llegar.

El cálculo que muchos hacen es que, el error de la sesión pasada, fue incluir el debate por los candidatos de la Auditoría General de la Nación (AGN). El acuerdo entre el peronismo y Emilio Monzó para hacerse con dos lugares en la AGN, que se coló a último momento en el temario de la sesión, generó malhumor entre varios de los aliados, que habían comprometido su apoyo a Mario Negri y sentían, por otro lado, que los estaban dejando afuera del reparto de los cargos. Este malhumor dio lugar al caos y al desorden y, finalmente, terminó en el derrumbe de la sesión.

Es por ello que, esta vez, la oposición no incluirá la designación de los auditores. Sin embargo, hay otra variable: la comisión $LIBRA, que fue aprobada para investigar a los hermanos Milei por el criptoescándalo pero que quedó paralizada por un empate en su composición. El objetivo originario de la sesión opositora era forzar la designación de un presidente opositor en la comisión para que pudiera reactivarse, pero las prioridades cambiaron.

En la oposición sospechan que el verdadero motivo por el cual Martín Menem y el Gobierno presionaron tanto para vaciar la sesión pasada fue el tema $LIBRA. La AGN, insisten, fue la excusa que varios utilizaron después para generar caos y ausentarse. Frente a esto, muchos legisladores temen que, si se vuelve a intentar avanzar con la comisión investigadora, el Gobierno volverá a presionar y los diputados que podrían acompañar el aumento a las jubilaciones, por ejemplo, no querrán dar quórum para la sesión.

Es un equilibrio delicado. La oposición sabe que el criptoescándalo es una variable que podría ser muy perjudicial para el Gobierno, pero teme que, al insistir con el tema, tambaleen los otros proyectos sociales. El objetivo, de momento, es sostener el tema $LIBRA en la mesa, pero será algo que se defina sobre la hora: cuando llegue el momento y la chicharra suene y el quórum no esté, más de uno está preparado para soltar el tema.

MC/DTC

El Gobierno mantiene congelado el bono para jubilados en $70.000 y confirmó el aumento del 2,8% en junio

El Gobierno nacional sostiene su decisión de licuar el bono adicional que cobran los jubilados que perciben el haber mínimo y lo mantuvo en $70.000 para junio, mismo valor desde marzo de 2024.

Así lo estableció en el decreto 367/2025 que publicó este viernes en el Boletín Oficial.

Asimismo, la Resolución 237/2025 de ANSES fijó la suba de las jubilaciones en general en un 2,8%, correspondiente a la inflación de abril.

De esta forma, el haber mínimo pasa a $304.723,93 y el total con bono asciende a $374.723,93.

En caso de haberse actualizado por inflación el bono debía trepar a un valor cercano a los $158.000.

Actualmente existen propuestas legislativas para ajustar el bono adiciona pero que no logran ser debatidas en el Congreso Nacional por falta de quórum.

El ajuste del 2,8% que tendrán las jubilaciones le permitirán recuperar un mínimo del poder adquisitivo perdido, dado que según los cálculos privados estiman una suba de precios del 2%.

Por otro lado, la jubilación máxima alcanzó a $2.050.503.

A su vez se definieron los valores de:

Con información de agencias.

IG

¿Son muchas? ¿Son pocas? Qué hay detrás de los números de la violencia de género

Por momentos se parece a una práctica de esgrima, una suerte de espadeo dialéctico. Que si bajaron los femicidios, si subieron las denuncias, si se recortaron fondos, si se malgastaron los recursos. Que si somos nosotros, si son ustedes, si fueron ellos que hicieron bien o mal tal o cual cosa.

¿A quién le importan todos estos números, después de todo? La discusión no se plantea por interés académico ni puntilloso apego a la evidencia, sino más bien todo lo contrario. Los datos parecen usarse para endilgarle la responsabilidad o la omisión a uno y otro lado de la grieta. Y, a esta altura, ya es difícil saber de qué grieta estamos hablando, si de uno y otro lado del cerco ideológico pocos parecen reivindicar como un tema central entre sus prioridades la protección de las mujeres o las políticas que promueven la igualdad.

Es curioso, porque el problema sigue allí.

