Duraznillo

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Juan Alberto Pazo, el jefe de la recaudación, casi duplicó su patrimonio desde su regreso a la función pública

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Alberto Pazo, ha tenido un buen año económico desde su regreso a la función pública. El empresario casi duplicó su patrimonio en 2024, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada realizado por elDiarioAR.

El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.

Las declaraciones juradas de Pazo están en la mira de la Justicia, tras una investigación publicada por elDiarioAR en 2024. El juez federal Ariel Lijo analizará su patrimonio por presuntas irregularidades y omisiones en la declaración de sus bienes.

Durante el año pasado, Pazo cumplió dos funciones: fue el segundo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y luego jefe de ARCA. En su última declaración jurada, presentada en los últimos días, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) ingresos anuales por más de $129 millones, de los cuales, $90 millones correspondieron en 2024 a renta de capitales.

Ante la OA declaró sólo una casa en Mar del Tuyú y un Ford F-150 Lariat Luxury. Además, informó que es propietario de una moto BMW modelo 2016, de un Volkswagen Golf del mismo año y de una embarcación, sobre los que no informó valores.

Tiene ahorros en el país, en bancos y en efectivo, y una cuenta en Estados Unidos. Pero su principal capital son sus empresas, cuyas acciones se fueron para arriba desde su llegada a la función pública.

El subidón de Invernea

La principal empresa de Pazo es Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro. Tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata del organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras, a las que controlaba como funcionario, invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, según informó el programa de televisión 100% Seguro, en una emisión que incluyó una entrevista con Pazo.

“Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo Pazo en el programa televisivo 100% Seguro, en diciembre de 2021.

En enero de 2024, Pazo era el propietario del 90% de las acciones de Invernea, valuadas en más de $47 millones, según su última declaración jurada. Al final de 2024, sus tenencias en la compañía seguían siendo del 90% pero ahora valían $200 millones. Casi cuadruplicaron su valor desde su regreso a la función pública.

Lo mismo sucedió con otra de sus empresas del agro: Caracú Quemado SRL. A principios de 2024, Pazo tenía el 90% de las acciones de la compañía, valuadas en más de $24 millones. Un año después, casi duplicó su valor: la misma cantidad de acciones ahora valen $47 millones.

Su crecimiento patrimonial se debe en gran parte al aumento del valor de sus acciones en ambas compañías. elDiarioAR consultó a Pazo a través de sus voceros oficiales para preguntar a qué se debió el aumento del valor de las acciones de la compañía desde su llegada al Gobierno. Respondieron con una escueta explicación: “Es la valuación de la empresa”.

Antecedentes

Pazo fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras.

Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Con la llegada de Javier Milei al poder, Pazo regresó a la función pública y asumió un rol central en el Ministerio de Economía que dirige Caputo como secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica. Eso lo convirtió en uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

En diciembre de 2024, Pazo asumió como jefe de ARCA. Fue cuando surgieron nuevos datos sobre su patrimonio, en el marco de la investigación sobre el patrimonio en el extranjero del diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Diago.

De acuerdo con la investigación publicada por este medio, uno de los inmuebles pertenecientes a la sociedad Goformore, en la que la esposa del jefe de la bancada PRO en Diputados aparece como administradora y miembro, fue adquirido en marzo de 2013 a la empresa de Pazo (Harbour House 1533 Corp.). El inmueble, comprado por US$580.000, está ubicado en el 10275 de Collins Ave, Miami Beach.

Ese departamento de Harbour House 1533 Corp. es lo que Pazo continúa sin aclarar en torno a su patrimonio. En 2024, este medio informó que el funcionario llegó al gobierno de Javier Milei rodeado de potenciales conflictos de intereses por sus empresas y su rol en torno a la industria y el agro, y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes: su declaración como dueño de esta compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami, que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019.

Pazo sostiene que esa propiedad es de su esposa, la empresaria Josefina Helguera. Sin embargo, él figura como accionista en los documentos revelados por este medio.

El despido avanza: cada vez más empresas reducen personal y caen 29.000 empleos privados formales en el año

La aceitera Vicentin, YPF, la siderúrgica Acindar, Nissan, Scania, Granja Tres Arroyos, Refinor (la petrolera de YPF y José Luis Manzano en el noroeste), Dass (fabricante de calzado Adidas, Nike, Umbro y Asics), Sancor, General Motors y Bridgestone fueron algunas de las grandes empresas que despidieron, suspendieron o retiraron voluntariamente de a cientos de empleados de su personal en lo que va del año, según un relevamiento de noticias publicadas que viene elaborando el Centro de Economía Política (CEPA), que dirige Hernán Letcher.

