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Santa Fe vuelve a las urnas en un clima de apatía y con Rosario como epicentro político

Los santafesinos vuelven a las urnas pero la expectativa por los comicios no se aprecia en la calle. Este domingo se elegirán intendentes en 19 ciudades y concejales en otras 65, mientras que el resto de las 365 localidades de la provincia votará por las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. El foco está puesto en Rosario, donde La Libertad Avanza aspira a consolidarse como mayoría, y en el impacto de la apatía ciudadana en la cantidad de sufragios.

“Es una elección que no suscita gran interés. La participación será probablemente bastante escasa, incluso menor de la que hubo en las elecciones del 13 de abril para la Asamblea Constituyente que reformará la Constitución de la provincia”, anticipa el politólogo Juan Bautista Lucca, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet. El pronóstico tiene sus razones: “No hubo intensidad en los debates de los candidatos y tampoco una movilización de la ciudadanía”.

Karina Milei y Martín Menem –a cargo del armado de LLA en todo el país– estuvieron esta semana en Rosario y antes fueron precedidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos pidieron el voto para Juan Pedro Aleart, el experiodista que encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza en la ciudad. La consigna es “kirchnerismo o libertad”, para lo cual polarizan con Más para Santa Fe, el frente que reúne al sector mayoritario del peronismo y el partido Ciudad Futura, y pasan por alto a Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.

La Libertad Avanza apunta a nacionalizar la elección y los afiches de campaña en Rosario proclaman que “Aleart es Milei”. El candidato libertario reclama el voto “para seguir defendiendo a la ciudad de los delincuentes”, atribuye la baja de los homicidios dolosos al Plan Bandera de Bullrich y no a la política de seguridad de Pullaro y repite el discurso de funcionarios nacionales, incluyendo la descalificación a los médicos del Hospital Garrahan como ñoquis. La identificación de Aleart con el Presidente excede la política: también él tiene “un hijo de cuatro patas”, en este caso una perra con la que se fotografía en redes sociales.

Más para Santa Fe sigue otro camino. “El frente no está nacionalizando la efervescencia del efecto Cristina”, destaca Juan Bautista Lucca en alusión al clamor por la condena judicial contra la ex presidenta. “Eso habla de las complicaciones del peronismo santafesino, que se manifiestan incluso en la contienda de concejales no solo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas donde el armado no es unívoco”, agrega el politólogo.

Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que encabeza Más para Santa Fe, recibe munición gruesa de Aleart, que lo eleva a enemigo de “la vida, la libertad y la propiedad privada”, pero también recibe críticas de los peronistas Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, que se presentan a la elección de concejales en Rosario con listas propias. El debate interno evidencia la fragmentación del peronismo y complica sus posibilidades electorales, según Lucca:

– El intento del kirchnerismo de aterrizar en la provincia con Agustín Rossi nunca fue exitoso y de hecho no logró volumen. Omar Perotti ganó la gobernación en 2015 con la unificación del peronismo santafesino en una expresión no kirchnerista. Es lo que podría leerse en la tensión entre los candidatos peronistas en Rosario. Monteverde es el depositario de un peronismo con inclinaciones progresistas pero sin estirpe peronista; Cavatorta no hace tanta gala de peronismo porque su apoyo viene por el lado del Frente Renovador y Sukerman tiene una vinculación con el peronismo más tradicional, con afinidad de algunas expresiones sindicales. Estas disonancias van a ser perniciosas para el volumen de votos de los frentes peronistas.

El mosaico roto

En la ciudad de Santa Fe el resultado de las elecciones parece definido. Las encuestas anticipan un triunfo holgado de María Luengo, ex periodista de Telefé Santa Fe que encabeza la lista de concejales de Unidos. La disputa en Rosario tiene en cambio pronóstico incierto y también involucra a Carolina Labayru, la candidata de Unidos que hizo campaña en compañía de Pullaro, y como un contrapeso para las expectativas del sector, el pronunciado desgaste de la gestión de Pablo Javkin como intendente.

