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Pastor evangélico y figura del ala dura republicana, encabeza una delegación del Congreso de EE.UU. que llegó en avión militar mientras el Gobierno evita dar detalles sobre dos comitivas simultáneas.
El segundo avión tocó pista en Aeroparque como si fuera una continuación del primero: sin anuncio previo, sin nombres, sin demasiadas explicaciones. Venía desde Lima, Perú, y traía a bordo a otra comitiva del Congreso de Estados Unidos. Tras una semana marcada por vuelos militares y agendas reservadas en el sur argentino, la Embajada de ese país se limitó a informar que “una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Educación y Fuerza Laboral” se encontraba de visita en la Argentina. Y mencionó un solo nombre: el del legislador republicano Timothy Walberg.
Según el comunicado difundido por la sede diplomática que conduce Peter Lamelas, la agenda incluye “reuniones con funcionarios gubernamentales y otros actores clave, con el objetivo de interiorizarse sobre las políticas argentinas de educación y desarrollo de la fuerza laboral”, y las conversaciones también abordarán “la capacitación en ciberseguridad y los marcos de gobernanza para la inteligencia artificial”.
Del lado argentino, fue el canciller Pablo Quirno quien celebró en X la visita y justificó que no se hagan públicos con anticipación los movimientos de este tipo de delegaciones. “Las autoridades pertinentes han sido informadas”, dijo. Pero la pregunta sigue abierta: por qué Washington desplegó, en cuestión de horas, dos comitivas distintas en el país sin que la Casa Rosada ofreciera mayores precisiones.
Walberg no es un legislador menor. Republicano, conservador de línea dura, pastor evangélico antes de entrar en la política, representa desde hace casi dos décadas al estado de Michigan en el Congreso y es considerado una de las figuras más experimentadas de su delegación. Su presencia en la Argentina, en plena etapa de alineamiento explícito de Javier Milei con Donald Trump y con un vínculo exterior cada vez más ideológico con Washington, funciona también como una señal. No solo por la visita en sí, sino por lo que encarna.
Nacido en 1951, Walberg no llegó a la política desde el mundo corporativo ni desde las universidades de élite. Aunque se define como no confesional, su formación es la de un dirigente religioso: estudió en el Moody Bible Institute y en Taylor University, instituciones emblemáticas del evangelismo conservador norteamericano. Antes de ser congresista fue pastor, y esa matriz atraviesa su discurso público, su visión moral del Estado y su pertenencia a la derecha cristiana que en los últimos años se consolidó como uno de los motores del trumpismo. En el Congreso construyó una identidad clara: defensor del libre mercado, crítico del gasto público, opositor a regulaciones estatales y alineado con la agenda cultural del Partido Republicano más duro.
Su carrera tuvo idas y vueltas: llegó por primera vez a la Cámara en 2007, perdió su banca en 2008 y regresó en 2011. Desde entonces se mantuvo como un representante estable del conservadurismo del Midwest norteamericano, con vínculos sólidos con el electorado rural y religioso. En Michigan es considerado el decano de la delegación republicana, una figura de peso interno aunque no necesariamente mediática. Pero su nombre circuló recientemente en medios internacionales por una declaración extrema: sugirió que Estados Unidos debería arrojar una bomba atómica sobre la Franja de Gaza para terminar el conflicto y sostuvo que Washington “no debe gastar un céntimo” en ayuda humanitaria.
Walberg no es, en ese sentido, un conservador clásico. Su trayectoria está marcada por una combinación de religión militante, negacionismo y posiciones extremas que lo ubican en el ala más dura del trumpismo. En 2017, por ejemplo, rechazó el consenso científico sobre el cambio climático con un argumento teológico: dijo que confiaba en que, si existía un problema real, “Dios puede solucionarlo”.
Su historial incluye además un costado conspirativo: durante años agitó teorías sobre el lugar de nacimiento de Barack Obama y, tras la derrota de Trump en 2020, fue uno de los legisladores republicanos que respaldaron una demanda para impugnar los resultados electorales. En el plano doméstico, votó reiteradamente a favor de derogar el Obamacare —una reforma sanitaria promulgada en 2010 cuyo objetivo principal era hacer los seguros médicos más accesibles— y mantuvo vínculos estrechos con organizaciones antiaborto.
