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Cristina resignifica el "Día de la Resistencia Peronista" para presionar a la Corte ante una posible detención

Un homenaje en la sede del PJ a los fusilados por la dictadura de Pedro Aramburu en 1955 será la plataforma de Cristina Kirchner para ensayar este lunes una ofensiva política ante lo que considera una inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia en contra suya.

La expresidenta está convencida de que en las próximas horas los jueces del máximo tribunal validarían la condena en la causa Vialidad y ordenarán su detención de manera inmediata, recogió elDiarioAR de distinas fuentes. CFK espera que eso se concrete este martes y en la base del peronismo -agrupaciones, movimientos sociales y gremios- ya se están organizando para evitar esa avanzada de la Policía Federal que haría cumplir la orden judicial.

Cristina buscar reconvertir a su favor el “Día de la Resistencia Peronista”, fecha que conmemora el ataque ilegal perpetrada por el Estado contra doce personas el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, en el partido de General San Martín. El testimonio de uno de los sobrevientes le permitió a Rodolfo Walsh escribir su emblemático “Operación masacre”.

La aparición de Cristina está agendada para las 17, en la sede del PJ Nacional, Matheu 130. Las distintas tribus peronistas ya están convocando al acto, además de prepararse para lo que podría pasar este martes.

“Cristina está convencida que la Corte la detiene este martes”, apuntó un operador peronista que suele circular por el Instituto Patria. La hipótesis cobró fuerza durante el fin de semana, cuando se convocó a dirigentes, senadores y diputados a estar en guardia ante la decisión de la Corte. “Es inminente la detención”, dijeron en un despacho de UP en el Senado. El nerviosismo en el PJ se profundizó el sábado en medio del operativo de desalojo el Instituto Perón por parte de la Policía Federal, que se llevó preso sin orden judicial a Juan Grabois. El dirigente recobró su libertad 12 horas después.

Los supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti tiene a tiro de firma la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, que ya tiene confirmación de la Casación.

Si la Corte confirma la condena, Cristina no podrá ser candidata en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La titular del PJ se lanzó el lunes pasado como candidata para la Tercera Sección Electoral, que corresponde al sur del conurbano, bastión histórico del peronismo.

elDiarioAR recogió en círculos del peronismo que la jugada de CFK de adelantar su postulación tuvo más que ver con un mensaje a la Corte que con presionar a Axel Kicillof y los intendentes por la estrategia electoral. La expresidenta sostiene que el máximo tribunal busca “proscribirla” antes del cierre de listas. El 19 de julio es el cierre de listas, y si ella logra anotarse para entonces ya tendrá fueros.

“Cristina es chorra, delincuente. Tiene que estar presa y desaparecer de la vida política argentina”, lanzó en las últimas horas el diputado libertario José Luis Espert, a quien Javier Milei busca candidatear en la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales.

Desde el bando kirchnerista le contestó a Espert la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza: “Sería bueno que traten de ganarle en las urnas siendo mejores con el pueblo de lo que ella fue, pero claro, ustedes defienden otros intereses. En definitiva, lo que venimos diciendo: cagones y mafiosos”.

MC

CFK: "Los que tienen miedo son ellos: ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?"

La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó esta tarde un acto en la ciudad correntina de Paso de los Libres, en respaldo del intendente Martín Ascúa como candidato a gobernador, y desplegó un discurso con fuertes críticas al Gobierno nacional, advertencias sobre la situación económica y cuestionamientos al Poder Judicial.

Frente a un auditorio de miles de personas, enfatizó que “es necesario aunar esfuerzos y nadie se salva solo”. “Todos necesitamos del otro, tender la mano, empatía, solidaridad y construcción de un proyecto colectivo que contenga todos los argentinos y a todas las argentinas”, afirmó a dos días de haberse reunido con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y después de seis meses de haber cortado el diálogo.

Tras destacar varios logros de su gestión, agregó: “La gente vivía en un país mejor, no en Disney. Y era feliz. No nos van a borrar la memoria por más que quieran”.

