Noticias de Jujuy

Irán ratificó que no permitirá a Rafael Grossi inspeccionar las instalaciones nucleares atacadas por Trump

Hamid Reza Haji Babaei declaró que la decisión se fundamenta por el “hallazgo de datos confidenciales acerca de las instalaciones”, supuestamente extraídos de documentos pertenecientes al gobierno de Israel.

“La reciente guerra de 12 días es una continuación de las hostilidades que Estados Unidos lleva hace 47 años liderando contra la nación iraní. El núcleo de esta enemistad no son los misiles ni el programa nuclear, sino el pueblo de Irán”, agregó el funcionario.

“Estados Unidos teme que una nación de 90 millones de habitantes con una civilización de 7.000 años de antigüedad no permita el dominio estadounidense en la región”, informó la agencias de noticias iraní Mehr.

Araqchí acusa a Grossi y al OIEA de haber motivado los bombardeos de Israel e Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Gross, de motivar los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

“El OIEA y su director general son plenamente responsables de esta sórdida situación”, acusó Araqchí en un mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que el responsable de este organismo ha realizado “un lamentable papel” adoptando “una resolución políticamente motivada contra Irán”.

“La insistencia de Grossi de visitar las instalaciones bombardeadas con el pretexto de la salvaguardia carece de sentido y posiblemente incluso tenga intenciones malignas”, apuntó el ministro de Exteriores.

Y por ello, justificó la decisión del Parlamento iraní de votar a favor de suspender la colaboración con el OIEA “hasta que se garantice la seguridad de nuestras actividades nucleares”.

“Irán se reserva el derecho de tomar cualquier medida en defensa de sus intereses, su pueblo y su soberanía”, añadió.

Grossi se mostró ayer “enormemente” preocupado por las reticencias que percibe en Irán a una reanudación de sus inspecciones a las instalaciones nucleares y reconoció, en una entrevista a la emisora francesa RFI, que hay “una cierta tensión” con Irán, pues les critican que esta agencia de la ONU “no fue parcial” porque no condenó los ataques israelíes.

El plan aprobado por el Parlamento iraní, al que le resta solo la firma del presidente para ser efectivo, conlleva prohibir la entrada del OIEA en Irán y expulsar a todos sus inspectores. Además, la agencia estatal nuclear iraní tendrá prohibido compartir información o informes sobre el programa nuclear iraní con el organismo internacional.

La cooperación podría volver a producirse, según estima el plan, si se le garantiza a Irán que sus instalaciones nucleares y sus científicos -once al menos han perdido la vida en los ataques de Israel- están seguros y también se da vía libre para que Irán siga enriqueciendo uranio.

Irán y el TNP

El pasado 16 de junio Irán anunció que preparaba un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) tras los ataques de Israel.

El anuncio lo hizo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, quien afirmó sin embargo que Teherán “continúa opuesto al desarrollo de armas nucleares”.

Irán se unió al TNP en 1970 y ha afirmado en repetidas ocasiones que su programa nuclear es pacífico a pesar de que acumula más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al uso militar.

El TNP compromete a los países firmantes a no desarrollar armas nucleares y ser objeto de inspecciones por parte de la agencia nuclear de la ONU.

MU con información de agencia EFE

Un Orgullo multitudinario desafía la prohibición del ultraderechista Viktor Orbán y toma las calles de Budapest

Ni las intenciones de sabotaje ultraderechistas ni las advertencias y amenazas de la Policía ni siquiera una declaración de prohibición directa y contundente han detenido en Budapest la manifestación LGTBIQ que se celebra cada junio desde hace 30 años. Desde las 14.00 horas, una multitud de decenas de miles de personas se agolpaban en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad en una demostración de fuerza y arrojo frente a aquellos que quieren criminalizar, borrar y devolver el Orgullo al silencio, encarnados en la figura del primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán.

La marcha ha arrancado pasados unos minutos de las 15 horas, como estaba previsto, sin presencia policial. Los asistentes, muchos jóvenes pero también alguna persona mayor, han abarrotado el bulevar Károly, situado en el centro de la ciudad. Entre ellas, muchos activistas y personas a título individual que hanvenido de otros países en apoyo a la comunidad LGTBIQ húngara. Una era Verena, que ha venido ella sola desde Viena para asistir a la marcha: “Tenía que estar aquí para defender los derechos humanos y la democracia”, afirmaba esta mujer que llevaba una camiseta con el escudo de la ciudad de Budapest coloreado de arcoíris. “Es importante porque la extrema derecha crece en todo el mundo y da miedo”, añadía mientras la columna arcoiris avanzaba por la ciudad húngara.