Juan Monteverde señalizó distintos puntos de la ciudad con el cartel “acá falta un intendente” para visibilizar problemas con el transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de servicios básicos en los barrios. “Monteverde disputa el voto no oficialista con Aleart y en ese sentido todo el arco peronista está convocado. Pero es posible que eso no le alcance para superar el impulso de Aleart, que viene muy bien en las encuestas y tiene una ascendencia muy fuerte en Rosario porque fue un periodista muy reconocido, rápidamente identificable por la juventud pero también por todo el espectro de la ciudadanía”, explica Lucca.

Aleart se lanzó a la escena el 18 de abril de 2024, cuando ante las cámaras del noticiero que conducía en la televisión rosarina denunció que había sido abusado durante la infancia y parte de la adolescencia por su padre y un tío. “La persona que he encontrado después de mucho tiempo para ayudarme es Patricia Bullrich”, dijo. En febrero de 2025 anunció su incorporación a La Libertad Avanza y en las elecciones del 13 de abril fue el candidato más votado en Rosario.

“Monteverde ha tratado de morigerar un perfil que parece díscolo, pero su partido, Ciudad Futura, tiene una mirada más alternativa en relación a los partidos tradicionales. Ubicarse en la discusión pública desde un lugar disruptivo le resulta contrario a la necesidad de sacar votos en el centro de la ciudad. Es una cara nueva de la política, como Aleart, muy formada, con trayectoria de equipos de trabajo por detrás”, afirma Lucca. Su candidatura se proyecta sobre “un mal endémico del peronismo santafesino, que es la falta de liderazgos, un mosaico que está roto”.

Para el profesor de la Universidad Nacional de Rosario, “Aleart va a ser el gran ganador de estas elecciones, por múltiples motivos: no tiene el gasto de la gestión, como Labayru, ni el de haberse presentado elecciones previamente, como Monteverde”; y sobre todo para la gente es una cara nueva en un contexto donde todavía persiste la idea de patear el tablero“. La denuncia de los abusos en horario central de la televisión rosarina potencia todavía más sus chances: ”Es un candidato libertario humanizado por toda su historia personal y los procesos que sufrió con su familia y además es una figura joven, elegante y bonita, lo cual siempre ejerce un atractivo“.

Carolina Labayru es secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la intendencia de Rosario y pretende remontar las diferencias con sus principales competidores con el apoyo de Pullaro, lo que incluyó visitas a la cárcel de Piñero y fotos frente a los presos trasladados a empellones desde las comisarías de Rosario. “No es una figura de trazabilidad política en la contienda electoral, no tiene un reconocimiento público tan extenso. En contrapartida, es la única mujer que encabeza las principales listas pero no está poniendo en juego ese capital”, según Lucca.

Unidos presenta a Aleart como un candidato impuesto desde Buenos Aires que vocifera el discurso del odio, pero evita criticar al presidente Milei. Mientras tanto, dice Lucca, “a Aleart y Monteverde les conviene polemizar entre sí: a uno para traccionar el voto no peronista y diluir el peso del oficialismo y a otro para licuar la potencia que podrían tener sus contendientes dentro del peronismo”.

Con porcentajes menores en las encuestas, la socióloga Carla Deiana encabeza la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores y el abogado Eugenio Malaponte la de Somos Vida y Libertad, sector referenciado en la diputada provincial Amalia Granata. En cambio, el Frente Amplio por la Soberanía, el movimiento de centro izquierdo que lidera el periodista Carlos Del Frade, anunció su apoyo a Más para Santa Fe.

La Libertad Avanza no solo está a las puertas de una elección histórica en Rosario. También aparece con posibilidades de imponer sus candidatos a la intendencia en las ciudades de Villa Constitución –el histórico bastión del sindicalismo clasista en los años 70- y Teodelina, además de consolidar caudales de votos significativos en los departamentos La Capital y Castellanos, en este caso por debajo del peronismo.