Halliburton (una de las grandes empresas de servicios petroleros), Ledesma, Kimberly Clark (con sus marcas Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud), La Gráfica Morvillo, los canales Somos de Flow (Telecom), Aquarium Mar del Plata, Toyota -–a automotriz japonesa los niega–, Orbis, Molinos Río de la Plata, Forestadora Tapibecuá, Lácteos Verónica, Nestlé, Lumilagro y Ternium (siderúrgica del grupo Techint). La lista apabulla y continúa.

Lo que reflejan los medios se plasma en la estadîstica pública. Hasta abril habîa 6.255.000 empleados registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En diciembre eran 6.284.000. Unas 29.000 personas quedaron afuera. No por la motosierra del presidente Javier Milei sobre el Estado. Son echados de empresas privadas nacionales y extranjeras. Un 0,5% menos de trabajo que a fines de 2024. Y estos números no reflejan lo que pasó de mayo a julio, meses en que se ralentizó el rebote económico respecto del pozo del año pasado. En cambio, el listado del CEPA sí refleja los rajes de estos últimos tiempos.

“Es por el estancamiento de la actividad”, explica Letcher la caída del empleo privado formal. En su lista también aparece, aunque menos de 100 despidos, suspensiones o desvinculaciones, otras empresas de renombre, como Pirelli, General Motors, Cerámica Alberdi, Santander, las textiles TN&Platex y Coteminas, la pesquera Conarpesa, la litiera Exar, Prosegur, Azul Natural Beef, Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola), Marengo (fabricante de los camarelos No Hay Plata, en alusión a la frase con la que Milei inauguró su presidencia), la agrícola Red Surcos, Raízen (la refinadora de petróleo de Shell), la bodega Fecovita, Laboratorios Bagó, la constructora Astra Evangelista, Tenaris (la otra acerera de Techint), los fabricantes de Puma y Topper o la metalúrgica privatizada Impsa.

La lista no llega a agosto. Este mes ya hubo noticias de despidos, suspensiones y desvinculaciones en Petroquímica Río Tercero, Algodonera Avellaneda, Mauro Sergio Textilana, Coca-Cola Andina (embotelladora) y Radio Con Vos.

El economista jefe de la consultora Empiria, Nicolás Gadano, observa que “es heterogénea la recuperación de la actividad económica, que ya tiene el nivel previo a la llegada de Milei (al poder) y al ajuste”. “Hay sectores muy intensivos en empleo como la construcción y sectores industriales que están niveles bastante por debajo de noviembre de 2023 y han expulsado personal. Y a los sectores que les va bien, como la extracción de petróleo y gas, emplean menos”, se refiere a lo que sucede en Vaca Muerta, Neuquén, que compensa los despidos del mismo rubro en provincias donde YPF dejó de producir, como Chubut y Santa Cruz. Claro que también en Vaca Muerta se denuncian ajustes. “Hay una pérdida neta de empleo que por ahora no se ve cómo se revertirá”, advierte Gadano, que colabora en la Fundación Pensar, del PRO.

Pese a las diferencias políticas, el jefe de macroeconomía del Banco Provincia de Buenos Aires, Matías Rajnerman, coincide con el análisis. Agrega que el comercio, generador de mucha mano de obra, cayó al inicio del gobierno de Milei, pero ahora empezó a levantar, y que el agro crece pero es intensivo en capital (maquinaria), no en empleo. “Cuando uno separa entre sectores ganadores y perdedores, se entiende por qué la economía ya opera 3,5% por encima de los niveles de 2023, pero se perdieron 15.000 puestos de trabajo en el camino, que difícilmente se recuperen en el corto plazo”, ratifica Rajnerman. El número de 15.000 surge del hecho de que las reducciones de personal formal privado, doméstico y público –vía motosierra– se compensan en parte con el mayor número de autónomos y monotributistas –esto incluye choferes de Uber y Didi o repartidores de Rappi y PedidosYa–. Además, crece el trabajo informal, sin derechos, tanto asalariado como cuentapropista.

“La política de apertura comercial en un semestre donde el tipo de cambio se apreció, o sea, no julio, también explica que haya empezado a recuperarse el comercio pero la industria haya profundizado su caída”, continúa Rajnerman. “El primero vende cada vez más productos producidos afuera, por lo que cierto rebote de la demanda interna no se trasladaba a la oferta local”, completa el economista del Provincia.