Asimismo, en tono irónico, apuntó contra el discurso anticorrupción: “Desde que están los honestos y transparentes la gente cada vez vive peor”.

También denunció una embestida judicial tras oficializar su candidatura a legisladora bonaerense: “Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios. Empezaron a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.

“Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale. Mirá como tiemblo”, ironizó, al tiempo que envió un mensaje a la interna el el PJ: “El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. No tropieza dos veces con la misma piedra”.

Su discurso tuvo también varias referencias a la historia del peronismo. “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones, me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que, en definitiva, lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la República Argentina; y que hay una clase media que quiere vivir mejor y que hay trabajadores que quieren ganar un buen salario, y que hay gente que quiere poder volver a mandar a sus hijos a la universidad para que progresen porque hay movilidad social ascendente. Esto es lo que pasa”, sentenció.

Asimismo, comparó su situación procesal con la proscripción de Perón. “Creen, como creyeron que echando a Perón 18 años se iban a olvidar, ¿cómo la gente se va a olvidar de que hay que comer cuatro veces al día? ¿cómo la gente se va a olvidar que quiere que sus hijos tengan un futuro y sus nietos también? ¿cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del Pami? ¿cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios?”, destacó.

También criticó a los gobernadores. “Y así estamos, con gente que vota cualquier cosa en el Congreso y ahora se les cayó la coparticipación y se les va a caer todo, y se los se los van a comer los piojos. A los que creyeron que votando cualquier cosa la tenían asegurada, no van a tener nada.”

Se quejó también de aquellos que en 2023 adelantaron las elecciones. “Pensaron que así podían ganar, pero yo quiero saber cómo van a hacer con el nivel de endeudamiento que hay”.

En relación con el rumbo económico, advirtió: “Este proyecto político, que no tiene plan económico, es una remake de la tablita de (José) Martínez de Hoz o la convertibilidad de (Domingo) Cavallo. Es como el yogurt, tiene vencimiento. La diferencia es que no trae fecha en la tapa, pero que se vence, se vence”.

También apuntó contra Javier Milei: “Dice que ‘no hay plata’ y los que están en colchón tampoco los van a sacar”, y cuestionó los recortes en áreas clave del Estado: “No se hace un país cerrando el CONICET, diciendo que si sos médico para qué estudiaste si sabés que ganan poco, ni cerrando el Garrahan. Hay que repensar un nuevo Estado, más eficiente”.

Sobre el cierre, hizo referencia al caso Loan: “No está bueno vivir en una provincia donde se roban a un pibe”. Y concluyó: “Hay que construir una Corrientes mejor. Nadie se salva solo, todos necesitamos del otro”.

MP

"Me voy al campo": el último deseo de Facundo Jones Huala antes de ser detenido otra vez por Bullrich

–Me voy al campo.

Facundo Jones Huala ceba en un mate pequeño y mezcla yerba con manzanilla que vierte de un saquito de té al que le corta la punta. Es sábado 7 de junio, en Bariloche, cae la tarde y el lonko de la lof en Resistencia Cushamen dice que quiere volver al campo. A su lado está sentada su abuela. En el televisor del living está puesto YouTube y suenan temas anarco punk y cantautores mapuches.

El campo al que Jones Huala quiere ir –es decir, volver– es la recuperación territorial de Cushamen, comunidad de la cual es lonko (jefe) y lugar donde el 1 de agosto de 2017 irrumpió la Gendarmería y consumó la desaparición de Santiago Maldonado.

–Quiero volver al campo y levantar mi casa, conseguir unos palos, unas chapas, algo de nylon –dice Jones Huala a este cronista esa tarde que se acaba. Pero no llegará al campo.

Al día siguiente, ayer domingo, en El Bolsón –124 kilómetros al sur de Bariloche– una comitiva de la Policía Federal lo detuvo en el marco de una causa iniciada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La Fiscalía Federal de Bariloche ordenó la detención preventiva. Investiga la posible comisión de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. El expediente se inició luego que el pasado 3 de febrero, Jones Huala presentara su libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria”. En aquella oportunidad, el líder mapuche reivindicó “los sabotajes y atentados incendiarios” contra “la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”.