Este próximo 3 de junio se cumplen 10 años de la primera vez que se empezó a usar la expresión #NiUnaMenos como sinónimo de advertencia y llamado a la acción. Advertencia por la preocupación frente a la violencia en relaciones de pareja, en la calle y en los empleos que tenía y tiene a las mujeres entre sus principales destinatarias. Llamado a la acción, por la responsabilidad que le toca a los poderes públicos frente a un grave problema social. Este movimiento no surgió de un partido político ni fue el resultado de una política de Estado. Fue la suma de voces colectivas amplificadas por periodistas y comunicadoras, de algo que apenas rozaba la superficie de la conciencia social y que generó políticas e iniciativas interesantes, pero aún incipientes.

A quienes nos importa conocer los datos nos mueve el deseo de querer entender, como único mecanismo útil para poder hacer algo respecto de un problema que sigue allí y que no desaparece aún cuando desde algunos sectores insistan en pelearse con la evidencia. 

¿Bajaron los femicidios?

El gobierno nacional afirma que los homicidios de mujeres bajaron un 14,3% y eso demostraría (en su mirada) que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad solo malgastaba recursos públicos. Bueno, vamos por partes.

Afirmar que la violencia de género bajó porque bajaron los homicidios es tergiversar el debate. Primero, porque el dato de homicidios no es un indicador riguroso para hablar de violencia de género en términos amplios y el homicidio de una mujer no es sinónimo de femicidio (que solo es tal cuando se da en un contexto de violencia de género). La institución que registra los femicidios de manera rigurosa desde hace una década es la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en base a datos relevados por los poderes judiciales de las provincias. 

Segundo, porque los femicidios se mantienen prácticamente estables desde 2014, con algunas variaciones menores año a año. La relativa estabilidad de esta cifra (que se repite en los países de la región) muestra que se trata de un problema estructural que necesita mucho más trabajo de prevención y acompañamiento, antes de que la violencia adquiera formas más graves que pueden llevar al desenlace fatal. 

Tercero, porque lo cierto es que no hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia. Afortunadamente, la mayoría de las mujeres que viven en relaciones violentas no es asesinada pero eso no quiere decir que la violencia haya disminuido. Con el desmantelamiento de muchos programas y espacios de atención, es posible también que haya menos mujeres buscando ayuda aunque, por el momento, la información de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema no parece indicar una disminución en los pedidos de asistencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, el sistema de medición dejó de relevar la información de todo el país y se dejaron de publicar las estadísticas que podrían echar alguna luz sobre la cantidad de denuncias.

No podremos saber si hay más o menos denuncias de violencia si no podemos confiar en la rigurosidad de la información. Las estadísticas son importantes para poder hacer mejores políticas públicas, no para tratar de afirmar una idea sesgada.

El problema de la falta de datos confiables y completos tampoco es un problema nuevo, ni exclusivo de la Argentina. El Informe Hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belém do Pará (2025) lo explica así: “En términos generales, la falta de datos impide el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Las políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la justicia deben basarse en datos confiables y desagregados que permitan identificar patrones de violencia, comprender las barreras que enfrentan las mujeres en los sistemas judiciales y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. La mayoría de los Estados analizados no recopila ni publica esta información de manera adecuada, lo que limita la capacidad para diseñar y evaluar políticas efectivas y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención de Belém do Pará” (párrafo 507 del Informe).

Si tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires la información relevada a lo largo de los últimos años indica que el 50% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior parece claro que tergiversar el debate es negar una realidad que muchas niñas, adolescentes y mujeres vivimos todos los días. 

Esconder los femicidios entre los homicidios de mujeres, ignorar las situaciones previas que pueden llevar hasta la violencia extrema, negarse a prevenir a través de una estrategia de atención temprana, es una forma de justificar la ausencia del Estado.

Si ni los femicidios ni la violencia se redujeron en estos años, ¿el Estado malgastó sus recursos? 

Supongamos por un momento que hay un interés genuino en hacer un uso más racional y cuidadoso de los recursos públicos. Podría ser una pregunta válida indagar sobre la distribución del presupuesto en gestiones anteriores. Los datos, sin embargo, no justifican el nivel de ensañamiento con el que se analiza la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Seguramente, otra sería la calidad de las instituciones públicas si se dedicara el mismo esfuerzo a revisar el uso de los recursos públicos en todas las reparticiones. De acuerdo con un análisis del presupuesto de todos los ministerios realizado por Chequeado, en comparación con las otras carteras ministeriales, el de las Mujeres es uno de los que menos recursos tuvo en 2023. De 19 ministerios, se ubicaba en el puesto 17 con un 0,2% del total de gastos previstos para ese año. Los ministerios con más presupuesto fueron Trabajo (38,3% del total), Economía (7%) y Educación (6%).

