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El peronismo, el radicalismo díscolo y el pichettismo buscan ponerle fin al triunfalismo libertario. Hay dudas respecto al quórum, ya que el Gobierno está presionando para desactivar la sesión. Se debatirá, además, la composición de la AGN.
Este miércoles al mediodía, la oposición buscará ponerle fin a la euforia libertaria tras la victoria del domingo en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es reactivar la comisión investigadora por el caso $LIBRA y aprobar una reforma previsional destinada a recomponer los haberes jubilatorios: dos temas sensibles para la gestión Milei que la multipartidaria opositora pretende utilizar para desinflar el triunfalismo libertario. El Gobierno, sin embargo, se siente invencible, y viene trabajando hace 48 horas para voltear el apoyo de los gobernadores y desactivar, así, la sesión opositora.
El modus operandi del Gobierno es el mismo de siempre: promesas de ATN y alianzas electorales. El oficialismo, que viene de derrotar al PRO en su bastión histórico y se siente más empoderado que nunca, está decidido a terminar con el escándalo que salpica a Javier Milei y su hermana desde que publicitó la cripto $LIBRA en la noche del Día de los Enamorados. Ya eliminó la Unidad de Tareas de Investigación que el Ejecutivo había creado, apenas se desató el escándalo, para acallar las críticas. Y ahora es el turno de la comisión investigadora.
La primera estrategia es vaciar el quórum de la sesión. El teléfono de los gobernadores está al rojo vivo, pero la oposición confía en que podrá llegar a las 129 voluntades con la ayuda de la multipartidaria –peronismo, radicalismo díscolo y pichettismo de Encuentro Federal– junto a la ayuda de los cordobeses que responden Martín Llaryora. Ni el radicalismo de Rodrigo de Loredo ni el PRO darán quórum, aunque hay coqueteos con algunos díscolos, como Álvaro González o Julio Cobos.
Hay, sin embargo, unas cinco ausencias por enfermedad en el peronismo que generan intranquilidad. Y hay gobernadores que no terminan de confirmar su asistencia. “Los cordobeses te dicen que están viendo cuando llegan a CABA y los veo caminar por el Congreso”, ironiza, entre risas, uno de los armadores de la oposición. El número está fino, y el Gobierno aprovecha que el quórum se definirá por una o dos ausencias para presionar. Cuenta con ventaja, y es que la oposición no definió, aún, quién será el diputado designado para presidir la comisión.
No es un cargo menor. Quien ocupe la presidencia será quien tendrá el poder de desempatar todas las votaciones futuras de la comisión, que hoy se encuentra empantanada entre 14 oficialistas y 14 opositores. La candidata original era la massista Sabrina Selva, dado que Unión por la Patria representa la primera minoría, pero el peronismo aceptó elegir a una opción de “centro” con tal de sumar votos entre otros sectores. Hasta la noche del martes, se barajaban tres opciones: el pichettista Oscar Agost Carreño, Maximiliano Ferraro o Danya Tavela.
En las últimas horas, sin embargo, un sector del radicalismo díscolo de Democracia para Siempre comenzó a amenazar con boicotear el quórum si no se colocaba en ese lugar al formoseño Fernando Carbajal. El resto de la oposición no les termina de creer, consideran que es un bluff, pero, en un escenario incierto, las conversaciones continuaban desarrollándose hasta tarde. UxP no tiene intención de acompañar la candidatura de uno de los principales opositores locales del gobernador peronista Gildo Insfrán, por lo que el objetivo era desactivar la amenaza radical sin dinamitar la sesión por los aires en el proceso.
De conseguir quórum, sin embargo, Menem apostará a una segunda estrategia: la pelea técnica por la mayoría exigida para definir las autoridades. La oposición propone presentar una moción con el nombre de las autoridades y aprobarlo con mayoría simple, pero las negras también juegan y el oficialismo sostiene que se necesitan, en realidad, dos tercios. Un debate técnico que la oposición propone resolver por la fuerza –es decir, con la mayoría en el recinto–, pero que derivará en un caos de debate normativo que nadie sabe cómo puede terminar.
Menem tiene otra preocupación además de la activación de la comisión investigadora, y es la Auditoría General de la Nación.