Melisa Sala, economista de la consultora LCG, atribuye la caída del empleo privado formal en 2025 a “una demanda local bastante deprimida y a los efectos de un dólar atrasado que hace más evidente la falta de competitividad de algunas empresas tanto para exportar como para competir con importaciones alentadas por la mayor apertura comercial”. Es llovido sobre mojado porque Sala recuerda que el trabajo privado ya “venía bastante estancado desde hace una década”.

“Caída del consumo masivo, apertura importadora y también un estrangunlamiento del financiamiento por tema suba de tasas”, apunta tajante las razones del bajón la director del Banco Ciudad de Buenos Aires por la oposición, Delfina Rossi. En cambio,el consultor Hernán Hirsch, más optimista, lo relaciona con “un cambio de modelo de económico, que implica una nueva asignación de recursos con otros sectores más dinámicos, lo cual lleva necesariamente a niveles de desempleo más alto transitoriamente”. Ojalá. “Se agrega la necesidad de mayor productividad micro”, suma Hirsch. Combo letal.

Acá presentamos el relevamiento del CEPA mes por mes, de enero a julio:

AR/MG

El negocio de las elecciones: cuánto cuesta la campaña, cómo se pauta en redes y dónde van los fondos "en negro"

La campaña electoral está lanzada y detrás de los sellos y consignas de los candidatos ya se mueven engranajes invisibles para los votantes pero de vital importancia para los postulantes: la propaganda política y el aparato de millones de pesos –y dólares– que la sostienen por detrás. El dato sobresaliente sobre la estimación de costos es que los comicios bonaerenses de septiembre serán más costosos que los nacionales de octubre, al menos para los partidos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de la consulta a fuentes partidarias, consultores y especialistas. Sin embargo, cuando se intenta apuntalar detalles sobre valores y destinos explícitos de ese dinero, las precisiones son difíciles de rastrear.

Las legislativas 2025 tienen la singularidad del desdoblamiento en Buenos Aires, con más de 13 millones de electores. Los bonaerenses votan el 7 de septiembre para renovar la Legislatura local y el 26 de octubre para renovar sus diputados en el Congreso. A la separación de la fecha se le agrega que en las elecciones locales se vota con la tradicional papeleta partidaria, mientras en las nacionales se sufraga con la Boleta Única de Papel, que no imprime cada escudería y que es aportada por la Justicia Electoral. Esa diferencia es clave para los fondos partidarios, ya que no solo tienen que hacer dos campañas en la mayor provincia, sino que además deben administrar presupuestos muy distintos.

En febrero pasado la Cámara Nacional Electoral limitó explícitamente los gastos de los partidos políticos para las elecciones legislativas. En PBA ese tope es de $5 mil millones, unos U$S 3,7 millones al cambio oficial de este viernes. Esa cifra corresponde a gastos formales; es decir, los que se deben “blanquear”. Los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera tuvieron que hacer malabares para actualizar lo que se conoce como “módulo electoral”, que corresponde a una cantidad de pesos que se fija en la Ley de Presupuesto y que cada distrito tiene de acuerdo a sus electores. Como Javier Milei no tiene presupuesto desde que asumió, el módulo se actualizó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC): se había propuesto en 2024 en $420,95 y quedó en $385,31.

“U$S 70 millones”

Los topes formales impuestos por la justicia electoral distan mucho de los números que compartieron a elDiarioAR aceitados operadores con varias campañas en su haber y que conocen el negocio de la propaganda y la consultoría electoral. Por caso, una campaña “competitiva” en la provincia puede costar este año unos 70 millones de dólares, calculó sin chistar una fuente que trabaja con Fuerza Patria. “Los oficialismos gastan una torta. Tranquilamente ese monto se puede gastar”, compartió un dirigente-candidato libertario en el conurbano. Otras estimaciones en off señalan, por ejemplo, en U$S 30 millones el valor de un armado “ganador” en la ciudad de Buenos Aires (2,5 millones de votantes) y de unos 7 millones de dólares para el peronismo en un distrito como Corrientes (poco más de 900.000 electores, que define gobernador a fin de mes).

Un operador con fuertes vínculos con el PRO y que tiene una encuestadora afirmó, a su vez, que en la legislativa porteña de mayo pasado el partido de Mauricio y Jorge Macri –que quedó tercero– gastó unos U$S 5 millones (en CABA el tope de la Justicia para las nacionales es de U$S 2,9 millones). En Corrientes, compartió esta fuente, se estima que el gobierno de Gustavo Valdés utilizó un número que parece exagerado para el distrito: unos U$S 21 millones para retener el poder en la provincia.