Además, reconoció su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), organización que calificó como “el sector más autonomista del movimiento mapuche”. En ese contexto validó la acción armada de defensa ante el avance de las empresas extractivistas y forestales sobre el territorio que el pueblo mapuche reivindica como propio.

Con posterioridad a esos dichos, el Ministerio de Seguridad declaró a la RAM como “organización terrorista” y presentó la denuncia que derivó en esta captura.

Jones Huala se encuentra detenido en dependencias de la Policía Federal de Bariloche, a la espera de una audiencia de formulación de cargos que se realizará este martes, durante la cual se le informará, así como a sus abogados, los pormenores de la detención y de la investigación en marcha.

Bullrich celebró a través de X la detención del lonko. “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”, dijo el domingo por la noche en su cuenta.

Fuentes de ese ministerio y de la Policía Federal dejaron entrever a algunos medios que desde hace semanas realizan tareas de inteligencia para dar con el paradero de Jones Huala. Sin embargo, el líder mapuche no permanecía oculto, ya que no pesaba sobre él ningún pedido de captura. En los últimos días estuvo “trabajando la leña”, cortando y acopiando madera en lugares públicos. Participó además de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia del pasado 24 de marzo, por las calles del centro de Bariloche.

“¿Hasta cuándo?”

Un día antes de la detención, Jones Huala calienta la pava y come galletitas con dulce casero. Dice a este cronista que vuelve al campo “porque es donde tiene que estar” y porque en esa zona del noroeste de Chubut se están instalando empresas petroleras que van a comenzar la prospección y posterior extracción con fracking. Prevé un futuro de lucha contra esas iniciativas. “La gente, mi gente, no va a tolerar que la saquen de sus territorios para dentro de 20 años tener cáncer y que las empresas petroleras destruyan todo”, dice.

Nos encontramos para una entrevista en la casa en la que está viviendo en Bariloche, y me anticipa que tiene previsto pasar la celebración mapuche del wüñoy tripantu –solsticio de invierno– en una comunidad de la provincia de Chubut. Y luego se irá al campo.

Habla de la dispersión y las diferencias internas entre los mapuche; cuestiona a las organizaciones dialoguistas –“negociadoras”, dice–, y cree que la consolidación del gobierno nacional de ultra derecha de Javier Milei provocará una reacción que unificará el reclamo y la acción del pueblo mapuche.

Sabe de la causa y la investigación que pesan sobre él luego de sus declaraciones durante la presentación del libro. Sabe de la causa pero no sospecha de la detención. Cree que los plazos son mayores, que tendrá tiempo para estructurar una defensa. Minimiza las posibles consecuencias. “Van a tener que demostrar cada una de las cosas que dicen”, plantea.

Un día después, antes que llegue al campo, la Policía Federal lo detendrá, y su mamá, María Isabel Huala, reclamará en un video publicado en Facebook que “termine la persecución”. “Hago un llamado por cualquier cosa que le pueda pasar a él, que me pueda pasar a mí o a cualquiera de mi familia”, denunciará. Entre lágrimas se preguntará: “¿Hasta cuándo este Gobierno, este país, va a seguir contra nosotros los mapuches. Mataron a nuestra gente, hubo un genocidio, hasta cuándo va a seguir ésto”.

“Causa política”

El pasado 22 de mayo se realizó una audiencia durante la cual se informó al lonko mapuche y su abogado, Gustavo Franquet, sobre la existencia de la causa, aunque desde la Fiscalía Federal no se detallaron los supuestos delitos investigados.

Franquet dijo este lunes a elDiarioAR que “es una causa claramente de persecución política”.

“Cuando nos enteramos de esta investigación –agregó–, la mamá de Facundo fue a la fiscalía y le dijeron que habían visto el video que había mandado el Gobierno y que no veían delito. Sin embargo la investigación siguió adelante y ahora se lo detiene”.

El defensor –integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina– planteó que “lo más grave” es “la acusación de integración de una asociación criminal”. En ese sentido explicó que el delito conlleva “penas importantes” que harán que el juez “justifique la prisión preventiva”.

Franquet cuestionó el informe que Bullrich adjuntó a la resolución que declaró a la RAM como organización terrorista porque “pretende atribuirle todo lo que pasó en la Patagonia en los últimos años. Es una lista de cualquier cosa, incomprobable. No tiene ni pies ni cabeza”, resumió.

Para el abogado, este tipo de figuras del Código Penal “han servido para justificar prisiones preventivas muy largas y eventualmente raras condenas. Se incorporan por voluntad política y no tienen sustento, es imposible de probar, son inventos jurídicos que no pueden sostenerse”.

Franquet cargó contra el Gobierno en general y la ministra Bullrich en particular porque “hacen carrera política con este tipo de cosas, montan este tipo de escenarios, de circo y acusaciones sin fundamento; generan enemigos, tratan como enemigos a cualquiera, y se atribuyen la representación el orden y la seguridad en función electoral”.

Para el abogado, la ministra “vende carne podrida a un electorado dispuesto a comprar este tipo de cosas que muestran la calaña de esta gente”. Y cerró: “Bullrich ya hizo carrera política con los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”.

MC

Lo que está pasando en Los Ángeles es la primera etapa del Estado policial de Trump

Ahora que le pusieron freno a los aranceles de Donald Trump, que su hermoso y gran proyecto de ley fue obstaculizado, y que su multimillonario tech bro se volvió en su contra, ¿cómo demuestra su poder?

En la mañana del viernes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA) llevaron a cabo redadas en dos almacenes de Home Depot y un mayorista de ropa de Los Ángeles buscando a trabajadores extranjeros sin los papeles en regla. Aunque las estimaciones varían, aparentemente detuvieron a 121 personas.

Los manifestantes que los recibieron coreando consignas y lanzando huevos fueron dispersados por agentes de policía vestidos de antidisturbios con escudos, bastones, pistolas granadas de gas pimienta, balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras

El sábado Trump intensificó el enfrentamiento con el despliegue de al menos 2.000 agentes de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles para sofocar las protestas. Cualquier manifestación que se interpusiera en el camino de las autoridades de inmigración sería considerada una “forma de rebelión”, dijo. El número dos del gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que las protestas eran una “insurrección”.

En la noche del sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con desplegar infantes de marina: “Los violentos ataques de la turba contra el ICE y contra las Fuerzas de Seguridad Federales están diseñados para impedir la expulsión de nuestro suelo de Extranjeros Ilegales Criminales”, escribió Hegseth en X. “Una peligrosa invasión facilitada por cárteles criminales (también conocidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras) y un enorme RIESGO DE SEGURIDAD NACIONAL. Bajo el Presidente Trump NO se tolerarán la destrucción y la violencia contra los agentes federales ni las instalaciones federales”, escribió en la red social.

Estamos presenciando los primeros días del Estado policial de Trump. En los enfrentamientos producidos durante las redadas de la semana pasada en San Diego, Martha's Vineyard y los Berkshires, los transeúntes se enfrentaron airadamente a los agentes federales que estaban deteniendo a los trabajadores.

La emboscada de Trump también abarca el espacio de los tribunales federales. Por todo EEUU hay agentes del ICE movilizándose frente a salas de audiencias para detener de manera inmediata a inmigrantes con casos desestimados por la justicia.

Cuando un gobernante autoritario monta la infraestructura de un Estado policial, la historia nos enseña que esa infraestructura puede volverse contra cualquier ciudadano.

Trump y su régimen están creando esa infraestructura a toda velocidad siguiendo estos cinco pasos:

1. Declarar una emergencia sobre la base de una supuesta “rebelión”, “insurrección” o “invasión”.

2. Utilizar esa “emergencia” para justificar que vayan contra civiles dentro del país agentes federales con el monopolio del uso de la fuerza como el ICE, el FBI, la DEA y la Guardia Nacional.

3. Permitir que esos agentes militarizados hagan secuestros grupales, arrestos sin orden judicial y detenciones sin garantías procesales.

4. Crear más cárceles y campos de detención para los detenidos.

5. Finalmente, y a medida que se agrava la situación, declarar la ley marcial.

Afortunadamente, todavía no llegamos a la fase de la ley marcial, pero una vez que eso ocurra, la infraestructura de un Estado policial puede retroalimentarse: las personas que tienen autoridad sobre los diferentes aspectos de este Estado policial (como los campos de detención, las milicias internas, las redadas y la ley marcial) buscan nuevas oportunidades para ejercer su autoridad.

A medida que el control civil da paso al control militar, la nación se divide entre las personas más vulnerables frente a este Estado policial y las personas que lo apoyan. Los dictadores se atrincheran fomentando el miedo y la ira en ambos bandos.

Ahora mismo, nuestros principales baluartes contra el Estado policial de Trump son los tribunales federales y las protestas pacíficas de apoyo generalizado, como la que muchos de nosotros protagonizaremos el próximo sábado 14 de junio durante la marcha No Kings Day of Action [Día de acción contra una monarquía].

Es imperativo que sigamos siendo pacíficos, que demostremos nuestra determinación de combatir esta tiranía de forma no violenta y que alertemos al pueblo de Estados Unidos por la infraestructura emergente del Estado policial de Trump y por la importancia de resistirse a él.

Son tiempos aterradores y deprimentes. Pero no hay que perder esto de vista: para establecer un Estado policial hace falta un presidente autoritario, pero para derrocarlo y acabar con él solo hace falta el 3,5% de la población.

Traducción de Francisco de Zárate

El funcionario porteño que supervisó el proyecto de Paseo Gigena se suma ahora al estudio arquitectónico de la obra

El caso Paseo Gigena suma un nuevo capítulo. El edificio ubicado en Dorrego y Libertador, rebautizado como Ola Palermo, y en cuyo financiamiento participaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, sigue generando controversia.

Esta vez no es porque los responsables del millonario emprendimiento inmobiliario que se levantó sobre un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires continúan sin cumplir con el contrato que firmaron con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Tampoco porque el edificio fue construido sobre caños maestros de Aysa, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por el edificio y la provisión de agua potable a 500.000 vecinos porteños. Ni siquiera porque el error le costará a la Ciudad más de $3.000 millones en obras públicas para desviar los caños y salvar el emprendimiento privado.

No es porque los privados debían destinar al menos 1.000 metros cuadrados a un espacio público dentro del predio concesionado por la Ciudad, donde antes se encontraba el estacionamiento del Hipódromo de Palermo, y aunque la parte comercial ya está habilitada para su explotación y los alquileres se cobran en dólares, la zona que se reservó como espacio público sigue sin habilitarse en su totalidad.

Tampoco porque el metro cuadrado en Paseo Gigena oscilaba en mayo de 2025 entre los US$34 y US$38 para el alquiler mientras la empresa BSD, desarrolladora del proyecto, paga a la Ciudad un canon en pesos. O mejor dicho, comenzará a pagarlo recién dentro de ocho años, en compensación por una obra extra que debió hacer por la presencia de los caños de Aysa y para poder inaugurar el edificio.

Esta vez, Paseo Gigena generó murmullo en el ámbito político de la Ciudad, luego de que Álvaro García Resta, ex secretario de Desarrollo Urbano porteño anunciara su incorporación al estudio ODA de New York como asesor en Urbanismo. ODA es el estudio de arquitectura que diseñó Paseo Gigena durante la gestión de García Resta en el gobierno de Rodríguez Larreta (2019-2023). El funcionario continuó a cargo de Desarrollo Urbano durante la Administración de Jorge Macri hasta finales de 2024.

¿Puede García Resta trabajar para un privado involucrado en un proyecto que él debía supervisar como funcionario a sólo meses de haber dejado la función pública? Es lo que se preguntaban en un pequeño grupo de entendidos sobre el millonario proyecto inmobiliario. Es un posible caso de lo que se llama “la puerta giratoria” entre el sector público y privado.

De acuerdo con la Ley de Ética Pública de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios deben esperar al menos un año después de finalizar en la gestión pública para “mantener relaciones contractuales con entidades directamente fiscalizadas por el organismo en que haya prestado funciones”. Toda la ejecución de la obra estuvo a cargo de Desarrollo Urbano, de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación del terreno público.

En 2020, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que trabaja sobre incompatibilidades y conflictos de intereses de los funcionarios públicos, presentó propuestas de modificación al proyecto de Ley de Ética Pública de la Ciudad, entre las que incluyeron una sobre puerta giratoria y el período de “enfriamiento”, como se llama al lapso de tiempo que debe pasar entre el cese en la función pública y el ingreso a un privado que fue fiscalizado o mantuvo contratos con el área del funcionario saliente. “La propuesta temporal de un año es muy limitada y se aleja de cualquier plazo razonable contenido en recomendaciones internacionales”, explicó Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ.

“De acuerdo al análisis realizado por la OCDE en el documento ‘La gestión de los conflictos de intereses en el servicio público’, en gran parte de la legislación comparada el tiempo de apartamiento es siempre mayor al tiempo establecido en este proyecto de ley”, afirmó Lucarella. Por ejemplo, el plazo en la legislación de Francia es de cinco años. “Eso resulta más apropiado para cumplir con el objetivo esperado, ya que supera un mandato de Jefe/a de Gobierno y las probabilidades de poder tener información o vínculos en la administración se disminuyen”, aseguró la abogada.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó en su informe a Argentina que incorporara regulaciones de “puerta giratoria” en la normativa de ética pública. En los ejemplos de otros países, hay casos en los que el período de enfriamiento es de dos a cinco años, según el cargo ocupado. Transparencia Internacional, por otro lado, recomienda un período de enfriamiento de por lo menos dos años.

García Resta ni siquiera esperó el corto año que plantea la ley porteña. Sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario destacó que a pesar de que el diseño del edificio de oficinas y locales estuvo a cargo de ODA, el estudio arquitectónico no firmó ningún contrato con el Gobierno porteño sino con los desarrolladores privados que son concesionarios del Estado capitalino. Este medio también se comunicó con el estudio ODA pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta sobre su posición al respecto.

Su caso es una delgada línea gris, dicen en la Dirección de Ética Pública de la Ciudad. Incluso con esa salvedad, García Resta se mostró durante años en la obra de Paseo Gigena, de acuerdo con las notas de prensa y fotografías publicadas por el Gobierno porteño, e incluso entrevistó al arquitecto líder del estudio ODA, Eran Chen, en medio de la construcción del complejo. El exfuncionario dijo a elDiarioAR que conoció a ODA y su fundador gracias a Paseo Gigena.

A pesar de las visitas a la obra, los videos que lo muestran en Paseo Gigena supervisando el desarrollo del proyecto y lo establecido en el pliego de la licitación de 2019, García Resta aseguró a elDiarioAR que él no tuvo “ninguna función específica” en torno al emprendimiento inmobiliario, lo que, afirmó, lo eximiría de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública de la Ciudad.

“Le agradezco especialmente al Arquitecto Eran Chen y a su equipo por su recibimiento, estoy seguro de que haremos grandes cosas juntos”, publicó recientemente en su cuenta de Instagram. Cuando entrevistó a su nuevo jefe en octubre de 2023, en plena obra del Paseo Gigena, Chen definió a García Resta como “un amigo” y “el arquitecto de la Ciudad de Buenos Aires”. También le aseguró: “Gracias a vos y a esta Administración (por la de Rodríguez Larreta) hemos podido convencer al desarrollador (BSD) y a ustedes, y con suerte, al público, de que esta es una situación en la que todos ganan. Si podemos hacer una asociación privado y público, podemos abrir edificios al público, podemos mantener y extender el terreno público y crear experiencia que de lo contrario no obtendrías”.

A más de un año y medio de esas declaraciones del arquitecto, el espacio público de Paseo Gigena continúa sin terminar de inaugurarse en su totalidad y la obra le costará miles de millones de pesos extra a los porteños para desviar los caños de Aysa que siempre estuvieron debajo del predio público sobre el que se construyó un negocio privado.

ED/DTC