La AGN, que es el organismo que se encarga del control externo del Poder Ejecutivo, se encuentra paralizada hace más de un año por falta de acuerdo en la designación de los representantes de la Cámara de Diputados. Un acuerdo entre Emilio Monzó y el peronismo, sin embargo, destrabó las negociaciones hace unas semanas. Y el objetivo de la oposición, ahora, es aprovechar la sesión del miércoles para designar a dos de los tres auditores (el último se lo dejarán, vacante, a La Libertad Avanza). ¿Quiénes? Juan Ignacio Forlón, del riñón de Máximo Kirchner, y el mismo Monzó.
Monzó, ex macrista, histórico armador todoterreno, viene negociando su candidatura hace días. Confía en que, con apoyo del peronismo y el pichettismo, tendrá el número para aprobar los nombramientos, que son un bien preciado en la política (ya que son cargos que duran ocho años, con sueldos de más de 10 millones de pesos y que otorgan el poder de auditar al Ejecutivo de turno). Pero no es tan sencillo, hay sectores de la oposición que prometieron su respaldo a Mario Negri –otro que quería ser auditor– y hay un runrún de descontento que amenaza con hacer peligrar la sesión.
“La AGN está embarrando la sesión y está poniendo en riesgo las prioridades, que son $LIBRA y las jubilaciones”, reconoció un diputado de la CC que, como algunos radicales, habían comprometido su apoyo a Negri.
Además del ruido opositor, el propio Martín Menem está jugando para evitar que el acuerdo Monzó-UxP se lleve a cabo. Su estrategia, sin embargo, consiste en reformar la composición de la AGN: ya presentó un proyecto que planea dictaminar en la comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles, un par de horas antes de que arranque la sesión. No cuenta, sin embargo, con muchos aliados.
El último tema de la sesión es, sin embargo, el que concentra mayor interés social. Habrá, incluso, una coincidencia entre el palacio y la calle: mientras la marcha de los jubilados, que concentra todos los miércoles, se esté llevando a cabo, puertas adentro, en la Cámara de Diputados, los legisladores van a estar debatiendo si aprobar o no una reforma previsional que aumente el poder adquisitivo de los jubilados.
Son dos tipos de reformas. La primera apunta a incrementar el bono jubilatorio de $70 mil y actualizarlo por inflación. UxP propone subirlo, como base, a $115 mil y el pichettismo a $100 mil: si bien todavía no hay acuerdo, la oposición buscará consensuar un monto intermedio entre ambos valores antes de la votación. Se incrementará, a su vez, todas las jubilaciones en un 7,2%.
El otro tipo de reforma consiste en aprobar algún mecanismo que resuelva el vacío que dejó el vencimiento de la última moratoria previsional. UxP y la izquierda proponen prorrogar el Plan de Pagos de Deuda Previsional durante dos años más, de modo de incluir al inmenso porcentaje de hombres y mujeres que llegaron a la edad de jubilarse pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de aportes.
El radicalismo y el pichettismo, en cambio, proponen una reforma que establezca una prestación proporcional por vejez. El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los 30 años de aportes y reemplazarlo por un mecanismo que incremente el valor de la jubilación percibida en proporción a la cantidad de años aportados. La base mínima, en este caso, sería la PUAM (que representa el 80% de la jubilación mínima)
La oposición sospecha que este último será el dictamen que consiga la aprobación de Diputados, ya que la moratoria no cuenta con más avales que los del peronismo y la izquierda. Pero hay otro motivo, y es que la oposición sabe que tiene que aprobar una ley que, luego, necesitará ser ratificada con dos tercios de los votos. Ya que el veto de Milei es inevitable.
Es ahí cuando entra a jugar el PRO, que tuvo una dura reunión de bloque el martes por la noche. Después de un largo debate, las espadas macristas, que amagaban con acompañar el proyecto de prestación proporcional, aceptaron rechazarlo o, los más díscolos, abstenerse. La oposición, sin embargo, piensa en el día después. Y fantasea con que la guerra del PRO con LLA les permita sumar, cuando llegue el momento, algunas adhesiones macristas a resistir el veto presidencial.
MC/MG
Este miércoles, la oposición convocó a una sesión especial para tratar una decena de proyectos previsionales. Pero en el Gobierno analizan un proyecto en sintonía con los reclamos del FMI.
La oposición sube la apuesta en el Congreso y presiona al Gobierno con jubilaciones y la comisión $LIBRA
Mientras la oposición sigue dando batalla para aumentar el valor de los haberes jubilatorios y facilitar el acceso a las prestaciones para quienes no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley, hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno escucha con atención. Se trata del plan elaborado por el think tank CIPPEC. Rafael Rofman, investigador principal de protección social de CIPPEC, fue recibido cinco veces por funcionarios nacionales, según los registros de ingresos a la Casa Rosada a fines del año pasado.
El proyecto de Rofman y Manuel Mera, que se resume en la “propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino” publicado en la página web de CIPPEC, hace foco en eliminar el requisito de los 30 años mínimos de aporte y propone un ingreso básico a partir de los 65 años. En línea con los históricos pedidos que hace el FMI y la obsesión fiscal del Gobierno, propone equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, e incluso aumentarla a medida que mejora la perspectiva de vida. También busca eliminar regímenes de excepción. Aún sin números finos, CIPPEC asegura que la propuesta implicaría un menor porcentaje del gasto del PBI, incluso respecto al escenario actual sin reforma.
Es lo que dice Rafael Rofman sobre el espíritu de un gobierno que viene con intenciones –y capital político– para avanzar con reformas estructurales. “Lo presentamos en cuanta ocasión aparece: encuentros empresarios, organismos internacionales, diputados, gobierno. Es muy bien recibido en su estructura general, pero las dudas sobre su aplicación son estrictamente políticas”, asegura sobre su implementación. La coyuntura electoral y el staff report del FMI indicaría que la discusión podría darse para el 2026. “Para eso, habría que empezar ya con el armado técnico, que es complejo”, asegura Rofman.
La propuesta plantea seis áreas centrales de cambio estructural para reordenar el sistema previsional argentino. Uno de los puntos más sensibles en el debate público es la modificación gradual de la edad de retiro. Históricamente las edades mínimas de retiro se fijaron en contextos de menor expectativa de vida y trabajos físicamente más demandantes, de acuerdo al documento. En este sentido, la propuesta sugiere igualar la edad mínima de retiro entre varones y mujeres –un pedido histórico del FMI–, establecer mecanismos de actualización gradual de la edad de retiro en función de los cambios en la expectativa de vida y generar incentivos para quienes opten por postergar su jubilación, mediante beneficios adicionales o esquemas de retiro parcial.
Otro capítulo clave propone revisar los regímenes de excepción vigentes –que mejoran las condiciones de jubilación ya sea por permitir jubilarse a menor edad o con menos años de aporte, o con haberes/movilidad más altos–, con el compromiso de respetar los adquiridos pero de dejar de aprobar nuevos. Según el documento “más del 40% del total de beneficios previsionales y cerca del 55% del gasto total se explican por estos esquemas de excepción”, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, dentro de estos regímenes de excepción se encuentran poblaciones sensibles: desde regímenes diferenciales por actividad riesgosa como mineros o petroleros, hasta retiros militares, pasando por docentes. El proyecto se ocupa también de ordenar las jubilaciones y pensiones por invalidez y por fallecimiento.
CIPPEC propone una nueva estructura para el régimen general, con un rediseño del cálculo del haber inicial de vejez basado en la ley 24.241 de 1993 y sus múltiples modificaciones. La propuesta plantea crear una prestación básica universal, equivalente a aproximadamente el 25% del salario medio, accesible para todos los residentes mayores de una edad mínima, y complementar esta con una prestación proporcional que se determine según la historia completa de aportes, sin exigir un mínimo de años de aportes. La estructura incluiría también un pilar de ahorro voluntario, financiado de manera diferenciada: la prestación básica con rentas generales y la proporcional con aportes de los trabajadores.
La propuesta para la movilidad de los haberes previsionales, que garantiza la actualización periódica para preservar el poder adquisitivo, respalda el esquema actual basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero sugiere perfeccionarlo estableciendo una periodicidad variable, que sea mensual en contextos de alta inflación y más espaciada cuando esta se reduzca. Además, propone sumar un ajuste anual adicional vinculado a la evolución de los salarios reales para preservar la relación entre los haberes previsionales y los ingresos de los activos. Por otro lado, se recomienda evitar aumentos asimétricos y establecer reglas claras ante posibles caídas de precios.
Rofman y Mera presentaron la propuesta a periodistas el mismo día que la oposición llegara un acuerdo para convocar a una sesión especial –este miéroles– para tratar once dictámenes con propuestas que van desde un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono hasta $115.000, hasta la extensión de la moratoria previsional o una mejora en las condiciones de la PUAM. “Las reformas parciales (NdR: que se debaten en el Congreso) son peligrosas porque terminan siendo parches que generan nuevas inequidades. En vez de pensar si la moratoria sigue o no, es importante ver todo el paquete”, aseguró Rafael Rofman quien prefirió no tomar partido por ninguno de ellos.