En Santa Fe hay 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros, pero la participación bajó al 55,6 % en los comicios de abril y la tendencia podría profundizarse. “Santa Fe viene cayendo en la participación en los últimos diez años –afirma Juan Bautista Lucca-. Pero la abstención y el voto en blanco no van a mover el amperímetro e incrementarán el volumen de la proporción, con lo cual a los candidatos de los principales partidos inclusive les conviene. La poca participación está hablando de la apatía de la población en un contexto electoral muy recurrente, más que del enojo como en 2001. Vamos a tener niveles de participación bastante bajos en la provincia”.

OA/MG

Insfrán va por todo: busca la mayoría para reformar la Constitución de Formosa y seguir

Formosa elige este domingo 30 convencionales constituyentes, 15 diputados provinciales titulares, 8 suplentes y nuevas autoridades municipales. Pero más allá de los números, la elección tiene un eje decisivo: el futuro político del gobernador Gildo Insfrán, un caudillo del peronismo, cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que lleva tres décadas en el poder y enfrenta por primera vez un límite impuesto por la Corte Suprema a su reelección indefinida.

La reforma constitucional, que deben discutir los 30 convencionales que resulten electos, fue habilitada tras el fallo de diciembre del máximo tribunal que declaró inconstitucional el artículo que le permitió a Insfrán ser reelegido sin tope. El oficialismo busca que la nueva carta magna incluya una cláusula transitoria que “reinicie” el conteo de mandatos y le permita postularse en 2027 como si fuera su primera vez.

Lo mismo hizo otro peronista-kirchnerista, José Alperovich, hace 20 años: Tucumán no permitía la reelección del gobernador y él impulsó una reforma de la Constitución provincial, con Juan Manzur como presidente de la convención, para habilitarla, pero se incluyó una cláusula transitoria mediante la cual no se contó su primer mandato, de 2003 a 2007, y entonces tras ser reelegido en 2007 y en 2011 estuvo 12 años en el poder de esa provincia del NOA.

¿Qué se vota?

¿Cómo se vota? Bajo el sistema de Ley de Lemas, vigente desde 1987. Cada alianza o partido se presenta con un lema general, y dentro de él, con múltiples listas internas o sublemas. Los votos de todos los sublemas se suman al lema, y gana la lista más votada dentro del lema ganador.

¿Quiénes son los principales candidatos?

¿Qué quiere el oficialismo?

Insfrán quiere conservar el control de la Convención Constituyente. Para eso, apuesta a ganar la mayoría con una lista unificada y decenas de sublemas en los concejos para movilizar el voto territorial. Durante el cierre de campaña, inauguró obras, entregó ambulancias y habilitó un hospital, acompañado por miles de militantes. “Ojalá que el domingo el señor nos regale un día peronista”, dijo entre aplausos.

¿Qué propone la oposición?

El objetivo común: evitar que Insfrán logre la mayoría de convencionales. Paoltroni y Neme, aunque divididos, buscan alcanzar al menos 14 bancas para bloquear cualquier intento de reelección. “Si entre todos sumamos 14, Gildo está listo”, dijo Paoltroni. La oposición denunció agresiones, uso del aparato estatal y un despliegue millonario de cartelería oficialista.

¿Qué se espera?

Una elección marcada por el ausentismo y por la sombra del fallo de la Corte Suprema, que sacudió el tablero político de la provincia. La apuesta oficialista es conservar su hegemonía. La oposición, aun fragmentada, ve en esta elección una posibilidad inédita de ponerle un freno al poder de Insfrán.

JJD/MT

Un Orgullo multitudinario desafía la prohibición del ultraderechista Viktor Orbán y toma las calles de Budapest

Ni las intenciones de sabotaje ultraderechistas ni las advertencias y amenazas de la Policía ni siquiera una declaración de prohibición directa y contundente han detenido en Budapest la manifestación LGTBIQ que se celebra cada junio desde hace 30 años. Desde las 14.00 horas, una multitud de decenas de miles de personas se agolpaban en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad en una demostración de fuerza y arrojo frente a aquellos que quieren criminalizar, borrar y devolver el Orgullo al silencio, encarnados en la figura del primer ministro de Hungría, el ultraderechista Viktor Orbán.