A la sociedad, tanto mujeres como varones, el tema le sigue pareciendo relevante. En un estudio reciente que llevamos adelante junto con el CEDES, preguntamos sobre los temas de preocupación para varones y mujeres. La sociedad argentina cree en las mujeres y en los problemas que las atraviesan, y creen que el Estado tiene un rol que cumplir. El estudio Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos muestra que el 62% considera que la asistencia a mujeres en situación de violencia tiene un impacto positivo y en un 79% de las respuestas expresa que prefiere un Estado que brinde protección ante violencias. Claro que se valora el progreso en relación con la igualdad entre varones y mujeres lograda en la última década, pero seis de cada diez personas todavía considera que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes o muy grandes, y son la amplia mayoría (85%) quienes consideran que aún queda mucho por hacer para asegurar la igualdad de derechos.

Si el problema subsiste, si a la sociedad le sigue pareciendo un tema preocupante donde el Estado tiene un rol que cumplir, debiéramos poder llegar a un acuerdo sobre cuál será la mejor estrategia para abordarlo. Definir cuál es el plan (y de paso, cumplir con la Ley 26.485 que establece la obligación del Estado nacional de generar un plan nacional de acción para el abordaje integral de las violencias por razones de género).

En lugar sostener una conversación pública con buena fe, en lugar de ofrecer argumentos basados en evidencia y de coordinar un trabajo articulado con las provincias que también tienen responsabilidades en la implementación de estas políticas públicas, se plantea la amenaza hacia las mujeres que se atrevan a denunciar.

Si hay tanta impunidad, ¿será que las denuncias son falsas? 

No lograr la prueba de un delito no es lo mismo que haber denunciado falsamente. En Argentina, no hay estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en violencia de género. Lo que sí hay es evidencia de que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, no denuncia.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia buscó asistencia, asesoramiento o llegó a denunciar. De 250 víctimas directas de femicidio relevados por la Oficina de la Mujer de la Corte, menos del 25% había denunciado al perpetrador de la violencia. Las estimaciones sobre el tema parecen indicar que en Argentina menos del 3% de todas las denuncias penales (no solo las de género) terminan catalogadas como falsas o infundadas.  

El mayor problema, incuestionable, es que cada 35 horas una mujer todavía es víctima de femicidio y, muchas veces, después de haber pedido ayuda y con una medida de protección vigente. En España, un país con una población total similar a la Argentina, la cifra total de femicidios es 5 veces menor.

¿Por qué se habla tanto de las denuncias falsas y se trabaja activamente para endurecer las penas especialmente cuando se alega violencia de género? Porque es una forma de desacreditar a las víctimas y sembrar sospechas donde hay miedo.  Denunciar nunca es gratis: implica exponerse, romper vínculos y enfrentarse al sistema. Antes del Ni Una Menos, en muchas ocasiones, las mujeres que denunciaban violencia no eran escuchadas por la policía, ni la Justicia, y a veces incluso, ni por su propia familia.

En 10 años hemos visto que más mujeres reconocen la violencia y se animan a buscar ayuda. En 2018, el 22% de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires que vivieron violencia doméstica dijo haber buscado ayuda, mientras que en el 2023 lo hizo casi el 30%. Esta información surge de la encuesta de Percepción e incidencia de la violencia, implementada por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad en 2023. Queda mucho por hacer, pero claramente hubo un avance de las políticas de información, prevención y atención que impulsaron a más personas a buscar ayuda. Si ahora comenzaran a bajar las denuncias, no parece razonable festejar sin saber si lo que bajó es la violencia o solo aumentó la frustración frente a un mensaje de autoridades públicas que dice: “ni te atrevas, las consecuencias de tu denuncia serán terribles… para vos”. 

No importa cuáles sean sus prioridades, preferencias o promesas de campaña, el Estado Nacional no puede desentenderse de prevenir las violencias de género.  Las mujeres de todas las edades asesinadas por violencia de género siempre serán muchas si el Estado no hizo todo a su alcance para prevenir ese desenlace fatal. Y muchas más son las que no tienen por qué vivir una vida creyendo que su bienestar no vale, no interesa, no es prioritario. El Estado nacional, al igual que los provinciales y municipales, tienen la obligación de garantizar la protección de los derechos de toda la población, sin importar su lugar de residencia. Todos son corresponsables.