Esa matriz ideológica excede las fronteras estadounidenses. En octubre de 2023, Walberg viajó a Uganda para participar del Desayuno Nacional de Oración, invitado por un legislador local impulsor de una de las leyes más duras contra la homosexualidad en el mundo. Allí instó al país africano a mantenerse firme frente a la presión internacional y despreció las críticas del Banco Mundial, la ONU o incluso del propio gobierno norteamericano de entonces, en nombre de “los valores que Dios creó”.
En política exterior, su retórica se volvió todavía más cruda. Votó contra la asistencia a Ucrania y llegó a plantear que, si se trataba de intervenir, el objetivo debía ser “aniquilar a Rusia” lo más rápido posible. Y en marzo de 2024, criticó la ayuda humanitaria a Gaza y dijo que Estados Unidos no debía gastar “ni un centavo”, sugiriendo que la solución debía ser “como Nagasaki e Hiroshima”. Organizaciones de derechos civiles musulmanas acusaron a Walberg de hacer un llamado abierto al genocidio. Él luego intentó relativizarlo como una metáfora, pero el mensaje ya había quedado dicho.
Con ese frondoso historial, queda claro que Walberg no es un visitante neutro ni un congresista más en gira. Su presencia en Buenos Aires, presentada por la Embajada en términos técnicos, suma una capa política inevitable: el tipo de figuras que empiezan a circular alrededor del gobierno de Milei no solo responden a comités legislativos, sino también a una cosmovisión que el Presidente mira con admiración.
La llegada del republicano ocurre, además, en un momento en que La Libertad Avanza busca profundizar su sintonía con Donald Trump y con el universo político que lo rodea. En ese marco, la visita de un dirigente como Walberg se inscribe en una relación que ya no se limita a la diplomacia tradicional. A fin de cuentas, el silencio alrededor de una comitiva es tan significativo como el perfil del que la encabeza.
PL/MG

El grupo de Rocca evalúa acusar a la siderúrgica india por competencia desleal en la venta de sus tubos de acero, al tiempo que su constructora apuesta a instalarlos en alianza con Sacde, empresa de Mindlin. El negocio y sus licitaciones están en manos de Southern Energy, un consorcio que lideran los Bulgheroni y en el que también participan Mindlin e YPF que preside un ex Techint.
En Southern Energy, el consorcio que exportará gas de Vaca Muerta por barco al mundo, les llama la atención que el grupo Techint pataleara públicamente por su derrota en la licitación para proveer los tubos del gasoducto que unirá formación neuquina con la costa rionegrina justo cuando está subastándose la obra que instalará esos caños. La constructora Techint es una de las diez que presentó oferta técnica en esta nueva licitación que se definirá a fines de marzo.
Por un lado, el grupo de Paolo Rocca amenaza con presentar un recurso antidumping (contra la venta por debajo del costo, que es competencia desleal) contra la importación de tubos indios Welspun, que los elaborará con acero chino, después de una licitación que finalizó el 23 de diciembre y que el conglomerado ítaloargentino intentó reabrir hasta que Southern Energy ratificó su decisión el 7 de enero. Todo el entuerto fue revelado el pasado domingo en el diario La Nación. Por otro lado, Techint se presentó por estos días en alianza con Sacde, la constructora de Marcelo Mindlin, para construi el gasoducto, en competencia contra Contreras Hermanos en consorcio con la norteamericana Pumpco y la italiana Bonatti; Víctor Contreras SA en sociedad con la italiana Sichim; BTU, OPS, la brasileña Bueno Engenharia y IEB Construcciones, según las listó Econojournal. Está en juego un tubo de 480 kilómetros y una planta compresora en Neuquén. Los oferentes pueden ofertar por toda la obra o partes de ella.
Habrá que ver qué decide Southern Energy, que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC), seguida por la estatal YPF (su presidente, Horacio Marín, exjecutivo de Tecpetrol, la petrolera de Techint), Pampa Energía (que también es de Mindlin), la británica Harbour y la noruega Golar.