La marcha ha arrancado pasados unos minutos de las 15 horas, como estaba previsto, sin presencia policial. Los asistentes, muchos jóvenes pero también alguna persona mayor, han abarrotado el bulevar Károly, situado en el centro de la ciudad. Entre ellas, muchos activistas y personas a título individual que hanvenido de otros países en apoyo a la comunidad LGTBIQ húngara. Una era Verena, que ha venido ella sola desde Viena para asistir a la marcha: “Tenía que estar aquí para defender los derechos humanos y la democracia”, afirmaba esta mujer que llevaba una camiseta con el escudo de la ciudad de Budapest coloreado de arcoíris. “Es importante porque la extrema derecha crece en todo el mundo y da miedo”, añadía mientras la columna arcoiris avanzaba por la ciudad húngara.

“Que no se molesten en preparar el desfile de este año”, les dijo el líder de Fidesz un mes antes de aprobar en el Parlamento el veto a la marcha bajo el pretexto de “proteger a la infancia”. Pero no hicieron caso, lo prepararon, lo organizaron, se confabularon con el alcalde de la ciudad, Gergely Karacsony, y lograron que representantes de 30 países y varias decenas de eurodiputados viajaran este sábado a la capital húngara para marchar con ellos. Y para visibilizar también que Budapest no es solo Budapest: es el espejo de la extrema derecha a nivel global, que ha encontrado en Hungria su laboratorio perfecto.

Eszter, que nació en Budapest hace 20 años y es bisexual, marchaba junto a su amiga Richie, de 18: “Este Gobierno está fabricando un enemigo y ahora somos las personas queer, a quienes nos está tratando como algo que hay que temer”, contaba la joven, que calificaba de “imprescindible” haber venido para “defender nuestros derechos”. “Tristemente nuestro Gobierno nos los está quitando poco a poco”. Richie, que es trans, coincidía: “Siento que este es un momento histórico. No sé trata solo del Orgullo, se trata de nuestros derechos civiles y nuestra libertad. Hoy quizá por fin este país empiece el cambio que necesita”.

Este Gobierno está fabricando un enemigo y ahora somos las personas queer, a quienes nos está tratando como algo que hay que temer

Eszter — Manifestante en el Orgullo de Budapest de 2025

“Estamos aquí a favor de los derechos humanos y en contra de cómo el Gobierno de este país está machacando a las personas LGBTIQ”, explicaba al inicio de la marcha Camila, que es de México y lleva viviendo aquí cinco años. Habla en tercera persona de la comunidad queer porque ella no es parte, dice, también su amiga América, que ha venido de su país natal a visitarla. No han dudado ni un momento en acudir a la manifestación: “No es tan fácil vivir bajo un Gobierno que te ataca y quiero mostrar mi apoyo”, señalaba Camila.

Cambio de recorrido para evitar el sabotaje ultra

Apenas se ha visto presencia policial en la marcha. Un grupo de agentes se encontraba fuera de la popular estación de metro de Astoria, un punto en el que la manifestación ha modificado el recorrido previsto y ha enfilado otra calle diferente para cruzar el rio Danubio por un puente diferente al de la Libertad, que se preveía punto conflictivo por haber anunciado varios grupos de extrema derecha una contra protesta ahí. Justo al comienzo de la marcha, un gropúsculo ultracristiano se presentó en la zona de inicio para agitar sus proclamas antihomosexualidad: “¡Arrepentíos! Se puede evitar morir de sida. ¡Dejad la homosexualidad!”

En un ambiente festivo y animado por la música que lanzaban las clásicas camionetas que acompañan en muchos países del mundo a la marcha LGTBIQ, el Orgullo ha avanzado por las calles de Budapest. Colectivos LGTBIQ pero también organizaciones de la sociedad civil han salido a la calle para gritar que no, que no quieren volver al armario y que están aquí para mostrarse tal cual son a pesar de las legislaciones discriminatorias aprobadas en el pais. “No me meto mucho en política pero he venido porque soy gay”, decía Dominique, de 15 años, que ha acudido a la marcha con su madre y llevaba un abanico arcoíris y la cara pintada con purpurina de los mismos colores.

El Gobierno sabe que no puede parar el cambio que está en marcha contra él. He venido para mostrar que no nos importa su control y su autoritarismo

Martón — Manifestante en el Orgullo de Budapest 2025

A la marcha han venido una inmensa mayoría de personas LGTBIQ, pero también muchas personas que no lo son. Y lo han hecho en apoyo a la comunidad y también para mostrar su rechazo al Gobierno de Orbán y sus vulneraciones de derechos. Es el caso de Márton, que aseguraba no preocuparle si la extrema derecha intentaba boicotear la manifestación: “El Gobierno sabe que no puede parar el cambio que está en marcha contra él. He venido para mostrar que no nos importa su control y su autoritarismo”, resumía al tiempo que esperaba su turno en un fuente publica de agua para intentar mantenerse fresco ante el calor que ha apretado duranto todo el acto.

El poder de convocatoria ultra ha aparecido mermado al contarse muy pocas pesonas en el puente que han tomado los manifestantes LGTBIQ donde unas pocas personas han sido separadas por la policia.

La prohibición del Orgullo en 2025 en Hungría ha sido el último capítulo de un desmantelamiento de derechos LGTBIQ que Orbán, que lleva 15 años en el poder, ha intensificado desde 2020: eliminó la adopción, impidió a las personas trans cambiar su sexo legal y su nombre y aprobó la Ley de Propaganda, que restringe la representación pública LGTBIQ a menores de 18 años. El ultraderechista ha convertido en chivo expiatorio a las personas queer húngaras como ya lo hizo con los migrantes y refugiados, que viven todos ellos en un país en el que son despreciados por su propio Gobierno.

La incertidumbre se palpaba en la ciudad estos últimos días. Al intento de boicot anunciado por la extrema derecha se ha sumado la incógnita de cómo actuará con los manifestantes la Policía, que ha advertido en todo momento de la ilegalidad de la protesta. Orbán ha descartado el uso de la fuerza pero ha amenazado con “consecuencias legales” y el alcalde Karacsony, implicado directamente en la organización, las ha descartado por haber convocado la marcha como “un evento municipal” sobre el que asegura que no aplica la limitación del derecho de reunión.

Sin respuesta del Gobierno, la Iglesia profundiza una alianza con jueces para combatir el avance narco en los barrios

“El que venía al comedor ahora viene alcoholizado. El que jugaba al fútbol en la capilla hace dos años ahora lo ves drogándose”. “Hay niños que aceptan ser soldaditos para que el narco les pague las deudas que tienen en las apuestas online. O familias a las que les pagan las fiestas de 15”. Pinceladas así aportadas por curas villeros o de parroquias situadas en lugares de extrema vulnerabilidad dotaron de materia gris al documento de la Iglesia sobre el drama del narcotráfico que se conoció días atrás. “La retirada del Estado es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”, firmó la Conferencia Episcopal a través de su titular, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, y sus laderos, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, Cesar Daniel Fernández, obispo de Jujuy, y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, en una fuerte declaración hacia el Gobierno.

La carta se publicó en línea con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas –el 26 de junio–, pero buscó interpelar sobre la descomposición de la trama social en espacios suburbanos que –si bien no es nueva– se aceleró por las políticas de ajuste de Javier Milei. El movimiento de la Iglesia tiene, a su vez, una subtrama que conecta a referentes religiosos con funcionarios del Poder Judicial, además de movimientos sociales. No por nada el jueves pasado, mismo día de la efeméride mundial, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, compartió en el barrio porteño de Once –donde está asentado el padre Gastón “Tonga” Colombres– una mesa con personas en situación de calle a la que se sentó el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar, referente de la llamada Pastoral Judicial.

“Lo que vemos desde hace tiempo es una necesidad profunda de articular, porque cada vez la demanda de ayuda es mayor. Hay un abandono porque el Gobierno no tiene conocimiento de lo que se necesita. Y el pibe que no se recupera es cementerio o cárcel”, explicó un miembro del Episcopado sobre el gesto reciente de la Iglesia. “Nos dicen que hay plata, la única política antinarco del Gobierno es mandar la Gendarmería de Bullrich”, comentó otra fuente eclesiástica.

Se estima que unos 300.000 jóvenes en todo el país necesitan asistencia por su consumo problemático de drogas. Y desde que asumió Milei hay una baja considerable de programas de acompañamiento y de formación profesional, así como retrasos de pagos y recortes en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), que conduce Roberto Moro, quien ya ocupó el cargo en tiempos del macrismo. Desde el organismo, según supo elDiarioAR, buscan que los subsidios que se entregan a espacios de asistencia no se utilicen más para pagar el aporte de profesionales –psicólogos, por ejemplo– y que solo puedan rendirse la compra de alimentos o materiales.

Por eso la Iglesia, que tiene los centros barriales Hogares de Cristo para acompañar a personas con problemas de consumo, cuestionó desde el documento del Episcopado: “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos. La entrega gratuita de tantos voluntarios es muy valiosa, pero debe ser complementada con equipos que puedan dedicarse a tiempo completo, y eso requiere financiamiento”.

Según datos de 2024 publicados por el diario Perfil tras un pedido de información pública, en solo ocho meses en la Sedronar se recortó cerca del 20% del personal –pasó de 655 empleados a 522– y se subejecutó el presupuesto de $37.342,54 millones que provenía de 2023, repartidos en programas de atención, acompañamiento y prevención. El ajuste total a septiembre del año pasado había sido del 46%. Y podría ser más este año: según el informe que presentó Guillermo Francos el jueves en el Senado, a junio 2025 los recursos de la Sedronar destinados para sus distintos programas alcanzaron $23.398.778.794,41.

Fiel a su estrategia, en la Casa Rosada evitaron responder las críticas de la Iglesia. “Nunca contestan. La relación es meramente institucional”, dijo una fuente a elDiarioAR. Hoy el vínculo formal es solo a través de la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo. Allí prefirieron el silenzio stampa ante la consulta de este medio.

La malla de contención Iglesia-Justicia

El retroceso del Estado en las barriadas motivó a la Iglesia a expandir la red de Hogares de Cristo, que ya abarca a unos 300 espacios en todo el país, no solo en los grandes centros urbanos, sino también en lugares inhóspitos como la comunidad wichi de Ingeniero Juárez, en Formosa. El último que se abrió fue el jueves en Once, donde se reunieron García Cuerva y el juez Slokar, junto a otros funcionarios judiciales como la defensora general de la Ciudad, Marcela Millán; la fiscal Paloma Ochoa, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Gabriel De Vedia, y la presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Karina Yabor.

Antes de recorrer plaza Miserere y repartir de manera simbólica mate cocido y tortas fritas, en ese espacio bautizado “La mano de Dios” el arzobispo de Buenos Aires ofició una misa y pidió “no dejar en el camino a quienes se han caído”. García Cuerva ya había dicho en el Tedeum del 25 de mayo frente a Milei que “la Argentina sangra de inequidad”.

La foto García Cuerva-Slokar es una síntesis de la malla de contención sociopolítica y con carácter institucional que desde el año pasado se está tejiendo ante la profundización del ajuste de Milei. El camarista denunció semanas atrás que la detención de Cristina Kirchner “obedece a la presión del Fondo Monetario Internacional”. El jueves, el magistrado apuntó en la mesa ante personas en situación de calle: “Desde la justicia llegamos tarde. La verdadera reforma judicial es que el poder funcione para las comunidades olvidadas, que la justicia sea un puente y no una barrera”. Solo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, a fines de 2024 más de 10.500 personas vivían en las calles.