Hablar de violencia de género no es ideología y pedir que no nos maten no es, ni debiera ser, sólo una demanda del feminismo. Es una realidad que se impone. 

DTC

Sembrar palabras en tiempos de ajuste: la resistencia que florece en La Chicharra, una radio comunitaria de Goya

Se enciende una radio y se abren caminos. Un mate en la mesa. Dos micrófonos prendidos. Del otro lado del vidrio, una compañera tuneando los niveles de audio. 

“Si hay algo que tenemos seguro, es que la salida es comunitaria,” dice Eladia Fernández, con su nenita de dos años jugando entre sus piernas. Este es un cierre de ciclo de un programa impulsado a pulmón, como tantas otras iniciativas que nacen de colectivos humildes en la ciudad de Goya.

Afuera, pega un sol correntino imponente. Adentro, Fernández entrevista a una amiga que organizó un festival, cuyo nombre quiere decir amistad en guaraní. Le pide que se presente. Es profesora, dice la mujer. “¿Y feminista?”, le pregunta Fernández. 

“En una ciudad que tiene ciertas miradas conservadoras, es un desafio nombrarte feminista,” dice Fernández, despues la entrevista. “Y tambien salir un poco de que es ‘la feminista’ –la de la tele, la de Rosario, la de Buenos Aires”, dice, en referencia a un movimiento muchas veces dominado por discursos urbanos.“Capaz no somos las mismas.” 

De ahí parte la mirada de La Chicharra, una radio comunitaria que se inauguró en 2015 como una respuesta a la necesidad de, como dice Esther Migueles, una de sus fundadoras, “contar lo que les pasaba”.

“Siempre tuvimos presente que sean visibles las zonas rurales y los barrios mas vulnerables,” dice Migueles, la docente jubilada que también está al frente de la conducción del programa feminista, al lado de Fernández, con Cintia Coria en la sala de técnica. 

Yo la conocí a Migueles en 2022, cuando viaje a Goya para presenciar un juicio de una mujer que estaba acusada de homicidio después de un aborto espontáneo. Los jueces la absolvieron. Migueles, junto a varias otras feministas de diferentes puntos del país, habían acompañado a la mujer día tras día. 

En una de esas charlas del entretiempo, me contó de la pequeña radio que ella ayudó a gestionar. Los orígenes se remontan a mujeres rurales que se capacitaron como comunicadoras populares y empezaron a hacer un programa de radio en los parajes de la zona, contando sus vivencias, desafíos y reclamos. Nombraron el programa Sapucai, que quiere decir “grito” en guaraní. Un día, llevaron una grabación rústica hecha en territorio con grabadores de la época a una radio local para su difusión. Migueles marca ese momento como un antes y un después, un acto que dio pie a una asociación civil de comunicación que incluiría un centro de formación, una escuela popular de género y La Chicharra. Su antena tiene un alcance de aproximadamente 60 kilómetros –los brazos radiales extendiéndose hacia la ruralidad que la gestó.  

Ahora, con las políticas de austeridad del gobierno de Javier Milei, y un relato que se vuelve cada vez más hostil hacia proyectos feministas, lo único que sobrevive de esa labor multidisciplinaria es la radio. La escuela de género estaba en fila para recibir más fondos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, pero su disolución cortó esa vía presupuestaria. 

En la Argentina hay unos 120 radios comunitarias, populares, cooperativas y de pueblos indígenas, según los últimos datos del Foro Argentino de Radios Comunitarias que los nuclea.

Migueles, Fernández y Coria gestionan como pueden la Chicharra, buscando hacer rifas, ventas de mercadería que compran al por mayor u otros emprendimientos que las ayudan a solventar los gastos de electricidad y de internet, que aumentaron dramáticamente este último año. La situación sigue empeorando, y varias veces le han cortado la luz. La Chicharra no recibe subsidios del Gobierno, como otras radios en la zona. Aunque eso hace lo económico más difícil, le mantiene una independencia política que se vio en el abordaje de algunas notas, como el juicio de un aborto espontáneo. “Apelamos a la solidaridad de los distintos socios, del aporte más mínimo que se puede hacer” a una cuenta de Mercado Pago, dice Fernández. “La radio sigue, pero atravesada por esa situación.”

Fernández, de 38 años y docente de arte plástico, tiene una voz hecha para radio, se podría decir. No había televisión en su niñez rural, la radio era el hilo conductor hacia las ocurrencias del pueblo. Voces y programas marcaban el día como un reloj. En los 90, cuando Fernández empezó el colegio secundario, su familia se mudó a la ciudad y su mamá inició un emprendimiento de ventas de torta fritas y pan casero. Fernández era la vendedora. 

Con los años su familia se involucró con la Feria Franca de Goya, donde productores locales pasan a vender directamente al público, ahora desde un galpón en el centro de la ciudad. Mientras estudiaba filosofía, y después artes visuales, Fernández tomaba cursos de producción de radio. 

Un año, las autoridades municipales le dijeron que los productores locales no podían vender en una plaza central. La respuesta entre ellos fue armar un informativo en la radio. “Generó un tamaño revuelo”, recuerda Fernández, que formó parte de esa iniciativa. “A partir de ese momento fue hacer carne del arma, del instrumento que implica la comunicación”, dijo. “A cuanto podíamos llegar, cuanto podíamos jorobar o no”. “Nos dio identidad”, agrega. “Poder contar quiénes somos te hace pensar en quiénes somos.” 

Estela Ojeda casi se pierde en un mar de verde. Estamos en su campo, cerca de San Isidro, un pequeño municipio unos 45 kilómetros al sur de Goya. Este terreno es de su familia, un lote que obtuvieron hace varias décadas cuando el gobierno de entonces compró las tierras y las hizo disponibles para pequeños productores. Ojeda tenía 17 años en ese momento. Ahora es abuela. Y con los años, la sangre y el sudor que volcó hacia el suelo lo convirtió en parte de ella, sus propias raíces arraigando como si fueran los alimentos que ahora cosecha. Es posible encontrarla por momentos con un montón de cebollas en sus manos, o un esqueje de durazno que va a injertar cuando sea del grueso de una birome. 

Con un cuchillo de cocina, Ojeda se agacha y corta las hierbas que la rodean. Yerba buena y menta negra. Un abanico de bienestar para Migueles y Coria, quienes vinieron a visitarla. Se conocieron a través de la radio, en capacitaciones de producción y talleres de género. Hace unos años, Ojeda también mandó reportajes locales a La Chicharra. 

“El trabajo de agricultura no es fácil”, dice Ojeda, sentada en una mesa grande de su patio. “Pero en algún momento fue más rentable, te podías sostener produciendo”, dice Ojeda. Hay una caja en el centro de la mesa, llena de bolsitas transparentes que contienen semillas. 

“Yo me concienticé de que nace todo de ahí, de la semilla. Mi mamá y mi papá hacían ese trabajo de guardar la semilla”, dice. Ahora lleva adelante un intercambio de semillas con otros productores. Si alguien viene sin semillas para intercambiar, igual se van con algo. Es parte de su militancia rural. 

“Queremos que produzcan su alimento y se multiplique. Cuesta que otro se encadene a multiplicar”, dice. “Nos acostumbraron mucho a que todos compremos y no produzcamos. Y ahora es una época que hay que producir porque no se puede comprar.” 

En marzo del año pasado, el gobierno de Milei eliminó el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que se había creado bajo el gobierno de Alberto Fernandez para implementar políticas públicas para el desarrollo de la actividad de pequeños productores. Había reemplazado a la secretaría del mismo nombre. En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el entonces vocero Manuel Adorni redujo la labor del Instituto a números: 160 delegaciones, dos sedes, 204 vehículos. El 85% de su presupuesto iba a sueldos. “Casi una agencia de empleo político”, dijo Adorni en su momento. De unos 946 empleados, ahora son 64. Un ahorro de $900.000 millones, dijo Adorni. 

Para Ojeda, la disolución se traduce en estancamiento. Programas y asistencia no avanzan. 

Mireya Gutiérrez también piensa en la producción y que sea algo que mantenga a la gente rural en su lugar. Ella vive y trabaja en los alrededores de Goya, pero en la otra dirección, al norte. Con sus hermanos, cultivan un terreno que heredaron de sus padres. Gutiérrez, de 41 años, se pudo haber ido de Corrientes. Lo pensó. Pero ya no. “Uno empiece a ver y decir, ¿de qué le sirve uno ir lejos?”. “Uno si deja su lugar, deja su historia. Deja el legado de sus antepasados, que lo han construido tanto.”  