El negocio de la campaña electoral también está atado a mitos y al devenir de la rosca política, siempre tan apegada al secretismo. “Si querés ganar, necesitas guita para pauta en internet y en cartelería, pero también para las recorridas, los viáticos, los fiscales, y hasta la comida o bolsones que vas a querer o tenés que repartir entre la gente”, señaló uno de los consultados, marcando que sus estimaciones abarcaría desde gastos en publicidad –fácilmente trazables y que son presentados en la Justicia Electoral– a ítems políticos más brumosos de justificar.

“El mito que se corre siempre es que un presidenciable tiene que pensar entre 100 y 150 millones de dólares”, dijo otra de las voces consultadas. En ese sentido, la última presidencial fue un “error en el sistema”, porque Milei fue un outsider que llegó al poder con menos recursos que sus competidores directos: La Libertad Avanza financió su campaña con $455 millones (87,5% aportado por el Estado), apenas 1 millón de dólares al valor oficial del 1 noviembre de 2023.

“Toda la comunicación, sobre todo en redes, se paga en blanco porque no podés negrear a Google, pero el capítulo de territorio y movilización, desde militantes a fiscales, folletería o morfi, va en negro”, admitió esa misma fuente, que desgranó que el ítem de “investigación” –como encuestas y focus group periódicos– puede representar el 10% del total de una campaña.

Un voto, un click

Sobre publicidad, la estrella de la campaña promete ser la pauta “a medida” del votante a través de los dispositivos móviles. Esto es: que una persona cuando esté en el norte del conurbano solo vea propaganda de candidatos de la Primera Sección y, cuando se traslade al sur, de la Tercera Sección. El cruce por ubicación geográfica, historial de navegación, sexo y edad se usa hace tiempo, pero cada vez tiene más desarrollo tecnológico.

En Fuerza Patria –supo elDiarioAR– ya invierten, a través de agencias tercerizadas, en plataformas de marketing como Google Display & Video 360 (DV360), que permite planificar, comprar, gestionar y analizar campañas publicitarias en diversos formatos y pantallas. El sistema tiene distintas pautas de contratación: CPM (costo por cada mil impresiones), CPC (costo por clic), CPA (costo por acción), a lo que se debe sumar la frecuencia. “Ahí metés la tarjeta de crédito, sino un día no pagás, te bajan la cuenta directamente”, comentó un experto en campañas digitales sobre el “blanqueo” de ese tipo de publicidad.

Dicha fuente calculó como ejemplo para este medio que una acción digital efectiva en la Primera Sección puede estar en $100 millones. La pauta contempla Google, pero también Meta (Facebook e Instagram) y los espacios publicitarios en webs (se llama Programática), para alcanzar a 3,5 millones de personas/dispositivos (el 75% del electorado) en hasta 10 veces por persona –“para que el mensaje entre”–.

En otras trincheras la campaña tiene distintas dimensiones. “Nosotros somos ultra austeros, hacemos campaña con dos escarbadientes”, contó un candidato libertario a primer concejal en el sur de la provincia de Buenos Aires, que apuntó que gastó U$S 700 por un alquiler mensual, $15.000 por cada vianda de fiscal de mesa (tiene 130, “que van por militancia”), $300.000 en un cartel en ubicación estratégica de 2 metros de alto por 3,5 m de ancho (instaló tres), más $500.000 en pauta en Facebook e Instagram. “Nosotros no ponemos un mango en campaña, en el municipio peronista regalan chapas y comida”, se quejó el postulante de LLA.

Más cara la bonaerense que la nacional

La tesis de que en la provincia de Buenos Aires la elección de septiembre será más costosa que la de octubre fue compartida por fuentes del peronismo, el PRO, La Libertad Avanza y hasta de la izquierda. Hay tres argumentos al respecto: la impresión de boletas, el espacio de publicidad gratuito y la fiscalización.

La diferencia sobre las boletas se destaca que para la instancia bonaerense se tienen que imprimir las tradicionales papeletas partidarias, pero para la nacional no (por la implementación de la BUP). El Estado otorga fondos para hacer tantas papeletas como un padrón y medio, pero generalmente las fuerzas más opulentas destinan recursos extras para imprimir más y repartir a domicilio y entre sus militantes antes de ir a las urnas, mientras los espacios chicos “estiran” esos fondos frescos para hacerlos rendirlos más.