La conformación de la Pastoral Judicial cuenta con una corta historia pero con episodios interesantes y varias figuras vinculadas incluso a Cristina Kirchner o Juan Grabois, al calor de la crisis social profundizada por Milei. Si bien nació en la combinación de la Justicia con las agrupaciones populares, la Iglesia se sumó por un apoyo a la distancia del papa Francisco en el último año de su vida, supo este medio. “La fe, la justicia y los movimientos sociales son mundos que existen y había que encontrarlos para charlar, nunca lo habían hecho”, contó una fuente muy al tanto de la iniciativa. El puntapié formal fue en mayo de 2024 en la parroquia Santa María Madre del Pueblo en la exvilla 1-11-14. Allí estuvieron Gustavo Carrara –hoy arzobispo de La Plata–, al secretario de la UTEP, Alejandro Gramajo, pasando por dirigentes sindicales como Julio Piumato (titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y con un pie en la CGT) y otros ligados a Vanesa Siley (secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y parte del anillo de CFK).

El segundo encuentro fue en junio en el Hogar del padre Cajade, en los suburbios de La Plata, donde destacaron figuras que le aportaron otro volumen: Gildo Onorato, del Movimiento Evita y funcionario de Axel Kicillof; Fernanda Miño, extitular de la Secretaría de Integración Sociourbana y dirigente del círculo íntimo de Juan Grabois; Alejo Ramos Padilla, juez con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, y Hernán “el Negro” Gómez, el fiscal de Estado bonaerense.

El tercer encuentro fue el más significativo y se dio en agosto en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en Puerta de Hierro, La Matanza, donde oficia el Padre “Tano” Angelotti, de fuerte vínculo con CFK. Ahí participaron por la Iglesia –además de Carrara– Oscar Ojea, entonces obispo emérito de San Isidro, y Pablo Vidal, secretario de Desarrollo Humano de Cáritas y referente de Hogares de Cristo. Y por el mundo judicial asistieron Julio Conte-Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y Facundo Tignanelli, el alfil de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados de PBA y vice del Consejo de la Magistratura provincial. Sobrevoló en la previa la posibilidad de que asista hasta el juez federal Ariel Lijo, entonces candidato de Milei para la Corte Suprema.

El último encuentro del 2024 fue en noviembre en Moreno, municipio gobernado por Mariel Fernández –también muy ligada a CFK y a la UTEP–. Fue la primera presencia pública de Carrara como flamante arzobispo de La Plata, cargo al que había sido designado por Francisco apenas un día antes. El anfitrión fue el padre Leo Di Silio.

Ahora la trama de la Pastoral Judicial se extendió recientemente a Santiago del Estero, adonde viajó el camarista Slokar hace una semana para acompañar al padre Pepe Di Paola para la apertura de dos nuevos centros de Hogares de Cristo. La actividad contó con la presencia del Obispo de Santiago del Estero –sede primada de Argentina–, Vicente Bokalic Iglic, y hasta del gobernador local, Gerardo Zamora. Justo el lunes pasado el mandatario –que cree que se está llegando a un límite en la tolerancia social del ajuste mileísta– firmó un proyecto de ley con el resto de los gobernadores para exigirle a la Casa Rosada la coparticipación de los ATN.

El obispo de Santiago del Estero citó a al papa León XIV: “Uno antes que cristiano es humano”, dijo, según comentó un testigo, funcionario de Comodoro Py, resaltando que la propuesta es, más que una cuestión de fe, de humanidad.

A la última actividad del jueves en Once podría seguir una próxima en la UCA a partir de una invitación de García Cuerva a Slokar, según supo elDiarioAR. El espíritu de la encíclica de Francisco “Fratelli tutti” rige la organización, que suele tener reuniones a mitad de semana en una oficina eclesiástica en el centro porteño: ya participaron más de 50 nombres del mundo judicial con algunos resultados concretos.

Conte-Grand firmó con el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, y el padre “Tano” Angelotti un convenio para instalar una oficina de fiscales en una parroquia de La Matanza para recibir denuncias sobre el narcotráfico. Hasta se abrieron las puertas de la Corte Suprema, con la curiosidad de que fue justo al borde de la condena a Cristina Kirchner: el 3 de junio Horacio Rosatti acordó con el padre Pepe para que Hogares de Cristo participe en la reinserción social de los presos.