Sin embargo, será difícil que Southern Energy pueda objetar la propuesta técnica de Techint, que está haciendo ahora un oleoducto desde Vaca Muerta a la costa de Río Negro para la exportación y que en 2022 y 2023 hizo con Sacde en tiempo récord el gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno por el actual gobierno) para llevar el gas neuquino a la provincia de Buenos Aires. El Kirchner fue un negoción para el grupo de Rocca: en Brasil fabricó el acero, en Valentín Alsina fabricó con eso los tubos, construyó el tramo principal del ducto y después lo aprovecha inyectándole gas de Tecpetrol. La clave estará en la oferta económica, en la que trastabilló la siderúrgica de Techint, Tenaris.
La licitación de la provisión de los caños había comenzado en octubre pasado con la presentación de ofertas técnicas de diez empresas, incluidas Tenaris, Welspun y otras de India, China, Colombia, España y México. Sólo seis aprobaron la primera fase y pudieron acercar su propuesta económica: la de Techint, Welspun, otra india y tres chinas. La finalmente ganadora ofertó los tubos por US$203 millones y Tenaris, por 296 millones, un 45% más, aunque en el grupo argentino alegan que los indios excluyeron gastos como aranceles de importación o flete mientras que ellos incluían descuentos y servicios. Los rivales chinos pedían un 15% más que Welspun.
Sin conocer las ofertas de los demás, la subasta preveía una segunda instancia para mejorar las propuestas iniciales. Techint abarató la suya, pero quedó 40% más cara que la de la ganadora india. Ya no rige más la ley de compre nacional, que derogó el presidente Javier Milei y que permitía que las grandes empresas locales venzan en las licitaciones con precios hasta 8% más onerosos (15% en el caso de las pymes).
El 23 de diciembre, el directorio de Southern Energy decidió por unanimidad, es decir, con el voto de los representantes de los Bulgheroni pero también de los de Marín y Mindlin, que Welspun era la triunfadora. Ya había terminado el proceso, pero al día siguiente Tenaris presentó una tercera propuesta por US$250 millones. El consorcio exportador la rechazó el 30 de diciembre. El 6 de enero, la acerera de Techint hizo un cuarto intento e igualó la oferta de Welspun, aunque admitió que iba a pérdida sólo para mantener la actividad en su planta de Valentín Alsina. Un proyecto así podría sumar 300 empleos, según fuentes gremiales. Pero el 7 de enero el grupo liderado por PAE, la dueña de Axion Energy, volvió a desechar la intención de Rocca con el argumento de que había cerrado ya con el gigante indio.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió por la red social X la decisión de Southern Energy y aprovechó para repudiar el compre nacional, a contramano de lo que está haciendo el gobierno aliado de Donald Trump en EE.UU. En cambio, el exdiputado Diego Bossio atacó por la misma vía la actitud del Gobierno: “PRECIO. El consorcio que compra los caños para un gasoducto que transportará gas a los barcos de licuefacción, Southern Energy, hace lo que tiene que hacer: comparar precio y calidad y elegir la mejor opción vía licitación internacional. Señalarla o escracharla es no entender cómo funciona una economía normal. Nada que objetar ahí. COSTO. El problema no son las empresas. El problema es el costo argentino para cualquier empresa, sea grande, mediana o chica. Aún siendo Techint. Impuestos distorsivos, financiamiento caro, logística deficiente, regulación errática y una macro que encarece producir. Así, cualquiera que produzca en suelo argentino está en desventaja y la idea de libre mercado que pregona el presidente es una parodia. Solo está en su cabeza y lo único que hace es desfavorecer a capitales argentinos, aun los que saben competir en los mercados del mundo”.
“¿Qué hace el gobierno de Milei frente a eso?”, se preguntó Bossio. “Pelea. No baja el costo argentino. Y pelea. Declama falsas libertades de trabajo. Y pelea. No coordina soluciones. Provoca, agrede y busca culpables. Es decir, pelea. Y encima, uno de sus ministros con sus ideas de desregulación está más cerca de Narnia que de la Argentina. Los gobiernos no están para moralizar decisiones económicas normales. Están para cambiar las condiciones que las vuelven inevitables”, concluyó el exdirector ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
AR/MG

La jefa libertaria reunió este miércoles a radicales y bloques provinciales, con gobernadores negociando apoyos. La UOM hace una cumbre con sindicatos duros de la CGT y los combativos de la izquierda preparan un plenario en Parque Lezama.