La implementación de la BUP generó una polémica extra: este año será más costoso que usar el tradicional sistema de la boleta partidaria. La justificación oficial está en el costo de la capacitación de las autoridades de mesa, junto a los insumos que el nuevo sistema demanda (los biombos, talonarios, etc). El sistema fue cuestionado por Marcos Schiavi, ex jefe de la Dirección Nacional Electoral (DNE), por el valor: en 2023 se ejecutaron $108.000 millones para garantizar tres elecciones (PASO, generales y ballotage), mientras este año la proyección para una sola elección es de casi $400.000 millones.

La BUP le ahorraría a las fuerzas el reclutamiento de fiscales. “Como no te pueden robar boletas y no necesitas reponer, con una sola persona que vaya temprano a la mañana y a la tarde al cierre de la urna, listo”, afirmó un consultor libertario. En 2023 Milei reclutó más de 100.000 fiscales para la elección general (38.000 solo en PBA). “Sí vamos a necesitar fiscalizar la bonaerense, pero hasta ahora no nos mandaron un peso desde la Rosada, esperemos que algo haya”, comentó un dirigente de LLA del conurbano sobre el 7 de septiembre.

A su vez, para la elección provincial no corren espacios publicitarios cedidos por el Estado en televisión y radio, como sí ocurre en cada elección nacional. Esa disposición no es nueva, pero nunca quedó expuesta como ahora: antes cada campaña bonaerense quedaba subsumida a la nacional, donde la DNE obliga a las emisoras de TV y radio a ceder segundos de aire a las propuestas electorales. Ahora, al ser un comicio desdoblado, los candidatos provinciales se quedaron sin esa “vidrieras gratis”.

MC

Ascienden a 76 las muertes por fentanilo contaminado y advierten que la cifra podría seguir en aumento

Mientras avanza la investigación y se esperan más novedades durante la semana entrante, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que las muertes vinculadas al fentanilo contaminado ascienden a 76, y advirtió que esta cifra podría seguir en aumento.

La investigación, a cargo del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, estima que se habrían aplicado cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes.

En declaraciones radiales, Kreplak detalló que, tras el registro de la primera víctima fatal en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de las anteriores, confirmando la contaminación en dos de ellos.

“Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó el magistrado.

El operativo de control permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que aún permanecían en hospitales. El juez buscó llevar tranquilidad al público, asegurando que “hoy no circulan ampollas contaminadas”.

Sin embargo, Kreplak remarcó que, a diferencia de Estados Unidos —donde existe una “epidemia de uso ilegal” con unas 50.000 muertes anuales—, en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva, pero el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, una falencia que espera sea corregida a partir de la investigación actual.

Cómo sigue la investigación por fentanilo contaminado

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock.

“Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”, reconoció Kreplak. El lote más distribuido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano platense.

“Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas”, reveló el magistrado. Por el momento, hay 24 personas bajo sospecha, pero ninguna detenida.

“Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas”, concluyó el juez.

La mujer que hizo arrodillar al PRO: quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad

El golpe de gracia al PRO en la Ciudad no lo dio un Milei, sino una mujer que hasta hace dos años era una desconocida fuera del microclima político. María del Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña y principal armadora de Karina Milei en el distrito, fue la encargada de cerrar el pacto que resignó al partido fundado por Mauricio Macri a competir en octubre bajo la boleta violeta y el sello de La Libertad Avanza (LLA). En el reparto final, el PRO se quedó apenas con los lugares quinto y sexto en la lista de diputados nacionales, sin presencia en la categoría de senadores y con la conducción política concentrada en manos del oficialismo libertario. Para Jorge Macri y el macrismo porteño, acostumbrados a jugar de locales en su propio bastión, fue una rendición en toda la línea.

El entendimiento fue el corolario de semanas de negociaciones discretas, marcadas por un antecedente reciente: la dura derrota de Silvia Lospennato frente a Manuel Adorni en las legislativas locales de mayo. Aquella caída histórica para el macrismo debilitó su capacidad de presión y allanó el terreno para que Karina Milei impusiera sus condiciones: que los candidatos amarillos votaran a libro cerrado las iniciativas de Javier Milei y que la boleta porteña mantuviera sello, color y nombre bajo control de LLA. Fue Ramírez quien llevó la voz de la secretaria general a la mesa y selló el acuerdo con los Macri, mientras los armadores históricos del PRO quedaban al margen.

La historia de esa relación con la hermana presidencial no empezó en una reunión formal de campaña, sino en las oficinas del empresario Darío Wasserman, actual vicepresidente del Banco Nación y marido de Ramírez. Karina lo visitaba en plena campaña presidencial —Wasserman fue uno de los financista de esa aventura electoral— y, mientras lo esperaba, conversaba con su esposa. La afinidad fue inmediata: meses más tarde, una vez asumida su banca, la elegiría para encabezar el bloque de legisladores porteños de La Libertad Avanza y confiarle la llave del armado local.

Abogada por la Universidad del Salvador y con un posgrado en Políticas Públicas en FLACSO —su tesis la dirigió el actual diputado Daniel Arroyo—, Ramírez se fogueó en el peronismo porteño. Fue jefa de asesores de la senadora María Laura Leguizamón entre 2004 y 2006, pasó por el Banco Provincia en tiempos de Daniel Scioli y dio su salto más importante en 2008, cuando la estatización de Aerolíneas Argentinas la llevó a la Gerencia de Publicidad y Marketing. Allí manejó, bajo la gestión de Mariano Recalde, un presupuesto anual de 16 millones de dólares en acciones de comunicación, hasta que fue despedida en 2016 durante la administración de Mauricio Macri, en medio de sospechas de manejos irregulares que nunca se denunciaron formalmente.

Tras un paso por el sector privado, Ramírez reapareció en 2023 como candidata a legisladora porteña de LLA, tercera en la boleta que encabezó Eugenio Casielles, hoy corrido completamente del espacio libertario. Su cercanía con Karina Milei le permitió, tras la elección, desplazar a Ramiro Marra de la presidencia del bloque y convertirse en la principal operadora libertaria en la Legislatura. Desde allí disputa espacios clave como la Comisión de Planeamiento Urbano, por donde pasan las reformas al Código Urbanístico y las excepciones inmobiliarias más relevantes de la Ciudad.

En ese frente, la sociedad política con su marido es evidente. Wasserman, además de vice del Banco Nación, es un desarrollador inmobiliario con vínculos sólidos en el macrismo y una caja política propia. Condujo la aseguradora Garantizar durante el gobierno de Macri, bajo la órbita de Francisco “Pancho” Cabrera, y en 2021 consiguió un convenio urbanístico que le permitió duplicar la superficie constructiva de una torre en Arcos al 1800, con una ganancia estimada en 10 millones de dólares. También presentó un proyecto para construir una torre en Córdoba y Reconquista que no pasó el filtro legislativo.

En la Legislatura que comenzará a funcionar a partir del próximo 10 de diciembre, Ramírez y Wasserman colocaron tres de los primeros cuatro lugares en la lista libertaria: la directora del Banco Nación, Soledad Pelayo; el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz; y la asesora de la propia Ramírez, Andrea Freguia. Entre ambos manejan, de mínima, esas tres bancas y una porción sustancial de la agenda legislativa local.

Es que la influencia de la armadora también se hizo sentir en el cierre de listas local, en marzo: bloqueó el desembarco de Martín y Eduardo “Lule” Menem en la Ciudad, así como de los referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en el asesor Santiago Caputo que luego también fue corrida de la definición bonaerense. El matrimonio Ramírez-Wasserman consolidó así un dominio casi exclusivo del armado porteño del karinismo, mientras la hermanísima les confiaba la relación con la administración de Jorge Macri para negociaciones legislativas, aunque ese vínculo nunca fue bueno.

“Le falta falta gestión y un plan. Esperemos poder conocerlo en algún momento y entender cuál es la ciudad que Jorge Macri quiere y que no nos siga ‘conurbanizando’”, llegó a arremeter Ramírez contra el jefe de Gobierno porteño, en febrero pasado, en diálogo con LN+. Y a modo de chicana, durante esa entrevista, agregó: “Él viene del conurbano, por ahí recuerda eso”.

En la interna libertaria, el tándem Ramírez-Wasserman es sinónimo de control territorial y disciplinamiento político. Con el acuerdo con el PRO consumado, Karina Milei fortalecida y la Ciudad bajo su órbita, Pilar Ramírez afronta la campaña de octubre como la arquitecta invisible del desembarco libertario. Su ascenso meteórico, que empezó en una charla casual en un despacho y hoy la ubica como la figura más influyente del karinismo porteño, es también una muestra de cómo se construye poder en el ecosistema Milei: con acceso directo a la cima, manejo quirúrgico de las listas y un ojo siempre puesto en los negocios que pasan por la Legislatura.

PL/MG