“No se puede gestionar por formularios. Se necesita humanidad. Y saber que es un trabajo en conjunto entre Estado y comunidad”, plantea Pablo Vidal. “Hay una conciencia del riesgo jurídico de los jóvenes frente al avance del narco y la cultura del descarte”, dicen en la Pastoral Judicial. El desafío es complejo ante la avanzada de la crisis, que da rienda suelta al narcotráfico, como comentó a elDiarioaR un sacerdote que conoce los territorios: “Nosotros podemos derrumbar un montón de búnkeres, pero si no se refuerza la comunidad, el narco va a volver a entrar”.

MCMG

El Gobierno niega intervenir en el dólar, pero admite compras por US$4.000 millones mientras Cristina denuncia una fuga

En la economía de Javier Milei, lo que se dice y lo que se hace parecen formar parte de universos paralelos. Mientras el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, niega rotundamente cualquier intervención en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoce que el Tesoro compró US$200 millones con superávit fiscal. Esa cifra, sin embargo, es apenas una parte: el propio Quirno se encargó de mencionar que el Gobierno adquirió “aproximadamente US$4.000 millones en el último mes” a través de distintas herramientas, aunque insistió en que eso no afectó el tipo de cambio.

La narrativa oficial sostiene que el dólar flota libremente, pero las acciones del Tesoro muestran una estrategia de recomposición de reservas que contradice esa supuesta inacción. Las compras se hacen mediante block trades, Repos, Bontes o venta de activos. Para Quirno, esas operaciones no inciden sobre la cotización. Para los operadores financieros, en cambio, los movimientos fueron tan evidentes que ya se hablaba de intervención antes del reconocimiento oficial.

El dólar oficial ya superó los $1.200, mientras las distintas variantes bursátiles y el informal se alinean en torno a esa misma barrera psicológica. El Banco Nación lo ofrece a $1.205 para la venta. El dólar mayorista se ubica apenas por debajo, y el MEP y el Contado con Liquidación rondan los $1.200. En ese contexto, Caputo sostuvo que la suba es normal y que no responde a movimientos del Gobierno, a pesar de que él mismo haya confirmado una compra de divisas con fondos fiscales.

Cristina Fernández Kirchner aprovechó esa grieta entre relato y realidad para lanzar dardos desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, en la cual fue condenada por delitos de corrupción. “En 45 días se esfumaron US$4.000 millones”, denunció, y lo atribuyó al levantamiento del cepo, al aumento del déficit de cuenta corriente y a la fuga de capitales. “La macroeconomía está para el tuje y la micro es una tragedia social”, sintetizó la dos veces presidenta de la Nación (2007-2015), dejando en claro que para ella el modelo económico libertario no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país.

El diagnóstico de la exmandataria apunta también a los sectores beneficiados: “Hay dos argentinas: una que viaja al exterior y otra que no llega a la comida del mes”. Según Cristina, más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes y se endeuda para comer, no para consumir bienes durables. A su vez, recordó que Caputo no consiguió que la Argentina fuera recategorizada por los organismos financieros, lo que le impide seguir endeudándose con facilidad. “Bienvenido que no puedan seguir agravando la situación”, ironizó.

También cargó contra el poder judicial y mediático que, en su visión, allanó el camino para la presidencia de Milei. “No sea cosa que tanta inversión en persecución para que Milei llegue a Presidente haya resultado en vano”, advirtió, reintroduciendo su tesis del lawfare como condicionante estructural de la política argentina.

Desde el Gobierno, Quirno ensayó una defensa técnica del desequilibrio externo. Según él, el déficit de cuenta corriente es producto de un aumento de importaciones de bienes de capital y responde a una economía que crece por encima del 5%. Sin embargo, su explicación omite que una parte sustancial del rojo externo se explica por pagos de deuda, turismo y formación de activos externos. Es decir, por mecanismos de salida de divisas que poco tienen que ver con inversión productiva.

JJD, con información de NA.