Acuerdos con cámaras empresarias y amenaza de paro general: las herramientas de la CGT para evitar la reforma laboral
El Gobierno empezó a jugar este miércoles una de sus cartas decisivas para intentar sancionar la reforma laboral en febrero. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó una cumbre con referentes de la oposición aliada en el Senado, en busca de los votos que el oficialismo todavía no tiene asegurados para avanzar con el proyecto de “Modernización Laboral” durante las sesiones extraordinarias.
Bullrich inició una ronda de reuniones virtuales y contactos directos con los principales jefes de bloque y senadores clave del radicalismo, el PRO y fuerzas provinciales. Entre los interlocutores centrales figuraron Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en la Cámara alta, quien ya transmitió la disposición del radicalismo a discutir la iniciativa, aunque con pedidos de cambios en puntos sensibles del articulado.
También estuvieron en la agenda de Bullrich los senadores del PRO encabezados por Martín Goerling Lara, además de representantes de bloques provinciales que suelen moverse en sintonía con sus gobernadores. Entre ellos Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), con peso en Corrientes; la salteña Flavia Royón, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; y legisladores de espacios como Provincias Unidas y fuerzas patagónicas, cuyos votos resultan clave en un Senado fragmentado.
La senadora nacional aseguró que “está consolidado” el acuerdo con los bloques dialoguistas sobre la reforma laboral, aunque reconoció el reclamo de algunos senadores por la rebaja de ganancias ya que afecta los recursos de las provincias.
Bullrich precisó que tuvo un “diálogo muy abierto con los bloques, con los que hemos reunido 44 voluntades, y estamos trabajando en los detalles de la reforma laboral”. “Tenemos un acuerdo bastante consolidado, que se conocerá en el momento oportuno”, agregó.
El objetivo inmediato del oficialismo es asegurar el número para habilitar el debate en el recinto (la llave es de 37, cuando los votos asegurados que tiene hoy el oficialismo es de 21) y encaminar una sesión en la primera quincena de febrero. elDiarioAR supo que se habla del 11 o 12 del mes próximo. En la Casa Rosada admiten que el acompañamiento de estos bloques no será automático y que la negociación combina demandas políticas, reclamos técnicos sobre la letra de la ley y pedidos vinculados al reparto de recursos. “Hay más moderación que optimismo”, dijo un vocero libertario.
En paralelo a las gestiones de Bullrich en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la rosca territorial con los gobernadores. Esta semana aún tiene pendiente viajar a Corrientes y Misiones para reunirse con Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua. Si esos respaldos se concretan, el Gobierno pasaría a contar con el aval político de diez mandatarios provinciales.
Uno de los apoyos ya asegurados es el del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que en las últimas horas reunió a los diputados y senadores nacionales que le responden y los comprometió a votar la reforma laboral. Sin embargo, dejó explícito que el acompañamiento tiene condiciones. “Salta no va a resignar fondos ni obras estratégicas”, advirtió, en una señal clara de que los votos estarán atados a la continuidad de recursos nacionales y proyectos de infraestructura. Los cambios de Ganancias que introduce el proyecto de ley es uno de los puntos cuestionados por las provincias.
Mientras el oficialismo acelera las negociaciones parlamentarias, del otro lado crece la presión sindical. Este miércoles por la tarde, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir en la sede del gremio metalúrgico a más de una veintena de sindicatos de la CGT que reclaman una postura más dura frente a la reforma laboral. Entre ellos estarán Luz y Fuerza, Aceiteros, pilotos, aeronáuticos, ceramistas, gráficos y viales, además de ATE, que impulsa un paro nacional de estatales el día en que el Senado trate el proyecto.