“Que no se molesten en preparar el desfile de este año”, les dijo el líder de Fidesz un mes antes de aprobar en el Parlamento el veto a la marcha bajo el pretexto de “proteger a la infancia”. Pero no hicieron caso, lo prepararon, lo organizaron, se confabularon con el alcalde de la ciudad, Gergely Karacsony, y lograron que representantes de 30 países y varias decenas de eurodiputados viajaran este sábado a la capital húngara para marchar con ellos. Y para visibilizar también que Budapest no es solo Budapest: es el espejo de la extrema derecha a nivel global, que ha encontrado en Hungria su laboratorio perfecto.

Eszter, que nació en Budapest hace 20 años y es bisexual, marchaba junto a su amiga Richie, de 18: “Este Gobierno está fabricando un enemigo y ahora somos las personas queer, a quienes nos está tratando como algo que hay que temer”, contaba la joven, que calificaba de “imprescindible” haber venido para “defender nuestros derechos”. “Tristemente nuestro Gobierno nos los está quitando poco a poco”. Richie, que es trans, coincidía: “Siento que este es un momento histórico. No sé trata solo del Orgullo, se trata de nuestros derechos civiles y nuestra libertad. Hoy quizá por fin este país empiece el cambio que necesita”.

Este Gobierno está fabricando un enemigo y ahora somos las personas queer, a quienes nos está tratando como algo que hay que temer

Eszter — Manifestante en el Orgullo de Budapest de 2025

“Estamos aquí a favor de los derechos humanos y en contra de cómo el Gobierno de este país está machacando a las personas LGBTIQ”, explicaba al inicio de la marcha Camila, que es de México y lleva viviendo aquí cinco años. Habla en tercera persona de la comunidad queer porque ella no es parte, dice, también su amiga América, que ha venido de su país natal a visitarla. No han dudado ni un momento en acudir a la manifestación: “No es tan fácil vivir bajo un Gobierno que te ataca y quiero mostrar mi apoyo”, señalaba Camila.

Cambio de recorrido para evitar el sabotaje ultra

Apenas se ha visto presencia policial en la marcha. Un grupo de agentes se encontraba fuera de la popular estación de metro de Astoria, un punto en el que la manifestación ha modificado el recorrido previsto y ha enfilado otra calle diferente para cruzar el rio Danubio por un puente diferente al de la Libertad, que se preveía punto conflictivo por haber anunciado varios grupos de extrema derecha una contra protesta ahí. Justo al comienzo de la marcha, un gropúsculo ultracristiano se presentó en la zona de inicio para agitar sus proclamas antihomosexualidad: “¡Arrepentíos! Se puede evitar morir de sida. ¡Dejad la homosexualidad!”

En un ambiente festivo y animado por la música que lanzaban las clásicas camionetas que acompañan en muchos países del mundo a la marcha LGTBIQ, el Orgullo ha avanzado por las calles de Budapest. Colectivos LGTBIQ pero también organizaciones de la sociedad civil han salido a la calle para gritar que no, que no quieren volver al armario y que están aquí para mostrarse tal cual son a pesar de las legislaciones discriminatorias aprobadas en el pais. “No me meto mucho en política pero he venido porque soy gay”, decía Dominique, de 15 años, que ha acudido a la marcha con su madre y llevaba un abanico arcoíris y la cara pintada con purpurina de los mismos colores.

El Gobierno sabe que no puede parar el cambio que está en marcha contra él. He venido para mostrar que no nos importa su control y su autoritarismo

Martón — Manifestante en el Orgullo de Budapest 2025

A la marcha han venido una inmensa mayoría de personas LGTBIQ, pero también muchas personas que no lo son. Y lo han hecho en apoyo a la comunidad y también para mostrar su rechazo al Gobierno de Orbán y sus vulneraciones de derechos. Es el caso de Márton, que aseguraba no preocuparle si la extrema derecha intentaba boicotear la manifestación: “El Gobierno sabe que no puede parar el cambio que está en marcha contra él. He venido para mostrar que no nos importa su control y su autoritarismo”, resumía al tiempo que esperaba su turno en un fuente publica de agua para intentar mantenerse fresco ante el calor que ha apretado duranto todo el acto.