Entre los dictámenes presentados en el Congreso, uno de los puntos más discutidos fue el valor de los haberes. El dictamen de mayoría (Unión por la Patria) propone un aumento del 7,2% desde la sanción de la ley (es el aumento que no se contempló en la último ley de movilidad correspondiente a enero de 2024), y una actualización del bono a $115.000, incorporándolo al haber y con movilidad. La primera minoría (los radicales disidentes del bloque Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) también contempla el mismo porcentaje de aumento, pero con un bono menor, de $100.000 a mayo de 2025, e incluye una propuesta para identificar fuentes de financiamiento.
Otro eje de debate gira en torno a qué hacer con las prestaciones para quienes no reúnen 30 años de aportes. De nuevo el mayoritario de Unión por la Patria propone extender la moratoria vigente por dos años más, permitiendo regularizar aportes hasta 2010, e incluir a mujeres en la PUAM desde los 60 años en vez de los 65 actuales.
En cambio, varios dictámenes de minoría sugieren abandonar esta lógica de moratorias periódicas y adoptar esquemas de proporcionalidad, donde los beneficios se ajusten a los años de aporte efectivamente realizados. Por ejemplo, DPS y EF proponen una Prestación Proporcional por Vejez equivalente al 85% de la PBU más los componentes PC y PAP, sumado a un suplemento previsional adicional. La UCR propone algo similar pero con una tasa del 70%, y PRO directamente plantea instaurar una Prestación Básica universal (similar a la PUAM) complementada con un haber proporcional calculado sobre la base de todos los aportes registrados.
En un Congreso fragmentado y con reformas parciales en disputa, la propuesta integral de CIPPEC gana peso en los despachos oficiales. La pregunta es si, cuando llegue el momento, habrá consenso político para avanzar.
NR/MG
Tras el fiasco en CABA, apuestan a bajar la confrontación con Kicillof, aunque tomarán las riendas de la estrategia electoral. Se calienta el debate sobre la lapicera, a dos meses del cierre de listas. Incertidumbre y fastidio entre los intendentes axelistas.
Kicillof acuerda modificar el calendario electoral, aunque siguen las versiones de ruptura con Cristina
En un clima de desazón por los resultados de la elección porteña, donde Leandro Santoro jugó con la expectativa de un triunfo y debió conformarse con un segundo puesto, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner prometen que intentarán evitar una fractura que beneficie a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la interna entre ambos sectores no se resolvió y se avizora un panorama en el que la estrategia de la expresidenta –junto con su aliado Sergio Massa– se impondrá por sobre la del gobernador.
Antes de los comicios porteños, el peronismo venía de atravesar una paliza en las elecciones de Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. Los cuestionamientos internos se habían enfocado principalmente en las dos últimas, donde el PJ provincial estaba intervenido y bajo la supervisión de Cristina. Aquel malestar parecía jugar a favor de Kicillof, aunque algo empezó a cambiar en los últimos días.
El resultado de los comicios porteños demostró que, pese a la voluntad de Jorge y Mauricio Macri de apelar a una campaña local en la Ciudad, la elección se nacionalizó tal como quisieron Javier y Karina Milei. Con esa experiencia muy fresca, en algunos sectores del peronismo interpretan que lo que ocurrió el domingo podría favorecer a Cristina en la interna.
La expresidenta había ejercido una fuerte presión sobre Kicillof para que no desdoblara la elección bonaerense. El argumento que repetían en el Instituto Patria era contundente: había que nacionalizar la campaña contra Milei y no discutir temas de seguridad o salud locales, porque ese debate iría camino al fracaso. También planteaba la inconveniencia de obligar a los bonaerenses a ir a votar en dos instancias separadas. El gobernador hizo oídos sordos a esos cuestionamientos y se aferró a la máxima de poner en discusión su propia gestión. Ahora hay quienes empezaron a retrucarle que, más allá de su voluntad, eso será una misión imposible con la Rosada dispuesta a nacionalizar otro round.
“Se va a nacionalizar por más que juegue Pepe Pompin. La discusión se da a través de los medios y las redes y ahí nadie discute gestión. Se discuten modelos, valores”, afirmó a elDiarioAR un estrecho colaborador de Cristina. Tanto ella como Sergio Massa avanzaron en los últimos días en conversaciones respecto a la posibilidad de ponerse al frente de las listas: la expresidenta iría como candidata por la Tercera sección y el exministro por la Primera, donde pisa más fuerte el Frente Renovador (FR).
De confirmarse ese escenario, los más perjudicados podrían ser los intendentes que orbitan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ya que deberían negociar desde una posición adversa con La Cámpora y el FR a la hora de armar las listas. La fecha tope es el 19 de julio, por lo que vendrán dos meses de negociaciones intensas.
“Massa no va a tomar ninguna decisión hasta el 30 de junio”, aseguran en su entorno a elDiarioAR. La afirmación es, en sí misma, llamativa, ya que hasta hace un mes el líder del FR aseguraba que en esta elección iba a tener un rol de armador y que no deseaba ser fronting. Ahora no lo descartan. También hablan de un operativo clamor, o al menos uno incipiente, de un grupo de intendentes de la Primera y la Tercera que se acercaron a verlo para pedirle que compita. Estuvieron encabezados por Gustavo “Tano” Menéndez y Federico Otermín, dos alfiles cristinistas. En el axelismo reina la desconfianza. Consideran que las candidaturas de Massa y Cristina son, hasta ahora, es una decisión “mediática” de la que todavía no hay certezas. Una herramienta de presión para condicionar la previa y forzar a Kicillof a acordar.
La intención de Massa y Cristina de salir a jugar fuerte opera como respuesta a lo que ven que se está gestando desde la Rosada en la Provincia. Después del triunfo en CABA, Milei y su candidato Manuel Adorni abrieron la puerta para recibir a todos los que estén dispuestos a dar su salto de fe libertario. “Tabula rasa”, sostuvo el legislador electo, en una apuesta a que los dirigentes del PRO abandonen el barco de a uno y se conviertan en candidatos violetas.
En los últimos días, el peronismo bonaerense volvió a activarse. Las alarmas se encendieron después del resultado porteño, tanto en el PJ como en el axelismo, donde hasta ahora se consolaban con que los oficialismos provinciales salían ilesos de las urnas. Ambas tribus confirmaron su voluntad de bajar la tensión, convencidas de que la fragmentación podría desembocar en un triunfo libertario.
Volcados de lleno a la reparación que dejó el temporal y las inundaciones en la Provincia, en el equipo de Kicillof repiten que su estrategia será lograr la unidad: “Axel es promotor de la misma desde siempre. Si ves los discursos del año pasado, en todos pide unidad amplia para enfrentar a Milei”, dijo uno de sus armadores. En el kirchnerismo destacan que Cristina dio reiteradas muestras de su voluntad de no romper, como el hecho de haberle votado la suspensión de las PASO y el cambio de cronograma al gobernador, pese a que marcó sus diferencias públicas. El massismo se mueve en tándem con ella.
La campaña de Santoro también se volverá ejemplo de que una solución “local”, despegada de las figuras más importantes del espacio, no necesariamente garantizará un triunfo. Esta vez, nadie puede culparlos por el resultado. Por eso, en la Provincia se empiezan a posicionar como actores clave: ella, para garantizar el piso; él, para convocar a los “extrarpartidarios” con los que insiste desde hace meses. “Una unidad no sólo política sino social, llamando a todos los sectores relevantes de la sociedad Argentina a la reconstrucción nacional. Esta amplitud es importante para los sectores que están fuera de la política”, sostienen en el massismo.
LA/MG
E PJ nacional sesionó de forma virtual bajo la sombra de un fallo judicial que anuló la intervención en Salta. Críticas al liderazgo, cuestionamientos por la modalidad del encuentro y señales de fractura en el mapa peronista.
El Partido Justicialista (PJ) reunió este martes a su congreso nacional de manera virtual, en un escenario marcado por la ausencia de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y por el fallo de la jueza federal María Servini, quien declaró nula la intervención del PJ de Salta.
La jornada volvió a exponer las tensiones internas del peronismo, con críticas desde distintos sectores al modo de conducción del partido y cuestionamientos judiciales y políticos.
El encuentro fue convocado por el presidente del congreso partidario y gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien citó a los diferentes actores del justicialismo en una reunión que se llevó a cabo de manera virtual.
Durante el mitin vía Zoom se trató la comisión de poderes; aprobación de estados contables ejercicio 2024; el informe de normalización PJ distrito Corrientes, y la intervención del PJ en distritos Jujuy, Misiones y Salta.
Paralelamente a la realización del congreso partidario, la jueza federal María Servini resolvió declarar nula la intervención del PJ salteño impulsada por Fernández de Kirchner.
La decisión de la magistrada se dio después de que el peronismo tuvo un resultado negativo en la provincia del norte argentino y horas antes de que comenzara la reunión virtual que inició pasadas las 18:30.
El PJ nacional había intervenido en febrero las conducciones partidarias de Salta y Misiones. La medida se justificó por el apoyo de legisladores provinciales a proyectos impulsados por el presidente Javier Milei, lo cual fue interpretado como una desviación del ideario peronista.
Esteban Amat Lacroix, titular del PJ salteño y hombre de Sáenz, pidió anular la intervención. Denunció que se buscó “amedrentar” a las autoridades locales que apoyaron a Ricardo Quintela en la interna contra Fernández de Kirchner.
Según el planteo, la maniobra apunta a “tomar el control” del partido para que un interventor pueda “designar a dedo” las candidaturas en la provincia.
Pero los cuestionamientos al congreso del espacio que lidera la ex presidenta no sólo llegaron desde la justicia. Durante el transcurso de la tarde, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, insistió con su queja contra la modalidad del debate.
“El peronismo, compañeros y compañeras, será revolucionario o no será nada. Ahora, díganme: ¿cómo vamos a hacer una revolución por Zoom?”, se quejó el jefe comunal, quien desde hace tiempo tiene amplias diferencias con la ex jefa de Estado y el titular de La Cámpora, Máximo Kirchner.
El espacio de discusión partidaria tuvo grandes ausencias. Al faltazo de Cristina Kirchner, titular del partido, se sumó el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no tiene un rol institucional en el PJ y se encuentra “abocado al tema inundaciones”, señalaron fuentes de su entorno. Tampoco estuvo presente el gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien formó parte de las celebraciones del aniversario de la ciudad de La Rioja, capital provincial. Hicieron lo propio el mandatario pampeano Sergio Ziliotto, el catamarqueño, Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo.
Junto Insfrán, titular del congreso nacional, estuvieron presentes en la reunión la senadora nacional por Catamarca y vicepresidenta segunda del Consejo Nacional del PJ, Lucía Corpacci; el senador nacional y presidente del PJ tucumano, Juan Manzur y el legislador de Unión por la Patria (UxP) Eduardo “Wado” de Pedro, entre otras autoridades y dirigentes del peronismo.
MM con información de la agencia NA.
Durante su intervención en la reunión virtual del Congreso Nacional del PJ, el intendente de Esteban Echeverría criticó duramente la modalidad elegida por la conducción partidaria y advirtió: "El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom".
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, alertó este martes que el Peronismo “está al borde de la fractura”, en el marco del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), que por primera vez se realizó de manera virtual y no presencial, como tradicionalmente se había hecho.
Durante su intervención en la reunión por Zoom, Gray criticó duramente la modalidad elegida por la conducción partidaria y advirtió: “El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom”.
La cita había sido convocada inicialmente para el 25 de abril en el microestadio de Ferro Carril Oeste, pero fue postergada por decisión de las autoridades del Consejo Nacional Federal del PJ.
Gray explicó que había solicitado formalmente al presidente del Congreso Nacional del partido, Gildo Insfrán, que se garantizara una reunión presencial con participación plena de congresales, pero su reclamo no fue atendido.
En ese contexto, el jefe comunal bonaerense expresó: “Hoy deberíamos estar debatiendo cómo defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno, pero nos encontramos viendo cómo intervenimos distritos para, en algún caso, meter listas por la ventana y, después, esas mismas listas salen últimas, pero no importa, hacemos perder la elección”.
“El cierre del partido, la digitalización de las decisiones y el silenciamiento de voces disidentes nos empujan peligrosamente al borde de la fractura en la provincia de Buenos Aires”, advirtió.
Gray también señaló que se está frente a una “antesala de querer repetir la misma historia: hacer las listas a dedo”, y sostuvo que esos “caprichos” están alejando al peronismo de sus bases y de la realidad del país.
Finalmente, concluyó su exposición con una definición política contundente: “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.
Con información de NA.
IG