La movida profundiza las tensiones internas en la central obrera. Mientras el triunvirato cegetista apuesta a frenar o morigerar la reforma a través de negociaciones informales con gobernadores y legisladores, los gremios más combativos presionan por una estrategia de confrontación abierta y medidas de fuerza.
La izquierda sindical y política también empieza a mover fichas. Organizaciones “clasistas” convocaron a un plenario para el 2 de febrero en Parque Lezama, con la consigna de construir una “gran respuesta obrera y popular” contra la iniciativa oficial. La diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá calificó la reforma como “una topadora contra conquistas históricas” y cuestionó a la conducción de la CGT por su estrategia de diálogo con el Gobierno.
Con información de agencia NA
MC

Sin liderazgos claros, el bloque de Unión por la Patria apuesta a hacer equilibrio hasta 2027. Reuniones para unificar posturas respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un ejercicio del tiempismo político mientras el Gobierno hegemoniza la agenda.
“Lo que nosotros necesitamos es un candidato, el resto son discusiones de universidad”, masculló un diputado peronista apenas salió de la oficina del bloque de Unión por la Patria. El jefe de la bancada, Germán Martínez, los había citado para comenzar a unificar una postura frente al acuerdo Mercosur–Unión Europea y, tras cinco horas de debate, no se llegó a ningún acuerdo. Solo una agenda de trabajo. Limitado a jugar de atrás y a la defensiva frente a la hegemonía política de Javier Milei, el peronismo se las rebusca para evitar la ruptura hasta la llegada de 2027.
Los diputados, morenos por el sol del verano, fueron cayendo por goteo a la oficina del tercer piso de la Cámara de Diputados. El objetivo era discutir la postura del bloque frente a la amenaza más cercana de cara al inicio de las sesiones extraordinarias la semana próxima: el anuncio del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Las prioridades de los diputados peronistas son distintas a las de los senadores, que están en la pelea voto a voto para rechazar la reforma laboral. En la Cámara baja, los desafíos son otros: avanzar con el rechazo al DNU que reformó la SIDE y resistir a los debates que gatilla Milei para el verano –el acuerdo del Mercosur y, ahora, la baja de la edad de imputabilidad– sin romperse en el proceso.
Martínez es un equilibrista. El santafesino responde a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y es duramente cuestionado por muchos de sus compañeros de bloque por no abrir la agenda de temas, cargos y poder hacia el ala “federal” (y anticristinista). En diciembre, sin embargo, logró evitar la ruptura que lideraban, por un lado, los provinciales enemistados con La Cámpora y, por el otro, el massismo, que insiste en la necesidad de diferenciarse de cara a 2027. La pateó para marzo, con la esperanza de dilatar el quiebre –que sí se efectivizó en el Senado hace unos años– lo más posible.
En la reunión hablaron todos los diputados durante horas. Existen varias posturas en el peronismo. Un sector del sindicalismo advirtió sobre las consecuencias que el acuerdo con la Unión Europea puede tener respecto a la industria automotriz local. Otro sector, con vínculos ideológicos y personales con Lula Da Silva, sostuvo que era una buena idea unificar postura con otros líderes progresistas. Se habló del advenimiento de una tercera guerra mundial. Los dirigentes de provincias agropecuarias, mientras tanto, destacaron los beneficios que podría tener en materia de exportación.
Se dio tiempo para que cada legislador expusiera su postura: una estrategia que Martínez suele aplicar para hacer equilibrio entre todos los sectores que integran el bloque y que expresan, como en pocos lugares, la profundidad de las diferencias de base del panperonismo. Unidos –por ahora– en el espanto, los más optimistas esperan que, una vez que haya un candidato presidencial, el ruido y el malestar interno se ordene.
Los massistas esperan que este candidato sea Sergio Massa o un nombre que, fruto de un acuerdo tripartito, permita distribuirse el resto de los resortes de poder (gobernador bonaerense, intendentes y porotos en el Congreso). Los “federales” –un heterogéneo grupo que incluye desde a peronistas que se quedaron sin tierra tras perder en sus provincias hasta anti cristinistas devenidos en kicillofistas– respaldan, en su mayoría, la candidatura de Axel Kicillof y piden por la jubilación de CFK. El gobernador bonaerense no se mete, sin embargo, en la disputa de poder legislativo. No todavía, al menos.