El poder de convocatoria ultra ha aparecido mermado al contarse muy pocas pesonas en el puente que han tomado los manifestantes LGTBIQ donde unas pocas personas han sido separadas por la policia.

La prohibición del Orgullo en 2025 en Hungría ha sido el último capítulo de un desmantelamiento de derechos LGTBIQ que Orbán, que lleva 15 años en el poder, ha intensificado desde 2020: eliminó la adopción, impidió a las personas trans cambiar su sexo legal y su nombre y aprobó la Ley de Propaganda, que restringe la representación pública LGTBIQ a menores de 18 años. El ultraderechista ha convertido en chivo expiatorio a las personas queer húngaras como ya lo hizo con los migrantes y refugiados, que viven todos ellos en un país en el que son despreciados por su propio Gobierno.

La incertidumbre se palpaba en la ciudad estos últimos días. Al intento de boicot anunciado por la extrema derecha se ha sumado la incógnita de cómo actuará con los manifestantes la Policía, que ha advertido en todo momento de la ilegalidad de la protesta. Orbán ha descartado el uso de la fuerza pero ha amenazado con “consecuencias legales” y el alcalde Karacsony, implicado directamente en la organización, las ha descartado por haber convocado la marcha como “un evento municipal” sobre el que asegura que no aplica la limitación del derecho de reunión.

Sin respuesta del Gobierno, la Iglesia profundiza una alianza con jueces para combatir el avance narco en los barrios

“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once –donde está asentado el padre Gastón “Tonga” Colombres– una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y otros ligados a Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes. El anfitrión fue el padre Leo Di Silio.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

El obispo de Santiago del Estero citó a al papa León XIV: “Uno antes que cristiano es humano”, dijo, según comentó un testigo, funcionario de Comodoro Py, resaltando que la propuesta es, más que una cuestión de fe, de humanidad.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG

Aislantes de lana de oveja y paredes de cáscara de maní: ¿puede Argentina adaptar sus edificios a la crisis climática?

“Ir a lo elemental”, dice el arquitecto Gustavo San Juan, mientras recorre la obra que él coordinó, un edificio diseñado para adaptarse a las condiciones climáticas locales y funcionar con energías renovables.

La estructura, construida con técnicas y materiales respetuosos con el medioambiente, como ladrillos de plástico reciclado, pronto se convertirá en el Centro de Energías Renovables de la provincia de Buenos Aires.

Ubicada en la localidad de Gonnet, en el partido de la Plata, la obra será la sede del Programa de Energías Renovables (PROINGED), una instancia de gestión pública-privada que financia proyectos y desarrolla investigación sobre energías renovables y eficiencia energética en la provincia de Buenos Aires.

El nuevo edificio servirá para realizar actividades de investigación vinculadas con el trabajo de PROINGED. Fue construido bajo lógicas de bioconstrucción, un tipo de arquitectura que usa técnicas y materiales respetuosos con el ambiente.

Se trata de un proyecto que tendrá un carácter demostrativo de tecnologías innovadoras, sostiene San Juan, investigador del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la ciudad de La Plata.

La estructura está construida con ladrillos fabricados a partir de tereftalato de polietileno reciclado, más conocido como PET, el plástico utilizado para botellas de bebidas y envases de alimentos; o micelio, una estructura similar a las raíces de los hongos. Otros materiales utilizados fueron tableros fabricados con cáscaras de maní y residuos agroindustriales; proteína de soja; adhesivos y aislantes de poliestireno expandido reciclado y lana de oveja. Estas tecnologías fueron desarrolladas por institutos de investigaciones y emprendimientos productivos de distintas ciudades del país, y en su mayoría apuntan al reciclaje y la puesta en circulación de materiales en desuso.

Un ejemplo es la lana de oveja, utilizada en el edificio para aislación termo-acústica en muros, techos y entrepisos. La lana fue provista por el emprendimiento Proyecto Abriga, una empresa de triple impacto.

“En Buenos Aires la lana de oveja no tiene un valor significativo para la industria textil y la queman, la entierran o la dan en parte de pago por la esquila. Nosotros utilizamos este recurso para paneles aislantes”, comenta Alejandra Núñez Berté, directora de Proyecto Abriga. “Toda la vida las personas se calentaron con el sol y fue recién con el petróleo y el aire acondicionado que lo olvidamos. Ahora, conscientes del daño, tenemos que recuperar estos saberes con visión en el siglo XXI. No podemos seguir construyendo como hace 40 años”, dice San Juan.

Construcción alta en carbono en Argentina

El sector mundial de la construcción contribuye de manera significativa al cambio climático. En 2022, fue responsable del 37% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y del 34% de la demanda energética, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gran parte de esta demanda energética se destinó a necesidades operativas, como la calefacción y la refrigeración. En Argentina, la cifra de emisiones se repite, pero el consumo de energía llega al 40%.

El acero, el cemento, el hormigón y el aluminio, materiales requeridos en la construcción moderna, son responsables del 15% de las emisiones a nivel mundial. La etapa de producción de estos materiales es el momento donde más emisiones se generan.

En la industria de la construcción argentina predomina el uso de estos métodos tradicionales. “Se sigue utilizando mucho la construcción con cemento, ladrillo, hormigón y no se utilizan tanto otros materiales como hormigón prefabricado o madera reciclada, que apuntan a una mayor eficiencia en el consumo de energía y en el gasto de energía para construir”, comenta Miguel Ippolito, integrante de la Cámara Argentina de la Construcción.

Sin embargo, señala que hay un incremento de la construcción en seco, es decir de materiales prefabricados que no requieren uso de agua y que hacen más eficiente y rápida la construcción. El uso de construcción en seco reduce el consumo de combustible en un 60% y la producción de dióxido de carbono en un 22,5%.

Para Carolina Ganem, investigadora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la provincia de Mendoza, hay un circuito “vicioso” entre los efectos del cambio climático y el modo en que estos afectan a las viviendas.

“Las temperaturas suben debido al incremento de emisiones antropogénicas y por lo tanto aumenta el uso de equipamiento para acondicionamiento térmico de las viviendas. Este uso, a su vez, genera un mayor número de emisiones y un incremento en el calor antropogénico residual que deriva de los mismos, que a su vez incrementa el calor en las ciudades”, comenta.

Alternativas en la construcción

Cuando en 2020 Ana Basso y su compañero comenzaron a imaginar su casa en la localidad de La Serranita, en la provincia de Córdoba, tenían algo claro: el proyecto sería una experiencia de autoconstrucción.

“Queríamos que fuese así no solo por la necesidad económica, sino también porque buscábamos ser parte del proceso. Desde el principio sabíamos que era un proyecto que nos llevaría tiempo”, comenta.

En diciembre de 2004 la familia se mudo a la casa, cuando terminaron de instalar las aberturas. “Incluso sin tener puertas ni ventanas colocadas, ya se notaba una diferencia térmica entre el interior y el exterior. Ahora, con todo instalado, la casa es muy fresca en verano y se siente abrigada en invierno”, relata.

El proyecto de La Serranita se basó en bastidores de madera como estructura portante, rellenos con paja alivianada humedecida con barbotina –una mezcla de arcilla y agua– para crear paredes, que posteriormente se revistieron con tierra.

“Los bastidores están divididos cada 60 centímetros, tienen una pequeña columna que va repartiendo todo el peso del techo de la estructura y hace que la fuerza de la casa esté más repartida”, comenta.

Hasta 2018, la estructura de bastidores de madera era considerada un método constructivo no tradicional y requería de un Certificado de Aptitud Técnica (CAT), una autorización que Argentina otorga a los sistemas constructivos innovadores después de ser sometidos a diferentes pruebas de seguridad. A partir de ese año, se lo reconoce como sistema tradicional y ya no necesita esta autorización técnica.

Para Leonardo Nucci, bioconstructor en la Patagonia argentina, hay confusión entre los sistemas tradicionales y no tradicionales. “Se suele llamar tradicional a la construcción en cemento o industrializada, cuando lo tradicional son las construcciones en tierra. El cemento no tiene más de un siglo de uso en Argentina, solo la industria se ha encargado de cambiar en nuestra conciencia colectiva las formas de construcción tradicionales”, señala.

Nucci forma parte de la Red Bioca, integrada por habitantes de El Bolsón en la provincia de Río Negro y los municipios de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén en la provincia de Chubut, que promueven la bioconstrucción para adaptar sistemas constructivos al clima frío y ventoso de la Patagonia.

Aunque la bioconstrucción es una técnica sostenible y culturalmente arraigada, en el país no existe reglamentación a nivel nacional que habilite jurídicamente la posibilidad de construir de esa manera.

“Ante la falta de una reglamentación común para construir con tierra a nivel nacional los municipios deciden según la información que tienen, eso explica por qué muchos proyectos de no consiguen la habilitación municipal para avanzar”, señala la arquitecta María Rosa Mandrini, de la Red Protierra Argentina, una entidad que promueve la construcción con tierra en todo el país.

En 2021 esta red publicó un proyecto de ordenanza para que los gobiernos locales puedan reglamentar la construcción con tierra. Este documento propone pautas locales para estandarizar técnicas y promover prácticas constructivas adecuadas.

Mandrini explica que los municipios de 15 provincias han aprobado desde entonces ordenanzas locales sobre bioconstrucción, mientras que tres provincias han promulgado leyes relacionadas con estos métodos. La amplitud de estas iniciativas, afirma, “demuestra la versatilidad que tiene este tipo de construcción para adaptarse a diferentes climas y zonas sísmicas”.

Eficiencia energética para combatir la pobreza

Argentina tiene un déficit habitacional que afecta a cuatro millones de familias: cerca de 1,6 millones no tienen casa y más de dos millones carecen de infraestructuras seguras, lo que muestra una urgencia en materia de vivienda social.

Las familias de sectores populares suelen autoconstruir sus viviendas sin diseño técnico ni enfoque de eficiencia energética, explica Salvador Gil, investigador de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en sostenibilidad. “Esa es su casa y hay que entender esto como punto de partida para planificar cualquier mejora”, advierte.

La falta de aislamiento térmico en estos hogares incrementa la demanda energética y las familias recurren a fuentes caras y poco eficientes como la leña o el gas en garrafa, que puede costar hasta cinco veces más que el gas por red, e implica esfuerzo físico y costos de transporte.

“En estos casos, atender la eficiencia energética ayuda a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y también combate la pobreza. En países como el nuestro, esa es la clave”, afirma Gil y destaca la urgencia de implementar tecnologías eficientes y accesibles como lámparas LED, bombas de calor y ollas térmicas, que permitirían ahorrar en el pago de servicios.

Gil sugiere que la eficiencia energética debe ir acompañada de políticas públicas y de una organización social adecuada para garantizar que las tecnologías eficientes puedan ser apropiadas. “El rol del Estado es importante, pero el rol de la sociedad y su involucramiento me parece fundamental para esta transformación”, concluye.

El rol estatal

A nivel nacional existen regulaciones que promueven la eficiencia energética y la construcción sustentable, como la serie de normas IRAM 11600, que da pautas de referencia para acondicionamiento y aislamiento térmico, así como el ahorro de energía en calefacción. Sin embargo, especialistas coinciden que el carácter voluntario en la aplicación de estas normativas limita el avance hacia una construcción sostenible.

Todavía son los usuarios finales quienes tienen la decisión de incorporar o no criterios de sustentabilidad en la construcción

Carolina Sfeir — Titular de la Dirección de Política Energética y Tarifaria de la provincia de Buenos Aires

Ganem sostiene que sería clave establecer normas obligatorias según región climática, que exijan condiciones térmicas, energéticas y lumínicas mínimas en los edificios. Aplicar normas vigentes podría tener un impacto positivo.

Una regulación reciente es la creación en 2023 del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), impulsado por la Secretaría de Energía, que evalúa el grado de requerimiento de energía que necesita una vivienda durante un año para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua sanitaria e iluminación.

Aunque es de carácter voluntario en gran parte del país, algunas provincias como Santa Fe cuentan con regulación propia y exigen el etiquetado a la hora de escriturar una vivienda.

El etiquetado considera factores como clima, sistemas constructivos, materiales, aberturas y ventilación, y permite estimar gastos de servicios y el impacto ambiental. Hasta el momento se han emitido 1.357 etiquetas y analizado 3.738 viviendas.

Carolina Sfeir, titular de la Dirección de Política Energética y Tarifaria de la provincia de Buenos Aires, enfatiza que para avanzar en la implementación de este programa hay que propiciar la regularización en los gobiernos locales y provinciales.

“Hay personas capacitadas [para evaluar energéticamente una vivienda] en todo el país y convenios [de cooperación para adherir al programa] en distintas provincias, pero no es que todas las viviendas nuevas tengan que tener este etiquetado. Todavía son los usuarios finales quienes tienen la decisión de incorporar o no criterios de sustentabilidad en la construcción”, señala.

Según la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental), la clasificación mundial más utilizada para medir la sostenibilidad de los edificios, Brasil y México lideran el rankinglatinoamericano en la construcción de edificios sustentables.

Argentina, si bien ocupa el quinto lugar entre los 10 países latinoamericanos que califican en la certificación LEED, mantiene un crecimiento sostenido y un aumento de la demanda de este tipo de viviendas. Además, la disponibilidad de normativas vigentes y la disposición de recursos naturales generan un panorama para fortalecer una industria constructiva más amigable con el ambiente.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialoque Earth https://dialogue.earth/es/

El Gobierno niega intervenir en el dólar, pero admite compras por US$4.000 millones mientras Cristina denuncia una fuga

En la economía de Javier Milei, lo que se dice y lo que se hace parecen formar parte de universos paralelos. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, niega rotundamente cualquier intervención en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que el Tesoro compró US$200 millones con superávit fiscal. Esa cifra, sin embargo, es apenas una parte: el propio Quirno se encargó de mencionar que el Gobierno adquirió “aproximadamente US$4.000 millones en el último mes” a través de distintas herramientas, aunque insistió en que eso no afectó el tipo de cambio.

La narrativa oficial sostiene que el dólar flota libremente, pero las acciones del Tesoro muestran una estrategia de recomposición de reservas que contradice esa supuesta inacción. Las compras se hacen mediante block trades, Repos, Bontes o venta de activos. Para Quirno, esas operaciones no inciden sobre la cotización. Para los operadores financieros, en cambio, los movimientos fueron tan evidentes que ya se hablaba de intervención antes del reconocimiento oficial.

El dólar oficial ya superó los $1.200, mientras las distintas variantes bursátiles y el informal se alinean en torno a esa misma barrera psicológica. El Banco Nación lo ofrece a $1.205 para la venta. El dólar mayorista se ubica apenas por debajo, y el MEP y el Contado con Liquidación rondan los $1.200. En ese contexto, Caputo sostuvo que la suba es normal y que no responde a movimientos del Gobierno, a pesar de que él mismo haya confirmado una compra de divisas con fondos fiscales.

Cristina Fernández Kirchner aprovechó esa grieta entre relato y realidad para lanzar dardos desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la cual fue condenada por delitos de corrupción. “En 45 días se esfumaron US$4.000 millones”, denunció, y lo atribuyó al levantamiento del cepo, al aumento del déficit de cuenta corriente y a la fuga de capitales. “La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”, sintetizó la dos veces presidenta de la Nación (2007-2015), dejando en claro que para ella el modelo económico libertario no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país.

El diagnóstico de la exmandataria apunta también a los sectores beneficiados: “Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”. Según Cristina, más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para consumir bienes durables. A su vez, recordó que Caputo no consiguió que la Argentina fuera recategorizada por los organismos financieros, lo que le impide seguir endeudándose con facilidad. “Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”, ironizó.

También cargó contra el poder judicial y mediático que, en su visión, allanó el camino para la presidencia de Milei. “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a Presidente haya resultado en vano”, advirtió, reintroduciendo su tesis del lawfare como condicionante estructural de la política argentina.

Desde el Gobierno, Quirno ensayó una defensa técnica del desequilibrio externo. Según él, el déficit de cuenta corriente es producto de un aumento de importaciones de bienes de capital y responde a una economía que crece por encima del 5%. Sin embargo, su explicación omite que una parte sustancial del rojo externo se explica por pagos de deuda, turismo y formación de activos externos. Es decir, por mecanismos de salida de divisas que poco tienen que ver con inversión productiva.

JJD, con información de NA.