Gutiérrez empezó su militancia a los 13 años y se destacó como una voz importante entre la juventud rural. Pasó por una asociación provincial de productores, una cooperativa, y se recibió como abogada. 

A la vez, buscaba proyectos y fondos provinciales o de ONGs para talleres o cursos que generaban otras salidas económicas para cada cosecha, como la producción de dulces o mermeladas, o capacitación en cuestiones ambientales. Los fondos también lograron servicios básicos, como acceso a internet, o la electricidad –elementos de los cuales no se hizo cargo el estado para su zona. Igual que Ojeda, Mireya también fue delegada nacional de la agricultura familiar para la provincia de Corrientes y ayudó en la redacción de la ley de agricultura familiar, que introdujo obras sociales y aportes jubilatorios. 

A pesar de los esfuerzos, un futuro rural sigue siendo una apuesta vertiginosa para muchos chicos jóvenes, que emigran a lugares urbanos en búsqueda de otras oportunidades. No es algo de ahora. Ya viene sucediendo hace años. “Hay que buscar la forma de resistir,  no solamente subsistir”, dice Gutierrez. 

Sin embargo, las semillas de La Chicharra están por todos lados. En el jardín de Yanina Gutierrez, por ejemplo, crecen mangos, maracuyá, limones, quinotos y tomate. Yanina fue presidenta barrial en la zona que se llama Arco Iris, en Goya, cerca de la radio. Como tal, gestionaba reclamos de sus vecinos en el municipio. Se volvió esa referente con herramientas que le aportó la asociación civil de la radio. Participó en la escuela de género, liderada por Coria y Fernández, que abordó temas que siguen latentes hoy, como la diversidad sexual y la violencia de género. También hizo reportajes para programas de radio sobre las problemáticas de su barrio. Informaba sobre un comedor que ella operaba, y vio cómo sirvió de modelo para otras comunidades. Pero el merendero de Yanina que alimentaba a 100 niños no funciona más. “No podes comprar un paquete de leche porque no te alcanza”, dice. Su propia huerta es menos sostenible por el precio de las semillas. Ahora, algo de su pequeño terreno lo usa para criar cerdos, que rinden más. 

“A mí lo que más me gusta de la radio es que da espacio”, dice, sentada en una silla de lona pliegable en su fondo, aceptando un mate que ceba Migueles. “Si le sabés sacar provecho te sirve un montón. Porque esto es popular. Es algo tan lindo. Está abierto para el tema que quieras tocar”, apunta.  

Coria formó parte del equipo que convirtió la escuela popular en un espacio  itinerante, llevando las políticas públicas a los barrios periféricos, como en el que vive Yanina, y a los parajes, como en el que vive Ojeda. 

“Para mí fue un proyecto muy enriquecedor”, dijo Coria, docente. “Con cada una siempre era trabajar con las particularidades del lugar, que tiene cada una de las personas. El saber que puede tener una y poder compartirla con otro, es lo mejor que uno puede hacer.” 

Coria, quien se encuentra ahora fuera de Argentina por trabajo porque se volvió muy difícil encontrar un empleo fijo en Goya, nota que los espacios colectivos se han vuelto aún más necesarios en este contexto. Se asombra del nivel de cambio –que un proyecto pequeño de una escuela popular de género ya no cuenta más con fondos estatales para operar.

“Todo parece que se tornó oscuro, sombrío, no se sabe si realmente uno puede seguir hablando de estos temas con total libertad”, nota. “Más allá de que somos las que siempre estamos levantando las banderas de estos temas, por ahi salir afuera ya… no sé. Hasta me animo decir que en Goya mismo, hoy por hoy, hacen ruido algunas cuestiones porque no hay un apoyo del Estado”, dice. “Uno también se siente desprotegido por parte del Estado.” 

De vuelta en La Chicharra, bajo una cita plasmada en la pared de Rodolfo Walsh –“El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento”– Migueles revuelve los cajones. “Parece que estamos muy pobres. No hay un triste birome”, comenta. Pero lo que falta en recursos desborda en compromiso, eso aprendimos trazando el camino de una pequeña radio que empezó bajo el lema “sembramos palabras, cosechamos derechos.” 

“Es una forma de sostenerse en tiempos difíciles”, agrega Fernández. “Y tiempos de vientos a favor, aumentarse y crear más”. 

Este trabajo fue realizado con el apoyo del Pulitzer Center