Y el cristinismo, que conduce tanto el bloque en Diputados como en el Senado, apuesta a que el nombre llegue con el tiempo. Hasta entonces, el objetivo es sostener la unidad. “El Gobierno y los sectores económicos están trabajando para que nos rompamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No rompernos”, repite, hace medio años, CFK a los dirigentes que van a visitarla a su departamento en Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria y no puede, según insisten en el cristinismo, oficiar de candidata “natural” del peronismo.
El clima dentro del bloque –que es el clima dentro del panperonismo– está en estado de ebullición, y no son pocos los representantes de gobernadores y líderes territoriales que dialogan con el massismo respecto a la posibilidad de armar un interbloque. Una ruptura de hecho que el Gobierno atiza con insistencia –ya logró que Raúl Jalil retirara a sus diputados catamarqueños y permitió que Martín Menem se hiciera, así, con la primera minoría– y que la conducción del bloque pretende evitar.
Martínez, con ayuda de Paula Penacca y Cecilia Moreau, se dedica a administrar las tensiones. Organizó un plan de trabajo para el debate del Mercosur y mandó a organizar evaluaciones del impacto sobre las cadenas de valor que el acuerdo podría tener en cada sector y en cada provincia. Abrió el canal de diálogo con las provincias y propuso activar los contactos con los legisladores del PT, en Brasil, y el Frente Amplio, en Uruguay.
Más complicado será, sin embargo, el debate de la baja de edad de imputabilidad, que el Gobierno volvió a introducir el lunes. Existe una fuerte división interna en el bloque respecto a la reforma penal que propone La Libertad Avanza, ya que un sector, como el Frente Renovador, acompaña la iniciativa, mientras que otros socios, como Patria Grande de Juan Grabois, están terminantemente en contra. No se llegó a debatir el tema durante la reunión de bloque, que se pateará para la semana que viene. La esperanza es que el Gobierno decida utilizar el tema para marcar agenda y, finalmente, no lo termine llevando nunca al recinto. O fuerce el proyecto y pierda a sus aliados, en el radicalismo y el PRO, en el camino.
Hasta entonces, el bloque de UxP trabajará en intentar instalar su propia agenda. Es decir, el rechazo al DNU 941 que modificó el sistema de inteligencia y habilitó a los agentes de la SIDE a aprehender personas en flagrancia. Martínez suma porotos en contra de la ley pero está a la espera de que el resto de las bancadas opositoras, como la Coalición Cívica y Provincias Unidas, vuelvan de las vacaciones para ordenar una estrategia. El objetivo es llevar el tema al recinto en febrero.
MCM/MG

El presidete de EE.UU. advirtió: "Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es crucial! Como ya le dije a Irán en otra ocasión: ¡Lleguen a un acuerdo! No lo hicieron, y se produjo la 'Operación Martillo de Medianoche', una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que esto vuelva a suceder".
“Una enorme flota se dirige a Irán”, aseguró el presidente de Estados Unidos. Y advirtió: “Está lista y dispuesta a cumplir su misión si fuera necesario”.
El presidente de EE UU., que no precisó exactamente cuál es el objeto de su amenaza, escribió en Truth Social este miércoles: “Una enorme flota se dirige a Irán. Avanza rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”.
“Al igual que con Venezuela”, anunció Trump, “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión rápidamente, con velocidad y contundencia, si fuera necesario”.
El presidente de EE.UU. agregó: “Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es crucial! Como ya le dije a Irán en otra ocasión: ¡Lleguen a un acuerdo! No lo hicieron, y se produjo la 'Operación Martillo de Medianoche', una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que esto vuelva a suceder”.
En las últimas semanas Trump reiteró amenazas a Irán relacionadas con la represión de las protestas en Teherán, pero también por su programa nuclear, hasta el punto de que hace unos meses lanzó un ataque contra las instalaciones iraníes en el país.
Las resistencias estadounidenses sobre el programa nuclear iraní vienen desde hace más de dos décadas. Los nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares.